La Procuraduría General de la Nación ha instado a las entidades gubernamentales a otorgar garantías que aseguren el regreso de los alcaldes amenazados a sus funciones.

La solicitud fue presentada recientemente y busca dar respuesta a la creciente inquietud por la seguridad de estos funcionarios en Colombia.

El llamado de la Procuraduría se produce después de reportes sobre un incremento en las amenazas contra los alcaldes en diferentes regiones del país. La entidad expresó que es esencial que los mandatarios locales puedan desempeñar sus labores sin temor por su seguridad personal, lo cual impacta directamente en la gobernabilidad y en el bienestar de las comunidades.

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Para abordar esta problemática, la Procuraduría ha solicitado que se implementen medidas de seguridad más efectivas para proteger a los alcaldes, en colaboración con entidades como la Policía Nacional y otros organismos de seguridad.

Según lo publicado, estas medidas deben ser integrales y adaptarse a las específicas necesidades de cada región, considerando factores riesgosos identificados en cada municipio.

“El ente de control se unió al llamado de la Defensoría del Pueblo donde alertó que los alcaldes de Puerto Guzmán (Putumayo), Cartagena del Chairá (Caquetá), Magüí Payán (Nariño), Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar (Chocó), El Bagre y Tarazá (Antioquia), Villeta (Cundinamarca) y Tibú y La Playa (Norte de Santander), quienes despachan desde otras jurisdicciones, han tenido que desplazarse de los pueblos donde adelantan sus labores. Caso similar ocurre con diputados en algunos de esos departamentos’”, se puede leer en el comunicado.

La situación actual ha provocado que varios alcaldes abandonen temporalmente sus cargos por razones de seguridad. Según la Procuraduría, el regreso de estos funcionarios es vital para mantener el orden administrativo y asegurar la continuidad de proyectos y políticas locales.

Las amenazas a los alcaldes han venido en aumento debido a varios factores, incluyendo el conflicto armado interno, disputas territoriales con grupos armados ilegales y la corrupción en algunos sectores. La Procuraduría enfatiza que proteger a los mandatarios locales es una prioridad para la estabilidad del país.

“… Es indispensable que se tomen, de forma prioritaria, medidas concretas de protección y presencia institucional en aquellos municipios donde las condiciones de seguridad no permiten que los funcionarios desempeñen sus labores con el fin de garantizar la gobernanza y gobernabilidad territorial”, también se puede leer en el comunicado.

El organismo de control también subrayó la importancia de que los ciudadanos denuncien cualquier amenaza o acto violento contra los alcaldes, lo cual facilitará la intervención oportuna de las autoridades competentes.

En conclusión, la Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso con la seguridad de los alcaldes y solicitó la colaboración de todas las entidades estatales y de la ciudadanía para asegurar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de sus funciones.

Pastrana pide protección urgente para el alcalde de Arauca por amenazas

Andrés Pastrana denunció que la vida del alcalde de Arauca, miembro de su partido, corre peligro, informó Infobae. Pastrana sostuvo en una declaración el 26 de marzo de 2024 que el alcalde Édgar Tovar está bajo amenaza, subrayando la gravedad de la situación en la región.

Pastrana enfatizó que estas amenazas podrían estar vinculadas a grupos armados ilegales que operan en Arauca, un área conocida por la presencia de varias facciones criminales. El político advirtió sobre la necesidad urgente de medidas de seguridad adicionales para proteger al alcalde Tovar y prevenir posibles ataques. Según Infobae, esta no es la primera vez que autoridades locales en Arauca enfrentan este tipo de amenazas.

El exmandatario también hizo un llamado al gobierno nacional y a las fuerzas de seguridad para que intervengan rápidamente y brinden la protección necesaria al alcalde, así como a otros funcionarios que puedan estar en situaciones similares. Pastrana expresó su preocupación por la escalada de violencia en la región, especialmente dirigida a figuras políticas y administrativas.

En declaraciones previas, Tovar ya había mencionado el riesgo que enfrentan él y su equipo, indicando que la intimidación y las amenazas han sido constantes desde el inicio de su mandato. Esta situación, según expertos en seguridad, refuerza la necesidad de una estrategia más efectiva para abordar la violencia en Arauca.