POLITICA
Solo en Off: las grietas abiertas de la Casa Rosada, en los rincones por donde no pasa Milei
“Peligro. No pasar”, podía leerse, esta semana, en el pasillo que da al despacho del subsecretario de gestión institucional y fiel funcionario karinista, Eduardo “Lule” Menem. El mensaje, escrito en una cinta roja y blanca, impedía el paso de los habituales transeúntes de ese sector del primer piso de la Casa Rosada, afectado por la caída de mampostería desde el techo, y con moderado riesgo de accidentes.
El agujero dejado por el material caído en las barbas del influyente “Lule” no es, por cierto, el único faltante, en el histórico edificio gubernamental, inaugurado en 1898 y por el que pasaron gobiernos de todos los pelajes, sin terminar ninguno de ellos de ponerlo en condiciones óptimas. Paredes descascaradas, mampostería caída, cables a la vista sin cubrir y hasta ascensores que a veces brindan algún susto son parte del paisaje natural para los cerca de 1000 funcionarios, invitados, empleados y periodistas que, a diario, llegan a Balcarce 50.
No se trata, por cierto, de la totalidad del edificio: se presta un cuidado especial a la planta baja, con su salón de los Bustos, el patio de las Palmeras y el camino que va hacia el despacho presidencial, que recorre el presidente Javier Milei cuando en cada jornada de trabajo. La belleza de las añejas palmeras, la pulcritud que rodea los bustos de los antecesores de Milei y el brillo de las escaleras que se dirigen al área presidencial son la otra cara de un edificio dónde (casi) siempre hay en marcha alguna obra edilicia.
Desde el sector de mantenimiento dejan trascender que es imposible revertir en poco más de dos años el deterioro que lleva décadas. Al llegar al Gobierno, la gestión libertaria graficó en un video de un minuto y medio el lamentable estado de distintas partes del edificio, aunque en diciembre de 2021, el gobierno de Alberto Fernández dejó trascender que había invertido $379 millones para profundizar el master plan iniciado durante el gobierno de Mauricio Macri, consistente en la renovación de instalaciones eléctricas, la recuperación de oficinas, la colocación de nuevos ascensores y cafeterías. Es decir, la culpa la tiene el anterior, es el mensaje de éste, y por cierto, de todos los gobiernos, mientras se profundizan las grietas abiertas de la Casa Rosada.
Mucho se critica a los funcionarios que, sean del partido que sean, no atraviesan las peripecias del ciudadano común, entre ellas la de llegar a su trabajo o estudio en el transporte público. Tal vez para contradecir esa sentencia negativa, la excanciller Diana Mondino decidió días atrás subirse a un colectivo porteño, para sorpresa de sus ocasionales compañeros de ruta.
Muy concentrada en la lectura de su celular, Mondino ni siquiera se percató de la foto obtenida dentro del colectivo 152, que la excanciller durante el primer año del gobierno de Javier Milei tomó en las cercanías de la calle Agüero, en dirección a la zona norte del gran Buenos Aires. Lejos de las alfombras rojas que supo disfrutar, y a falta de asientos disponibles, Mondino se acomodó en uno de los espacios libres y allí se quedó, hasta que los testigos ocasionales perdieron contacto con ella. Sin perspectiva de retorno inmediato a la función pública -su salida del Gobierno fue traumática, luego del voto argentino en la ONU contra el embargo a Cuba- la economista cordobesa (“madre y abuela” según su propia definición en las redes sociales) transcurrió ese rato en el transporte público sin que nadie la reconociera.
Mientras observa a un gobierno nacional en problemas y a sus aliados macristas buscando permanecer, el PJ en sus distintos pelajes se atrinchera para dar la batalla, tanto a nivel nacional como porteño, y busca la unidad. El ámbito más reciente es el Consejo Económico y Social porteño, que renovó su conducción y tendrá un perfil mucho más combativo que en sus composiciones anteriores.
Presidido por Manuel Socías, cercano al omnipresente auditor Juan Manuel Olmos, se sentaron en la primera reunión sindicalistas de la CGT como Jorge Sola; el líder de la Uocra, Gerardo Martínez y el hombre de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy. También estuvieron Eugenio Begue, referenciado en el ex piquetero Juan Grabois y que se quedó con la vicepresidencia segunda; representantes de universidades, de la Iglesia y cámaras empresarias.
“Es una foto fuerte”, se felicitaron desde el organismo, reconociendo que fue Olmos quien, con paciencia oriental, logró juntar a sectores que no se aprecian demasiado, para pelear “contra el Pro en la ciudad”, pero también contra los libertarios, socios en las últimas elecciones nacionales en territorio porteño.
A orillas del Paraná, se escucharon días atrás las críticas de intendentes referenciados en Provincias Unidas, pero también de algunos invitados sorpresa. La intendenta local, Rosario Romero, fue la anfitriona del evento, en el que se distinguieron Pablo Javkin (Rosario), Daniel Passerini (Córdoba Capital), Ulpiano Suárez (Mendoza), y otros alcaldes de grandes ciudades del país. La quita de impuestos a los combustibles y la distribución de ATN según cantidad de habitantes de cada distrito fueron las principales banderas compartidas, reclamos en sintonía (en la mayoría de los casos) con los gobernadores. Llamaron la atención dos presencias: la de Julio Alak, intendente de La Plata y pre-candidato a gobernador de Unión por la Patria, y Ariel Sujarchuk, intendente peronista de Escobar y exfuncionario en el organigrama de Sergio Massa durante el gobierno de Alberto Fernández.
¿ Se alejaron del PJ o fueron con la venia del gobernador bonaerense Axel Kicillof al convite? La duda quedó flotando, mientras los presentes en Paraná tomaron distancia del reclamo de las FAM, que encabeza el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, el miércoles pasado, frente al Ministerio de Economía.
Al eterno gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, le habrían ardido los oídos, si hubiese participado del encuentro anual de Amcham, el martes pasado. El catedrático de la Universidad Di Tella, Carlos Gervasoni, trazó allí una comparación entre “provincias impositivas, capitalistas, democráticas”, como Mendoza, y “provincias rentísticas, poco desarrolladas y poco democráticas”, como la que comanda Insfrán desde 1995, sin contar sus dos períodos anteriores como vicegobernador.
Ajeno a las recomendaciones de Gervasoni, quien recomendó al Estado nacional reducirle los envíos de fondos, lo que según su visión “obligaría a las provincias rentísticas (como Formosa) a aumentar el esfuerzo recaudatorio y las ayudaría a desarrollar el sector privado”, Insfrán sigue su camino.
Días atrás dio comienzo el campeonato de karting del NEA, que lleva el nombre del gobernador formoseño, y cuyo gobierno aporta fondos como sponsor para la realización del torneo. Casi una respuesta a las críticas a la “falta de alternancia” y la utilización de fondos públicos en el culto a la personalidad, moneda corriente en Formosa según el catedrático Gervasoni, y también de la oposición al peronismo.
Jaime Rosemberg,En off,Javier Milei,Conforme a,En off,,Solo en Off. Ministros despistados y caras largas en la semana más delicada e hiperactiva de Adorni,,Sólo en Off. Dante Gebel ahora sí viene a la Argentina y dará otro paso hacia una candidatura en 2027,,Solo en Off. En medio de la polémica, Adorni encontró críticas inesperadas y un “recreo” francés
POLITICA
La Justicia investiga si el departamento de la vecina de Cristina Kirchner se compró con plata de la UOM
La Justicia busca determinar de dónde salió el dinero con el que María Soledad Calle compró el departamento del primer piso de San José 1111, ubicado debajo de la vivienda donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Una de las hipótesis que se analiza es si los fondos utilizados para adquirir el inmueble pudieron tener origen en la UOM, aunque hasta el momento no existe una conclusión judicial que lo confirme.
El foco está puesto en la relación entre Calle, el sindicato metalúrgico y USEM S.A., la empresa que firmó en 2023 un convenio con la UOM. Dos años después, en agosto de 2025, Calle compró el departamento.
La defensa de Calle aseguró que la propiedad fue adquirida “con recursos propios” y que tenía previsto destinarla a una fundación. Sin embargo, según fuentes judiciales consultadas por TN, esa explicación no terminó de despejar las dudas de los investigadores.
“La explicación de Soledad Calle no aportó claridad”, sostuvo una fuente judicial. Y agregó: “No dio detalle alguno sobre la fundación que usaría esa unidad”.
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, homologó un acuerdo de juicio abreviado mediante el que el líder mapuche Facundo Jones Huala fue condenado a 5 años y 2 meses de prisión por actos de sabotaje e . Según confirmó su abogado defensor, Gustavo Franquet, el cómputo de la pena se realiza desde junio de 2025, momento en que el lonko fue detenido en El Bolsón.
En juicio abreviado, el acuerdo de condena se alcanzó tras una propuesta realizada por la fiscalía de Bariloche y semanas de negociaciones entre las partes, en las que intervino activamente el propio Jones Huala.
Como parte del convenio, el Ministerio Público Fiscal dejó sin efecto los recursos y apelaciones con los que buscaba restituir al condenado al penal de máxima seguridad de Rawson, asegurando su permanencia en la Unidad 14 de Esquel. A esa cárcel chubutense fue trasladado Jones Huala a principios de julio de este año.
El punto central de la discusión radicó en la calificación legal de los hechos.
Hasta último momento, la fiscalía buscó que Jones Huala asumiera su responsabilidad bajo el artículo 210 bis del Código Penal (asociación ilícita para poner en peligro la Constitución Nacional o de estructura militar), con lo cual ofrecía una pena de 5 años y medio o la alternativa de ir a un juicio oral con una escala penal de entre 5 y 20 años de prisión.
Bajo esa acusación, la fiscalía también intentaba probar supuestas “ramificaciones internacionales” entre la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de Chile y la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en Argentina.
Tanto Jones Huala como sus defensores rechazaron categóricamente esa figura. Finalmente, la acusación se readecuó al artículo 213 bis del Código Penal –que sanciona la mera pertenencia a una organización transitoria o permanente destinada a imponer sus ideas por la fuerza– conjuntamente con la apología del delito (artículo 213), acusación que dio origen a la causa a partir de la presentación de su libro Entre Rejas, Antipoesía incendiaria en una biblioteca de Bariloche.
De este modo, el dirigente mapuche asumió exclusivamente aquello que sostuvo públicamente de forma constante: que la RAM existió y que él fue integrante de la organización, sin que el acuerdo incluyera arrepentimientos, solicitudes de disculpas ni calificaciones adicionales.
Desde la Gremial de Abogados emitieron duros cuestionamientos al sistema judicial argentino y argumentaron las razones que llevaron a la aceptación de la condena.
A la hora de fundamentar la decisión de evitar el juicio oral por la imputación más grave, advirtieron sobre el riesgo de enfrentar penas considerablemente más altas: “No estábamos en condiciones de decirle, y no le dijimos: ‘Jugate 10 o 12 o 15 años de tu vida a que podés ganar el juicio’”.
A lo largo del proceso, la defensa venía denunciando la falta de imparcialidad en el fuero federal, remarcando que “las decisiones son políticas y se toman en los despachos del Ministerio de Seguridad”.
Finalmente, respecto a la postura adoptada por el líder mapuche en la causa, concluyeron: “Facundo siempre aceptó y asumió ser de la RAM, le guste a quien le guste o le disguste a quien le disguste”.
En febrero de 2025, Jones Huala presentó su libro en una biblioteca de Bariloche y reivindicó los sabotajes mapuches. Además de subrayar que la RAM existe y “es el sector más autonomista del movimiento mapuche”, Jones Huala afirmó que reivindica la liberación nacional “e incluso la lucha armada”.
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POLITICA
Un abogado ambientalista anticipó embargos contra Sea Lion en Malvinas: “Sin financiamiento no hay proyecto”
La Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender las perforaciones, las instalaciones submarinas y el inicio de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental. La medida cautelar, dictada por la jueza Mariel Borruto, alcanza a las compañías Rockhopper y Navitas. En paralelo, Comodoro Py abrió una investigación sobre Desire Petroleum y el grupo Rockhopper.
En Infobae al Regreso, el abogado ambientalista Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, explicó la estrategia judicial impulsada junto al Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) y anticipó que buscarán avanzar sobre la estructura financiera que sostiene el proyecto.
El planteo combina cuestiones ambientales y de soberanía. “Presentamos esta acción de tutela ambiental, que junta las dos cosas: soberanía y ambiente”, explicó Viale al describir una presentación que, según señaló, fue preparada durante varios meses.
El proyecto Sea Lion tiene previsto comenzar a producir en 2028, con una capacidad estimada de entre 120.000 y 130.000 barriles diarios. El desarrollo contempla además la perforación de 23 pozos y la instalación de infraestructura submarina.
Para Viale, la escala del emprendimiento hace que la discusión no se limite a las compañías petroleras. “Las empresas petroleras no lo hacen solas, tienen bancos, aseguradoras, etcétera”, sostuvo. Desde esa perspectiva, la estrategia apunta a identificar a los distintos actores que intervienen en el esquema económico del proyecto. “Sin financiamiento no hay proyecto”, resumió.
La cautelar que frenó el avance de Sea Lion
La resolución de Borruto suspendió las tareas vinculadas con el desarrollo del proyecto hasta que exista una evaluación de impacto ambiental. Para Viale, esa decisión permite avanzar sobre el fondo de la controversia porque impide que las compañías continúen con las operaciones mientras se define si cumplen con las exigencias ambientales.
El abogado también defendió la competencia del Juzgado Federal de Río Grande y vinculó la presentación con la jurisdicción de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según explicó, uno de los objetivos iniciales era obtener una declaración judicial sobre la legalidad de las operaciones.
“Lo primero que necesitábamos era esta declaración de ilegalidad”, afirmó. A su entender, la propia medida cautelar anticipa esa discusión al impedir que el proyecto avance sin una evaluación ambiental.
La presentación también busca que las empresas sean notificadas formalmente de la decisión y que pueda reconstruirse el entramado societario y financiero detrás de Sea Lion.
Embargos, bancos y mercados internacionales
El siguiente paso de la estrategia, según anticipó Viale, será avanzar sobre los activos vinculados con las compañías si se incumple la orden judicial. “Lo que nosotros estamos preparando es el camino de los embargos”, señaló.
El abogado explicó que una eventual ejecución de esas medidas debería contemplar que buena parte de la estructura empresarial se encuentra fuera de la Argentina. En ese sentido, destacó que la jueza dispuso la notificación de las empresas por vía postal, de acuerdo con los mecanismos previstos por la Convención de La Haya.
La estrategia también apunta a los mercados financieros. Rockhopper tiene presencia en Londres y Viale sostuvo que el planteo podría extenderse a otras plazas donde existan valores vinculados con las empresas. “Después nosotros vamos a pedir que se ordene a bolsas del mundo”, anticipó.
Según explicó, la intención es que las entidades financieras conozcan la existencia de la resolución argentina y puedan evaluar sus efectos sobre las operaciones relacionadas con el proyecto.
La organización, agregó, cuenta con cooperación internacional de entidades especializadas en rastrear estructuras societarias, accionistas y fuentes de financiamiento.
El rol de Navitas y la dimensión económica del proyecto
Durante la entrevista, Viale señaló que Navitas concentra el 65% de la participación vinculada con Sea Lion. También diferenció a la empresa del Estado de Israel, aunque sostuvo que existen vínculos entre algunos de sus ejecutivos y el gobierno de Benjamin Netanyahu.
Más allá de esa discusión, el abogado puso el foco en la dimensión económica del emprendimiento. Según planteó, una explotación de la escala prevista para Sea Lion puede modificar la situación financiera de las islas y generar incentivos para profundizar su desarrollo hidrocarburífero.
“Haría que las islas por primera vez sean superavitarias. Hasta ahora son, entre comillas, deficitarias del Reino Unido”, afirmó.
Viale también señaló que la actividad petrolera no es el único frente que analizan. Mencionó permisos de pesca otorgados a empresas españolas y sostuvo que podrían impulsarse acciones judiciales similares sobre esa actividad.
El impacto ambiental y el antecedente de Mar del Plata
Uno de los principales argumentos de la presentación es el posible impacto de una explotación offshore sobre el ecosistema marino. Viale advirtió que un eventual derrame podría trascender el área específica de perforación y afectar tanto la pesca como distintos ecosistemas de la costa argentina.
“Un derrame como los hay en todos los offshore del mundo podría afectar incluso la costa argentina, la pesca argentina o los ecosistemas de la ballena franca austral”, sostuvo.
El abogado recordó además la experiencia de su organización contra un proyecto de exploración offshore frente a Mar del Plata, donde, según señaló, consiguieron una medida cautelar que mantuvo paralizado el desarrollo durante dos años.
Ese antecedente forma parte del marco desde el cual plantearon la acción contra Sea Lion, aunque en este caso la discusión incorpora desde el inicio la cuestión de soberanía junto con los argumentos ambientales.
Para Viale, el expediente también se inscribe en una discusión más amplia sobre la continuidad de los proyectos de combustibles fósiles. “El mundo tiene que salir de los combustibles fósiles y además está yendo para ahí”, sostuvo.
Mientras avanzan la causa de Río Grande y la investigación abierta en Comodoro Py, la estrategia judicial apunta ahora a determinar quiénes integran la estructura económica del proyecto y hasta dónde pueden extenderse las consecuencias de la cautelar sobre las empresas, sus activos y quienes participan de su financiamiento.
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