La jueza Vivian Fernández Garello, titular del Juzgado Comercial 31, ordenó a la prepaga de un jubilado que ajuste las cuotas por un índice más bajo que el que fija mensualmente el Indice de Precios al Consumidor (IPC). Según el fallo, el criterio es el siguiente: “Igual proporción a la suba que se disponga respecto del haber mínimo jubilatorio, siempre que no supere la inflación del INDEC para ese periodo”.

Ahora el Gobierno empezó a ajustar las jubilaciones por inflación, pero el fallo protege al demandante por los meses en que hubo un desfasaje entre el IPC y el haber jubilatorio. Las prepagas fueron autorizadas por el Gobierno a calcular los aumentos con ese índice desde noviembre en adelante, lo que a la cuota de mayo da una suba del 114,6 por ciento. La variación de la jubilación mínima entre diciembre y abril había sido en cambio del 50 por ciento (de $160.713 a $241.215).

El fallo de Fernández Garello conocido ahora es novedoso, ya que se dictó el último 29 de abril y ya habían transcurrido casi dos semanas desde que la Secretaría de Industria y Comercio decidiera que las prepagas deberían incrementar las cuotas según el IPC de cada mes. Ese criterio fue avalado, luego, el 3 de mayo, por el juez Juan Rafael Stinco, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal 3.

Junto con el fallo de Stinco se conoció la revocación de al menos dos sentencias de primera instancia. Las mismas, tramitadas en San Martín y en Concepción del Uruguay, habían ordenado originalmente aplicar hasta enero el Indice de Costos de Salud (ICS) que estaba calculado hasta ese mes inclusive. Esa cifra era elaborada por la Superintendencia de Servicios de Salud, que el DNU 70/2023 anuló como autoridad de aplicación. La Cámara ordenó en esas causas, también, aplicar el IPC.

La causa que instruyó la jueza Fernández Garello, en cambio, se inició más tarde, por lo que el ICS ya no era un instrumento (no hay índices disponibles posteriores a enero) para poder seguir ajustando las cuotas. De manera que la magistrada en su sentencia señaló que “a partir de febrero de 2024, y en tanto no exista otra norma que sirva de referencia para establecer el valor de la cuota, podrán efectuarse -como máximo- aumentos en igual proporción a la suba que se disponga respecto del haber mínimo jubilatorio”.

Fernández Garello dictó la cautelar aun cuando en el mismo fallo se declaró incompetente, al considerar que el expediente debe pasar a la Justicia federal. Sin embargo, argumentó que “el tribunal debe pronunciarse sobre las medidas cautelares a pesar de su incompetencia relativa a la cuestión de fondo, cuando concurrieran razones de urgencia”.

El demandante es Saúl L. (su identidad se mantiene en reserva), un jubilado bancario de 68 años que accionó contra OSDE, prepaga con la que tiene contratado el “plan 210”. En la causa manifestó que está “en tratamiento por padecer Policitemia vera en fase acelerada, un mal funcionamiento de la médula en cuanto produce cantidad de glóbulos rojos, blancos y plaquetas sin control, y sólo cuenta con un riñón en funcionamiento”.

Saúl dejó asentado en el expediente que “le realizaron 3 biopsias de médula ósea para verificar el resultado al tratamiento en base a inyecciones periódicas y que en 2022 sufrió Covid-19 y estuvo internado 6 meses”, por lo que -por lo expuesto- manifestó “estar en tratamiento con drogas oncológicas”. Acreditó ingresos mensuales por 734 mil pesos.

“Estoy enfermo, soy jubilado y todas las noches pienso que me quedaré sin mis médicos. No entiendo las facturas que me envían, solo sé que esos aumentos son imposibles de pagar para mí. No sé qué quieren ni por qué hizo esto el Gobierno. Ahora tengo el amparo y confío en que será el modo de protegerme. Espero que haya más jueces así para que muchos viejos como yo puedan dormir en paz”, dijo Saúl a Clarín.

La abogada del demandante, Valeria Carreras, dijo que “la franja más vulnerable de los usuarios de prepagas son los que más necesitan la cobertura, los jubilados. Sus ingresos no alcanzan la escalada de valores de las prepagas. Por eso este fallo es importante, porque fija un límite a los aumentos tomando como parámetro los haberes de los jubilados, un faro para otros amparos de adultos mayores”.

Según Carreras, “OSDE fue notificada el último viernes de la cautelar y tiene tiempo hasta el jueves a la mañana para apelar. Si bien debería ser de aplicación obligatoria e inmediata, las prepagas no cumplen inmediatamente y hay casos en los que se han llegado a fijar multas por incumplimiento”.