Primero fue el ministro de Justicia, Juan Batista Mahiques, quien con una sonrisa, andar relajado y el cartel de debutante pidió ayuda a los encargados de ceremonial, apenas entró desde la explanada de la Casa Rosada. Lo siguió Carlos Presti, su par de Defensa, quien titubeó unos segundos antes de encontrar el camino correcto en el salón de los Bustos. Mario Lugones, ministro de Salud desde octubre de 2024, se equivocó de dirección y cruzó el busto de Carlos Saúl Menem hacia el despacho presidencial, antes de rectificar, volver sobre sus pasos y subir por las escaleras que lo llevaron al salón de los Científicos.

Los tres episodios, con tono de comedia ligera, se dieron el lunes, antes de la reunión de gabinete que –por orden del presidente Javier Milei-encabezara el jefe de gabinete Manuel Adorni. Los equívocos tenían una razón lógica: hacía más de un mes que el ministro coordinador no reunía a sus pares, todos juntos en el mismo lugar, y el reencuentro coincide con el avance de las causas judiciales en su contra, por presunto enriquecimiento ilícito, en el juzgado del juez federal Ariel Lijo.

La reunión de gabinete, definida como “pesada” por uno de sus protagonistas, fue la primera cita de una semana agitada para el jefe de gabinete, quien también se juntó a solas con Presti, Lugones y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para reuniones de trabajo. De los tres, sólo la sucesora de Patricia Bullrich esbozó una sonrisa en las fotos que la misma Presidencia distribuyó una vez finalizadas. En contraste, el propio Adorni lució sonriente y en control, siempre mirando a cámara.

Sin conferencias de prensa ni contacto público con periodistas y medios, varios de los cuales no pudieron ingresar a la Casa Rosada por su presunta participación en la supuesta “infiltración” del Kremlin, el jefe de gabinete siguió preparando su presentación ante el Congreso, prevista para el miércoles 29. “De ninguna manera. Además, no hay cambios”, contestaba por estos días uno de los ministros que sonó durante este último mes como eventual reemplazo del jefe de gabinete, aunque no son pocas las voces las que, en voz baja, sugieren que, tarde o temprano, habrá modificaciones en el staff ministerial.

Se sabe que política y futbol están hoy, más de la mano que nunca en la Argentina. Y mientras el Gobierno pelea contra el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, varios de sus integrantes intentan sentar sus bases en uno de los clubes grandes, San Lorenzo de Almagro, que el 30 de mayo elegirá presidente hasta fines de 2027. El actual presidente interino y antiguo funcionario Pro, Sergio Constantino, que se impuso en la última elección interna a Matías Lammens, se le opondrán cuatro listas, una de las cuales es encabezada por el abogado Manuel Agote, cercano nada menos que al armador bonaerense karinista Sebastián Pareja, parte de la agrupación Movete Boedo Movete.

Además de ellos, están en la lista presentada esta semana otros dirigentes ligados al oficialismo: el experimentado ex funcionario Pro Juan Curuchet, Nicolás Ferro (funcionario del Banco Central), y Walter Weimann, coordinador de medios provinciales en la secretaría de prensa de Presidencia. De este último, opositores interesados recuerdan con malicia un antiguo paso por el cristinismo.

Días agitados en la política y la economía nacionales contagian a las administraciones provinciales y el gobierno de la ciudad. Cuentan testigos privilegiados que días pasados, en el gabinete porteño de Jorge Macri ardió troya, cuando se supo que la legisladora porteña Silvia Lospennato, la misma que encabezara la lista de legidsladores porteños de Pro en mayo pasado, derrotada por La Libertad Avanza, tiene listo un proyecto de ley que propone quitarles el sueldo a los comuneros, un interesante ingreso, hoy casi equivalente al de los legisladores porteños.

“Yo voy a mandar un proyecto para bajarles el sueldo a los legisladores, entonces”, desafió durante una reunión de gabinete Ezequiel Sabor, secretario de Gobierno de la ciudad, y que tiene a su cargo las juntas comunales porteñas. Fuera de micrófono, voces de la calle Uspallata acusan a Lospennato de “cortarse sola”, en la búsqueda de competir con el discurso libertario, que en la ciudad propone una fuerte reducción de gastos en distintas áreas de la administración.

Tensa y movida fue la semana en el Banco Nación, bajo fuego mediático por la difusión de créditos millonarios a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei. La respuesta oficial, que buscó desinflar las presentaciones judiciales de miembros de la oposición, tuvo como uno de sus argumentos principales en que la existencia de una norma que favorecía a funcionarios y empleados públicos para tomar créditos a tasa preferencial, siempre que fueran clientes del banco estatal. “Tenemos el 95 por ciento de las cuentas sueldo del Estado, las ganamos todas por licitación”, se ufanaban cerca del presidente Darío Wasserman.

En el 5 por ciento restante aparece una curiosidad: no se trata del Ministerio de Defensa, que contrató al banco Supervielle, o del Indec, cuyos empleados cobran su salario en el banco Macro. Las ironías, en los pasillos de la calle Rivadavia, tenían un destinatario: el Ministerio de Desregulación, que encabeza Federico Sturzenegger, quien al igual que sus subordinados percibe su salario en el banco ICBC, de origen chino. Alusiones risueñas al “coloso chino” (banquero en sus épocas de dirigente Pro) no faltaron, en tiempos de alineamiento sin dobles discursos de Argentina con Donald Trump.

Preocupados por no perder el tren en plena ola libertaria, en el radicalismo se viven tiempos de cambio. Con el joven Leonel Chiarella a cargo del Comité Nacional, Hernán Rossi a cargo del radicalismo porteño, y un grupo de gobernadores en el que sobresale el santafesino Maximiliano Pullaro, en la UCR imaginan iniciativas para fidelizar militancia y simpatía, mientras otros miembros del partido centenario prefieren pactar con La Libertad Avanza. En ese contexto, desde la legislatura porteña avanza una iniciativa radical: un monumento para el ex presidente Raúl Alfonsín en territorio de la ciudad. “Hay uno en Chascomús, el más grande. También en otras ciudades bonaerenses y del Interior, pero salvo la estación de subte y el Paseo del Bajo no hay nada a nombre de Alfonsín”, dicen cerca de los diputados Francisco Loupias y Aldana Crucitta, promotores de la iniciativa junto a la ex legisladora, del mismo partido, Inés Parry.

Comentan desde el radicalismo que ya comenzaron a estudiarse distintas zonas de la ciudad en las que la estatua podría ser emplazada, aunque para ello hará falta el visto bueno de los demás bloques que componen la legislatura porteña.