SOCIEDAD
‘MinDefensa’ señaló a la Fiscalía por libertad de subversivos de la polémica caravana de disidencia de las Farc
Iván Velásquez, reiteró que la “suspensión de las órdenes de captura” fueron tramitadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con la Presidencia de la República
Tras la polémica que se suscitó el martes 23 de julio por cuenta de la detención en Antioquia de jefes insurgentes del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), que se movilizaban en una caravana de camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se volvió a referir a ese operativo de la Fuerza Pública y señaló que la puesta en libertad de los subversivos que iban en los vehículos oficiales era responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación.
El ente acusador, a través de un comunicado que publicó en la noche del mismo día en qué ocurrió la controversial situación, señaló que tres de los insurgentes recuperarían la libertad ya que son parte de la delegación del grupo armado ilegal que participa en la mesa de negociación de paz con el Gobierno Nacional.
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“Fueron capturados en flagrancia siete integrantes del Estado Mayor Conjunto de las disidencias de las FARC. Tres de ellos serán dejados en libertad como consecuencia de la suspensión de las órdenes de captura solicitadas por el Gobierno Nacional, en calidad de integrantes de la mesa de negociaciones de paz con esa organización armada al margen de la ley (sic)”, indicaron en su cuenta oficial de X.
Sobre esa decisión, Velásquez se volvió a referir y reiteró que desde el Ministerio de Defensa no pueden intervenir en las decisiones del organismo investigador.
“En el día de hoy, algunos de ellos, por decisión de la Fiscalía General, fueron dejados en libertad. (Son) integrantes de la comisión negociadora y se están desplazando a la ciudad de Bogotá”, explicó el alto funcionario en un diálogo con periodistas.
Insistió en que la puesta en libertad de los jefes insurgentes era una decisión que se encontraba en firme derivado del proceso de paz con el EMC.
“La suspensión de las órdenes de captura es un tema tramitado por la oficina del Alto Comisionado con Presidencia de la República en la que el Ministerio de Defensa no tiene intervención”, aseveró.
Y es que las críticas por esa decisión no cesan, en especial porque entre los detenidos se encuentra Édgar Orrego Arango, alias Firu, que es señalado de ser el jefe subversivo del Frente 36 del EMC y sería el autor de un ataque contra el Ejército el pasado 4 de julio, donde murieron seis militares que cayeron en un campo minado.
“A esos terroristas los agarran con unas unidades de protección, les devuelven la libertad y a mi hermano quien me lo va a devolver (…) ¿Cuál paz total? No vemos ninguna paz total, a mi hermano lo enterramos hace poco y ellos en cambio disfrutan de la libertad. Sé que en algún momento mi dios va a hacer justicia”, reprochó en Noticias RCN Cristhian Marín, uno de los hermanos del sargento segundo Diego Armando Marín López, víctima mortal de esa emboscada guerrillera.
Por estos hechos, tanto el ministro Velásquez, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, y el alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, serán citados a un debate de control político en la Cámara de Representantes.
Fue el congresista del partido Centro Democrático Juan Fernando Espinal quien citó a los funcionarios del Gobierno Nacional que sostuvo que por estos hechos se “amerita nuevas acciones judiciales en su contra”.
“Lo que vamos a hacer, especialmente los colegas de la bancada antioqueña, es llamar al Gobierno Nacional para que nos den las explicaciones reales”, justificó el representante uribista.
Precisamente desde esa colectividad de derecha están pidiendo la cabeza del director de la UNP, como lo afirmó el representante Hernán Cadavid, que sostuvo que “Estas situaciones de irregularidades y abusos se han vuelto comunes” en esa entidad.
SOCIEDAD
Video | Un violento enfrentamiento entre dos bandas en la estación Merlo del tren Sarmiento terminó con 11 detenidos
Un violento enfrentamiento ocurrió este sábado por la mañana entre la Policía Federal Argentina (PFA) y pasajeros en la estación Merlo del Tren Sarmiento, que terminó con once detenidos por atentado y resistencia a la autoridad. Según pudo averiguar LA NACION, fue luego de que una pelea entre dos bandos de afiladores en el primer vagón de la formación que incluyó golpes con palos y hasta una gomera. Un efectivo intervino sacando su arma reglamentaria y luego redujeron a los agresores con sus tonfas.
A las 9.20 la PFA fue notificada de incidentes en la estación de Merlo, que comenzaron luego de que uno de los bandos de afiladores robara una bicicleta de sus contrincantes. Un video del hecho se viralizó en redes sociales que muestra el altercado de al menos once hombres adentro del vagón. Allí, los dos bandos se dividían entre la parte frontal y trasera del coche.
Algunos de los agresores se protegían escondiéndose en la parte de afuera del tren. En la grabación se ven personas corriendo y se escuchan gritos entre los involucrados, pero también de otros pasajeros que violentamente arengaban a los uniformados que les “peguen un tiro” a los hombres que se peleaban.
Mientras tanto, tres efectivos observaban parados desde afuera del vagón y les gritaban que se bajen, todo mientras desde el altavoz el personal pedían la presencia del personal policial. “Flaco, bajate, dale correte”, exclamaba uno. Algunos de los involucrados que se encontraban en la puerta del vagón argumentaban que los efectivos tenían que frenar a los agresores del otro bando. “Mira, le rompió la cabeza”, marcaba uno en referencia a su compañero, que tenía la frente ensangrentada. “Amigo, mirá”, añadió el agredido mientras señalaba la herida.
En ese momento, mientras la Policía continuaba sin intervenir, los hombres salieron corriendo del final del vagón y se dirigieron a la parte delantera, donde se encontraba el otro bando con quien se enfrentaban. “Son menos, son menos, dale”, gritaba uno. Allí, algunos pasajeros intentaron descender del tren, pero los afiladores no los dejaron e inmediatamente empezaron a golpear a otros de los agresores con palos.
“Vayan para allá, cálmense”, contestó el efectivo, pidiéndoles que se dirijan al sector de los molinetes para separar el altercado. Todo mientras otros pasajeros gritaban insultos alrededor de la escaramuza y alentaban al uniformado a que le dispare a los agresores: “Pegale un tiro. Son negros, no perdemos nada, matalos”. Aun así, ante la falta de respuesta, sacó su arma y mientras les apuntaba les ordenó que se tiren al piso.
Varios de los involucrados empezaron a correr mientras dos policías, uno de los cuales se encontraba de civil, también sacaban sus armas. Allí, el enfrentamiento se desplazó hacia afuera del vagón. Entonces, uno de los afiladores le reclamó a un pasajero que dejara de filmar, pero el hombre le contestó que lo hacía a pedido de los efectivos. “Me pidió el poli que filme”, aseguró.
Una vez afuera del tren, los policías comenzaron a golpear a los violentos con patadas y tonfas. Esto fue hasta que uno de los hombres cayó sobre uno de los molinetes tras los golpes, lo que alteró a otros afiladores que le gritaban “tiene quince años”. Aunque algunos efectivos continuaron, uno en particular pasó los molinetes y siguió con su accionar al grito de “tomatela”. El hombre le contestaba: “Me voy, me voy. Estás mal de la cabeza”. Tras ese altercado, los afiladores se acercaron al vagón con los efectivos para identificar a los agresores restantes.
En el medio de la plataforma, otros efectivos revisaban a varios hombres demorados mientras les preguntaban si tenían algún tipo de arma. Los que se encontraban en el piso se quejaban con los efectivos por liberar a algunos afiladores del otro bando. “Aquellos fueron”, gritaban. El hecho terminó con once detenidos y fue grabado por un pasajero que le ofreció el video a uno de los efectivos. “Yo filmé casi todo como pediste. Si lo necesitás, me decís”, señaló.
Los aprehendidos, algunos de los cuales terminaron heridos, fueron trasladados a la Comisaría 1.ª de Merlo, donde el jefe de servicio realizará la consulta judicial correspondiente.
LA NACION
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