POLITICA
Sturzenegger tiene lista la reforma del mercado de capitales, pero el Gobierno no decidió la fecha para enviarla al Congreso
En el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger ya cerraron los últimos detalles de la reforma del mercado de capitales, uno de los proyectos anticipados por Javier Milei en cadena nacional a fines de julio para “recuperar la profundidad del sistema financiero”. Sin embargo, la iniciativa aguarda el visto bueno de la mesa política, qu8e conduce la estrategia parlamentaria del oficialismo, en un contexto donde toda la agenda legislativa se encuentra “bajo revisión”.
La finalización del texto legislativo, trabajado en conjunto por Sturzenegger, el ministro de Economía, Luis Caputo, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el propio Javier Milei, fue confirmada a TN por un funcionario involucrado en la redacción. “Está lista”, aseguró.
Sin embargo, la misma fuente evitó ponerle fecha al envío de la iniciativa al Congreso: “Los tiempos nunca podés asegurarlos”. Desde el Ministerio de Desregulación coincidieron con esa prudencia y fueron un poco más allá: “No es algo inminente. Falta aún”.
En el Parlamento también dudan de que el tratamiento sea inmediato. “Está toda la agenda en revisión”, señalaron desde la bancada oficialista. En términos prácticos, eso significa que el proyecto podría llegar mañana como dentro de tres meses, dependiendo del contexto de las alianzas con los aliados y el timing político del Gobierno, hoy enfocado en capitalizar los anuncios sobre las Islas Malvinas.
Quien tiene la palabra final sobre la estrategia parlamentaria es la mesa política que conduce la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto a los principales alfiles del Ejecutivo: el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; los primos Eduardo y Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.
Semanas atrás, esta mesa convocó al ministro desregulador para explicar los pormenores de los principales proyectos que diseña en su cartera, con el objetivo de filtrar cuáles contarían con el aval para llegar al Congreso. Esa instancia se incorporó luego del traspié sufrido en el Senado con la Ley de Propiedad Privada —y uno de sus puntos centrales, la Ley de Tierras—, un episodio que despertó quejas y señalamientos contra Sturzenegger por impulsar proyectos muy ambiciosos sin una revisión previa de la conducción política.
“Todavía falta, aún no la vimos”, afirmó a TN un integrante de la mesa, que relativizó la posibilidad de que el proyecto sea discutido en el recinto próximamente. Sin embargo, con el visto bueno del Presidente, Sturzenegger expuso ante sus pares este lunes durante la reunión de gabinete los principales puntos de la iniciativa, que semanas atrás había sido presentada por el propio Milei.
Qué se sabe de la reforma del mercado de capitales que prepara el Gobierno
“Vamos a impulsar un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales que modificará varias leyes con una misma idea: correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quien quiere producir”, había anunciado el Presidente en cadena nacional el 31 de julio.
En su discurso, Milei precisó dos frentes concretos contemplados en la iniciativa. Por un lado, la emisión de deuda corporativa en otras denominaciones. “El mercado de bonos corporativos. Ahora permitiremos su emisión en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida”, adelantó.
Por el otro, una flexibilización del financiamiento colectivo, al que calificó de sobrerregulado: “El financiamiento colectivo, que en el mundo funciona hace años, acá una ley que nadie pidió lo llenó de requisitos y lo destruyó. Quince años perdidos y ahora lo vamos a destrabar”.
Mientras el proyecto de ley sigue a la espera, el Gobierno buscó avanzar por vía administrativa con desregulaciones en distintos aspectos del mercado. En junio, la Comisión Nacional de Valores amplió el régimen de autorización automática para la emisión de instrumentos financieros y eliminó el paso previo por el organismo para la mayoría de las emisiones de deuda, acciones y fondos. En ese sentido, Sturzenegger sumó un nuevo capítulo a esa lista y celebró la última resolución de la CNV que redujo a menos de la mitad la normativa aplicable a las calificadoras de riesgo en busca de tener “más flexibilidad para operar, bajar la carga burocrática y permitir sumar actividades complementarias”.
Leé también: Milei definió que enviará el proyecto por Malvinas a Diputados y sumará a Quirno y al ministro de Defensa a la mesa política
En el mismo posteo, el ministro vinculó esa desregulación con un objetivo más amplio: atraer los cientos de miles de millones de dólares” que los argentinos mantienen depositados en el exterior. En referencia a esto escribió: “Solo cuando el mercado de capitales locales tenga la flexibilidad y agilidad para competir y ofrecer instrumentos seguros, vamos a poder repatriar esos fondos y desarrollar el mercado local”. Y aseguró: “La solución no es andar cambiando las reglas de juego cuando alguien toma una mala decisión, sino todo lo contrario, definir pocas reglas que sabemos que se cumplen siempre. De eso se trata el esquema de libertad y derechos de propiedad que propone el presidente Javier Milei”.
Federico Sturzenegger, Mercado de Capitales, Congreso
POLITICA
Paro del subte: Jorge Macri apoyó la detención de los metrodelegados e intimó a garantizar el servicio – Nexofin
Tras la detención de dos metrodelegados por la Policía de la Ciudad que derivó en una interrupción gremial de todas las líneas de Subte y premetro, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, salió a respaldar los arrestos bajo orden judicial.
“En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple”, enfatizó. En ese sentido, Macri resaltó que no va a aceptar “extorsiones mafiosas” y que quienes interrumpan un servicio esencial “van presos, sin vueltas”.
Los metrodelegados interrumpieron las líneas de Subte y Premetro: todos los detalles
Jorge Macri insistió en que no va a permitir que “les jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”, sobre los metrodelegados.
La advertencia del Gobierno porteño
Desde el Gobierno porteño intimaron al gremio que nuclea a los trabajadores del Subte y premetro a que retomen del servicio en aras de garantizar, por lo menos, la guardia mínima del 50%.
Asimismo, explicaron que la detención de los metrodelegados responde a una acción por parte de trabajadores de la línea B que consistió en liberar el paso de los usuarios, en lo que se habría tratado de una medida de fuerza.
Ello activó el accionar de la Policía, a lo que se sumaron dos metrodelegados, que terminaron con una orden de arresto junto al que liberó los molinetes.
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POLITICA
Torrendell defendió la política educativa en Diputados y cuestionó cómo las universidades gastan sus recursos
En plena disputa por el financiamiento de las universidades nacionales, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió la política presupuestaria y puso bajo la lupa la administración de los recursos del sistema.
Durante su exposición en el Congreso, el funcionario del Ministerio de Capital Humano cuestionó las cifras de matrícula informadas por las casas de estudio, advirtió sobre los bajos índices de graduación y aseguró que el costo fiscal por cada graduado ronda los $80 millones.
“La autonomía no está en discusión; lo que exigimos es gestión responsable y transparencia”, afirmó el secretario, que responde a la ministra Sandra Pettovello. Su presentación se inscribió en la defensa del proyecto de presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, que contempla transferencias a las universidades nacionales por $7,7 billones, frente a los $11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La semana pasada se realizó la quinta marcha universitaria que concentró manifestantes en las inmediaciones del Congreso para reclamar el cumplimiento de la ley de presupuesto universitario.
Hoy, la administración libertaria celebró una decisión judicial que no resuelve la cuestión de fondo, pero le da aire en su puja fiscal con las universidades. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a dos recursos de queja del Estado y habilitó la revisión de resoluciones del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, que obligaron al gobierno a cumplir con la actualización de salarios y becas universitarias, y hasta multó económicamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no cumplir la cautelar.
La Cámara deberá determinar si corresponde ratificar ese fallo. Las resoluciones fueron firmadas por los camaristas José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán.
Para rebatir los cuestionamientos sobre el financiamiento, Torrendell sostuvo que las universidades representarán el 3,88% del gasto total de la administración pública nacional en 2027, frente al 3,52% de 2025 y un promedio del 3,81% durante las últimas dos décadas. “Dentro del presupuesto nacional, las universidades no perdieron lugar, lo ganaron”, afirmó.
Uno de los ejes de su exposición fue el costo de funcionamiento del sistema. Según los cálculos que presentó, cada graduado representa un costo fiscal consolidado de aproximadamente $80 millones, mientras que las universidades reciben, en promedio, $12,4 millones anuales por estudiante equivalente a tiempo completo.
Las diferencias entre instituciones también quedaron bajo la lupa. Torrendell aseguró que ocho universidades reciben más del doble del promedio nacional y mencionó los casos de Tierra del Fuego, Patagonia, San Juan Bosco y Chilecito, donde la asignación alcanza o supera los $37 millones por estudiante equivalente. “Son diferencias que nadie ha explicado y que la sociedad que la financia merece conocer”, cuestionó.
El funcionario también objetó la manera en que se contabiliza la matrícula. Según los registros de 2024 que presentó, las universidades nacionales informaron 1.972.000 estudiantes de pregrado y grado, aunque solo 881.000 aprobaron al menos dos materias durante el año. Al aplicar un criterio de equivalencia a tiempo completo, la cifra se reduce a 642.000. Este último indicador mide la dedicación académica y no la cantidad de personas matriculadas.
En ese contexto, apuntó directamente contra la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reportó 349.286 estudiantes en el anuario estadístico oficial, frente a los 105.391 informados a la consultora QS para su ranking internacional. “Una misma universidad no puede tener dos cifras según quién pregunte”, afirmó. La comparación, sin embargo, requiere precisar si ambos relevamientos utilizan los mismos criterios.
Torrendell también cuestionó los índices de abandono y graduación. Afirmó que el 44,5% de los ingresantes a universidades estatales abandona sus estudios al término del primer año y que apenas el 18,7% se gradúa dentro del tiempo teórico de la carrera, frente al 40,8% registrado en las instituciones privadas. “De cada 10 estudiantes que entran a una universidad estatal, menos de dos se reciben en tiempo y forma”, sintetizó.
La exposición incluyó un cruce con los diputados kirchneristas por la expansión del sistema universitario. Torrendell señaló que, de las 62 universidades nacionales existentes, 26 fueron creadas entre 2003 y 2023, el 42% del total. El dato despertó un aplauso entre los legisladores opositores, al que el funcionario respondió con una crítica: sostuvo que la celebración estaría justificada si esa expansión se hubiera traducido en mejores resultados educativos. “El problema no es multiplicar instituciones sino lograr retención de matrícula, graduación y aprendizaje”, retrucó.
En ese tramo, también citó al papa Francisco para cuestionar una expansión centrada, según su planteo, en “ocupar espacios y presupuesto” en lugar de impulsar procesos orientados a la excelencia y la inclusión universitaria.
El viraje en la política educativa
La defensa del presupuesto universitario formó parte de una exposición más amplia en la que Torrendell cuestionó la distribución del gasto educativo durante las gestiones anteriores. “Se gastó mucho, pero no se gastó en que los chicos realmente aprendieran”, afirmó.
Según explicó, en 2023 el 34,5% de los recursos nacionales destinados a apoyar la educación básica en las provincias se distribuía entre más de 200 programas educativos sin impacto pedagógico evaluado. Otro 20% se destinaba a equipamiento digital y un 21% a incentivos salariales, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que cuestionó por no estar vinculados a mejoras en la enseñanza.
Frente a ese esquema, defendió la concentración de recursos en el Plan Nacional de Alfabetización y Matemática y destacó que el 76,9% de los alumnos de sexto grado alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en lengua en la evaluación Aprender 2025, diez puntos porcentuales más que en 2023, según los datos que presentó.
“No se trata de gastar menos, sino de gastar mejor”, insistió Torrendell, al sintetizar el criterio con el que el Gobierno busca defender su política educativa en medio de la disputa por los recursos.
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En el peor momento en décadas de la relación entre Argentina y Reino Unido, Chile se acerca a Londres y defiende la ruta comercial a Malvinas
En plena escalada entre Buenos Aires y Londres por los recursos petroleros de las Malvinas, y la controversia por la inminente reapertura comercial entre Punta Arenas y las Islas, Chile multiplicó sus gestos de acercamiento con el Reino Unido: el canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió ayer, lunes, en la capital británica con su par Ed Miliband para lanzar una “asociación estratégica” bilateral. Este movimiento se suma a la gira que realizó por el sur chileno el embajador británico en Santiago, David Concar, que incluyó encuentros con autoridades militares, científicas y municipales de la región de Magallanes.
Según se informó de manera oficial, Pérez Mackenna y Miliband repasaron una agenda que abarcó minerales críticos, inversiones, comercio exterior y la situación geopolítica del cono sur. “Chile valora enormemente su larga relación con el Reino Unido. Creo que llegó el momento de elevar nuestra relación a un nuevo nivel de asociación estratégica”, declaró el canciller chileno tras el encuentro.
Una semana antes de que Pérez Mackenna aterrizara en Londres, el embajador Concar ya había desplegado su propia ofensiva diplomática en el extremo sur de Chile. El 13 de octubre arribó a Punta Arenas en lo que la embajada británica describió como su primera visita a Magallanes desde que asumió el cargo.
La agenda no fue protocolar. El diplomático se reunió con el comandante de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, contraalmirante Juan Soto, en un encuentro donde ambas partes repasaron la histórica colaboración naval entre las dos armadas y proyectaron trabajo conjunto en ciencia antártica. También visitó el Instituto Antártico Chileno (INACH), donde conoció las iniciativas de investigación polar que impulsa Santiago, y sostuvo reuniones con la Universidad de Magallanes y el Centro Internacional Cabo de Hornos, con foco en resiliencia climática en el entorno subantártico.
Concar se reunió además con la gobernadora subrogante de la región, Hina Carabante, y con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. En este último encuentro abordó directamente la controversia por el buque Danstar, la embarcación de 72 metros de eslora que la naviera chilena Easter Island planea enviar a las Malvinas con alimentos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos. “Se trata de una iniciativa comercial privada”, sostuvo el embajador británico, según consignó Infobae, al tiempo que evitó entrar en la polémica con Argentina y reiteró la posición de Londres sobre la soberanía del archipiélago y el principio de autodeterminación de sus habitantes.
El telón de fondo de estos acercamientos es el conflicto más agudo entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas desde la guerra de 1982. El 13 de octubre, el gobierno de Javier Milei presentó ante el TIDM, con sede en Hamburgo, una solicitud de medidas provisionales para detener el proyecto Sea Lion, un yacimiento con reservas estimadas en 1.700 millones de barriles de petróleo ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La producción está prevista para 2028.
“Argentina busca preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental e impedir actividades autorizadas unilateral e ilegalmente por el Reino Unido”, señala la solicitud de 49 páginas presentada ante el tribunal.
La respuesta británica fue contundente. Miliband —el mismo canciller que horas después recibiría a su par chileno— calificó las acciones de Buenos Aires como “coerción económica” contra los isleños y anunció nuevas medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales para blindar a empresas británicas frente a las sanciones argentinas. “Los habitantes de las Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente”, afirmó en un comunicado. Cómo señaló Infobae, Londres podría vetar el ingreso de Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la OCDE.
En las semanas previas, la Argentina había intensificado la presión: amenazó con sanciones a las empresas involucradas en Sea Lion, inició causas penales contra sus ejecutivos y accionistas, y anunció planes para una base naval en Tierra del Fuego.
La ruta Punta Arenas-Malvinas
A la disputa petrolera se suma un frente que involucra directamente a Chile. La naviera Easter Island firmó un contrato con la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC) para restablecer una conexión marítima comercial que funcionó durante más de un siglo pero se interrumpió a comienzos de la década de 2010. El primer viaje del Danstar está previsto para noviembre o, a más tardar, principios de diciembre.
La ruta recortaría a la mitad la distancia que hoy recorren las mercancías hacia las islas: unos 900 kilómetros desde Punta Arenas frente a los casi 2.000 desde Montevideo, la única conexión actual con Sudamérica. El buque navegaría por el Estrecho de Magallanes —cuya soberanía corresponde a Chile según el Tratado de Límites de 1881— y no por el paso Drake.
Argentina, sin embargo, mantiene vigente el Decreto 256/2010, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner, que exige autorización previa a todo buque que se proponga navegar entre puertos continentales y las islas o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino.
En este marco, la semana pasada un grupo de diputados peronistas encabezado por el excanciller Santiago Cafiero presentó un proyecto de resolución para citar al embajador de Chile en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte Herrera, ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados.
La iniciativa reclama que el diplomático informe sobre tres ejes: la posición oficial del gobierno de Kast respecto de la apertura de la ruta y su compatibilidad con los compromisos asumidos sobre la cuestión Malvinas; la eventual participación o autorización de autoridades chilenas en la operación; y la posible utilización de la conexión para abastecer proyectos de explotación hidrocarburífera como Sea Lion.
En paralelo, el diputado Guillermo Michel impulsó un proyecto de ley para denunciar el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio de Doble Imposición Fiscal vigentes entre ambos países. “Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse”, argumentó a este medio.
La semana pasada, el biministro de Economía y Minería chileno, Daniel Mas, defendió la ruta comercial. “Nosotros vemos con buenos ojos cualquier comercio de chilenos, y si tiene que ser con las Malvinas, y se puede hacer, que se haga”, sostuvo y calificó la operación como “un negocio entre privados”.
El diputado Nicolás Trotta, en una columna de opinión en Infobae, planteó: “Si Santiago elige el negocio con los usurpadores, debemos estar dispuestos a suspender esas exportaciones y a sancionar a las empresas que abastezcan el saqueo”.
A su vez, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, también se sumó al reclamo con una carta dirigida al embajador Uriarte Herrera en la que expresó “malestar y preocupación” por las actividades comerciales en Punta Arenas vinculadas al archipiélago.
Edward Miliband,Reino Unido,Chile,relaciones bilaterales
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