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Propofest: falta de “trazabilidad”, laboratorios sancionados y los responsables del desvío al circuito ilegal, según las normas

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Sesenta y dos días antes de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitiera la alerta sobre el uso del fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma —propiedad del empresario Ariel García Furfaro, preso por la presunta muerte de 111 personas a los que se le suministraron ese medicamento—; el organismo publicó un comunicado urgente a través del cual se prohibía “el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto ‘Propofol HLB’ -elaborado por la misma firma- por haber sido fabricado sin autorización y “sin la correspondiente etiqueta de trazabilidad”. Ahora, este potente sedante está presuntamente ligado a la muerte por supuestas sobredosis de dos trabajadores de la salud: el anestesista Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Alejandro Bentancourt.

En el departamento de Bentacourt, la Policía secuestró 50 ampollas de, entre otros fármacos, propofol y fentanilo, drogas de uso exclusivo hospitalario que no se comercializan en farmacias. Entre ellas había tres ampollas cerradas de “Fentanilo HLB”, pero que no pertenecían a los lotes contaminados que investiga el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y que tiene a 14 procesados, a cuatro de ellos se le dicto prisión preventiva y a dos prisiones domiciliarias.

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Hasta el momento, la Justicia determinó que los fármacos fueron robados del Hospital Italiano, de la Ciudad de Buenos Aires, y del Hospital Rivadavia.

La ANMAT advierte que HLB Pharma elaboró propofol sin autorización y falta de trazabilidad

Estas drogas de uso medicinal eran utilizadas en las denominadas ‘Propofest’ o ‘fiesta del propofol’, en las que un grupo reducido de profesionales de la salud consumía estos anestésicos con fines recreativos o “viajes controlados”, que eran supervisados por un médico.

Estas muertes y el desvío de estas sustancias de alto impacto clínico se podría haber evitado si las instituciones aplicaban a rajatabla las disposiciones nacionales de “trazabilidad” que pesa sobre los fármacos críticos dentro del sistema de salud.

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La práctica de sustracción y consumo de estas drogas fuera de las instituciones no es nueva y se extiende desde hace años, por eso, el silencio en el sistema de salud.

Después de la muerte del anestesista, se viralizaron audios sobre encuentros organizados entre médicos que consumían propofol y fentanilo robados de los hospitales y clínicas privadas donde trabajan.

El 3 de septiembre de 2025, en pleno escándalo por las muertes de pacientes que fueron tratados con el fentanilo contaminado por dos bacterias multirresistentes elaborado por los laboratorios de Ariel García Furfaro, el Ministerio de Salud, a través de la ANMAT, emitió la Disposición 6223/2025 que refuerza la trazabilidad de los medicamentos “para garantizar su calidad y seguridad”.

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La ANMAT ya había advertido que los laboratorios de García Furfaro producían propofol sin trazabilidad

El objetivo de esta medida es fortalecer la seguridad sanitaria y la transparencia en la cadena de suministro de fármacos, garantizando a la población su seguridad, calidad y autenticidad.

Para ello, la normativa amplía el listado de sustancias trazables y establece criterios claros para la inclusión o exclusión de ingredientes farmacéuticos activos en el Sistema Nacional de Trazabilidad. En este sentido, los medicamentos de alta vigilancia, costo, riesgo de uso indebido o de relevancia para la atención de enfermedades crónicas y de alta complejidad (refiere la normativa) “deberán incluirse en el sistema de vigilancia para su seguimiento exhaustivo en toda la cadena de distribución”.

De esta manera, la resolución aclara: “Hasta ahora, la trazabilidad de los estupefacientes y psicotrópicos como el fentanilo, morfina, oxicodona, metadona, flunitrazepam, cannabidiol, ketamina y propofol se realizaba sólo a nivel jurisdiccional mediante un sistema de vales en papel que debía ponerse a disposición del Gobierno Nacional ante requerimiento expreso de la ANMAT”. Por esa razón, mediante la delimitación de lineamientos más claros para el registro y conservación de la información, con auditorías obligatorias y sanciones en caso de incumplimiento, “la nueva disposición permitirá llevar adelante un seguimiento y control uniforme a nivel nacional”.

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Pero ¿hasta qué punto el desvío de Propofol para los “viajes asistidos” desde hospitales y efectores privados es responsabilidad del Estado, o de los nosocomios que lo compran para utilizarlos en los pacientes?

La ANMAT debe controlar a los laboratorios que elaboran los medicamentos (Gustavo Gavotti)

A diferencia de lo que ocurría tradicionalmente con drogas como la cocaína, los circuitos de abuso están cada vez más vinculados a medicamentos hospitalarios y no hospitalarios de alta potencia, diseñados solo para uso médico y con riesgos significativamente mayores. Las muertes de Zalazar y Betancourt, presuntamente vinculadas al circuito ilegal, deja expuesto una falla que no es nueva pero que tomó estado público ante la tragedia.

Infobae analizó las normativas que regulan la “trazabilidad” de estas sustancias y las responsabilidades que recaen sobre los estamentos estatales y privados.

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En Argentina la trazabilidad de medicamentos tiene distintas etapas, y en cada una hay un responsable distinto.

La ANMAT, organismo que depende de la cartera de Salud, regula, habilita y fiscaliza la producción, importación y distribución hasta que el producto llega al establecimiento de salud, esto es: hospitales, clínicas, sanatorios o farmacias.

A partir de ese momento, la responsabilidad pasa al establecimiento: custodia del stock, condiciones de almacenamiento, control de acceso a medicamentos sensibles, registros internos de movimientos y cumplimiento de protocolos de seguridad.

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En paralelo, los profesionales que los utilizan (por ejemplo, anestesiólogos en el caso de propofol o fentanilo) son responsables de la indicación, administración y uso adecuado de esas drogas, conforme a guías clínicas, normas éticas y controles institucionales.

En concreto, el Ministerio de Salud de la Nación tiene una responsabilidad normativa y rectora, no operativa directa.

  • Define la política sanitaria nacional.
  • Dicta normas marco.
  • Establece la obligatoriedad del sistema de trazabilidad.
  • Supervisa el funcionamiento general del sistema.

En términos jurídicos, la cartera a cargo de Mario Lugones no controla cada ampolla, sino que crea el sistema y exige su cumplimiento.

Y en este punto surgen las responsabilidades de los actores de la cadena.

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Cada actor es responsable de su tramo:

  1. Los laboratorios deben registrar la “serializar cada unidad”. Informar a la ANMAT la producción y la liberación al mercado del producto.
  2. Las droguerías deben registrar la recepción y la distribución del medicamento.
  3. Los hospitales / clínicas están obligados a “registrar ingreso, almacenamiento y uso” del fármaco y asociar el medicamento al paciente.

Legalmente cada uno responde por la veracidad y carga en tiempo real de los datos.

La legislación actual desvincula a las autoridades de “la forma directa cada registro individual” y de los “errores de carga o desvíos internos”. En estos casos, como los que se investigan la responsabilidad de las sustracciones es de los hospitales y clínicas.

En el caso concreto del Propofol robado, los responsables son los efectores que compraron las ampollas y no registrar de manera correcta su uso.

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Las muertes del médico y el enfermero y el desvió al circuito ilegal de estos anestésicos controlados expone las debilidades del sistema de control de medicamentos y los riesgos que esto implica para la sociedad.

Un tema aparte -o no tanto- que por estos días no se debate: la confirmación de que cientos de pacientes están expuestos a profesionales adictos, que deberían ser tratados por su enfermedad y no participar en una intervención quirúrgica o en una práctica médica.

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Círculo rojo: luces de alerta detrás de la visita del Fondo Monetario y una multiplicación de candidatos

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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva (c), y el ministro de Economía, Luis Caputo (i), salen después de sostener una reunión este lunes en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El jueves, mientras Kristalina Georgieva recorría Montevideo y Javier Milei preparaba su anuncio de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, funcionarios del Fondo Monetario se entrevistaron en Buenos Aires con miembros de la sociedad civil. En pleno centro porteño, en las oficinas del organismo en la capital, Luis Cubeddu, Joyce Wong y Max Alier conversaron un largo rato con representantes de media docena de organizaciones no gubernamentales por fuera de la agenda oficial de la directora gerente del FMI. Cubeddu -conoce bien de cerca el país y tiene una buena lista de amigos argentinos-, Wong y Alier preguntaron cómo hacer para apuntalar la economía real -“derramar crecimiento” fue el término utilizado- y que el crecimiento de algunos sectores tenga efectos concretos en el clima social y la imagen el gobierno. Los tres funcionarios escucharon con atención algunos de los planteos de los presentes -“son muy buenos en quedarse callados y tomar nota”, resaltó uno de ellos-, una reunión muy franca y cordial en la que afloraron algunas preocupaciones. Se mencionó, por ejemplo, cierta inquietud por lo que en occidente se conoce como “rule of law”, la supremacía del estado de derecho con anclaje en la justicia, la educación y la infraestructura.

En los días previos, en su paso por Economía y la Casa Rosada, en la cena con un grupo de empresarios ganadores del modelo en un hotel de Retiro y de visita a Vaca Muerta, Georgieva se había mostrado elogiosa del rumbo económico y la estabilidad macro, e instó al Banco Central a que “sigan comprando” dólares. “Keep Buying”, pidió, fascinada con la recepción del Presidente, de Luis Caputo, “Toto” y del gabinete.

La gira de la titular del Fondo y las reuniones privadas de los funcionarios del organismo reconfirman el escenario que se le presenta al Gobierno de cara al plan de reelección de Milei: un sector de la economía que vuela -la energía, el agro y la minería- pero que representa menos del 10% de la generación de empleo formal, y una mayoría de rubros en rojo que esperan por un derrame, por ahora, inexistente. Una locomotora sin vagones.

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Esa dualidad del programa económico acapara en estos días la esencia de las conversaciones que atraviesan al Ejecutivo, a la oposición y al círculo rojo empresario, y se vio reflejada en una serie de informes que inquietaron al gobierno. En particular, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Di Tella, que volvió a registrar en julio una caída, del 6,5% respecto al mes anterior: solo en junio, en plena Copa del Mundo y tras la salida de Manuel Adorni, registró el único aumento del 2026, del 3,9%. Ahora se ubica en 1,94 puntos, el mismo nivel de septiembre del año pasado, cuando La Libertad Avanza perdió las elecciones de la provincia de Buenos Aires frente al peronismo y el programa económico y político del Gobierno se precipitó en una crisis que fue superada gracias al salvataje del Tesoro norteamericano.

El de la escuela de gobierno de la Universidad Di Tella no fue, de todos modos, el único informe que encendió alarmas durante la semana. La fundación Pensar, del PRO, publicó su documento de julio que hace hincapié en la heterogeneidad del crecimiento. “La pregunta central ya no es si la inflación baja. Es si cada grupo social puede decir: ‘a mí también me está funcionando’”, resalta. Se refiere, además, al fenómeno de la “periurbanización, otro modo de crecimiento desigual”, y puntualiza ya no en el Gran Buenos Aires si no en el ejemplo de Neuquén, alrededor del boom de la energía y el petróleo. “El conurbano es el pato de la boda en esta nueva lógica. Ninguna reconvierte el sistema productivo anterior, con lo cual, alrededor de las capitales de estas provincias comienza a conurbanizarse. En Neuquén ya sucede. Se están armando nuevos conurbanos alrededor de estos enclaves productivos. Y todos sabemos lo complejo hasta casi imposible de desarmar cuando se entraman estas cuestiones. En ningún lugar del mundo, ni en India, ni en Brasil, nunca se logró desarmar un conurbano. Por lo menos hasta acá”, sintetiza el informe. Otra vez, la locomotora sin vagones.

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A las inquietudes por el derrame del modelo económico se sumó esta semana una nueva escalada en la crisis institucional entre el Ejecutivo y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que en su cuenta de X se preguntó por el “estado” y las “persecuciones imaginarias” que el presidente “replica en Argentina y el exterior”. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, le contestó que debía dar “un paso al costado”, es decir, renunciar a su cargo. Villarruel lo trató de “casta” y “parásito”. La declaración de la vicepresidenta no tiene antecedentes en la relación entre presidente y vice en la historia reciente. Pero expertos en comunicación aseguran que ese posteo obedece al resultado de diversos grupos focales que se consumen en el círculo rojo político en relación a la personalidad del presidente. Lo explica, con elegancia, un experto que analizó los resultados de esos estudios: “Ese atributo que la gente ponderaba antes en Milei para ordenar este quilombo ahora se tornó en algo negativo”. Ese análisis se suma a las bajas expectativas de buena parte de la sociedad con el futuro de la economía de las familias. Ese combo es el que sigue con atención una parte considerable del sistema político, fraccionado en mil pedazos.

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 16 de julio de 2026, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

Que florezcan mil candidatos. Esa dispersión -en el peronismo incluso hablan de “balcanización”- es la que el Gobierno quiere agravar con la suspensión -ya nadie se refiere a la eliminación- de las PASO, una herramienta que en el 2023 le permitió por ejemplo al PJ encolumnarse detrás de la figura de Sergio Massa. Pero esa atomización, la crisis de los partidos políticos tradicionales y el análisis de la performance de algunos drivers de la economía llevó a que florezcan al menos media docena de candidatos presidenciales en los últimos tiempos que manifestaron públicamente, y de manera unilateral, ambiciones electorales. Una señal de los tiempos que corren. La implementación de la boleta única electrónica facilita la fantasía de algunos proyectos en el rubro logístico. También el antecedente Milei, aunque existen dudas en torno a si hay o no espacio para un nuevo outsider. “¿Por qué yo no?“, se preguntan dentro del sistema.

La última semana fue Hernán Lacunza, algo alejado de la gestión diaria de Racing Club, que escribió en el reciente informe de Pensar y advirtió sobre las luces de alerta del programa económico, pero antes lo hizo Carlos Melconián. Los dos economistas. Durante el escándalo Adorni, el círculo rojo volvió a coquetear con la figura de Mauricio Macri, que protagonizó un raid por el establishment que hizo fantasear a algunos sectores con una eventual postulación hasta que el expresidente se volcó de lleno al Mundial y se instaló en Estados Unidos. Desde allí monitoreó las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza, y alimentó la disputa con su primo Jorge Macri, con el que volvió a verse a mediados de semana para una reunión de trabajo que el jefe del PRO empezó con funcionarios de la capital antes de que llegara el jefe de gobierno, un gesto que anotaron algunos de los presentes. En broma -¿en broma?-, frente a algunos interlocutores, Fernando de Andreis, mano derecha del ex presidente, se presenta como “el candidato”.

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Algo similar a lo de Macri sucedió con Patricia Bullrich, que dejó que corrieran, en plena crisis política por la permanencia del ex jefe de Gabinete, versiones de su eventual proyecto presidencial. Se especuló entonces con la zanahoria del “mileísmo sin Milei”, un plan de sectores del establishment que apoyan el modelo pero están desencantados con el estilo de liderazgo del Presidente. La semana pasada, la senadora volvió a señalar a la ciudad de Buenos Aires como una posible opción.

Hernán Lacunza y Javier Milei

“Los grupos focales confirman que la sociedad no quiere volver al pasado y que los trazos gruesos del programa son los correctos, pero buscan una opción más racional”, aseguró un operador que trabaja en un proyecto nacional. Es parte del diagnóstico que Jorge Brito comparte con algunos de los impulsores de su postulación que el propio empresario debería empezar a definir próximamente. El banquero ya montó oficinas, que tienen a Emilio Monzó como principal promotor. Hay otros dirigentes del PRO y estrategas de comunicación digital que, en algún caso, están muy cercano de un altísimo ministro del gobierno. Existieron, además, conversaciones con Jaime Durán Barba, el asesor que llevó a Macri a la Presidencia en el 2015 y que llega hoy al país para presentar su nuevo libro.

Pero hay más proyectos presidenciales en danza que podrían empezar a testear la conversación pública en los próximos meses. Es el caso de los hermanos Passaglia, Manuel y Santiago, cuyos niveles de audacia política no reconocen límites. Meses atrás, recibieron una visita de estrategas del exterior que los entusiasmaron.

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El empresario Jorge Brito

Peronismo judicial. Son, por ahora, globos de ensayo en medio de la hegemonía libertaria y de la disputa feroz en el peronismo por el proyecto nacional de Axel Kicillof que lo mantiene en un duro enfrentamiento con Cristina y Máximo Kirchner.

El viernes, La Rioja fue escenario de un nuevo capítulo de esa pelea que pareciera no tener retorno: la muy posible suspensión de las PASO agrega aún más incertidumbre. En compañía de Ricardo Quintela, el jefe de La Cámpora reconoció al gobernador riojano por haber zanjado su pelea interna en el PJ con la expresidenta cuando fue condenada por Vialidad y se le otorgó la prisión domiciliaria en San José 1111. Un mensaje directo a Kicillof, ausente con aviso, que cuando la visitó, en octubre del 2025, ni siquiera pudieron hacerse una foto juntos.

Cristina Kirchner en San José 1111

No existe ámbito en el que puedan mostrarse el gobernador y el jefe de La Cámpora, pero es una variable que se extiende a todo el progresismo local. Lo notaron los organizadores de la cumbre regional que se prepara para este mes en Montevideo, y que tiene a la Open Society Foundations del magnate y filántropo George Soros como principal auspiciante. Se espera en esa ciudad por el mandatario bonaerense.

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Kicillof tiene una decisión tomada: no va a responder, al menos por el momento, a las acusaciones del kirchnerismo. Tampoco romper abierta y públicamente con el cristinismo, como le insisten algunos dirigentes. “Cristina ya no le importa a nadie”, desafían desde La Plata. Y agregan: “Si no nos apoya, estará siendo funcional a Milei”.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner

En medio de esa enemistad personal y política, Cristina Kirchner se presentó esta semana en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para intentar forzar una revisión de su condena en los tribunales argentinos, en simultáneo a la campaña K que pasó de “Cristina libre” a “Cristina candidata”. Una afrenta a Kicillof, que encara su mayor desafío político: como amplificar su base de sustentación por fuera del kirchnerismo. “Axel es kirchnerista, menos para el kirchnerismo”, bromeó un operador político.

Pero la maniobra judicial de la ex presidenta no solo reavivó la interna por enésima vez: también volvió a poner la lupa en el Poder Judicial y la vinculación con La Libertad Avanza. El abogado Francisco Oneto, cercano a Milei, dijo en Infobae al Regreso que la presentación de Cristina Kirchner “puede abrir una revisión de la condena en Argentina”. Una declaración que regodeó a los especuladores. Circuló incluso una versión de una reunión que enviados del kirchnerismo habrían tenido con colaboradores presidenciales para hablar de un potencial indulto a la ex presidenta. El trascendido fue negado de manera tajante por el Gobierno pero también por el kirchnerismo. “Eso es no conocer a Cristina: jamás aceptaría ser indultada por este gobierno”, explicaron.

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Existe, de todos modos, para la ex presidenta un panorama complejo en el horizonte: el viernes 4 de septiembre a las 10 el Tribunal Oral Federal 5 convocó a las partes para la audiencia preliminar de juicio, que podría empezar antes de fin de año, en la causa Hotesur-Los Sauces en la que, además de ella, está procesado su hijo Máximo. En La Cámpora reina el temor por esa investigación. Alguno de los tres jueces –José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni– tiene intereses en juego que dependen del Ejecutivo.

Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques

Por eso hay dirigentes del peronismo que se empezaron a cuestionar si fue acertada la estrategia política de Cristina Kirchner en torno a las nominaciones fallidas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, del año pasado. En el último mes hubo movimientos y reuniones cruzadas alrededor del juez federal porteño. Gobernadores dispuestos a volver a apoyar su candidatura: lo plantearon en una reunión de hace algunas semanas que tuvo lugar en un departamento en la capital. Existieron, además, contactos con la Corte. Y un almuerzo a mediados de semana entre el Presidente y el ministro Juan Bautista Mahiques -esta semana encabeza en Iguazú el encuentro de ministros de Justicia de todo el país- que volvió a levantar sospechas: fuentes oficiales niegan que el funcionario le haya llevado a Milei un listado de nombres para el máximo tribunal. Circuló, por caso, el de la camarista salteña Mariana Catalano, cercano al gobernador Gustavo Sáenz. En el Gobierno dicen que la prioridad son la Cámara Federal, Casación y los tribunales orales de Comodoro Py. De extrema relevancia para el sistema político.

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El Gobierno no define los cambios en la ley de Propiedad Privada y recrudecen los cortocircuitos en el Gabinete

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Las tensiones por la postergada y polémica ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada -o “ley de extranjerización de la tierra”, para los críticos- generaron un sacudón al interior del Gobierno, donde no terminan de definir el alcance de los cambios que están dispuestos a realizar de cara a la sesión del jueves que viene. Cuando, además, se perfila una masiva movilización opositora y de autoconvocados para evitar la venta irrestricta del territorio argentino.

El debate en el recinto sobre la iniciativa que buscaba eliminar todo tipo de restricción a la compra de tierras por parte de extranjeros cayó hace dos semanas por falta de apoyos y, a la vez, por roces internos de La Libertad Avanza. Técnicamente, se pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, y las eventuales modificaciones, si es que se introducen, aún están en discusión entre funcionarios y delegados de Javier Milei. Al punto de que se cortaron, al menos por ahora, las negociaciones con los aliados.

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En el PRO aseguraron a Infobae que no los convocaron para tantear el nivel de respaldo que le darán a la iniciativa. “Están en modo post-Mundial, seguramente sepamos más desde el lunes”, deslizaron, picantes, cerca de Mauricio Macri.

Los detalles se van a analizar en la mesa política del martes que viene, luego de dos semanas sin ningun encuentro de este tipo por el viaje de Karina Milei para acompañar a Javier Milei a Perú. Pero están latentes las diferencias entre el autor del proyecto, Federico Sturzenegger, más intransigente, y Patricia Bullrich, la encargada de negociar el texto en el Senado, en especial por el polémico artículo sobre la potestad provincial para autorizar ventas a extranjeros.

Patricia Bullrich en el Senado

La titular del bloque le introdujo algunos cambios al texto del proyecto borrador en la previa del debate de la semana pasada, en consenso con los bloques opositores. Pero al ministro de Desregulación esos cambios le hicieron ruido, y sin posibilidad de negociar, la jefa de bloque oficialista debió postergar el debate en la cámara Alta.

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“No es que Bullrich esté de acuerdo con los cambios, pero su tarea es lograr los consenso para que salga. Y en esas negociaciones, hay que ceder”, dijeron en la Casa Rosada, en un tiro por elevación a Sturzenegger.

Karina Milei terminó intercediendo a favor de Bullrcih en la discusión por los detalles de la iniciativa, según cuentan cerca de la Secretaria General. Y, de cara a la sesión del 6, en el bullrichismo confirmaron que habrá cambios, pero no quisieron divulgar cuáles para evitar las suspicacias. En el entorno de Sturzenegger aún se mostraban firmes: “Por ahora no se va a introducir ninguna modificación”, dijeron en off.

“Nuestra dinámica es que los proyectos se escriben acá y después en el Congreso Martín (Menem) o Patricia se encargan de que salgan aprobadas”, deslizaron en la Casa Rosada.

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En el Gabinete se arrastra un malestar de parte de algunos ministros e incluso -dicen en sus cercanías- de la propia Karina Milei, por algunos episodios en los cuales, creen, el funcionario se lanzó a divulgar proyectos en los medios o las redes sin que hubieran sido aprobados previamente por la mesa política. “Supuestamente se los filtran internamente, pero sabemos que no es así”, dicen en el grupo karinista.

Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem, Patricia Bullrich, Lule Menem, Fabián Fernández y otros

“Es algo que ha pasado y que molesta, no funciona así”, le reprocharon, al tiempo que le reconocieron un alto nivel de “proactividad”. “Siempre preferimos un ministro activo que uno que hay que pedirle que se mueva, y está convencido de lo que hace. Pero hay que ser organizados”, dijeron. Por eso, explicaron en la cúpula del Gobierno, se definió que fuera Sturzenegger al Palacio del Congreso a redefinir la estrategia, y no al revés.

La sesión del 6 de agosto se perfila muy caldeada dentro del recinto, pero también en la calle, donde la izquierda, grupos de autoconvocados y el kirchnerismo planean marchar al Congreso para resistir el capítulo de venta irrestricta de tierras a extranjeros. En el Gobierno están en alerta y miran de cerca los movimientos opositores. “Estamos monitoreando”, sostuvieron en la Casa Rosada.

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Mientras, coordinan con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, con quien la relación quedó tensa desde su conferencia de prensa sobre el operativo por el Mundial pero decidieron hacer borrón y cuenta nueva.

Bullrich, en un “no lugar”

La inclinación de la Secretaria General hacia la postura de Bullrich en esta discusión puntual no significa que la relación con la principal “socia” amarilla haya vuelto a foja cero después de la sucesión de desmarques de la impredecible senadora durante los últimos dos meses. “Patricia quedó en un no lugar”, dicen en el oficialismo sobre la ex presidenta del PRO, que se perfilaba con candidata en la Ciudad, después como posible compañera de fórmula de Milei y coqueteó, aunque sin confirmaciones, con ser candidata a presidenta.

Karina Milei y Patricia Bullrich

Lo señalaron después de que la senadora no negara, esta semana, en una entrevista con TN, la posibilida de ir por la Jefatura de Gobierno en CABA.

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Al menos así lo interpretaron en Balcarcce 50, donde pusieron en duda que Bullrich sea la elegida para jugar por la sucesión de Jorge Macri en caso de que Karina Milei decida postular un delfín propio. Por ahora no estatuyen nada y juegan con mensajes contradictorios. “La orden que nos dio Karina es pintar la ciudad de violeta”, dijo un alto referente del karinismo, por un lado. Luego deslizó una idea contrapuesta: “Patricia sería buena candidata, pero eso si se jugara en CABA, cosa que no está confirmada”.

Al mismo tiempo, admiten que no tienen a nadie con el suficiente nivel de conocimiento o deseos de jugar por los violetas en CABA (a Pilar Ramírez la ven en un eventual rol más “ejecutivo”). Y reconocen que Patricia Bullrich viene de obtener el 50 por ciento entre los porteños. Al final no definen: “Todo va a depender de cómo lleguemos a la elección, porque hoy lo que mide es la marca, y el candidato con mayúsculas es el Presidente”.

Cerca de Bullrich se desentienden y repiten que toda especulación es una “fake news”: “No se volvió, y Patricia nunca se lanzó a la Ciudad. No está pensando en ninguna candidatura y estará donde la necesite el proyecto. El Presidente es el Director Técnico, que decidirá las estrategias”, aseguraron.

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Propuesta polémica: el peronismo quiere ampliar la cuestionada Legislatura de la provincia

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LA PLATA .-El oficialismo bonaerense evalúa impulsar un proyecto para ampliar el número de diputados y senadores de la Legislatura de provincia de Buenos Aires, que prácticamente no sesionó en el primer semestre y consume un presupuesto anual de 379.000 millones.

La iniciativa formaría parte de la reforma política promovida por el gobernador Axel Kicillof y que incluye la derogación de la ley que prohibió la reelección indefinida de los intendentes.

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El sistema bicameral bonaerense está conformado por 92 diputados y 46 senadores. Pero el peronismo apuesta a incorporar otros doce legisladores y elevar a 150 la cantidad de representantes de la Legislatura (100 diputados y 50 senadores), con el argumento de que se requiere actualizar la cantidad de bancas por el crecimiento demográfico en el distrito.

El oficialismo pone sobre la mesa el proyecto de ampliación de la Legislatura, pese a que ambas cámaras se mantuvieron inactivas durante varios meses en lo que va del año. Desde que inició el período legislativo, el Senado apenas tuvo dos sesiones ordinarias y Diputados abrió el recinto en tres oportunidades.

El Senado bonaerense solo tuvo dos sesiones en los últimos mesesSenado-BA

Lejos de exhibir austeridad, el Poder Legislativo de Buenos Aires insume recursos extraordinarios. La Cámara de Diputados tiene para este año un presupuesto de $222.800 millones, según establece la ley 15.560, que permite actualizaciones. El Senado, en tanto, cuenta con $156.204 millones. En promedio, ambas cámaras consumen más de $1000 millones diarios.

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En septiembre de 2023, el escándalo del puntero peronista y empleado de la Cámara de Diputados bonaerense Julio “Chocolate” Rigau evidenció la opacidad en el manejo de fondos y contrataciones en la Legislatura. Rigau, acusado de apropiarse los sueldos de empleados “ñoquis” para el financiamiento ilegal de la política, se expone a cinco años y medio de cárcel.

El peronismo evalúa ampliar la Legislatura bonaerenseRed X

Ahora, el alto costo de la Legislatura bonaerense podría incrementarse en caso de que prospere la intención del peronismo de ampliar el número de representantes. El tema ya se discute en las comisiones de reforma política de ambas cámaras.

En concreto, el peronismo evalúa introducir modificaciones en la legislación electoral (ley 5109), para actualizar el número de bancas y la representación por cada sección electoral.

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“No se actualiza hace décadas. Hay una disparidad de representación de la séptima y de la octava respecto de la primera y de la tercera”, afirmó a un legislador que dialoga con frecuencia con Kicillof.

El gobernador bonaerense, quien aspira a competir por la Presidencia en 2027, avalaría la reforma, que supone sumar cuatro distritos de la tercera a la octava sección. En concreto, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio serían integrados a la circunscripción electoral de la octava -solo conformada por La Plata-.

Kicillof, junto a Verónica Magario en la Legislatura

Los artículos 69 y 75 de la Constitución de Buenos Aires establecen la composición inicial de ambas cámaras de la Legislatura y habilitan ajustar el número de representantes en base a cada censo nacional o provincial. Según la carta magna de la provincia, el Senado podría elevar hasta cien la cantidad de bancas y la Cámara de Diputados, hasta cincuenta. Para aprobar los cambios, se requieren los dos tercios de los votos.

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El último antecedente de ampliación de la Legislatura es de 1986, durante el mandato del presidente Ricardo Alfonsín y la gestión bonaerense de Alejandro Armendáriz. En ese momento se elevó de 84 a 92 la cantidad de diputados y de 42 a 46 los senadores.

Raúl Alfonsín con el brazo alto junto a su compañero de formula Víctor MartínezGonzalez

Por impulso de Kicillof, la Legislatura bonaerense ya modificó la ley electoral 5.109 el año pasado, cuando desdobló los comicios locales y suspendió de manera temporal las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

La enmienda de 2025 -registrada bajo la ley 15.523- modificó los plazos del artículo 61 para adecuarlos a la suspensión de las PASO. Se redujeron los plazos para presentación de listas de candidatos, se modificaron el cronograma de oficialización de listas y se ajustaron los tiempos para la presentación de boletas.

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En los últimos meses, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires propuso una serie de modificaciones de la ley 5.109.

El anteproyecto está destinado a ordenar el cronograma electoral. Amplía los plazos para la presentación de alianzas, listas y boletas con el objetivo de dar previsibilidad a todo el proceso. También incorpora reglas específicas para las campañas electorales, la difusión de encuestas y la publicidad oficial.

En el gobierno de Kicillof afirman que la experiencia de desdoblar las elecciones bonaerenses de las nacionales fue positiva. Pero hasta el momento Kicillof esconde sus cartas. Se resiste a eliminar las PASO a nivel nacional o provincial porque especula que le permitirían ordenar la competencia con Cristina Kirchner, con el Frente Renovador y con los intendentes ajenos a su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

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Si la administración de Javier Milei lograra suspender o eliminar las PASO en el Congreso, Kicillof buscaría anticipar los comicios en Buenos Aires para fortalecer con un posible triunfo peronista su candidatura presidencial.




la derogación de la ley,escándalo del puntero peronista y empleado,María José Lucesole,Conforme a

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