POLITICA
Propofest: falta de “trazabilidad”, laboratorios sancionados y los responsables del desvío al circuito ilegal, según las normas
Sesenta y dos días antes de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitiera la alerta sobre el uso del fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma —propiedad del empresario Ariel García Furfaro, preso por la presunta muerte de 111 personas a los que se le suministraron ese medicamento—; el organismo publicó un comunicado urgente a través del cual se prohibía “el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto ‘Propofol HLB’ -elaborado por la misma firma- por haber sido fabricado sin autorización y “sin la correspondiente etiqueta de trazabilidad”. Ahora, este potente sedante está presuntamente ligado a la muerte por supuestas sobredosis de dos trabajadores de la salud: el anestesista Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Alejandro Bentancourt.
En el departamento de Bentacourt, la Policía secuestró 50 ampollas de, entre otros fármacos, propofol y fentanilo, drogas de uso exclusivo hospitalario que no se comercializan en farmacias. Entre ellas había tres ampollas cerradas de “Fentanilo HLB”, pero que no pertenecían a los lotes contaminados que investiga el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y que tiene a 14 procesados, a cuatro de ellos se le dicto prisión preventiva y a dos prisiones domiciliarias.
Hasta el momento, la Justicia determinó que los fármacos fueron robados del Hospital Italiano, de la Ciudad de Buenos Aires, y del Hospital Rivadavia.
Estas drogas de uso medicinal eran utilizadas en las denominadas ‘Propofest’ o ‘fiesta del propofol’, en las que un grupo reducido de profesionales de la salud consumía estos anestésicos con fines recreativos o “viajes controlados”, que eran supervisados por un médico.
Estas muertes y el desvío de estas sustancias de alto impacto clínico se podría haber evitado si las instituciones aplicaban a rajatabla las disposiciones nacionales de “trazabilidad” que pesa sobre los fármacos críticos dentro del sistema de salud.
La práctica de sustracción y consumo de estas drogas fuera de las instituciones no es nueva y se extiende desde hace años, por eso, el silencio en el sistema de salud.
Después de la muerte del anestesista, se viralizaron audios sobre encuentros organizados entre médicos que consumían propofol y fentanilo robados de los hospitales y clínicas privadas donde trabajan.
El 3 de septiembre de 2025, en pleno escándalo por las muertes de pacientes que fueron tratados con el fentanilo contaminado por dos bacterias multirresistentes elaborado por los laboratorios de Ariel García Furfaro, el Ministerio de Salud, a través de la ANMAT, emitió la Disposición 6223/2025 que refuerza la trazabilidad de los medicamentos “para garantizar su calidad y seguridad”.
El objetivo de esta medida es fortalecer la seguridad sanitaria y la transparencia en la cadena de suministro de fármacos, garantizando a la población su seguridad, calidad y autenticidad.
Para ello, la normativa amplía el listado de sustancias trazables y establece criterios claros para la inclusión o exclusión de ingredientes farmacéuticos activos en el Sistema Nacional de Trazabilidad. En este sentido, los medicamentos de alta vigilancia, costo, riesgo de uso indebido o de relevancia para la atención de enfermedades crónicas y de alta complejidad (refiere la normativa) “deberán incluirse en el sistema de vigilancia para su seguimiento exhaustivo en toda la cadena de distribución”.
De esta manera, la resolución aclara: “Hasta ahora, la trazabilidad de los estupefacientes y psicotrópicos como el fentanilo, morfina, oxicodona, metadona, flunitrazepam, cannabidiol, ketamina y propofol se realizaba sólo a nivel jurisdiccional mediante un sistema de vales en papel que debía ponerse a disposición del Gobierno Nacional ante requerimiento expreso de la ANMAT”. Por esa razón, mediante la delimitación de lineamientos más claros para el registro y conservación de la información, con auditorías obligatorias y sanciones en caso de incumplimiento, “la nueva disposición permitirá llevar adelante un seguimiento y control uniforme a nivel nacional”.
Pero ¿hasta qué punto el desvío de Propofol para los “viajes asistidos” desde hospitales y efectores privados es responsabilidad del Estado, o de los nosocomios que lo compran para utilizarlos en los pacientes?
A diferencia de lo que ocurría tradicionalmente con drogas como la cocaína, los circuitos de abuso están cada vez más vinculados a medicamentos hospitalarios y no hospitalarios de alta potencia, diseñados solo para uso médico y con riesgos significativamente mayores. Las muertes de Zalazar y Betancourt, presuntamente vinculadas al circuito ilegal, deja expuesto una falla que no es nueva pero que tomó estado público ante la tragedia.
Infobae analizó las normativas que regulan la “trazabilidad” de estas sustancias y las responsabilidades que recaen sobre los estamentos estatales y privados.
En Argentina la trazabilidad de medicamentos tiene distintas etapas, y en cada una hay un responsable distinto.
La ANMAT, organismo que depende de la cartera de Salud, regula, habilita y fiscaliza la producción, importación y distribución hasta que el producto llega al establecimiento de salud, esto es: hospitales, clínicas, sanatorios o farmacias.
A partir de ese momento, la responsabilidad pasa al establecimiento: custodia del stock, condiciones de almacenamiento, control de acceso a medicamentos sensibles, registros internos de movimientos y cumplimiento de protocolos de seguridad.
En paralelo, los profesionales que los utilizan (por ejemplo, anestesiólogos en el caso de propofol o fentanilo) son responsables de la indicación, administración y uso adecuado de esas drogas, conforme a guías clínicas, normas éticas y controles institucionales.
En concreto, el Ministerio de Salud de la Nación tiene una responsabilidad normativa y rectora, no operativa directa.
- Define la política sanitaria nacional.
- Dicta normas marco.
- Establece la obligatoriedad del sistema de trazabilidad.
- Supervisa el funcionamiento general del sistema.
En términos jurídicos, la cartera a cargo de Mario Lugones no controla cada ampolla, sino que crea el sistema y exige su cumplimiento.
Y en este punto surgen las responsabilidades de los actores de la cadena.
Cada actor es responsable de su tramo:
- Los laboratorios deben registrar la “serializar cada unidad”. Informar a la ANMAT la producción y la liberación al mercado del producto.
- Las droguerías deben registrar la recepción y la distribución del medicamento.
- Los hospitales / clínicas están obligados a “registrar ingreso, almacenamiento y uso” del fármaco y asociar el medicamento al paciente.
Legalmente cada uno responde por la veracidad y carga en tiempo real de los datos.
La legislación actual desvincula a las autoridades de “la forma directa cada registro individual” y de los “errores de carga o desvíos internos”. En estos casos, como los que se investigan la responsabilidad de las sustracciones es de los hospitales y clínicas.
En el caso concreto del Propofol robado, los responsables son los efectores que compraron las ampollas y no registrar de manera correcta su uso.
Las muertes del médico y el enfermero y el desvió al circuito ilegal de estos anestésicos controlados expone las debilidades del sistema de control de medicamentos y los riesgos que esto implica para la sociedad.
Un tema aparte -o no tanto- que por estos días no se debate: la confirmación de que cientos de pacientes están expuestos a profesionales adictos, que deberían ser tratados por su enfermedad y no participar en una intervención quirúrgica o en una práctica médica.
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POLITICA
El Gobierno analiza un sorpresivo pedido de gremios y empresarios para retomar una mesa multisectorial
Después de meses de negociaciones separadas con las diferentes partes involucradas, el Gobierno comenzó a analizar la posibilidad de convocar a una mesa multisectorial que reúna a empresarios, gremios y el Estado para discutir las próximas medidas laborales y seguir de manera conjunta la evolución del empleo en el país, como sugirió el Papa León XIV en varios de los discursos que dio en la Argentina.
La propuesta quedó en manos del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, pero todavía no tiene una definición, fecha concreta ni un formato cerrado.
En el entorno de la funcionaria consideran que se trata de una idea interesante, aunque buscan evitar que el espacio se transforme en una instancia de presión sectorial o en una plataforma para generar expectativas sobre medidas que el Poder Ejecutivo no esté dispuesto a tomar.
“Se está evaluando el tema, pero probablemente lo que se decida va a ser en virtud de que no se politice, porque el diálogo de gestión ya es permanente y cotidiano de nuestra parte”, advirtió a Infobae una de las personas que sigue de cerca las conversaciones.
El primer acercamiento se produjo durante el acto que León XIV encabezó en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde insistió con la necesidad de construir puentes entre los distintos sectores y planteó que el trabajo, la dignidad y la cooperación deben ocupar un lugar central en la vida pública.
En ese contexto, uno de los empresarios presentes se acercó a Pettovello y le planteó la posibilidad de recuperar una mesa multisectorial, similar a las que funcionaron en distintos momentos de la administración libertaria para abordar problemas puntuales o cuando el oficialismo impulsaba alguna ley.
El antecedente más cercano de una instancia así fue el Consejo de Mayo, el espacio que el Gobierno creó para traducir en proyectos de ley los compromisos que el presidente Javier Milei y los gobernadores se comprometieron a tratar en el marco del Pacto de Mayo.
Allí coincidieron representantes del Poder Ejecutivo, las provincias, ambas Cámaras del Congreso, el sector privado y los sindicatos, los cuales trabajaron en un conjunto de proyectos que luego se debatieron en el ámbito parlamentario y dejó leyes como la reforma laboral.
Poco después del acto del Papa en la UCA, el Grupo de los Seis (G6), que reúne a la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), difundió un comunicado que reforzó esa propuesta.
“Nadie puede solo. Ningún sector construye por sí mismo el futuro de una nación. Empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos, universidades, comunidades religiosas y organizaciones sociales tenemos intereses distintos y diferencias legítimas. Pero compartimos un destino”, señalaron las entidades.
El texto sostuvo que la Argentina necesita recuperar la confianza y la capacidad de dialogar. “Dialogar, comprendiendo que lejos de renunciar a las propias convicciones, se debe reconocer al otro y aceptar que nadie tiene todas las respuestas”, plantearon.
El G6 adelantó que, una vez concluida la visita papal, propondría una convocatoria amplia con los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil.
El objetivo, según indicaron, será acordar “unas pocas bases” que puedan mantenerse más allá de cada gobierno y que impliquen compromisos concretos de cada uno de los sectores involucrados.
“Se acaba de ir el Papa, hay que esperar un poco. Nosotros ya sacamos el comunicado, veremos qué pasa”, indicaron a este medio desde el ala empresarial, que envió el lunes pasado a una amplia comitiva al encuentro religioso en la UCA.
La Confederación General del Trabajo (CGT), en tanto, también se sumó a ese pedido de una mesa de diálogo con representantes de “la fuerza del trabajo, del capital inversor y de los diferentes estamentos del Estado”.
La conducción sindical planteó la necesidad de un “encuentro generoso, inteligente y creativo” para definir políticas estratégicas, aunque entre sus reclamos incluyó recuperar una perspectiva de desarrollo basada en la producción, el empleo registrado, el poder adquisitivo de los salarios y el fortalecimiento del entramado productivo.
No obstante, dentro de la central obrera hay diferencias sobre la conveniencia de avanzar con una instancia de diálogo, porque algunos de sus miembros consideran que “en el G6 son todos oportunistas”.
Principalmente, hay malestar por declaraciones de referentes del empresariado que cuestionaron el concepto de justicia social del que también habló el Sumo Pontífice.
“Primero que planteen cuál es la agenda que quieren tratar, porque si es solamente para bajar impuestos, entonces no estamos”, aclaró a Infobae uno de los líderes de la central obrera.
La prioridad del Ministerio de Capital Humano es que cualquier ámbito de conversación tenga una finalidad operativa y no se convierta en un espacio para cuestionar el programa económico o reclamar cambios incompatibles con la meta de equilibrio fiscal.
La eventual convocatoria también se vincula con debates que el oficialismo deberá afrontar en el Congreso, como las negociaciones por el Presupuesto 2027, la adhesión al tratado internacional de patentes, el tratamiento de los proyectos sobre inversiones y las medidas destinadas a mejorar el mercado de empleo requieren acuerdos con empresarios, sindicatos, provincias y bloques legislativos.
León XIV dejó durante su paso por la Argentina un mensaje que fue leído de distinta manera por la Casa Rosada, la oposición, los gremios y el empresariado. El Papa pidió que la economía esté al servicio de las personas, defendió la dignidad del trabajo y reclamó diálogo, instituciones sólidas y políticas que atiendan a los sectores más vulnerables.
El Gobierno consideró que esas definiciones no implicaron una crítica directa a Milei y destacó sus referencias a la propiedad privada, la iniciativa empresarial, el trabajo y la lucha contra la corrupción.
Por su parte, quedó demostrado que empresarios y sindicatos, en cambio, tomaron su llamado al encuentro como una oportunidad para reabrir un canal de conversación más amplio.
La decisión final dependerá de Capital Humano y de la evaluación que haga la Casa Rosada sobre los riesgos políticos de una convocatoria de este tipo. Por el momento, el Gobierno estudia cómo canalizar el pedido sin alterar el esquema de negociaciones bilaterales que viene llevando adelante y sin que la mesa se transforme en una discusión pública sobre el rumbo económico.
PAPA UCA
POLITICA
El Gobierno negocia el Presupuesto 2027: los cambios que reclaman los aliados para acompañar el proyecto en Diputados
La Libertad Avanza retomará este jueves las negociaciones por el Presupuesto 2027 con los bloques aliados de la Cámara de Diputados, después de la visita del papa León XIV a la Argentina. El oficialismo convocó a una reunión a las 14 para responder a los pedidos de modificaciones presentados por el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas, Argentina Federal y distintas fuerzas provinciales, cuyos votos serán necesarios para avanzar con la iniciativa.
El encuentro estará encabezado por el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, junto a las diputadas Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Gisell Castelnuovo, que participan de las negociaciones para construir mayorías parlamentarias. También estará presente el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch.
La reunión se realizará en las oficinas del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aunque el titular del cuerpo estará en Corrientes junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El objetivo del oficialismo es alcanzar los acuerdos necesarios para firmar el dictamen del Presupuesto 2027 y llevarlo al recinto el 18 o el 25 de noviembre, antes del cierre del período ordinario de sesiones.
Los aliados reclaman cambios en impuestos y fondos para las provincias
Los representantes del PRO, la UCR y el MID llegarán a la reunión con una serie de pedidos que todavía no recibieron respuestas definitivas de la Casa Rosada.
Entre los principales planteos figuran la coparticipación de fondos para la Ciudad de Buenos Aires y la reducción del impuesto a los huevos y sus derivados del 21% al 10,5%, una medida impulsada por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
El radicalismo insistirá con los recursos para obras viales y el financiamiento universitario, mientras que el MID, representado por Oscar Zago y Eduardo Falcone, buscará garantizar las partidas destinadas a las personas con discapacidad.
aceiteras.
POLITICA
Argentina cerró su reclamo ante el Tribunal del Mar pidiendo que se frene el proyecto Sea Lion en Malvinas – Nexofin
Tras un tenso cruce de posturas entre los representantes de Argentina y Reino Unido por la explotación petrolera que pretenden hacer empresas británicas e israelíes en las Islas Malvinas.
El director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, Mario Oyarzábal, finalizó su alegato en la segunda audiencia que se celebra en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en la sede de Hamburgo, Alemana.
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Allí, el funcionario que representa al país, ratificó su pedido de medidas provisionales contra el Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en aguas circundantes a las Islas Malvinas, y llamó a las autoridades británicas a reanudar las negociaciones bilaterales.
Bajo la premisa de que se suspenda toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura de producción en la cuenca norte de las Malvinas vinculada al proyecto Sea Lion; y que se abstenga de usar la información obtenida en exploración en detrimento de los derechos argentinos; finalizó la presentación argentina.
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Además, el pedido del funcionario libertario, se centró en que Reino Unido cese de impedir que Argentina cumpla sus obligaciones medioambientales bajo los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR; y que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.
Por otro lado, Oyarzábal, denunció que el Reino Unido optó por no presentar una memoria escrita en dentro del plazo establecido por el Tribunal, y que intentó modificar su prueba documental minutos antes de la última jornada de audiencias. Advirtió además que las declaraciones testimoniales presentadas por Londres eran, en rigor, alegatos de personas con un interés directo en el resultado del caso, y no prueba de hechos.
La entrada Argentina cerró su reclamo ante el Tribunal del Mar pidiendo que se frene el proyecto Sea Lion en Malvinas se publicó primero en Nexofin.
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