Con el impulso del jefe de Gobierno, Jorge Macri, la Legislatura porteña aprobó ayer una reforma del Código Contravencional para endurecer las sanciones contra cuidacoches y limpiavidrios. También habilitará detenciones, con penas que van desde los 10 días hasta los 2 meses de cárcel, aumento de multas y sanciones para clubes y organizaciones vinculados con esas prácticas.

“Si sos trapito, te meto preso. Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien. Ley y orden”, celebró Macri en sus cuentas de redes sociales, tras lograr la sanción de la norma.

Con un video con imágenes alusivas a los cuidacoches y testimonios de personas afectadas, el alcalde porteño se diferenció de las gestiones anteriores, que habían establecido solo sanciones económicas para los trapitos.

“Dejaron que esta mafia se apropiara de las calles. Dejaron que una banda de extorsionadores decidiera dónde podías estacionar. Ya no hay más advertencia. ¿Sos trapito? Te meto preso», expresó en la secuencia audiovisual.

La Ley 6961 amplía las facultades de control del Gobierno porteño y de la Policía de la Ciudad, que podrá detener a quienes se apropien del espacio público y extorsionen a vecinos durante eventos masivos o en la vía pública. La reforma, que contó con 36 votos afirmativos, se consensuó con legisladores de distintas fuerzas políticas.

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se registraron 13.149 contravenciones vinculadas con estas prácticas. Hasta ahora, las sanciones se limitaban a multas que Jorge Macri consideró “incobrables”: “¿Cuánto le importa una multa a un trapito? Se le ríen en la cara a la Policía”. El jefe de Gobierno sostuvo la nueva norma implica “tolerancia cero” contra esa práctica.

El texto de la ley explica que el esquema de penalizaciones económicas vigente era insuficiente. La baja entidad de las sanciones favorecía la repetición de la conducta y minaba la convivencia urbana. Ahora, se distingue entre infractores ocasionales y quienes organizan o coordinan el cobro ilegal, además de establecer agravantes para casos de intimidación, vulnerabilidad o persistencia.

Qué penas prevé la reforma

El nuevo régimen establece penas diferenciadas según el tipo de infracción y el contexto en que se cometa. En eventos masivos, cuando se demuestre organización previa o existencia de bandas, la detención será de 20 a 50 días. Para quienes cuiden coches de manera ilegal en cualquier calle, la detención será de 10 a 30 días. Los jefes, organizadores o promotores podrán recibir hasta 60 días de cárcel.

Las penas se duplicarán en situaciones de violencia, acoso o cuando se aproveche la vulnerabilidad del conductor o el entorno. El artículo 1 estipula que, si la conducta incluye intimidación, persistencia o desigualdad de género, la sanción se duplicará respecto de los mínimos y máximos previstos.

Los días de trabajo comunitario se amplían de dos a 20 a 45 días, mientras que las multas pasan de un rango de $50.000 a $285.000 a partir de $1.139.988 (de 1.200 a 7.000 UF).

El juez interviniente que intervenga en una detención tendrá que poner en conocimiento de los infractores la oferta de programas de asistencia a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, o el organismo a cargo. Pero también refuerzan una línea dura: quienes lideren o promuevan la actividad podrán ser excluidos de los programas estatales por dos años, en un intento de desalentar la repetición.

Alcance sobre eventos y clubes

La prohibición y las nuevas penas se aplicarán a cualquier evento realizado en la Ciudad, no solo a los deportivos o artísticos masivos. El área de control se amplía hasta 50 cuadras a la redonda del evento, y el horario de prohibición se extiende desde seis horas antes del inicio hasta tres horas después del final.

Si se comprueba la participación directa o indirecta de integrantes de clubes, instituciones u organizadores en la actividad ilegal, el Gobierno de la Ciudad podrá duplicar las multas, que pasarán de 10.000 UF a 20.000 UF (de $10 millones a $20 millones aproximadamente). Las clausuras preventivas subirán a un máximo de 90 días, frente a los 30 días previos.

La reforma parte del diagnóstico de que el fenómeno del “trapito” dejó de ser un “mero ofrecimiento informal”. Según lo aprobado, en muchas ocasiones la conducta involucra presión o intimidación directa. De esta manera, los conductores se ven forzados a pagar para evitar conflictos o represalias, en zonas que llegan a funcionar como “territorios” tomados por quienes ejercen el rol de cuidacoches.

La defensa de Cristina Kirchner presentó un recurso de apelación ante Casación contra las restricciones impuestas a su régimen de prisión domiciliaria en la causa Vialidad.

A través de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, la expresidenta argumentó que la limitación a las visitas carece de sustento porque ningún vecino del edificio de San José 1111 se quejó. También sostuvo que la tobillera electrónica reviste carácter excepcional.

El recurso busca revertir la resolución del juez Rodrigo Giménez Uriburu, que rechazó los pedidos de flexibilización solicitados con anterioridad.

En el documento presentado ante la Justicia, la defensa afirmó que la resolución incurrió en arbitrariedad. Respecto de las visitas, se remarcó que el argumento central del juez, que fue preservar la tranquilidad del barrio, “carece de sustento empírico” porque no existen quejas de vecinos.

En esa línea, se cuestionó la limitación del uso de la terraza por considerar que no se explicó cómo una flexibilización afectaría la convivencia.

La defensa destacó la “conducta irreprochable” de la expresidenta durante el primer año de detención y recordó que el régimen se endureció tras una visita de un grupo de economistas el 17 de noviembre pasado, mientras que el estricto cumplimiento de las obligaciones no generó beneficios.

Sobre la tobillera electrónica, los abogados citaron un relevamiento del Consejo de la Magistratura que demuestra que su uso es de “carácter excepcional”. Sostienen que las condiciones impuestas revisten “una severidad que no guarda correspondencia con el tratamiento dispensado a la mayoría de las personas en prisión domiciliaria” y que no existe riesgo de fuga que justifique el dispositivo.

La Justicia ratificó la prisión domiciliaria

La apelación fue presentada un día después de que el Tribunal Oral Federal 2 resolvió mantener la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, al considerar que cumplió de forma adecuada las condiciones fijadas.

Según la resolución, los reportes de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) correspondientes a abril, mayo y junio evidencian una “actitud de colaboración y buena predisposición” por parte de la expresidenta.

“Se constató una actitud de colaboración y buena predisposición por parte de Fernández de Kirchner, con trato cordial y respetuoso. Respecto del vecindario, únicamente en el marco de la visita del día 9 de junio se observaron algunas personas portando banderas, en la vereda, sin que se verificasen circunstancias dignas de mención», se lee en el fallo.

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Los controles verificaron el cumplimiento estricto del régimen de visitas mediante la revisión periódica del libro de ingresos y egresos, sin detectar personas no autorizadas en la vivienda.

El tribunal también constató que la CFK permaneció en su domicilio salvo en las salidas previamente autorizadas, entre ellas las comparecencias ante el Tribunal Oral Federal N° 7, para declarar en el juicio por la causa Cuadernos, y los traslados para tratamientos médicos, principalmente odontológicos.

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“Lo mejor que le puede pasar a este chico es irse”, sentenció ante Infobae una fuente del oficialismo en referencia a la situación de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y cuya polémica lleva más de tres meses en la agenda mediática. La definición parece ser solo una expresión de deseo y contrasta con la voluntad manifiesta del presidente Javier Milei, que se niega a correr a su ministro coordinador y se muestra «irascible» con quienes osan sugerirle su remoción.

Tras los tironeos con los aliados y la oposición en el Congreso, el Poder Ejecutivo logró fijar un nuevo plazo de gracia: el jueves 2 de julio, día en el que el jefe de Gabinete aspira a brindar el primer informe de gestión ante la Cámara de Senadores con intención de neutralizar —sin éxito hasta ahora— el avance del pedido de interpelación, que podría tratarse el martes próximo en Diputados.

La semana corta lo tuvo todo. El despegue masivo de los socios del PRO y la UCR, nuevas versiones de renuncia, un potencial uso de licencia y hasta el supuesto ofrecimiento de varias embajadas. Al respecto, varios integrantes del Gabinete sostuvieron que ninguna de las opciones estuvo en carpeta.

En las dos tribus que convergen en el ecosistema libertario coinciden en que el futuro de Adorni —a priori— es otro. “No lo van a echar y tampoco va a renunciar”, precisaron desde uno de los vértices del Triángulo de Hierro ante este medio. “Nunca estuvo planteado que se fuera”, coincidieron del otro. “Son todas operaciones. Salieron con todo”, intentaron neutralizar desde el entorno del afectado.

El mandatario no solo no encuentra motivos para correrlo del cargo, como planteó la senadora Patricia Bullrich, una de las que cuestiona al funcionario, sino que prepara un nuevo gesto de apoyo. El sábado se mostrará con Adorni en la ciudad de Rosario durante el acto por el Día de la Bandera en una nueva foto para la colección en medio de los dardos.

“El Presidente sabe que cualquier reemplazo es peor para él. Primero, porque implicaría menos poder y segundo, porque va a producir peores resultados para el gobierno”, admitió una importante voz con acceso al despacho presidencial. La afirmación alude al lugar que el ex vocero representa en la interna libertaria dado que, pese a responder directamente a Karina Milei, mantiene buena sintonía con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Un hombre que frecuenta la quinta de Olivos reveló ante este medio que, en una oportunidad, intentó abordar el tema con el mandatario, quien se mostró visiblemente molesto. “Lo intenté y no me fue bien. No vuelvo a hacerlo”, admitió al tiempo que justificó el accionar del libertario en su “carácter inflexible”.

“Javier Milei lo banca a muerte. Si la justicia llegara a decir lo contrario, ahí verá, pero hasta acá confía ciegamente en él”, expresó un funcionario en diálogo con Infobae.

El estilo de Milei es otra de las explicaciones que encuentran en el oficialismo para desoir los intentos de los bloques aliados y de algunos propios que reclaman la dimisión del funcionario. “El Presidente es distinto al resto. No le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Va a estirarlo al máximo y realmente esa forma de pensar siempre fue su ficha ganadora”, destacaron desde el entorno del libertario.

“Javier suele hacer cosas contraculturales y esta es una. Cuando todos piden que lo entregue, lo va a sostener porque cree que hay una doble vara de hipocresía en el planteo periodístico y político sobre el tema”, precisaron desde una de las tribus. “No lo va a entregar al sistema. Además, Santiago y Karina tienen al jefe de gabinete que quieren”, expresaron en otra.

Desde la irrupción de la polémica, cuando se detectó en marzo la presencia de Bettina Angeletti en la delegación presidencial que viajó a Nueva York para la Argentina Week, la administración libertaria evitó afrontar crisis y en su lugar, corrió el horizonte. Desde hace meses, el ministro coordinador supera desafíos fijados en los distintos plazos políticos establecidos. En los últimos meses, hizo frente al primer informe de gestión en Diputados, presentó la actualización de su declaración jurada y ahora, se esperanzan con una nueva visita a la Cámara Alta.

En Casa Rosada aseguran que “no hay nada claro”, y pese a que varios actores niegan la chance de una salida anticipada, hay quienes se atreven a no descartar la posibilidad. En paralelo, frente al universo de opciones, una mesa de representantes del Ejecutivo que intenta desarticular los intentos de intimar al jefe de Gabinete en el Congreso.

En medio de las negociaciones, en algunos despachos de Balcarce 50 denuncian que Bullrich exagera posiciones al sostener que las bancadas socias no quieren acompañar al Ejecutivo. “Es más una ansiedad de ella que de los aliados”, garantizó una integrante de la mesa política que se encargó de realizar su propio relevamiento legislativo.

Con el calendario fijado, los legisladores violetas pelean la interpretación del articulo 101 de la Constitución mientras los equipos de la subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales a cargo de Ignacio Devitt, uno de los encargados de negociar con los aliados, trabajan en la elaboración del discurso que el ex vocero dará ante la Cámara Alta y con el que espera conformar a quienes piden su remoción del cargo.

Recluido, pero en funciones, el ex vocero se muestra optimista respecto a la causa, aunque las últimas novedades judiciales volvieron a aumentar la presión política. Tras la filtración de los gastos en ropa de cama y blanquería, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria de su hermano Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas. “No es funcionario del Gobierno”, se jactaban desde la mesa chica.

Pese al complejo escenario, en la administración libertaria se esperanzan con la nueva parada y aspiran a recuperar la iniciativa política tras el informe de gestión. Sin embargo, mientras la Justicia y el Congreso marquen el ritmo de la discusión, Adorni continúa siendo el protagonista de un cuento borgiano, en el que el tiempo no resuelve el conflicto, apenas lo desplaza. Cada plazo cumplido posterga la polémica; ninguno, por ahora, la resuelve.

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