El cobro de un adicional en la carga de combustible líquido o en el GNC, conocido como “tasa vial” es una modalidad que alcanza a casi todo el Conurbano: sólo cinco distritos del conglomerado que rodea a la Capital Federal no exigen este pago extra a los consumidores.

Pero la fórmula que ahora puso bajo la lupa el Gobierno nacional, también está extendida en el interior bonaerense y en por lo menos dos decenas de comunas de Salta, Santa Fe, Neuquén, Río Negro y Entre Ríos, según pudo comprobar Clarín en las cámaras que agrupan a los expendedores de naftas.

Desde principios de 2024, la variante se expandió como una mancha de aceite por los distritos del Gran Buenos Aires, empujada por la caída de los recursos que ingresan a las arcas municipales después de los recortes que Nación aplicó a las transferencias a Provincia: se estima que la gestión de Axel Kicillof dejó de recibir –en promedio- $ 50.000 millones por mes desde que asumió Milei. Parte de esos recursos deben transferirse a los municipios.

Este jueves, el vocero presidencial, Manuel Adorni, planteó que el costo elevado de las naftas podría ser atribuido –en parte- a este aditivo que exigen los intendentes. “Hemos notado cierta proliferación de varios municipios que intentan cobrar nuevas tasas a través del ticket de combustible. Estamos terminando de evaluar todas las alternativas que tenemos a disposición para que esto deje de ocurrir, que no pase. Es un abuso que tiene cautiva a la gente para cobrarles una tasa municipal que nada tiene que ver con la carga de combustible y que deja atada a la gente a tener que abonarla compulsivamente”, argumentó.

Sin embargo, no resultaría sencillo atacar a esa tasa desde una decisión del Poder Ejecutivo. La facultad de los municipios para establecer sus mecanismos de recaudación está fijada en el artículo 123 de la Constitución: “Cada provincia dictará su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.”

Es decir: el gobierno de Milei debería apelar a la negociación o al convencimiento para revertir el mecanismo que se aplica en 19 de las 24 comunas que conforman en Conurbano. Sólo San Miguel, Esteban Echeverría, Tres de Febrero, San Martín y Morón no remarcan los surtidores con esta tasa. No existe una medida o resolución que pueda determinar la derogación de normas que fueron aprobadas por los concejos deliberantes”, dijo a Clarín un experto en derecho municipal de la Universidad de La Plata.

Menos académico, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, le respondió al vocero: «Tiene un absoluto desconocimiento de la vida de los municipios. En Merlo lleva muchos años, es anterior a mi gestión que estoy cursando mi tercer mandato. El municipio lo utiliza para volcarlo a los caminos por los que pasan los colectivos, los autos. Es un dinero que ingresa y es reutilizado para las calles», dijo el alcalde.

El sobreprecio va desde un máximo de 2,5% sobre el litro del fluido despachado (que impusieron Merlo, Pilar y Moreno) a un mínimo de 0,88% por litro que se aplica en los surtidores de Vicente López.

No se trata de una exclusividad de la zona metropolitana. Pinamar, Junín y otras ciudades del interior provincial la incorporaron desde hace algunos años. “En esos lugares está definido que la recaudación se destine al arreglo de caminos vecinales, que es una obligación de las comunas. Pero en el GBA no tiene sentido un gravamen más a los consumidores”, dijo a Clarín Diego Valenzuela (Pro), intendente de Tres de Febrero.

Mar del Plata realizó antes del verano una modificación sobre ese ítem que provocó polémica. La administración de Guillermo Montenegro decidió quitar el componente “vial” de la Tasa de Servicios Urbanos, que pagan todos los vecinos. Y se decidió trasladarla “solo para los que usan las calles, o sea los que cargan nafta”. Alcanza a turistas y marplatenses. Y la recaudación está afectada de manera exclusiva al arreglo de avenidas y arterias.

El senador provincial y ex jefe de Gabinete de Mar del Plata, Alejandro Rabinovich (Pro) defendió la decisión: “Acá ya vemos dónde van los fondos: las obras en avenida Colón y en avenida Independencia. Tal vez el Gobierno apunte a otras jurisdicciones que sólo pretenden mejorar su recaudación”, argumentó el legislador.

La discusión sobre la tasa vial es anterior a la reciente intervención de Adorni. En el país se comenzó a imponer hace más de 10 años. Y desde entonces constituye motivo de conflicto judicial. La cámara que agrupa a los dueños de estaciones, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), sostiene que la tasa vial es inconstitucional y en varias oportunidades lograron fallos que frenaron los aumentos.

“El primer fallo lo conseguimos en Salta. Pero después hubo otros y nuestro planteo tiene también un costado práctico: en el Conurbano hay lugares que pierden mucha venta porque los automovilistas se trasladan de un distrito a otro para cargar más barato”, contó a Clarín Guillermo Lego, dirigente de CECHA.

Persiste en el debate jurídico una controversia sobre el alcance y las obligaciones que derivan del cobro de una tasa. Es que por definición se trata de un “tributo cuyo hecho imponible consiste en la prestación de un servicio o la realización de una actividad por parte del Estado, que afecta o beneficia de modo particular al sujeto” que la paga.

Ante demandas de particulares o entidades afectadas por estos cobros hubo, en fallos recientes, sentencias donde los tribunales sostuvieron que los municipios «deberán acreditar que han prestado un servicio concreto, efectivo e individualizado a favor de los contribuyentes, pues, de lo contrario, el cobro de las tasas podrá ser considerado sin causa» concluyen.

Milei podría entrar por esa vía a exigir la revisión de esos sobreprecios autorizados por los concejos deliberantes. Porque no tiene chances de revertirlas por vía administrativa. No hay resolución o DNU que pueda obligar a los municipios a dar marcha atrás con la tasa.