POLITICA
Sueños Compartidos: piden seis años de prisión para los hermanos Schoklender, De Vido y José López

El proceso que juzga las presuntas irregularidades en el programa de viviendas sociales conocido como Sueños Compartidos, que entre 2006 y 2011 manejó la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, ingresó en la recta final.
El fiscal Diego Velazco pidió en su alegato de este miércoles la pena máxima para todos los involucrados en la presunta maniobra de fraude al Estado: 6 y 4 años de prisión, según corresponda.
El exministro de Planificación Julio De Vido integra el primer grupo junto a José López y Abel Fatala, exsecretario y exsubsecretario de Obras Públicas, y los hermanos Schoklender, apoderados de la fundación que ejecutó el programa de viviendas.
“Fue un hecho de gran corrupción. No por el monto, sino por las estructuras administrativas que estuvieron involucradas, por las personas y funcionarios que estuvieron involucrados y por el tiempo que insumió la maniobra”, dijo el fiscal, que agregó: “La pena de 6 años aparece como escasa para retribuir a la sociedad”.
Sobre los principales funcionarios, dijo: “Todos necesitan de todos. Fatala necesitaba de la autorización de López, que era su superior y a la vez Lopez necesitaba de las instrucciones y de la decisión política del ministro [De Vido], que era su superior”.
Para los exfuncionarios provinciales, Daniel Alfredo Nasif y Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano, el fiscal pidió la pena máxima de 4 años de prisión, por su calidad de partícipes secundarios.
A su vez, solicitó un decomiso de más de 200 millones de pesos, que es el desvío de los fondos detectados “egreso por egreso” por la Auditoría General de la Nación (AGN) y pericias contables desarrolladas en la causa.
El eje de la acusación es que, entre 2008 y 2011, se habrían otorgado de manera irregular convenios para construir viviendas populares, sin licitación, mediante un esquema que involucraba a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación, la Fundación Madres y provincias o municipios.
Para el programa, el Estado destinó alrededor de $1295 millones. De ese total, según la acusación, la Secretaría de Obras Públicas transfirió más de $748 millones y de allí habrían sido sustraídos los $206 millones que pidió decomisar el fiscal, una cifra que representa más del 23% de la financiación.
Acompañado del auxiliar Juan Argibay Molina, Velazco hizo un extenso repaso de la prueba reunida en el juicio. Sostuvo que no hubo circunstancias que hicieran considerar ningún tipo de atenuante para los acusados, ya que todos eran profesionales y gozaban de un buen pasar económico.
“Se ha probado en este debate que se desvío dinero para cuestiones que hacen a las individualidades de los imputados. Que motivó encima que no se pudiera cumplir con el objetivo de hacer las casas o el fin social”, marcó la fiscalía.
En su alegato, Velazco y su equipo describieron un sistema que implicaba una “manipulación de las normas”, un “apagón” en el control estatal, y una trama societaria ligada a los Schoklender para el desvío de fondos.
“El perjuicio patrimonial al Estado [..] se produjo por la salida de dinero del Gobierno nacional a un esquema cuya función económica real era la sustracción en beneficio de los hermanos Schoklender y de sus allegados”, dijo Argibay Molina.
La acusación reconstruyó que dos programas sociales en los que se superponían distintos tipos de financiamientos fueron distorsionados. Uno de ellos estaba destinado a la construcción de viviendas, centros de salud o infraestructura pública y el otro tenía como objetivo el fortalecimiento del empleo, con capacitaciones y una ayuda económica mensual.
Hebe de Bonafini, quien fue presidenta de Madres de Plaza de Mayo y también estaba imputada, falleció en 2022. En las próximas audiencias será el turno de la querella y luego de vendrán los alegatos de las defensas.
Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
El PRO rechazó la sesión especial de la oposición en Diputados: “Forzar debates no los acelera, los entorpece”

El bloque del PRO en la Cámara de Diputados respaldó este martes la estrategia del oficialismo de cara a la sesión especial convocada por la oposición para este miércoles y sostuvo que forzar el tratamiento de los proyectos sobre morosidad y discapacidad “no los acelera”, sino que “los entorpece”.
En un comunicado difundido este martes, la bancada liderada por Cristian Ritondo señaló que las iniciativas incluidas en el temario opositor “ya están siendo trabajadas en las comisiones correspondientes” y que existen cronogramas de trabajo anunciados para avanzar con su tratamiento.
Sobre las iniciativas vinculadas a combatir el crecimiento de la morosidad, el texto del PRO señala que hay más de 50 proyectos en tratamiento y que la Comisión de Finanzas tiene previsto dictaminar el 30 de septiembre. El bloque adelantó que trabajará en una propuesta propia orientada a “dar respuestas concretas”, promover mayor competencia y transparencia, y mejorar las condiciones de acceso al crédito, “sin adoptar medidas que terminen encareciéndolo o restringiéndolo”.
En relación con la emergencia en discapacidad, el comunicado indica que la comisión ya trabaja en los proyectos vinculados al financiamiento del sistema y prevé dictaminar el 23 de septiembre. “Esto no exime al Gobierno de cumplir con la ley vigente, por eso, le pedimos que presente un cronograma claro de pago a los prestadores”, aclara el comunicado.
Qué pide la oposición
La sesión prevista para este miércoles incluye 50 expedientes vinculados a la morosidad familiar, además de la prórroga de la emergencia en discapacidad. El objetivo declarado de los bloques convocantes —Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, entre otros— no es sancionar los proyectos ese mismo día, sino emplazar a las comisiones -obligarlas a reunirse- de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda para que fijen un plazo de dictamen.
Leé también: Malvinas: el Gobierno acelera el proyecto de la Base Naval Integrada y enviará a Quirno y a Presti a Tierra del Fuego
El pedido se apoya en los 133 votos que la oposición logró reunir hace dos semanas, cuando intentó, sin éxito, ampliar sobre tablas el temario de otra sesión. La diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) había cuestionado entonces que el oficialismo ofreciera “un cronograma que llega hasta Navidad”, mientras que Pablo Juliano (Unidos) calificó la propuesta de “tomada de pelo”.
En ese contexto, el PRO ratificó su apoyo a la postura del oficialismo, que busca dilatar el tratamiento de las iniciativas opositores, y remarcó: “Creemos que las soluciones reales se construyen respetando el proceso legislativo y fortaleciendo el trabajo de las comisiones. Forzar instancias sobre debates que ya están en marcha no los acelera, los entorpece”.
PRO, Diputados
POLITICA
Ante la perspectiva de una derrota, el oficialismo dará quorum mañana para debatir discapacidad y morosidad en Diputados

En una maniobra inesperada, el bloque libertario se sumará mañana la sesión especial que la oposición convocó para mañana en la Cámara de Diputados, donde busca avanzar con la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año, y los distintos proyectos vinculados con el endeudamiento y la morosidad de las familias.
De esta manera, el oficialismo habilitaría el quorum al mediodía, en un intento por evitar un golpe político y conservar el control de la agenda, después del anuncio del Presidente sobre la soberanía de las Malvinas.
La decisión comenzó a tomar forma en una reunión parlamentaria de última hora que el bloque comandado por Gabriel Bornoroni convocó en el despacho de Martín Menem, pese a la ausencia del presidente de la Cámara. Participaron la mayoría de los jefes de los bloques aliados, entre ellos los del Pro, la UCR y Argentina Federal, el espacio que reúne a los legisladores salteños y misioneros con llegada directa a sus respectivos gobernadores, Hugo Passalacqua y Gustavo Saénz. No fueron de la partida, Provincias Unidas ni los catamarqueños.
El objetivo: un último intento por desactivar el debate de mañana sobre dos temas que incomodan al Gobierno.
Según precisaron a fuentes que participaron de la reunión, los libertarios, representados por Bornoroni, Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, plantearon que no iban a obstaculizar la sesión de mañana, dado que la oposición más dura ya tendría garantizado el número necesario para habilitar el debate que buscar emplazar a comisiones ambos debates y fijar las fechas de sus dictámenes.
Tal como había anticipado este medio, los bloques críticos ya habían logrado este martes apuntalar la sesión, sobre todo, a través del debate por la discapacidad, un tema por demás que recae sobre los sistemas de salud provinciales.
Como parte de su estrategia, el oficialismo ya había fijado una cronograma de trabajo para las dos iniciativas, bajo el compromiso de unificar los giros de los diversos proyectos de endeudamiento y morosidad y dictaminar ambas iniciativas antes del 30 de septiembre.
En concreto, el oficialismo buscará mañana fijar el 23 de septiembre para dictaminar el proyecto sobre discapacidad y el 30 de septiembre para los de endeudamiento y morosidad. Sin embargo, parte de la oposición desconfía de las intenciones del Gobierno y no descarta que se trate de una maniobra para dilatar el debate hasta la discusión del Presupuesto.
Las dudas quedaron plasmadas esta tarde, cuando la salteña Yolanda Vega abandonó la reunión pocos minutos después de su comienzo. Al salir, remarcó que la maniobra del oficialismo será “de palabra” y que no existe un expediente que respalde el compromiso. La oposición, en cambio, pretendía aprovechar la sesión de mañana para garantizarse el emplazamiento de ambos proyectos, con una semana de diferencia respecto del cronograma planteado por los libertarios.
Es sobre esta cuestión que se anticipa mañana un debate espinoso, con la oposición que convocó la sesión, encarnada en gran medida por Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Provincias Unidas, dispuesta a exigir certezas al oficialismo.
El debate se estima se centrará también sobre la emergencia en Discapacidad, después que el oficialismo anunciara la semana pasada que trabajaba en una iniciativa propia con el aval de la Casa Rosada. Sin embargo, fuentes libertarias desestimaron horas más tarde que se trata de un nuevo proyecto, sino alguna aclaratoria a la ley ya vigente.
Noticia en desarrollo
sesión especial,pic.twitter.com/HifmkVY94l,September 8, 2026,Delfina Galarza,Conforme a
POLITICA
Los esfuerzos del Gobierno para desactivar la sesión por morosidad y discapacidad: las alternativas que analiza

En las vísperas de la jugada opositora en la Cámara de Diputados, a través de la cual buscan obtener dictamen por morosidad y discapacidad, el Gobierno trabajó a contrarreloj para desarticular la sesión, una misión sumamente compleja, por lo que evalúa como posibilidad que el bloque de La Libertad Avanza baje al recinto ante un panorama adverso.
“Son unos irresponsables. Solo quieren hacer su propio circo y sacar ventaja”, se expidió una fuente con despacho en Balcarce 50 que contabilizaba 131 voluntades, lo que habilitaría el quórum para tratar dos temas incómodos para el Poder Ejecutivo.
Con la carta del veto como última posibilidad, en el oficialismo barajan algunas alternativas para suspender el debate. Con respecto a la problemática de la mora en las familias, figuran contraofertas para hacer frente al problema sin afectar el equilibrio fiscal como podría ser presionar a las billeteras y bancos para que clarifiquen el Costo Financiero Total (CFT) a la hora de solicitar un crédito.
“Hay cosas para hacer sin que sea dañino para el Gobierno”, expresó un alfil legislativo ante este medio.
Asimismo, frente al caso de la Ley de Discapacidad, en Balcarce 50 garantizan que cumplen con lo establecido por la Justicia para la aplicación de la normativa y acusan a la oposición de “utilizar banderas de causas nobles para intentar infligir un daño” al Poder Ejecutivo.
Una postura similar mantiene el PRO, bloque que había anticipado que no daría quórum, como hace cada vez que no son convocantes, tras sostener que existen más de 50 proyectos en materia de morosidad y reclamar un cronograma de pago a los prestadores. Además, señalaron que la Comisión de Finanzas tiene previsto emitir dictamen el 30 de septiembre, mientras que la de Discapacidad hará lo propio el 23 del mismo mes.
“Los proyectos incluidos en el temario de mañana ya están siendo trabajados en las comisiones correspondientes y se anunciaron cronogramas de trabajo para avanzar con su tratamiento”, expresaron desde el partido amarillo a través de un comunicado de prensa.
Si bien la intención de máxima de la Casa Rosada fue desactivar la sesión, desde el inicio de la jornada sabían que se trataba de una movida compleja, pero prometían intentarlo “hasta último momento”. La posibilidad de dilatar los debates también sobrevoló en varios despachos oficialistas.
Esta mañana, antes de la reunión de mesa política, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, en su despacho como suelen hacer cada martes. También trabaja en la tarea el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

Pese a los esfuerzos de los alfiles legislativos, varios aliados fueron abultando el número que los más optimistas relativizan. “Provincias Unidas bajaría y los que responden a Pullaro también. A hoy, tendrían quórum, pero puede pasar cualquier cosa”, expresó una fuente de la mesa política que se reunió este mediodía en Casa Rosada.
Con el correr de las horas, la estrategia del oficialismo mutó: de intentar sabotear la sesión, pasaron a dejar abierta la puerta a la opción de sentar a sus propios legisladores para “usar a su favor” la habilitación del debate. “Es una posibilidad”, admitió una fuente libertaria a Infobae. La movida sorprendió incluso a los aliados, que habían resuelto no dar quórum.
Tras la nueva composición legislativa, en la administración libertaria aseguran que se encuentran mejor posicionados que en 2025, y ven margen de sobra para sostener potenciales vetos, si los temas lograsen avanzar. “A diferencia del año pasado, tenemos las 95 voluntades necesarias para bancar el veto. Antes no. Eso nos permite pensar una estrategia distinta”, sostuvo un alfil libertario ante este medio.
Entre las filas libertarias, algunas voces desdramatizan el accionar opositor al sostener que se trata de un paso preliminar, que obliga a fijar una fecha para tratar los temas, y aseguran que responde a un movimiento político. “Es un emplazamiento. No es demasiado grave, tratamos el tema en las comisiones. La verdad es que es medio un show”, sostuvo un legislador violeta ante Infobae.
Pese a que la oposición está cerca de su cometido, en la administración libertaria descartan que el abroquelamiento que incluye la participación de varios aliados vaya a repetirse. “Si consiguen el quórum es solo por la popularidad de los temas. La irresponsabilidad no es expansiva. Lo bien que le vendría a la Cámara una renovación”, planteó una fuente oficialista.
Las alarmas se encendieron semanas atrás, cuando en el marco del debate por la reforma del Banco Central en Diputados, la bancada opositora logró impulsar dos apartamientos de reglamento para tratar en el recinto los proyectos mencionados, con 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones. En aquel entonces, un integrante de la mesa política admitía con preocupación que el escenario podría repetirse en futuras sesiones.
South America / Central America,Civil Unrest,Buenos Aires
POLITICA3 días ago1000 días de Milei: los logros, las crisis que lo marcaron y los déficits de su gestión
POLITICA3 días agoMartín Menem dijo que Milei será el primer no peronista en ser reelecto y llamó a invertir más
DEPORTE3 días agoFranco Colapinto largará en el puesto 7 con su Alpine el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

















