POLITICA
Solo en Off | Ministros despistados y caras largas en la semana hiperactiva de Manuel Adorni

Primero fue el ministro de Justicia, Juan Batista Mahiques, quien con una sonrisa, andar relajado y el cartel de debutante pidió ayuda a los encargados de ceremonial, apenas entró desde la explanada de la Casa Rosada. Lo siguió Carlos Presti, su par de Defensa, quien titubeó unos segundos antes de encontrar el camino correcto en el salón de los Bustos. Mario Lugones, ministro de Salud desde octubre de 2024, se equivocó de dirección y cruzó el busto de Carlos Saúl Menem hacia el despacho presidencial, antes de rectificar, volver sobre sus pasos y subir por las escaleras que lo llevaron al salón de los Científicos.
Los tres episodios, con tono de comedia ligera, se dieron el lunes, antes de la reunión de gabinete que –por orden del presidente Javier Milei-encabezara el jefe de gabinete Manuel Adorni. Los equívocos tenían una razón lógica: hacía más de un mes que el ministro coordinador no reunía a sus pares, todos juntos en el mismo lugar, y el reencuentro coincide con el avance de las causas judiciales en su contra, por presunto enriquecimiento ilícito, en el juzgado del juez federal Ariel Lijo.
La reunión de gabinete, definida como “pesada” por uno de sus protagonistas, fue la primera cita de una semana agitada para el jefe de gabinete, quien también se juntó a solas con Presti, Lugones y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para reuniones de trabajo. De los tres, sólo la sucesora de Patricia Bullrich esbozó una sonrisa en las fotos que la misma Presidencia distribuyó una vez finalizadas. En contraste, el propio Adorni lució sonriente y en control, siempre mirando a cámara.
Sin conferencias de prensa ni contacto público con periodistas y medios, varios de los cuales no pudieron ingresar a la Casa Rosada por su presunta participación en la supuesta “infiltración” del Kremlin, el jefe de gabinete siguió preparando su presentación ante el Congreso, prevista para el miércoles 29. “De ninguna manera. Además, no hay cambios”, contestaba por estos días uno de los ministros que sonó durante este último mes como eventual reemplazo del jefe de gabinete, aunque no son pocas las voces las que, en voz baja, sugieren que, tarde o temprano, habrá modificaciones en el staff ministerial.
Se sabe que política y futbol están hoy, más de la mano que nunca en la Argentina. Y mientras el Gobierno pelea contra el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, varios de sus integrantes intentan sentar sus bases en uno de los clubes grandes, San Lorenzo de Almagro, que el 30 de mayo elegirá presidente hasta fines de 2027. El actual presidente interino y antiguo funcionario Pro, Sergio Constantino, que se impuso en la última elección interna a Matías Lammens, se le opondrán cuatro listas, una de las cuales es encabezada por el abogado Manuel Agote, cercano nada menos que al armador bonaerense karinista Sebastián Pareja, parte de la agrupación Movete Boedo Movete.
Además de ellos, están en la lista presentada esta semana otros dirigentes ligados al oficialismo: el experimentado ex funcionario Pro Juan Curuchet, Nicolás Ferro (funcionario del Banco Central), y Walter Weimann, coordinador de medios provinciales en la secretaría de prensa de Presidencia. De este último, opositores interesados recuerdan con malicia un antiguo paso por el cristinismo.
Días agitados en la política y la economía nacionales contagian a las administraciones provinciales y el gobierno de la ciudad. Cuentan testigos privilegiados que días pasados, en el gabinete porteño de Jorge Macri ardió troya, cuando se supo que la legisladora porteña Silvia Lospennato, la misma que encabezara la lista de legidsladores porteños de Pro en mayo pasado, derrotada por La Libertad Avanza, tiene listo un proyecto de ley que propone quitarles el sueldo a los comuneros, un interesante ingreso, hoy casi equivalente al de los legisladores porteños.
“Yo voy a mandar un proyecto para bajarles el sueldo a los legisladores, entonces”, desafió durante una reunión de gabinete Ezequiel Sabor, secretario de Gobierno de la ciudad, y que tiene a su cargo las juntas comunales porteñas. Fuera de micrófono, voces de la calle Uspallata acusan a Lospennato de “cortarse sola”, en la búsqueda de competir con el discurso libertario, que en la ciudad propone una fuerte reducción de gastos en distintas áreas de la administración.
Tensa y movida fue la semana en el Banco Nación, bajo fuego mediático por la difusión de créditos millonarios a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei. La respuesta oficial, que buscó desinflar las presentaciones judiciales de miembros de la oposición, tuvo como uno de sus argumentos principales en que la existencia de una norma que favorecía a funcionarios y empleados públicos para tomar créditos a tasa preferencial, siempre que fueran clientes del banco estatal. “Tenemos el 95 por ciento de las cuentas sueldo del Estado, las ganamos todas por licitación”, se ufanaban cerca del presidente Darío Wasserman.
En el 5 por ciento restante aparece una curiosidad: no se trata del Ministerio de Defensa, que contrató al banco Supervielle, o del Indec, cuyos empleados cobran su salario en el banco Macro. Las ironías, en los pasillos de la calle Rivadavia, tenían un destinatario: el Ministerio de Desregulación, que encabeza Federico Sturzenegger, quien al igual que sus subordinados percibe su salario en el banco ICBC, de origen chino. Alusiones risueñas al “coloso chino” (banquero en sus épocas de dirigente Pro) no faltaron, en tiempos de alineamiento sin dobles discursos de Argentina con Donald Trump.
Preocupados por no perder el tren en plena ola libertaria, en el radicalismo se viven tiempos de cambio. Con el joven Leonel Chiarella a cargo del Comité Nacional, Hernán Rossi a cargo del radicalismo porteño, y un grupo de gobernadores en el que sobresale el santafesino Maximiliano Pullaro, en la UCR imaginan iniciativas para fidelizar militancia y simpatía, mientras otros miembros del partido centenario prefieren pactar con La Libertad Avanza. En ese contexto, desde la legislatura porteña avanza una iniciativa radical: un monumento para el ex presidente Raúl Alfonsín en territorio de la ciudad. “Hay uno en Chascomús, el más grande. También en otras ciudades bonaerenses y del Interior, pero salvo la estación de subte y el Paseo del Bajo no hay nada a nombre de Alfonsín”, dicen cerca de los diputados Francisco Loupias y Aldana Crucitta, promotores de la iniciativa junto a la ex legisladora, del mismo partido, Inés Parry.
Comentan desde el radicalismo que ya comenzaron a estudiarse distintas zonas de la ciudad en las que la estatua podría ser emplazada, aunque para ello hará falta el visto bueno de los demás bloques que componen la legislatura porteña.
Jaime Rosemberg,En off,Conforme a,En off,,Sólo en Off. Dante Gebel ahora sí viene a la Argentina y dará otro paso hacia una candidatura en 2027,,Solo en Off. En medio de la polémica, Adorni encontró críticas inesperadas y un “recreo” francés,,Solo en Off. Santiago Caputo, con sus cargadores listos para combatir el “fuego amigo” libertario
POLITICA
Adepa rechazó los insultos de Milei a medios y periodistas: “Incluyeron expresiones de una violencia inusual para el debate democrático”

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (Enviada especial).- En el tramo final de su 64ª Asamblea Anual, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtió sobre el “deterioro del debate democrático” y cuestionó al presidente Javier Milei y a sus funcionarios por los ataques lanzados contra el periodismo durante el último semestre, un período marcado por la escalada de insultos propinados a la prensa.
“No corresponde pedir silencio a los funcionarios. Corresponde reclamarles que ejerzan su derecho a expresarse dentro de las reglas y responsabilidades que impone el sistema republicano”, demandó Adepa en su informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. La institución planteó que el “agravio” y la “estigmatización”, especialmente cuando proviene de altos funcionarios públicos, “deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio sobre el conjunto de la sociedad”.
“La libertad de prensa no incluye un derecho a no ser criticado. Pero existe una diferencia esencial entre responder, debatir o refutar una información y promover la degradación personal de quienes la producen”, agregó la entidad. Y completó: “Cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal, y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos”.
Adepa, que reúne a más de 180 empresas periodísticas del país, consideró que los calificativos pronunciados últimamente por Milei “incluyeron expresiones de una violencia inusual para el debate democrático”.
Según reveló la institución, solo en una semana de agosto se registraron 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta del Presidente, además de 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas. “En esos pocos días fueron señalados por su nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas de comunicación” con calificativos como “periodistas corruptos”, “ensobrados” y “simios con micrófono”.
La entidad advirtió, además, sobre dos episodios concretos ocurridos en las últimas semanas. Uno de ellos fue la exposición de Milei ante alumnos de la Escuela ORT, en la que alentó a los estudiantes a abuchear a los periodistas. “El jefe del Estado no se limitó a cuestionar una cobertura o a discutir una información: incentivó a menores de edad a manifestar hostilidad hacia una actividad indispensable para la democracia”, indicó Adepa.
El segundo episodio involucró a Luis Caputo, ministro de Economía, quien, frente a una publicación periodística que consideró falsa, sostuvo que “la Justicia debería actuar” y que era necesaria “una ley que castigue este tipo de conductas”. “El Presidente respaldó públicamente el planteo”, remarcó la entidad en su documento.
Frente a ese planteo, Adepa afirmó que “el ordenamiento jurídico ya dispone de herramientas para resolver esos conflictos” y sostuvo que una legislación como la propuesta por Caputo “podría otorgar a las autoridades un poder incompatible con los estándares democráticos de libertad de expresión y generar un fuerte efecto inhibitorio sobre la investigación y la difusión de asuntos de interés público”.
El informe semestral –titulado “IA, apropiación de contenidos y deterioro del debate público”– fue presentado por el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Daniel Dessein (La Gaceta).
El foro de Adepa contó ayer con la presencia de dos emisarios del gobierno nacional: Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa, y Ariel Ferrentino, responsable de la comunicación partidaria de La Libertad Avanza.
Límites al periodismo y judicialización
Adepa también expresó preocupación por las “restricciones al acceso a las fuentes”, en alusión a la prohibición del ingreso a los periodistas acreditados a la Casa Rosada dispuesta en abril y levantada una semana más tarde, aunque se mantuvieron las limitaciones para movilizarse dentro de Balcarce 50.
“El acceso de la prensa a las fuentes oficiales permite hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a recibir información pública a través de una pluralidad de canales”, destacó la entidad.
En paralelo, la institución valoró distintas decisiones de la Justicia que consideró “relevantes” para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Entre ellas, mencionó la revocación de las prohibiciones de contacto y difusión impuestas a periodistas en el caso promovido por Claudio Tapia y Pablo Toviggino, y el sobreseimiento definitivo del periodista Daniel Santoro, quien había sido acusado de integrar una supuesta banda de espías y extorsionadores que buscaba incriminar a Cristina Kirchner en causas por corrupción.
“La respuesta frente a los errores del periodismo no puede ser una verdad oficial, una ley destinada a castigar publicaciones, la restricción del acceso a las fuentes, la judicialización preventiva de investigaciones ni la inducción al desprecio social hacia quienes informan”, resumió Adepa, y agregó: “La calidad de una democracia depende también de que quienes poseen las mayores responsabilidades institucionales comprendan que tener derecho a pronunciarlas no los exime de responder por el clima público que ayudan a construir”.
Para la entidad, proteger un “ecosistema plural” requiere del profesionalismo de los medios, la tolerancia y el respeto de los poderes públicos, la prudencia de la Justicia ante “cualquier medida capaz de producir censura previa o autocensura” y la consciencia de toda la dirigencia de que “las palabras pronunciadas desde posiciones de poder tienen consecuencias que suelen extenderse mucho más allá de quienes inicialmente las reciben”.
Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial (IA) fue, junto con la libertad de prensa, uno de los ejes del foro anual de Adepa realizado en Tucumán. En cuanto al impacto de esta herramienta sobre la práctica periodística, la entidad reclamó que las plataformas tecnológicas compensen a los medios –creadores de la información que alimenta esta tecnología– tanto en lo que hace a los derechos de propiedad intelectual como al reconocimiento económico.
“La protección de la propiedad intelectual no es un obstáculo negociable, sino un pilar fundamental para la supervivencia del ecosistema mediático: la utilización indiscriminada de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda, sin la debida compensación a sus creadores, amenaza la viabilidad económica de la prensa”, señaló la entidad.
La institución planteó que el esfuerzo de quienes producen información verificable debe ser “debidamente reconocido”, y advirtió que debe evitarse que la tecnología se “apropie” y “desvalorice el insumo básico de la democracia”.
Asimismo, Adepa subrayó la importancia del trabajo periodístico en la verificación de los hechos, la investigación, la contextualización, la mirada editorial independiente y la construcción de confianza.
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POLITICA
Malvinas: el Gobierno ajusta el proyecto que enviará al Congreso y evalúa ampliar las sanciones a todas las actividades productivas

El Gobierno estudia extender las nuevas sanciones por Malvinas a todas las actividades productivas que se desarrollen en las islas sin autorización argentina, como parte de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que Javier Milei prepara para enviar al Congreso. La Casa Rosada busca que el régimen deje de estar concentrado en los hidrocarburos y analiza un esquema más amplio para abarcar otras explotaciones económicas.
La minería es uno de los sectores que el Ejecutivo tiene sobre la mesa. “Minería sí”, aseguran en Nación sobre su posible incorporación. La pesca también está bajo análisis y la ganadería, la agricultura y el turismo forman parte de las actividades que se discuten técnicamente, aunque todavía no existe una definición final sobre todas ellas.
El texto se trabaja en una mesa reducida y con el articulado todavía abierto. En áreas que participan de la elaboración advierten que se trata de una ley compleja, con “muchísimas cosas en la mesa aún bajo estudio”, y que el Gobierno busca avanzar con cautela antes de cerrar el alcance definitivo.
La discusión parte de una diferencia central. La exploración y explotación de hidrocarburos ya están alcanzadas por la Ley 26.659, mientras que el nuevo proyecto busca determinar qué herramientas pueden extenderse a otras actividades desarrolladas en las islas y a los actores que participan directa o indirectamente de ellas.
La pesca es, hasta ahora, el caso más avanzado dentro de esa ampliación. “Estamos trabajando en eso”, reconocen en el Ejecutivo. La Casa Rosada analiza reforzar las restricciones sobre socios, empresas vinculadas y otros actores que obtengan beneficios económicos de operaciones realizadas bajo licencias británicas.
Ese sector ya cuenta con una herramienta específica. Desde 2008, la Ley Federal de Pesca establece restricciones para quienes reciben cuotas o permisos argentinos y mantienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pescan sin autorización nacional.
El punto que busca revisar el Gobierno es hasta dónde extender el concepto de vinculación. Una aplicación más amplia sobre accionistas, sociedades relacionadas, proveedores o grupos empresarios podría incrementar el universo de compañías alcanzadas y obligar a revisar estructuras societarias con intereses tanto en la Argentina continental como en las islas.
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La dimensión económica explica parte del interés oficial. Según la propia estrategia económica de las islas, la pesca y la acuicultura generan alrededor del 58% del producto bruto y constituyen desde hace décadas el principal motor de su economía. La administración isleña busca ahora diversificar ese esquema con petróleo, agricultura, turismo y otros sectores.
La ganadería tiene, a diferencia de la minería, una actividad histórica y consolidada. Los documentos oficiales de las islas definen a la agricultura y la producción ganadera como la columna vertebral económica y social del Camp, las zonas rurales fuera de Puerto Argentino, y destacan especialmente la producción ovina, de lana y de carne.
La estrategia económica 2026-2040 plantea además diversificar el ganado y los cultivos, aumentar la producción local de alimentos y desarrollar productos de mayor valor agregado. La administración de las islas busca reducir así la exposición a la volatilidad de los precios de la lana y sostener la economía rural durante el crecimiento esperado del sector petrolero.

La minería aparece con una lógica diferente. No existe actualmente una explotación minera comercial relevante en las islas, pero sí un marco legal específico y antecedentes de exploración. Por eso, su eventual inclusión en la nueva ley tendría principalmente un carácter preventivo frente a futuros proyectos que puedan ser autorizados por la administración británica.
El principal antecedente es la exploración de oro. Estudios realizados en las islas detectaron partículas del mineral en distintos cursos de agua y dieron lugar posteriormente a campañas geológicas y perforaciones para evaluar posibles depósitos. También existieron antecedentes vinculados con diamantes, pero ninguno derivó en una industria extractiva comparable con la pesca o los hidrocarburos.
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El turismo también figura entre los sectores que el Ejecutivo mantiene bajo evaluación. La estrategia de desarrollo isleña lo identifica como una de las principales vías para diversificar la economía durante los próximos quince años y señala que aportó £15,2 millones en la temporada 2023/2024, con planes para aumentar visitantes y mejorar la conectividad aérea.
El Gobierno analiza que el régimen permita así cubrir tanto actividades ya consolidadas como posibles explotaciones futuras. La lógica que se estudia es que una empresa que participe, financie, provea servicios o se beneficie de una actividad económica en Malvinas sin autorización argentina pueda enfrentar restricciones para operar o contratar en el territorio nacional.
La definición central será hasta dónde llegará finalmente ese esquema transversal. La Casa Rosada tiene decidido endurecer el régimen sobre hidrocarburos, trabaja sobre la pesca y mantiene bajo evaluación minería, ganadería, agricultura y turismo. El texto que llegue al Congreso determinará si las sanciones pasan de un modelo principalmente petrolero a uno capaz de abarcar el conjunto de las actividades productivas desarrolladas en las islas.
Gobierno, Islas Malvinas
POLITICA
Bullrich se mostró preocupada por “la velocidad” de la recuperación y pidió que la baja de impuestos “llegue a todos”

La senadora nacional Patricia Bullrich, líder del bloque oficialista en la Cámara alta, volvió a mostrar su preocupación por el ritmo de la recuperación económica y expresó su deseo de que la baja de impuestos de los sistemas como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) pueda ser “para todos”.
Las definiciones de la exministra de Seguridad se dieron en una charla en la Universidad de San Andrés y fueron en línea con otros comentarios que Bullrich hizo en ocasiones anteriores.
Bullrich es hasta ahora la única referente del oficialismo que se animó a mostrar diferencias en público y en privado, al marcar su preocupación por distintos parámetros de la economía. Los manifestó tanto en público como puertas adentro del Gobierno de Javier Milei, en distintas reuniones de gabinete y en la mesa política.
“A mi me gustaría más que podamos bajar impuestos para todos. Porque, si no, el que accede al RIGI o Súper RIGI tiene una baja de impuestos, pero hay un montón de empresas, industrias, comercios, servicios tecnológicos, que les cuesta competir porque la Argentina sigue siendo un país con un costo alto”, dijo en uno de los tramos de su exposición.
En otra parte de su exposición, ante una consulta, sostuvo: “En este momento esa velocidad me preocupa muchísimo. Me preocupa que esa velocidad esté al ritmo de lo que cada argentino necesita, para que el año que viene sienta que el esfuerzo que hizo tuvo un sentido”.
Ambos comentarios fueron en línea con expresiones que la excandidata presidencial de Pro tuvo en agosto pasado. Como en su paso por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bullrich expresó: “Sabemos que algunos sectores están pasando un momento difícil”.
Las expresiones de la senadora fueron apenas un día después de que el presidente Javier Milei hablara en el Council of the America, ocasión en el que el mandatario defendió el programa económico y descartó de plano la necesidad de cambios.
En su exposición, la jefa del bloque libertario en el Senado, reconoció los logros en materia macroeconómica de la administración libertaria, pero marcó que aún resta que esos resultados se reflejen de manera más clara en la vida cotidiana de la población.
Bullrich se preguntó: “¿Qué necesitamos? Que haya confianza para que la velocidad de estos cambios se vean en cada familia argentina, en cada Pyme, en cada empresa grande, en la economía de todos los días”.
Por esos días, en un encuentro con empresarios pyme, Bullrich también marcó a través de un tuit que se necesita “más velocidad en los resultados” de la gestión para que la gente los perciba en su economía familiar.
También valoró en esa publicación en las redes sociales el modelo económico impulsado por el mandatario: “El rumbo es el correcto. Y este camino es parte de un proceso de transformación profundo”.
Tras ello, planteó: “Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”. Y sobre el final reconoció que “no es fácil”, aunque se trata de un “esfuerzo” necesario para “construir un país normal y con futuro”.
Previamente, en la Bolsa de Comercio de Córdoba admitió las dificultades económicas. “Los planes de estabilización tienen momentos difíciles, pero hay que seguir este camino; si nos desviamos nos caemos”, dijo.
Bullrich es la dirigente del oficialismo que más diferencias marcó con algunos de los casos más controvertidos del gobierno. Como la situación del ahora exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su demora presentar sus declaraciones juradas, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Y también cuando el Gobierno intentó retirar el pliego de María Verónica Michelli, entonces candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata, y cuya postulación Milei impugnaba por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, de .
en un encuentro con empresarios pyme,Conforme a
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