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“Si en Bolivia van a negarle la atención a una niña de cuatro años con el 80% del cuerpo quemado con la excusa de ‘no hay reciprocidad con los argentinos’, tendríamos que responder de la misma manera. Les aseguro que los que salen perdiendo son ellos”. Eso escribió en su cuenta de X el legislador libertario Ramiro Marra. Se hacía eco de una noticia publicada en un medio jujeño sobre un caso, a simple vista, estremecedor.

Según pudo reconstruir LA NACION, Miguelina Tolaba, una madre argentina de 23 años, estaba con su hija de cuatro en la ciudad boliviana de Villazón -donde vive el padre de la niña- cuando la pequeña se quemó con una olla de agua hirviendo y sufrió heridas de segundo grado en el mentón bajo, los brazos, el pecho y la rodilla.

Tolaba dijo que el lunes 15 de julio en el Hospital San Roque de esa localidad, que la separa de Jujuy la frontera argentina, le negaron asistencia médica por “incumplimiento de requisitos”.

La discusión sobre la reciprocidad en la atención médica en la frontera entre la Argentina y Bolivia no es nueva. Y algunos casos fueron resonantes. Alejandro Benítez, un docente jubilado, oriundo de Salta, fue embestido por un camión en una ruta cerca de Santa Cruz de la Sierra y murió por no recibir tratamiento a tiempo, según denunciaron sus amigos, en 2022. En ese momento, la embajada de Bolivia dijo desconocer el caso. A los amigos de Benítez les exigieron dinero.

Pero en el caso de la hija de Miguelina surgen algunas contradicciones entre la versión que trajo a la luz el legislador libertario y lo que pudo reconstruir LA NACION. La primera es que el director del Hospital San Roque, Vico Ramírez, contradijo, en diálogo con este medio, a la madre. Sostuvo que a la pequeña se le hicieron curaciones primarias y que fue Miguelina y no el Hospital quien se negó a que siguiera internada allí. Y agregó que le hizo firmar un papel eximiendo de responsabilidad a la institución. De hecho, en una conferencia de prensa, las autoridades del centro de salud boliviano mostraron la ficha de internación que, en su reverso, tiene la firma de Tolaba.

En el Hospital Jorge Uro, de La Quiaca, donde fue recibida luego la nena, corroboraron en diálogo con LA NACION la versión de las curaciones primarias con vaselina y penicilina en el San Roque.

El director del hospital de Bolivia dio más detalles en diálogo con LA NACION. Dijo que el caso de la niña lo tomó el doctor Santiago Pérez. “Ni siquiera se les pidió documentación. No se les preguntó si eran argentinas o bolivianas, sólo se le dio la atención que correspondía”, aseguró ante la consulta de si se las rechazó por su nacionalidad. Pérez consultó, luego, con el cirujano Alberto Bulaños, quien recomendó a las 19:45 (hora de Bolivia) que la niña fuera internada por la gravedad de las heridas.

“A las 20 realizamos el cambio de turno y entró la doctora Luz De Silva, que dice que continúen con la internación. Pero la madre se niega. Dice que es argentina y que se la va a llevar a La Quiaca. Eso es lo que ocurrió”, expresó Ramírez, y añadió: “Por eso le hacemos firmar una nota donde la madre rechaza la internación, algo que hacemos también con cualquiera que rechace una internación en el hospital”.

“La Sra. Miguelina Tolaba de 23 años de edad, madre de la menor, rechaza internación pese al cuadro delicado de la pequeña, refiere que tenía nacionalidad argentina y que la trasladará a la ciudad de La Quiaca, Argentina, por lo que se deslinda de responsabilidad al personal médico y paramédico de este nosocomio”, se lee en el reverso de la ficha de internación, donde también se ve la firma de la madre.

Pero en La Quiaca, la mamá de la nena contó otra cosa. Según confirmaron fuentes locales a LA NACION, Miguelina afirmó a los médicos del Hospital Jorge Uro que fue el San Roque el que negó la internación por “no cumplir los requisitos”. Allí fue cuando se dirigió al hospital de La Quiaca, donde fue ingresada al día siguiente a las 12:30 de la madrugada y derivada al Hospital Materno Infantil de San Salvador a las 3 de la mañana por la gravedad de las quemaduras, donde ahora la niña se encuentra internada, estable y es tratada por un equipo interdisciplinario. Su recuperación podría tardar alrededor de dos meses. Aunque la madre no especificó cuáles eran esos “requisitos”, desde la provincia sospechan que puede tratarse de una cuestión de dinero, donde suponen, intentaron cobrarle la internación.

El ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, sostuvo que desde la cartera no tienen información respecto a lo que ocurrió en Bolivia. “Eso es entre la madre y el hospital”, afirmó. Pero remarcó que hay un conflicto creciente de argentinos que cuando necesitan internarse en hospitales del país vecino les exigen un monto a pagar. “Todos los días hay casos parecidos donde no los atienden o les cobran. Te lo dicen todos los pacientes”, denunció.

La polémica es tal que en Salta se aprobó una ley provincial para arancelar la asistencia médica a extranjeros. Desde abril de este año, la norma exige a los no residentes montos de entre $100.000 y $500.000 por día de internación, dependiendo la causa.

LA NACION intentó localizar a la madre de la nena que sufrió las quemaduras, pero hasta el momento no fue posible.

El convenio de asistencia sanitaria recíproca

El conflicto por el cobro a extranjeros viene de larga data. En 2019 ambos países firmaron un convenio de asistencia sanitaria recíproca, que obliga al gobierno de Bolivia a garantizar la cobertura de emergencias a los argentinos en el sistema de salud nacional, y viceversa. El acuerdo fue firmado en su momento por el secretario de Gobierno de Salud, Adolfo Rubinstein, y la ministra de Salud de Bolivia, Gabriela Montaño. La firma fue tanto en el hospital Jorge Uro como en el San Roque.

El convenio establece la reciprocidad para la asistencia médica en situaciones de urgencia y emergencia en establecimientos de salud pública y busca garantizar “la gratuidad y oportunidad de los tratamientos que afecten a ciudadanos de una de las naciones que se encuentren en el territorio de la otra, independientemente de su estatus migratorio”. “El convenio está vigente y no se cumple”, señaló Bouhid. Aún así, aseguró que no hubo diálogo entre las autoridades de la provincia y Villazón, ya que es un “conflicto entre dos estados”. El Ministerio no ha reportado la situación a la Cancillería argentina. Aún así, desde la cartera de Relaciones Exteriores aseguraron a este medio que “no hay conflicto entre estados”.

Fuentes médicas de La Quiaca denunciaron la misma situación, donde se cobraría a los argentinos por la atención médica a pesar del convenio. “Nosotros asumimos toda la responsabilidad en el tema de los gastos. Nos enoja, nos molesta que salgan estas noticias”, contestó Ramírez.