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POLITICA

Propofest: falta de “trazabilidad”, laboratorios sancionados y los responsables del desvío al circuito ilegal, según las normas

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Sesenta y dos días antes de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitiera la alerta sobre el uso del fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma —propiedad del empresario Ariel García Furfaro, preso por la presunta muerte de 111 personas a los que se le suministraron ese medicamento—; el organismo publicó un comunicado urgente a través del cual se prohibía “el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto ‘Propofol HLB’ -elaborado por la misma firma- por haber sido fabricado sin autorización y “sin la correspondiente etiqueta de trazabilidad”. Ahora, este potente sedante está presuntamente ligado a la muerte por supuestas sobredosis de dos trabajadores de la salud: el anestesista Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Alejandro Bentancourt.

En el departamento de Bentacourt, la Policía secuestró 50 ampollas de, entre otros fármacos, propofol y fentanilo, drogas de uso exclusivo hospitalario que no se comercializan en farmacias. Entre ellas había tres ampollas cerradas de “Fentanilo HLB”, pero que no pertenecían a los lotes contaminados que investiga el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y que tiene a 14 procesados, a cuatro de ellos se le dicto prisión preventiva y a dos prisiones domiciliarias.

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Hasta el momento, la Justicia determinó que los fármacos fueron robados del Hospital Italiano, de la Ciudad de Buenos Aires, y del Hospital Rivadavia.

La ANMAT advierte que HLB Pharma elaboró propofol sin autorización y falta de trazabilidad

Estas drogas de uso medicinal eran utilizadas en las denominadas ‘Propofest’ o ‘fiesta del propofol’, en las que un grupo reducido de profesionales de la salud consumía estos anestésicos con fines recreativos o “viajes controlados”, que eran supervisados por un médico.

Estas muertes y el desvío de estas sustancias de alto impacto clínico se podría haber evitado si las instituciones aplicaban a rajatabla las disposiciones nacionales de “trazabilidad” que pesa sobre los fármacos críticos dentro del sistema de salud.

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La práctica de sustracción y consumo de estas drogas fuera de las instituciones no es nueva y se extiende desde hace años, por eso, el silencio en el sistema de salud.

Después de la muerte del anestesista, se viralizaron audios sobre encuentros organizados entre médicos que consumían propofol y fentanilo robados de los hospitales y clínicas privadas donde trabajan.

El 3 de septiembre de 2025, en pleno escándalo por las muertes de pacientes que fueron tratados con el fentanilo contaminado por dos bacterias multirresistentes elaborado por los laboratorios de Ariel García Furfaro, el Ministerio de Salud, a través de la ANMAT, emitió la Disposición 6223/2025 que refuerza la trazabilidad de los medicamentos “para garantizar su calidad y seguridad”.

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La ANMAT ya había advertido que los laboratorios de García Furfaro producían propofol sin trazabilidad

El objetivo de esta medida es fortalecer la seguridad sanitaria y la transparencia en la cadena de suministro de fármacos, garantizando a la población su seguridad, calidad y autenticidad.

Para ello, la normativa amplía el listado de sustancias trazables y establece criterios claros para la inclusión o exclusión de ingredientes farmacéuticos activos en el Sistema Nacional de Trazabilidad. En este sentido, los medicamentos de alta vigilancia, costo, riesgo de uso indebido o de relevancia para la atención de enfermedades crónicas y de alta complejidad (refiere la normativa) “deberán incluirse en el sistema de vigilancia para su seguimiento exhaustivo en toda la cadena de distribución”.

De esta manera, la resolución aclara: “Hasta ahora, la trazabilidad de los estupefacientes y psicotrópicos como el fentanilo, morfina, oxicodona, metadona, flunitrazepam, cannabidiol, ketamina y propofol se realizaba sólo a nivel jurisdiccional mediante un sistema de vales en papel que debía ponerse a disposición del Gobierno Nacional ante requerimiento expreso de la ANMAT”. Por esa razón, mediante la delimitación de lineamientos más claros para el registro y conservación de la información, con auditorías obligatorias y sanciones en caso de incumplimiento, “la nueva disposición permitirá llevar adelante un seguimiento y control uniforme a nivel nacional”.

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Pero ¿hasta qué punto el desvío de Propofol para los “viajes asistidos” desde hospitales y efectores privados es responsabilidad del Estado, o de los nosocomios que lo compran para utilizarlos en los pacientes?

La ANMAT debe controlar a los laboratorios que elaboran los medicamentos (Gustavo Gavotti)

A diferencia de lo que ocurría tradicionalmente con drogas como la cocaína, los circuitos de abuso están cada vez más vinculados a medicamentos hospitalarios y no hospitalarios de alta potencia, diseñados solo para uso médico y con riesgos significativamente mayores. Las muertes de Zalazar y Betancourt, presuntamente vinculadas al circuito ilegal, deja expuesto una falla que no es nueva pero que tomó estado público ante la tragedia.

Infobae analizó las normativas que regulan la “trazabilidad” de estas sustancias y las responsabilidades que recaen sobre los estamentos estatales y privados.

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En Argentina la trazabilidad de medicamentos tiene distintas etapas, y en cada una hay un responsable distinto.

La ANMAT, organismo que depende de la cartera de Salud, regula, habilita y fiscaliza la producción, importación y distribución hasta que el producto llega al establecimiento de salud, esto es: hospitales, clínicas, sanatorios o farmacias.

A partir de ese momento, la responsabilidad pasa al establecimiento: custodia del stock, condiciones de almacenamiento, control de acceso a medicamentos sensibles, registros internos de movimientos y cumplimiento de protocolos de seguridad.

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En paralelo, los profesionales que los utilizan (por ejemplo, anestesiólogos en el caso de propofol o fentanilo) son responsables de la indicación, administración y uso adecuado de esas drogas, conforme a guías clínicas, normas éticas y controles institucionales.

En concreto, el Ministerio de Salud de la Nación tiene una responsabilidad normativa y rectora, no operativa directa.

  • Define la política sanitaria nacional.
  • Dicta normas marco.
  • Establece la obligatoriedad del sistema de trazabilidad.
  • Supervisa el funcionamiento general del sistema.

En términos jurídicos, la cartera a cargo de Mario Lugones no controla cada ampolla, sino que crea el sistema y exige su cumplimiento.

Y en este punto surgen las responsabilidades de los actores de la cadena.

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Cada actor es responsable de su tramo:

  1. Los laboratorios deben registrar la “serializar cada unidad”. Informar a la ANMAT la producción y la liberación al mercado del producto.
  2. Las droguerías deben registrar la recepción y la distribución del medicamento.
  3. Los hospitales / clínicas están obligados a “registrar ingreso, almacenamiento y uso” del fármaco y asociar el medicamento al paciente.

Legalmente cada uno responde por la veracidad y carga en tiempo real de los datos.

La legislación actual desvincula a las autoridades de “la forma directa cada registro individual” y de los “errores de carga o desvíos internos”. En estos casos, como los que se investigan la responsabilidad de las sustracciones es de los hospitales y clínicas.

En el caso concreto del Propofol robado, los responsables son los efectores que compraron las ampollas y no registrar de manera correcta su uso.

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Las muertes del médico y el enfermero y el desvió al circuito ilegal de estos anestésicos controlados expone las debilidades del sistema de control de medicamentos y los riesgos que esto implica para la sociedad.

Un tema aparte -o no tanto- que por estos días no se debate: la confirmación de que cientos de pacientes están expuestos a profesionales adictos, que deberían ser tratados por su enfermedad y no participar en una intervención quirúrgica o en una práctica médica.

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POLITICA

La guerra entre Jaldo y Manzur divide al PJ de Tucumán: el rol de Cristina Kirchner y el poder en juego

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“Para que no sigan las especulaciones, que hoy se pelean, que mañana se juntan. Le digo a Manzur que lo espero el 9 del mayo del 2027 en las urnas. Los dos como candidatos a gobernador”. Osvaldo Jaldo, actual gobernador de Tucumán, le dedicó esas palabras a su enemigo íntimo, senador nacional y ex mandatario provincial, Juan Manzur. El mensaje fue contundente: no hay tregua ni unidad. Es uno otro.

Los dos peronistas. Ambos importantes en las últimas dos décadas de la política tucumana. Los dos integrantes de una fórmula que gobernó la provincia durante ocho años y que terminó con el reinado de José Alperovich. Algunos días atrás, cuando pronunció esas pocas oraciones, Jaldo dejó en claro que no habrá convergencia entre los dos nombres más pesados del PJ tucumano. La guerra está declarada.

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La unidad del peronismo en el sexto distrito electoral más importante del país, que concentra a cerca de un 1.300.000 electores, es una utopía. Quienes supieron formar parte de una sociedad política sólida, hoy ni siquiera se hablan. El poder cambió de mando. La estructura política, que contiene a intendentes y legisladores, responde, mayoritareamente, a Jaldo. Manzur tiene una representación más chica y trata de hacerse fuerte en la adversidad. Está al frente de una resistencia contra los libertarios, pero también contra la conducción de Jaldo, que controla la mayor parte del peronismo tucumano.

En ese contexto se inscribió la visita que la semana pasada el senador le hizo a Cristina Kirchner en San José 1111, con quien habló de la interna que atraviesa a la provincia y de su juego político de cara a las elecciones locales, fijadas para el 9 de mayo del 2027. Manzur entiende que él representa la propuesta del peronismo nacional en Tucumán. La voz que puede enarbolar el discurso más opositor a Milei. Una diferencia sustancial con Jaldo, quien se convirtió en un aliado táctico de la Casa Rosada y, desde hace tiempo, recibe cuestionamientos de los distintos sectores del PJ por prestar el voto de sus legisladores a las iniciativas libertarias.

Jaldo está lanzado a buscar su reeleción. Sería su segundo mandato como gobernador y el cuarto integrando una fórmula, ya que entre el 2015 y el 2023 compartió la dupla de gobierno con Manzur. Su intención es darle continuidad a la sociedad con Miguel Acevedo, el actual vicegobernador, y con Rosana Chahla en la intendencia de San Miguel de Tucumán. Acevedo heredó el cargo porque la corte Suprema volteó la candidatura de Manzur en la fórmula durante el 2027. Chahla estuvo mucho tiempo cerca del actual senador pero, en los giros del poder y el despoder, terminó cerrando filas con el Gobernador.

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De cara al año electoral, existe cierta incertidumbre sobre las condiciones de la candidatura de Jaldo. Según marca el artículo 90 de la Constitución tucumana, el mandatario está en condiciones de competir el año que viene y, en el caso de ganar, de completar su cuarto mandato en la cúpula del Poder Ejecutivo de la provincia. Sin embargo, hay sectores de la oposición que amenazan con trabar ese camino con un planteo a la Corte Suprema.

Hay dos posibilidades que consideran los rivales político. Una es plantear que Jaldo ocupó el rol de gobernador durante la licencia que tomó Manzur para hacerse cargo de la Jefatura de Gabinete en el gobierno de Alberto Fernández, por lo que se le debería computar ese mandato como primero y el actual como segundo. En consecuencia, no podría tener un tercero.

En los últimos diez días Manzur estuvo reunido con Cristina Kirchner y Juan Manzur

La otra opción es plantear que, al buscar un cuarto mandato dentro de la fórmula ejecutiva, no se está respetando el principio de alternancia que marca la Constitución Nacional. Es un tema que tomaron como argumento en La Libertad Avanza tucumana, pero que, por el momento, no utilizarán para avanzar ante la justicia electoral.

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El artículo 90 de la Constitución provincial, en el que se respalda Jaldo, es claro y no deja lugar a segundas interpretaciones. “El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un período consecutivo. El Vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido Gobernador y ser reelecto por un período consecutivo. Si el Gobernador ha sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un período. Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de Vicegobernador”, sostiene.

En el sector del peronismo que lidera Manzur no creen que el ex gobernador presente un recurso de amparo para frenar el camino a la reelección del actual mandatario. Sería hacer lo mismo que sufrió en carne propia tres años atrás, cuando la Corte Suprema lo invalidó para ir como vicegobernador. Hay una diferencia clave entre los dos casos. Manzur buscaba en ese momento un quinto mandato en una fórmula, luego de ser dos períodos vicegobernador de Alperovich y dos períodos gobernador, con una interrupción por licencia debido a su desembarco en la Casa Rosada. Jaldo busca su cuarto ciclo en una fórmula.

Si por alguna traba judicial Jaldo no puede competir, el tablero electoral tucumano se rompería completamente. Hay quienes piensan que la salida a esa encrucijada sería catapultar a Acevedo a la gobernación. Otros, en lo que parece ser una opción más arriesgada, creen a Jaldo capaz de impulsar a su hermana. Lo cierto es que en el oficialismo tucumano descartan cualquier inconveniente judicial que pueda entorpercer el camino hacia la reelección.

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El diputado Pablo Yedlin, muy cercano a Manzur, respondió con una foto irónica cuando Jaldo acusó al ex gobernador de mandar a

Por el momento Manzur no confirmó qué hará respecto a su futuro electoral. Algunos creen que va a competir como candidato a gobernador para quedarse con la representación de un sector del peronismo tucumano. Otros advierten que, sabiendo de antemano que es muy posible que enfrente una derrota ante Jaldo, decida correrse y construir un rol de armador nacional del peronismo, con una identidad federal bien marcada. Es decir, un eslabón entre la dirigencia nacional y los caudillos del centro y norte del país. Como espalda, tiene mandato hasta el 2029 en su banca del Senado.

En el caso de que Manzur no sea candidato, el peronismo nacional tiene dos opciones: buscar un acuerdo con Jaldo para el armado de listas nacionales – Tucumán elige diputados – o poner en cancha a un candidato propio. Ahí el nombre apuntado es el del diputado nacional Pablo Yedlin, hombre de confianza de Manzur. Su participación tendrían una proyección de posicionamiento, más que de competencia real. Pensando en una etapa de sucesión en los años siguientes.

Yedlin es un ferviente opositor de Jaldo y de Milei. En el último mes se metió dos veces para interceder a favor de Manzur frente a las críticas de Jaldo. Primero fue cuando el Gobernador dijo en una rueda de prensa que su ex compañero de fórmula mandaba “algunos caniches a ladrar”, en referencia a los dirigentes cercanos que lo cuestionaban. Yeldlin subió una foto a sus redes sociales en la que aparecía abrazando a un perro caniche. Pura ironía.

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Después salió al cruce cuando Jaldo cuestionó a Manzur por ir a visitar a Cristina Kirchner. “Viéndose en la debilidad política el senador fue en búsqueda de una pollera. Es un pollerudo”, afirmó el mandatario provincial. Yeldlin respondió otra vez en sus redes. “Siempre de este lado de la vida. Lo que atrasa es ser despectivo y machirulo, ¿huele a viejo, no?”, escribió junto a una foto suya con CFK y otras de ella con el presidente de Brasil, “Lula” Da Silva, el dirigente social Adolfo Pérez Esquivel y el ex presidente de Colombia Ernesto Samper. Todas en el departamento donde cumple condena por la causa Vialidad.

En el círculo más chico de Cristina también defendieron al ex gobernador: “Juan no es pollerudo, es un hombre de la política que va a a visitar a una compañera que está injustamente presa”. La tensión reina en el ambiente. En la cumbre peronista que tuvo lugar en el Hotel Emperador el 11 de agosto, uno de los temas que se habló fue la posibilidad de tratar de acercar a Jaldo y a su par de Catamarca, Raúl Jalil, al armado nacional del PJ. Movimientos pensados como parte de una estrategia electoral de cara al 2027. Por el momento no hay avances en ese sentido. La guerra a cielo abierto no contribuye en esa línea.

En el gobierno tucumano aseguran que para el año que viene no habrá acuerdos con el gobierno de Milei ni con Manzur. Seguros de ganar, avanza con la convicción de que van a fortalecer su poder territorial y político en la provincia. El peronismo, claro está, quedará dividido en dos.

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Javier Milei y sus medidas, en vivo: el mandatario cargó contra la prensa y la calificó de “sicarios de la pluma”

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MAR DEL PLATA.– Durante varias horas nadie quería decir dónde iba a almorzar Patricia Bullrich con algunos de los principales ejecutivos del país. No figuraba entre las actividades abiertas del Coloquio de IDEA y quienes tenían el dato no lo soltaban. El secreto se terminaba afuera: una de las camionetas estacionadas en el encuentro empresario llevaba un cartelito en el parabrisas: “Almuerzo con la dirigencia política. Costa Galana”.

Bullrich llegó después de hablar en el escenario principal. Subió al primer piso y entró al salón Juan de Garay, con vista al mar. La esperaban 35 ejecutivos. No era una representación menor del poder económico: estaban Fabián Kon, del Galicia; Julio Patricio Supervielle, dueño del banco que lleva su apellido; Juan Martín Parma, de Macro; Javier Martínez Álvarez, de Techint; Oscar Sardi, de TGS; Juan Farinati, de Bayer; María Eugenia Sampalione, de Newmont; Sofía Vago, de Accenture; Wanda Weigert, de Globant; Agustín Bellido, de IBM; Eduardo Gorchs, de Siemens, y Juan Pablo Estévez, de AWS, entre otros. Había representantes de bancos, industria, minería, energía y tecnología sentados alrededor de la misma mesa.

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La Libertad Avanza pidió expulsar a Juan Grabois de Diputados tras los insultos y forcejeos en comisión

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La Libertad Avanza presentó este jueves un proyecto para excluir al diputado de Unión por la Patria Juan Grabois de la cámara baja por “desorden de conducta” luego del cruce que protagonizó con legisladores del oficialismo ayer durante un plenario de comisiones.

La iniciativa llevó la firma de la diputada Silvana Giudici, aunque remarcaron que cuenta con el apoyo de todo el bloque violeta. En su texto, la exPRO justificó la medida por la pelea que estalló el miércoles en la reunión plenaria de las comisiones de Defensa Nacional, de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto, mientras se discutía el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

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De acuerdo a Giudici, allí Grabois “expresó agravios en forma reiterada a las autoridades del plenario, a sus pares y a los presentes con expresiones injuriosas y descalificativas, incitando a la confrontación física y provocando la interrupción definitiva de las comisiones”.

El pedido se apoya en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que faculta a cada Cámara a sancionar a sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. La Constitución exige para eso el voto de dos tercios.

Insultos y forcejeos en Diputados durante el debate del proyecto que amplía las sanciones por explotación de recursos en Malvinas. (Foto: Captura X / @andreafvera_)

En los fundamentos del proyecto, Giudici relató que Grabois interrumpió el uso de la palabra a los gritos y luego avanzó “en actitud de intimidación física directa” contra el diputado oficialista Gerardo Huesen, hasta que otros legisladores debieron interponerse.

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El texto también mencionó que Grabois se dirigió a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, con la expresión “tontita”. Según el proyecto, cuando el titular del plenario, Carlos Zapata, le pidió que se disculpara, respondió que “la estoy describiendo, no la estoy insultando”. Después, tras el corte del micrófono, le gritó “facho de mierda” a Zapata, quien dio por terminada la reunión.

Silvana Giudici, diputada nacional de La Libertad Avanza, presentó el proyecto para excluir a Juan Grabois. (Foto: Cámara de Diputados)
Silvana Giudici, diputada nacional de La Libertad Avanza, presentó el proyecto para excluir a Juan Grabois. (Foto: Cámara de Diputados)

Giudici sumó el posteo que Grabois publicó horas más tarde en X: “Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo”. Para la diputada, eso demuestra que “no estuvimos ante un exceso al calor del debate, sino ante una estrategia deliberada de atropello e interrupción del trabajo legislativo”.

En ese contexto, Giudici aseguró que “cuando la conducta de un legislador trasciende el intercambio verbal y afecta materialmente el funcionamiento del Cuerpo, ya no estamos ante la vehemencia propia del debate, sino ante un desorden de conducta”.

La Libertad Avanza necesita dos tercios de la Cámara de Diputados para excluir a Juan Grabois por lo que consideró un
La Libertad Avanza necesita dos tercios de la Cámara de Diputados para excluir a Juan Grabois por lo que consideró un «desorden de conducta». (Foto: X/@danyvilar).

Y agregó: “Nada de esto puede confundirse con una discrepancia política ni con la vehemencia propia del debate. Es, lisa y llanamente, desorden de conducta en el ejercicio de la función, en los términos del artículo 66 de nuestra Carta Magna”.

En paralelo, el proyecto mencionó dos antecedentes recientes. El primero es el del 26 de agosto, durante la sesión por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuando el diputado Aldo Leiva protagonizó un altercado que terminó en un intento de agresión contra Nicolás Mayoraz y las autoridades del Cuerpo.

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