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Propofest: falta de “trazabilidad”, laboratorios sancionados y los responsables del desvío al circuito ilegal, según las normas

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Sesenta y dos días antes de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitiera la alerta sobre el uso del fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma —propiedad del empresario Ariel García Furfaro, preso por la presunta muerte de 111 personas a los que se le suministraron ese medicamento—; el organismo publicó un comunicado urgente a través del cual se prohibía “el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto ‘Propofol HLB’ -elaborado por la misma firma- por haber sido fabricado sin autorización y “sin la correspondiente etiqueta de trazabilidad”. Ahora, este potente sedante está presuntamente ligado a la muerte por supuestas sobredosis de dos trabajadores de la salud: el anestesista Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Alejandro Bentancourt.

En el departamento de Bentacourt, la Policía secuestró 50 ampollas de, entre otros fármacos, propofol y fentanilo, drogas de uso exclusivo hospitalario que no se comercializan en farmacias. Entre ellas había tres ampollas cerradas de “Fentanilo HLB”, pero que no pertenecían a los lotes contaminados que investiga el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y que tiene a 14 procesados, a cuatro de ellos se le dicto prisión preventiva y a dos prisiones domiciliarias.

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Hasta el momento, la Justicia determinó que los fármacos fueron robados del Hospital Italiano, de la Ciudad de Buenos Aires, y del Hospital Rivadavia.

La ANMAT advierte que HLB Pharma elaboró propofol sin autorización y falta de trazabilidad

Estas drogas de uso medicinal eran utilizadas en las denominadas ‘Propofest’ o ‘fiesta del propofol’, en las que un grupo reducido de profesionales de la salud consumía estos anestésicos con fines recreativos o “viajes controlados”, que eran supervisados por un médico.

Estas muertes y el desvío de estas sustancias de alto impacto clínico se podría haber evitado si las instituciones aplicaban a rajatabla las disposiciones nacionales de “trazabilidad” que pesa sobre los fármacos críticos dentro del sistema de salud.

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La práctica de sustracción y consumo de estas drogas fuera de las instituciones no es nueva y se extiende desde hace años, por eso, el silencio en el sistema de salud.

Después de la muerte del anestesista, se viralizaron audios sobre encuentros organizados entre médicos que consumían propofol y fentanilo robados de los hospitales y clínicas privadas donde trabajan.

El 3 de septiembre de 2025, en pleno escándalo por las muertes de pacientes que fueron tratados con el fentanilo contaminado por dos bacterias multirresistentes elaborado por los laboratorios de Ariel García Furfaro, el Ministerio de Salud, a través de la ANMAT, emitió la Disposición 6223/2025 que refuerza la trazabilidad de los medicamentos “para garantizar su calidad y seguridad”.

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La ANMAT ya había advertido que los laboratorios de García Furfaro producían propofol sin trazabilidad

El objetivo de esta medida es fortalecer la seguridad sanitaria y la transparencia en la cadena de suministro de fármacos, garantizando a la población su seguridad, calidad y autenticidad.

Para ello, la normativa amplía el listado de sustancias trazables y establece criterios claros para la inclusión o exclusión de ingredientes farmacéuticos activos en el Sistema Nacional de Trazabilidad. En este sentido, los medicamentos de alta vigilancia, costo, riesgo de uso indebido o de relevancia para la atención de enfermedades crónicas y de alta complejidad (refiere la normativa) “deberán incluirse en el sistema de vigilancia para su seguimiento exhaustivo en toda la cadena de distribución”.

De esta manera, la resolución aclara: “Hasta ahora, la trazabilidad de los estupefacientes y psicotrópicos como el fentanilo, morfina, oxicodona, metadona, flunitrazepam, cannabidiol, ketamina y propofol se realizaba sólo a nivel jurisdiccional mediante un sistema de vales en papel que debía ponerse a disposición del Gobierno Nacional ante requerimiento expreso de la ANMAT”. Por esa razón, mediante la delimitación de lineamientos más claros para el registro y conservación de la información, con auditorías obligatorias y sanciones en caso de incumplimiento, “la nueva disposición permitirá llevar adelante un seguimiento y control uniforme a nivel nacional”.

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Pero ¿hasta qué punto el desvío de Propofol para los “viajes asistidos” desde hospitales y efectores privados es responsabilidad del Estado, o de los nosocomios que lo compran para utilizarlos en los pacientes?

La ANMAT debe controlar a los laboratorios que elaboran los medicamentos (Gustavo Gavotti)

A diferencia de lo que ocurría tradicionalmente con drogas como la cocaína, los circuitos de abuso están cada vez más vinculados a medicamentos hospitalarios y no hospitalarios de alta potencia, diseñados solo para uso médico y con riesgos significativamente mayores. Las muertes de Zalazar y Betancourt, presuntamente vinculadas al circuito ilegal, deja expuesto una falla que no es nueva pero que tomó estado público ante la tragedia.

Infobae analizó las normativas que regulan la “trazabilidad” de estas sustancias y las responsabilidades que recaen sobre los estamentos estatales y privados.

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En Argentina la trazabilidad de medicamentos tiene distintas etapas, y en cada una hay un responsable distinto.

La ANMAT, organismo que depende de la cartera de Salud, regula, habilita y fiscaliza la producción, importación y distribución hasta que el producto llega al establecimiento de salud, esto es: hospitales, clínicas, sanatorios o farmacias.

A partir de ese momento, la responsabilidad pasa al establecimiento: custodia del stock, condiciones de almacenamiento, control de acceso a medicamentos sensibles, registros internos de movimientos y cumplimiento de protocolos de seguridad.

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En paralelo, los profesionales que los utilizan (por ejemplo, anestesiólogos en el caso de propofol o fentanilo) son responsables de la indicación, administración y uso adecuado de esas drogas, conforme a guías clínicas, normas éticas y controles institucionales.

En concreto, el Ministerio de Salud de la Nación tiene una responsabilidad normativa y rectora, no operativa directa.

  • Define la política sanitaria nacional.
  • Dicta normas marco.
  • Establece la obligatoriedad del sistema de trazabilidad.
  • Supervisa el funcionamiento general del sistema.

En términos jurídicos, la cartera a cargo de Mario Lugones no controla cada ampolla, sino que crea el sistema y exige su cumplimiento.

Y en este punto surgen las responsabilidades de los actores de la cadena.

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Cada actor es responsable de su tramo:

  1. Los laboratorios deben registrar la “serializar cada unidad”. Informar a la ANMAT la producción y la liberación al mercado del producto.
  2. Las droguerías deben registrar la recepción y la distribución del medicamento.
  3. Los hospitales / clínicas están obligados a “registrar ingreso, almacenamiento y uso” del fármaco y asociar el medicamento al paciente.

Legalmente cada uno responde por la veracidad y carga en tiempo real de los datos.

La legislación actual desvincula a las autoridades de “la forma directa cada registro individual” y de los “errores de carga o desvíos internos”. En estos casos, como los que se investigan la responsabilidad de las sustracciones es de los hospitales y clínicas.

En el caso concreto del Propofol robado, los responsables son los efectores que compraron las ampollas y no registrar de manera correcta su uso.

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Las muertes del médico y el enfermero y el desvió al circuito ilegal de estos anestésicos controlados expone las debilidades del sistema de control de medicamentos y los riesgos que esto implica para la sociedad.

Un tema aparte -o no tanto- que por estos días no se debate: la confirmación de que cientos de pacientes están expuestos a profesionales adictos, que deberían ser tratados por su enfermedad y no participar en una intervención quirúrgica o en una práctica médica.

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La mano derecha de Kicillof evitó confrontar con Máximo Kirchner, pero no hay señales de acercamiento

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“Los que hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a ver a la compañera y preguntarle cómo está, qué necesita”. La frase del discurso del diputado nacional, Máximo Kirchner, durante el acto que el kirchnerismo llevó adelante el último sábado en Parque Lezama, al cumplirse un año de detención de la expresidenta Cristina Kirchner, tuvo destinatarios puntuales: uno de ellos, quizá el de mayor magnitud, fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La demanda no es nueva, pero ratifica y profundiza las diferencias existentes dentro del peronismo. Este lunes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, evitó referirse a ese asunto, puntualizó en que Kicillof “le pidió a nuestro sector que es el Movimiento Derecho al Futuro y al Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires que convoque y participe” y ponderó la inocencia de Cristina en el marco de la causa Vialidad.

“La convocatoria del sábado fue muy clara, era muy claro el objetivo: conmemorar el año de prisión injusta de Cristina y por eso justamente el gobernador le pidió tanto a nuestro sector, que es el movimiento Derecho al Futuro, que convoque y que participe en distintos referentes y en general a los compañeros y compañeras. Hizo lo propio también como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Fueron dos convocatorias públicas. Participaron compañeros y compañeras de ambos espacios. Nuestra propuesta y nuestra posición siempre fueron muy claras respecto de la injusta prisión de Cristina”, dijo el ministro provincial ante la consulta de Infobae durante la conferencia de prensa de este lunes en la gobernación bonaerense.

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El ministro de Gobierno bonaeresne, Carlos Bianco

Si bien en la antesala se especuló con la posible presencia del mandatario bonaerense en el acto en Parque Lezama, finalmente Kicillof no estuvo. En su discurso, sin dar nombres propios más allá del del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, Máximo Kirchner se encargó de enfatizar los sectores del peronismo que hoy muestran distancia de la base política que conduce su madre. Allí entra el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que conduce el gobernador.

Bianco enfatizó con respecto a la situación de Cristina Kirchner que “nuestra posición siempre fue muy clara. Nosotros creemos que esa condena es absolutamente injusta y que Cristina es inocente. Eso siempre fue muy claro y esa es la razón por la cual desde los sectores que conduce el gobernador Kicillof, el Movimiento Derecho al Futuro y el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, hemos decidido convocar y participar”.

De momento no habrá encuentro en San José 1111 entre el mandatario bonaerense y la ex presidenta. La última vez que se reunieron fue tras los comicios provinciales del 7 de septiembre y en la antesala de la elección a diputados nacionales de octubre: es decir, con la pena de prisión domiciliaria ya en curso. Este lunes, Bianco evitó precisar si habrá alguna reunión entre los dirigentes a la brevedad.

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En este contexto, ambos espacios transitan caminos paralelos y así se advierte que continuará la relación. La próxima parada en la dinámica peronista será el 1 de julio. Para ese día, como adelantó este medio, está previsto que el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se reúna, aunque será un encuentro de carácter institucional y no un acto político. Ese día se cumplen 52 años del fallecimiento del expresidente Juan Domingo Perón y desde el PJ bonaerense piensan en realizar un encuentro con las autoridades de los PJ de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. La locación elegida será la Quinta de San Vicente.

Kicillof reunirá a los presidentes de los PJ locales el próximo 1 de julio

Del acto en Parque Lezama, sí hubo participación de algunos integrantes del espacio político de Kicillof como el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, quien no subió a las gradas; o el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascalles, que además es el Secretario General del PJ bonaerense.

Otro dirigente cercano a Kicillof que estuvo en las gradas del escenario de Parque Lezma fue el exjefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina. Semanas atrás se reunió con Kicillof. Este sábado escuchó el discurso de Máximo Kirchner. En declaraciones a Infobae a las 9, consideró: “Tuve y tengo diferencias con Cristina. La enfrenté en momentos en que tenía muchísimo poder. El acto no me gustó. No me gustó el discurso de Máximo para nada. Fue muy internista, pegándole a Axel”. Y explicó que su presencia en el acto respondió a una convicción personal: “Creí que tenía que estar ahí, más que nada por el primer año de ese momento de ella”.

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La militancia que se acercó a Parque Lezmana pidió no solo por la libertad de CFK, sino también por una eventual candidatura presidencial

La actual situación no exime a Kirchner y Kicillof de reunirse al momento de las definiciones, sobre todo electorales. ¿Cuál sería la herramienta para acordar una estrategia electoral que sostenga un marco de unidad dentro del peronismo? Las PASO. Al menos, así lo entienden cerca de Kicillof. Las elecciones primarias están vigentes pese a la intención del gobierno nacional de eliminarlas en el Congreso. En el plano legislativo, la gestión de Milei hoy no tiene los votos para modificar el escenario electoral.

“A mí me parece que es el mejor sistema posible para definir una candidatura del peronismo, del campo popular en su conjunto”, planteó este lunes Bianco sobre unas PASO. “Me animo a decir no solo del peronismo, sino del campo popular en su conjunto. Y en ese caso, los distintos compañeros y compañeras que quieran representar a nuestra fuerza política o al campo popular tendrán la posibilidad y el espacio para presentarse. Después, la gente votará y definirá quién es el mejor candidato posible del campo popular para enfrentar a Milei o al candidato de la derecha, porque va a haber un candidato de la derecha, seguramente lo va a elegir el círculo rojo en su momento, de acuerdo a las circunstancias vigentes. Será Milei, será otra persona, pero seguramente vamos a tener un candidato que exprese el voto más de la derecha y tenemos que poner un candidato que exprese el voto de los intereses del campo popular».

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ARA San Juan: la fiscalía solicitó penas de hasta cinco años de prisión para cuatro exoficiales de la Armada

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EL CALAFATE.- El Ministerio Público Fiscal solicitó entre cinco y tres años y medio de prisión para los cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina juzgados por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, que costó la vida a sus 44 tripulantes.

La acusación recayó sobre el contralmirante (re) Luis Enrique López Mazzeo, con cinco años; el capitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide, también con cinco años; el capitán de navío (re) Héctor Aníbal Alonso, con cuatro años; y el capitán de fragata (re) Hugo Miguel Correa, tres años y seis meses.

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Los fiscales Julio Zárate, Gastón Franco Pruzán y Lucas Colla, junto a la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), María Garmendia, pidieron además de la prisión, la inhabilitación especial perpetua, accesorios legales y las costas del proceso por considerar a los cuatro marinos autores penalmente responsables del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en concurso ideal con delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de los 44 tripulantes del submarino.

Con el alegato fiscal se inició así el tramo final del juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal Criminal de Río Gallegos presidido por Mario Reynaldi y que en la jornada de hoy se extendió entre las 9 y las 19.

El equipo del MPF afirmó que el submarino ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata para cumplir la orden de operaciones “en condiciones técnico-operativas deficientes de las cuales los cuatro imputados estaban en conocimiento que no se había dado cumplimiento a los ciclos de mantenimiento correctivo programados y establecidos en la reglamentación, ni atendido a los informes técnicos de inspección y pedidos que recibieron”, según detalló el fiscal Gastón Prozán.

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Uno de los momentos de la exposición de la fiscal María Garmendia, de la PIAcaptura zoom

La acusación fiscal sostiene que lo sucedido con el submarino el 15 de noviembre “no fue un hecho instantáneo, fortuito, imprevisible, sino que hubiera podido ser evitado por parte de los cuatro imputados, quienes tenían una especial situación de garantía en función de sus cargos con específicas funciones de seguridad, alistamiento, adiestramiento y sostén de los medios del poder naval”.

El juicio, que comenzó el 3 de marzo de 2026, reconstruyó con precisión el derrotero del ARA San Juan desde que ingresó en 2007 a la reparación de media vida que estuvo a cargo del Proyecto Submarino hasta el 2015, momento en que salió del dique seco y acumuló desperfectos técnicos documentados por los distintos comandantes del buque que fueron expuestos en las audiencias.

Como quedó documentado en las audiencias, al iniciar su última travesía, el submarino había excedido largamente el intervalo reglamentario establecido entre puestas en seco para las tareas de mantenimiento planificado previstas por su empresa fabricante.

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Para los fiscales, cuando el 25 de octubre de 2017 la nave zarpó desde la Base Naval Mar del Plata con destino a la Base Naval Ushuaia lo hizo «en condiciones técnico operativas deficientes para realizar las tareas encomendada, según el requerimiento de elevación a juicio leído en la apertura del debate, sobre los cuales hoy los fiscales construyeron su imputación.

El 11 de noviembre de 2017, el ARA San Juan zarpó desde la Base Naval Ushuaia hacia el área de patrulla asignada. Tres días después, entre las 22.35 y las 23.42 del 14 de noviembre, se produjo un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación hacia el tanque de baterías N° 3, lo que ocasionó un cortocircuito y un principio de incendio. Al día siguiente, el 15 de noviembre a las 10.51, se produjo la pérdida de plano y la posterior implosión de la unidad al superar la profundidad de colapso. Los 44 tripulantes murieron.

A su turno, el fiscal Lucas Colla, quien conoce la causa desde el principio ya que fue parte de la instrucción en Caleta Olivia, se explayó sobre las responsabilidad de Lopez Mazzeo, “la infracción del deber de cuidado aumentó el peligro en los submarinistas a partir de su zarpada el día 25 de octubre de 2017 y su ulterior pérdida, la emisión de ordenes operativas en las condiciones que se encontraba el submarino más la información que contaba Lopez Mazzeo luego de la navegación de julio constituye el eje central del quebrantamiento de los deberes que le reprochamos y explican prevalentemente el resultado imputado. Entendemos así, que era su deber y hubiera evitado el resultado si hubiere priorizado la seguridad por sus ambiciones personales y sus objetivos opertivos”.

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Por su parte, la fiscal María Garmendia, del equipo de la PIA, tuvo a su cargo la exposición de la acusación de Villamide y según su alegato las defensas de los marinos intentaron durante el juicio orientar los interrogatorios de los testigos para responsabilizar al comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, de las decisiones tomadas en el buque.

“Lo que si vemos es un intento de poner en cabeza del comandante la responsabilidad sobre todos estos eventos para deshacerse de la responsabilidad. Pero el informe que dejó Fernandez reconociendo la maniobra que hizo, (en referencia a una prueba en la válvula E-19 durante la navegación de julio) no sabía que iba a ser la única voz en este juicio explicando que es lo que pasó y nosotros lo ponemos en valor. El MPF lo pone en valor porque no puede ser usado como un ausente útil para desligarse de responsabilidad”.

Los exmarinos Luis Enrique Lopez Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Alonso y Hugo Miguel CorreaWALTER DIAZ – AFP

La fiscalía construyó su acusación sobre las funciones específicas que cada uno de los imputados ejercía en la cadena de mando y que, según el MPF, incumplieron de manera determinante.

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A Claudio Javier Villamide, titular del Comando de la Fuerza de Submarinos entre febrero y noviembre de 2017, la fiscalía le atribuye haber permitido que el submarino participara de su última misión pese a conocer el vencimiento del mantenimiento, el pedido de ingreso a dique seco formulado por el comandante de la nave en marzo de 2017 y las graves deficiencias registradas en la navegación de julio de ese mismo año.

En tanto que a Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), tenía a su cargo fijar y supervisar el cumplimiento de las normas de alistamiento de todos los medios del Poder Naval. Según la acusación, no ejerció esa supervisión respecto del ARA San Juan pese a conocer la falta de mantenimiento programado, el deterioro del equipamiento y las anomalías registradas en navegaciones anteriores.

Por su parte, Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y Oficial Evaluador del Alistamiento, suscribió la Orden de Operaciones COFS 04/17 en ausencia del titular del Comando; para la fiscalía, lo hizo sabiendo las dificultades que el submarino enfrentaría: las millas a navegar, los objetivos a cumplir y las condiciones hidrometeorológicas del Atlántico Sur en noviembre de ese año.

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Finalmente, Hugo Miguel Correa, jefe de Comunicaciones y de la Central de Comunicaciones de Submarinos (Cencomsub), es acusado de no haber asegurado un servicio de comunicaciones rápido y seguro entre el ARA San Juan y el Comando de la Fuerza de Submarinos durante la última navegación. La fiscalía considera que participó activamente en la confección de la orden de operaciones que envió al submarino a su misión final.

Para los fiscales, cada uno de los cuatro imputados posibilitó, con sus conductas u omisiones, que se dieran las condiciones necesarias para elevar el riesgo permitido en la actividad submarina. “Hoy, señores jueces, nos encontramos aquí frente a un punto de inflexión y que nos interpela a todos, pero no solo la Armada Argentina, sino a todo el Estado nacional y los componentes que lo conforman con nosotros incluidos, el accionar imprudente de los cuatro imputados debe ser objeto de la condena solicitada por este Ministerio Público Fiscal, conforme la prueba expuesta”, sostuvo en las palabras finales el fiscal Pruzán.




Mariela Arias,Conforme a

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El socialismo de placard: la historia del kirchnerismo que predicó la pobreza y se llenó de dólares

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Había una vez un joven tímido, pero con muchas ambiciones. Se llamaba Martín y vivía en Lomas de Zamora. Su padre, Rodolfo, trabajaba en la Junta Nacional de Carnes. Su madre, Loreley, era docente.

El joven Martín llegó en 2003 a ser concejal del municipio. En 2007 renunció a su banca para asumir como secretario privado del intendente. Ahí se transformó en la mano derecha del jefe comunal y comenzó a entender cómo funcionaba todo: el juego clandestino, La Salada, los trapitos, la barra de los Andes, la barra de Temperley, la barra de Banfield, la prostitución.

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Y de pronto, en 2009, le llegó su momento.

No paró más. Un consultor de comunicación se acercó al joven Martín y le dijo: “Si querés triunfar, tenés que ser famoso. Y para ser famoso, tenés que salir con una famosa.” A partir de ahí, empezó a salir con Florencia Peña.

En el comando de campaña de Insaurralde, sin embargo, se dieron cuenta de que Florencia Peña no funcionaba. Entonces fueron a buscar a una todavía más popular, más famosa, más rimbombante. Y apareció Jesica Cirio.

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Mal no les fue. Terminaron en una casa con doble lote de 6.000 metros cuadrados, con ocho ambientes, pileta climatizada, gimnasio privado, sauna y cancha de fútbol. Y en esa casa se les ocurrió guardar, en el vestidor del joven Martín, varios millones de dólares en efectivo.

Esto es el kirchnerismo. El socialismo de placard.

Odian Gucci, pero compran Gucci. Odian Tiffany, pero compran Tiffany. Odian Apple, pero todos se compran el iPhone 17. Odian las prepagas, pero todos tienen OSDE 410 y van al Otamendi. Odian Miami, pero todos tienen un piso en Miami. Odian Buenos Aires, pero viven en Recoleta y en Puerto Madero. Odian los dólares, pero todos tienen una millonada en dólares crocantes.

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Cristina Kirchner. (Foto: Agustina Ribó / TN)

Florencia Peña tenía cinco millones de dólares en una caja de seguridad. El hijo de Lázaro Báez contaba millones en La Rosadita. El Chiqui Tapia y Toviggino contaban dólares en la oficina de Juan Pablo Beacon. José López escondía los dólares en un convento de General Rodríguez. Milagro Sala se guardaba los dólares en un banco de Jujuy. Y Martín Insaurralde guardaba millones de dólares en el vestidor de su casa de Lomas de Zamora.

Siempre lo dijimos: el kirchnerismo siempre fue, es y será una enorme contradicción moral y material. Tantos años hablando de redistribución del ingreso, pero era al revés: sacándole guita a los pobres para quedársela ellos.

Lomas de Zamora refleja tal vez mejor que nadie esa contradicción. Viven 800.000 personas. La mitad es pobre. Cinco de cada diez familias no tiene cloacas. Cuatro de cada diez familias no tiene red de gas.

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Mientras tanto, el matrimonio Insaurralde-Cirio acumuló una mansión de 6.000 m², un Audi Q3, una Mercedes Benz GLC, un piso en Las Cañitas, un piso en Puerto Madero, y más de cien viajes alrededor del mundo.

Lo llamativo de estas cosas es que algunas mujeres nunca ven nada. Jelinek no vio nada de Faripa. Calabró no vio nada del Rossi. Fabiola no vio nada de Alberto. Lozano no vio nada del Corcho. Cirio no vio nada de Insaurralde. Wanda no vio nada de Migueles. Y de golpe apareció Jesica mostrando los dólares en los cajones.

Ahora bien: ¿por qué nadie toca a Martín Insaurralde? Básicamente porque integra el selecto club de los intocables. ¿Cómo se hace para ser un intocable en Argentina? Debiendo favores. El señor Insaurralde está blindado porque sus contactos le temen: el juego —Angelici, Mautone, etcétera—, los medios, la justicia, la policía bonaerense, La Salada, la política.

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Hay que ver cómo la política fue protegiendo a Insaurralde con el correr de los años. Massa lo defendió. Y CFK dijo aquella hermosa frase: “Martín es un modelo de vida. Cuando tenés una buena vida privada, podés hacer una buena vida pública.”

Esto es el kirchnerismo. Y así gobiernan la provincia de Buenos Aires hace 40 años.

Vos te mojás y te inundás, pero Cristina tiene techito. Vos te morís de hambre, pero Insaurralde come langosta en Marbella. Vos no llegás a fin de mes, pero a Sofía Clerici le regalan un Rolex de 10.000 dólares. Vos vas al Hospital El Cruce de Florencio Varela, pero Mayra Mendoza se atiende en el Hospital Austral de Pilar.

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Participó de la marcha la exintendenta de Quilmes y legisladora provincial de La Cámpora, Mayra Mendoza. (Foto: La Cámpora)
Participó de la marcha la exintendenta de Quilmes y legisladora provincial de La Cámpora, Mayra Mendoza. (Foto: La Cámpora)

No está mal que vivan bien. Lo que está mal es que hace 25 años viven castigando a la gente por querer vivir mejor. Lo que está mal es que hace 25 años nos bajan un discurso de pobrismo, de culpa, de miseria y de hambre.

Pero vamos al centro de la cuestión: ¿de dónde sacó los dólares Insaurralde? ¿Cómo hizo para guardar millones de dólares en ese vestidor? Toda su vida vivió del Estado: concejal por Lomas en 2003, secretario privado del intendente en 2007, intendente de Lomas de Zamora en 2009, diputado nacional en 2014, jefe de Gabinete de la Provincia en 2021. Veinte años viviendo del Estado. Cero sector privado. CUIL virgen.

Tal vez la explicación la dio alguna vez Jorge Castillo, el Rey de La Salada: “Insaurralde levantaba la guita del juego clandestino.” ¿Explicará esto un poco mejor el nivel de vida de Insaurralde?

Cuidado: sería un error enorme simplificar la matriz de corrupción kirchnerista en una sola persona. Insaurralde es la punta del iceberg de un sistema tremendamente corrupto: empresarios corruptos, sindicalistas corruptos, políticos corruptos, jueces corruptos, presentadores de la televisión funcionales, periodistas funcionales.

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Queda nuevamente demostrado que la pobreza es funcional al kirchnerismo. Te quieren y te necesitan pobre, burro y sometido. Lomas de Zamora tiene 400 villas. Cuartel Quinto, Fiorito, Ingeniero Budge: todos funcionales al kirchnerismo. Cuanto más pobre y menos preparada esté la sociedad, mejor para ellos.

Peor que un corrupto es una sociedad dormida, callada, anestesiada, apática, que mira para otro lado ante la corrupción. Peor que un bandido es un ignorante al que no le importa que lo roben.

Opiniones libres, hechos sagrados.

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Martín Insaurralde, Jesica Cirio, Kirchnerismo

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