POLITICA
Breves reflexiones sobre las modificaciones introducidas al proceso de designación de jueces
a) Introducción
El decreto 467/2026, publicado el 16 de junio pasado en el Boletín Oficial y suscripto por el Presidente de la Nación Javier Milei y por el Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sustituyó parcialmente algunas de las normas de los decretos 222/2003 y 588/2003, modificando el procedimiento de publicación de antecedentes y solicitud de declaraciones juradas de los candidatos a jueces por uno equivalente en sus recaudos sustanciales, pero flexibilizando la instancia adicional de observaciones e impugnaciones ante el propio Poder Ejecutivo.
Conviene precisar, entonces, de manera inicial, que no se trató de una derogación total de los decretos 222/03 y 588/03. El nuevo texto conserva, en lo sustancial, la publicación en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Justicia del nombre y los antecedentes curriculares de quienes se encuentren en consideración, la exigencia de declaración jurada patrimonial y de intereses en los términos de la Ley de Ética de la Función Pública, el informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero sobre cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales, y la elevación de las actuaciones al Senado de la Nación para recabar el acuerdo pertinente.
Lo que el decreto 467/2026 modifica —a través de la derogación puntual de los artículos 3°, 6° y 7° del decreto 222/03 y de los artículos 5°, 6° y 7° del decreto 588/03— es exclusivamente la instancia de impugnaciones y adhesiones ante el Poder Ejecutivo, y la enunciación de un criterio de autoimposición de respeto a la diversidad que se suponía condicionaba la propuesta del Presidente.
Este dato técnico es relevante para el comentario, porque permite sostener, con rigor, que la reforma no desmonta el estándar de publicidad de antecedentes que aquellos decretos instauraron en 2003, sino que sustituye puntualmente el trámite de observaciones ciudadanas ante el PEN por haberse convertido en duplicaciones de instancias ya cubiertas por otros controles, y en pasos que, como se explicará, habían perdido con el tiempo el sentido con el que fueron concebidos.
La publicación del decreto 467/2026 abrió, de todos modos, un debate en distintos ámbitos vinculados al sistema de justicia. La norma fue presentada por sus críticos como una reducción de los estándares de transparencia y de participación ciudadana en el proceso de selección de magistrados.
Sin embargo, y reconociendo de antemano la legitimidad de toda crítica dentro de un sistema democrático y plural como el que nos rige, lo que queremos resaltar en estas líneas es que, de nuestra parte, observamos que los artículos ahora modificados —que en su origen fueron una herramienta central para abrir a la sociedad un proceso históricamente cerrado— hoy ya no cumplían ese rol. Se habían convertido en una instancia redundante, cuyo contenido sustancial la reforma preserva por otras vías más eficaces.
1) Las certezas sobre la legitimidad del decreto 467/2026.
De manera preliminar, y con independencia del juicio de valor que cada uno pueda tener sobre el mérito de la reforma —discusión legítima y que cada uno saldará según su propia perspectiva—, debemos despejar toda duda sobre la legitimidad formal y de origen del nuevo decreto. El propio texto del decreto lo funda con precisión. Señala que los criterios adicionales incorporados por el artículo 3° del decreto 222/03 no se encuentran expresamente previstos en la Constitución Nacional y que su consideración integra el ámbito de apreciación discrecional que corresponde al Poder Ejecutivo al ejercer su facultad de nominación de magistrados.
Es decir, el propio decreto reconoce que los recaudos que el decreto 222/03 le había autoimpuesto en 2003 no tenían fuente constitucional, sino reglamentaria. Por elemental paralelismo de las formas, lo que el Ejecutivo se autoimpuso por decreto puede dejarlo sin efecto por la misma vía. No hay aquí afectación de ninguna potestad de otro poder del Estado, sino la modificación de una autorregulación administrativa dentro del margen de apreciación que le es propio al poder ejecutivo.
2) Qué fue el decreto 222/03.
Para dimensionar el alcance de la reforma hay que recordar el contexto en que aquel decreto fue dictado. En 2003 el proceso de designación de jueces se resolvía con escasa intervención ciudadana y poquísima información pública disponible. Se sabía muy poco sobre quiénes eran los candidatos, cuáles sus antecedentes, su trayectoria o su idoneidad. En ese escenario de opacidad, el decreto 222/03 sancionado por el Presidente Néstor Kirchner fue una herramienta genuina de consolidación democrática. Trajo luz allí donde no la había, instaurando por primera vez la publicación de antecedentes y un período de impugnaciones y observaciones ciudadanas sobre los candidatos propuestos.
3) La pérdida de funcionalidad del mecanismo con el paso del tiempo
Con el decreto ahora derogado se daba una instancia adicional, e inicial, para que quien quisiera pudiera adherir o impugnar a los candidatos propuestos. Se publicaban edictos en diarios de tirada nacional invitando a la sociedad a participar de ese trámite.
Evidentemente, ese mecanismo había quedado anacrónico. En materia de adhesiones, el trámite se había estandarizado y masificado hasta perder todo valor de respaldo genuino. En la práctica los avales pasaron a circular por grupos de mensajería entre personas ajenas al conocimiento real del candidato, firmados sobre modelos prearmados, en un ejercicio puramente formal.
En materia de impugnaciones, ciertamente, ese carril tampoco resultaba ya necesario. Y no lo es porque la plaza pública del siglo XXI no son los diarios ni los expedientes del Ministerio de Justicia. Son las redes sociales, es el acceso instantáneo que hoy tiene la población a la información.
Debe señalarse aquí que la información, en materia judicial, es hoy sustancialmente mayor a la de 2003. A lo largo de las décadas que siguieron a ese 2003, el Poder Judicial de la Nación, gracias a la gestión impulsada desde la propia Corte Suprema, vivió una verdadera revolución comunicacional y de gobierno abierto. La gente sabe hoy quiénes son los jueces y qué han hecho, con un nivel de detalle que a principios de ese siglo –cuando dictaron los decretos ahora renovados- era impensado.
La publicidad, entonces, está garantizada por otras vías, más eficaces y más inmediatas que los edictos o las adhesiones e impugnaciones formales de aquel entonces. Si existen razones para impugnar a un candidato, esa impugnación se hace igual, y mucho más rápido que a través de los tiempos y pasos administrativos del trámite ahora derogado.
En definitiva, el trámite anterior se había ciertamente burocratizado frente al nuevo estándar de publicidad inmediata que la sociedad pretende. El propio decreto 467/2026 lo explicita en sus fundamentos, al señalar que correspondía actualizar las disposiciones vigentes porque la exigencia de circulación por diarios de tirada nacional ya no respondía a la dinámica actual de la comunicación y de las tecnologías disponibles. El argumento es atendible. El control ciudadano contemporáneo, como dijimos, no se ejerce mediante edictos en la prensa gráfica, sino a través del acceso digital inmediato, y sostener el trámite tal como fue diseñado en 2003 equivalía a mantener una carga formal sin un correlato real en un control social adicional al que ya existe por otras vías, mucho más eficaces.
Era necesario, en definitiva, un sistema más eficiente, despojado de trámites que ya no cumplían una función real, y acorde tanto a los tiempos que corren como a la velocidad con que hoy circula la información. Un procedimiento diseñado para una sociedad sin acceso inmediato a los datos no podía seguir rigiendo, sin ajustes, a una sociedad que hoy accede a esa misma información en cuestión de segundos.
4) El control sustancial permanece en el Senado y en el Consejo de la Magistratura
En el altar de la eficiencia y la modernización no puede sacrificarse la transparencia ni el derecho de la sociedad a conocer quiénes serán sus jueces. Ese principio no admite excepciones ni resulta negociable frente a ningún objetivo de simplificación administrativa, por atendible que este sea. Y lo cierto es que el decreto 467/2026 no implica, en modo alguno, esa clase de sacrificio: lejos de debilitar la transparencia del proceso de selección de magistrados, la reforma se limita a suprimir un trámite que, con el correr de los años, había dejado de ser garantía de nada, precisamente porque la propia sociedad construyó, por otras vías, un estándar de conocimiento público muy superior al que aquel procedimiento podía ofrecer y al que ya garantizan los sistemas de control que prevé la Constitución Nacional.
Nada de esta reforma altera el núcleo duro del sistema constitucional de designación de jueces. El acuerdo del Senado —con mayoría simple para los tribunales inferiores y dos tercios de los miembros presentes para la Corte Suprema, conforme el artículo 99 inciso 4° de la Constitución Nacional— sigue siendo el verdadero filtro político e institucional.
Ese trámite contempla, además, la publicación previa del pliego, la realización de una audiencia pública con el candidato en el seno de la Comisión de Acuerdos e instancias en las que la ciudadanía puede presentar sus observaciones por los canales institucionales previstos. El proceso, entonces, ya cuenta en esta etapa con mecanismos propios y suficientes de participación y control. Y, a rigor de verdad, es en el Senado donde esos filtros terminan produciendo efectos concretos, porque es allí donde, de encontrarse alguna objeción seria respecto del candidato, está la alternativa que la propia Constitución ofrece: no prestar el acuerdo.
Por otro lado, específicamente para los candidatos a tribunales inferiores, el filtro técnico previo sigue a cargo del Consejo de la Magistratura, con examen de oposición, evaluación de antecedentes, impugnaciones cruzadas, entrevista y aprobación de la terna por mayoría de dos tercios del plenario. El decreto 467/2026 no toca ninguno de esos dos controles -tampoco podría-, que son los de base constitucional y legal; lo que suprime es, exclusivamente, la instancia adicional de observaciones ante el propio Poder Ejecutivo y el requisito de diversidad en la integración de las ternas.
5) El criterio de diversidad no desaparece sino que se relocaliza en el órgano constitucionalmente competente para valorarlo
La derogación del requisito de diversidad de género, especialidad y procedencia geográfica como criterio autoimpuesto por el Poder Ejecutivo no implica que esa variable deje de ser relevante, sino que deja de ser una limitación jurídica impuesta al Ejecutivo en el momento de proponer, para pasar a ser el criterio de evaluación política que le corresponde al Senado —y, en su caso, al Consejo de la Magistratura al conformar las ternas— al ponderar al momento de prestar o denegar el acuerdo.
La dificultad de fondo es que la diversidad es un concepto abierto y multidimensional —género, edad, región, orientación sexual, extracción profesional, entre tantas otras—, y no existe un estándar constitucional que pueda imponer al Presidente privilegiar una sola de esas categorías. Fijar por decreto que el presidente debía observar criterios de diversidad como recaudo formal de la nominación no es, a esta altura, buena técnica normativa. La solución institucionalmente más sólida no es limitar al presidente en su facultad de proponer, sino dejar que esa propuesta se someta luego al escrutinio del Senado. Si el cuerpo entiende que no satisface los estándares de diversidad que la sociedad hoy demanda, tiene a su disposición la herramienta constitucional para hacerlo valer, que es negar el acuerdo. El Senado, y no un decreto del propio Ejecutivo, es el juez natural de esa valoración política.
b) Conclusión
En definitiva, la derogación operada por el decreto 467/2026 no debilita ni el estándar de diversidad ni el de conocimiento público sobre los candidatos a magistrados, porque ambos objetivos encuentran hoy un resguardo más robusto que el que ofrecía el trámite derogado. Por un lado, los mecanismos que la Constitución Nacional reserva para este procedimiento, y por otro, y de manera decisiva, la propia plaza pública digital del siglo XXI, que ejerce un escrutinio sobre los candidatos infinitamente más ágil, más masivo y más inmediato que el que en 2003 podía lograrse con edictos en diarios y avales en papel.
Lo que fue una herramienta imprescindible hace más de veinte años, frente a una sociedad sin acceso a la información, hoy resulta redundante. La ciudadanía sabe quiénes son los jueces, de dónde vienen y qué han hecho, no porque un decreto se lo garantice, sino porque las redes sociales, los medios y la propia política de publicidad activa del Poder Judicial construyeron un estándar de acceso a la información judicial que ya no depende de trámites formales para existir. La reforma, entonces, no le resta control a la sociedad; simplemente reconoce que ese control ya no necesita intermediarios ni burocracia para hacerse efectivo.
Transparencia sí; eficiencia sí; diversidad sí; burocracia, no.
*Mariano Borinsky es Juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Abogado especialista en derecho penal. Doctor y Posdoctor en Derecho (UBA) Profesor universitario (UBA, UTDT y UP). Comisionado para la diplomacia judicial del Congreso Judío Latinoamericano.
*Marcos Fernández Ocampo es abogado. Especialista en derecho penal. Docente universitario de grado y posgrado (UCA – USI). Ex Secretario de Cámara Federal de Casación Penal.
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POLITICA
El Gobierno no se muestra preocupado por los gestos de unidad del peronismo y ratifica que Javier Milei compite contra sí mismo
Cuando falta menos de un año para las próximas elecciones, y mientras continúa siendo una incógnita el futuro de las PASO, en el Gobierno comenzó a tomar más fuerza la idea de que el presidente Javier Milei no dependerá de la eliminación de las primarias para lograr su segundo mandato, como así tampoco de los movimientos que hagan sus adversarios, sino que el desempeño en las urnas dependerá exclusivamente de cómo avance su gestión.
En la cúpula de La Libertad Avanza no se mostraron preocupados por la reunión que mantuvieron el viernes Sergio Massa y Cristina Kirchner en San José 1111, aunque el encuentro volvió a alimentar las expectativas de unidad dentro del peronismo de cara a los comicios de 2027.
La visita del ex ministro de Economía a la ex presidenta se produjo en la previa del Día de la Lealtad y en un escenario donde los distintos sectores de la oposición comenzaron a discutir las reglas para definir candidaturas, las posibles alianzas y el lugar que tendrán las PASO en ese esquema.
En el oficialismo interpretan que el PJ necesitará llegar unido a los próximos comicios si pretende competir, ya que consideran que una interna podría dejar expuestas las diferencias que persisten entre el kirchnerismo, el Frente Renovador y el sector que responde al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
“Se les terminó ahora hacer la gran Alberto Fernández. Ya no van a poder engañar a la gente, ni a los suyos ni al electorado que sería capaz de votarlos en caso de que sumen a alguno que pueda prometer algo. Ya no les van a creer nada”, sostuvo a este medio una figura libertaria.
El dirigente desestimó que la cumbre en el departamento de Constitución sea un principio de acuerdo en el PJ y, en cambio, consideró que Massa y Cristina Kirchner “deben estar teniendo esas reuniones solamente para ver cómo se reparten” los lugares en las listas o los eventuales cargos en organismos del Estado.
En este contexto, la eliminación de las PASO continúa entre los objetivos inmediatos del Gobierno, aunque el Poder Ejecutivo todavía no consiguió los respaldos necesarios para aprobar la iniciativa en el Congreso.
En la Casa Rosada admiten que el proyecto requiere un acuerdo más amplio con los bloques dialoguistas y las provincias, en momentos en que parte de esos mismos aliados resulta determinante para el tratamiento del Presupuesto 2027 y otras leyes pendientes.
“El presidente Milei desde el primer día dijo, antes de llegar, que las primarias no habían servido y que hay que eliminarlas. Segundo, dijo que tiene que haber boleta única, y eso lo cumplió”, destacó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante una entrevista televisiva.
El funcionario confió en que, aunque todavía no tiene fecha para su tratamiento en el recinto, la reforma electoral va a ser sancionada, pero también expresó la postura que la Casa Rosada viene queriendo imponer en el último tiempo: “Con o si PASO, vamos a ganar”.
El PRO, por ejemplo, es uno de los espacios que mantiene reparos frente a la intención de suprimir esta herramienta y planteó en distintas oportunidades que, en caso de modificar el sistema, prefiere avanzar hacia un mecanismo optativo antes que eliminarla por completo.
El tema podría volver a surgir este martes, cuando los representantes de esa fuerza política vuelvan a ser recibidos por sus pares de LLA en Balcarce 50 para continuar negociando un eventual acuerdo en todo el país, de cara al 2027.
Será el primer encuentro entre las dos partes desde el 24 de septiembre, después de algunas semanas de cierta tensión por las diferencias sobre discapacidad y la coordinación parlamentaria, pero principalmente en torno a la estrategia electoral en cada distrito.
La reunión tendrá como protagonistas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a Martín y Eduardo Menem, por el lado de los libertarios, y a los dirigentes macristas Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, en un momento en el que ambos buscan recomponer el vínculo.
Más allá de las dificultades para modificar las reglas electorales, en la cúpula de LLA relativizan el impacto que puede tener la continuidad de las PASO sobre las aspiraciones del Presidente de alcanzar su segundo mandato.
Tal como anticipó Infobae, dentro de La Libertad Avanza sostienen que la discusión “no es algo que realmente les quite el sueño”, porque consideran que se trata de “una herramienta que ni siquiera al peronismo le sirve en este momento”.
La lectura del oficialismo es que, aun si se mantienen las primarias, Milei no tendría un rival fuerte en los otros espacios y que su desempeño dependerá, principalmente, de la evaluación que haga el electorado sobre la gestión y sobre todo del rumbo de la economía.
“Javier compite contra sí mismo”, repiten cerca de la mesa política, donde consideran que el desafío central será sostener el respaldo que le permitió al libertario imponerse en 2023 y llegar a las elecciones de 2027 con una oferta unificada.
En paralelo a estas negociaciones y los acuerdos legislativos, La Libertad Avanza busca consolidar su estructura partidaria y mostrar presencia en distintos puntos del país.
En este sentido, el oficialismo nacional realizó este viernes su primer Congreso de Juventud en la ciudad de Buenos Aires, con más de 1.000 asistentes en el Teatro Gran Rivadavia, bajo el lema “Muchos frentes, un solo objetivo”.
La actividad formó parte de una serie de encuentros que ya llevó adelante en territorio bonaerense y en Tierra del Fuego, Chaco, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Mendoza. En la última de estas provincias habló Luis Petri, que pretende ser el candidato violeta a gobernador.
La intención de estos eventos es fortalecer la organización, formar nuevos dirigentes y ampliar la participación de los jóvenes dentro del partido que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que tiene a los Menem como armadores.
Este lunes, en tanto, se realizará en Avellaneda el primer Encuentro Provincial de Concejales Bonaerenses, en el que más de 400 ediles, coordinadores seccionales y autoridades partidarias participarán de la jornada, que estará encabezada por el presidente del espacio en la provincia, Sebastián Pareja, y uno de los apoderados, Alejandro Carrancio.
En el análisis que hace la Casa Rosada de la situación política del país, el peronismo enfrenta una situación compleja: creen que la oposición necesitará ordenar sus liderazgos y definir una candidatura común para evitar una dispersión de votos entre los distintos sectores.
La reunión entre Massa y Cristina Kirchner fue leída en ese marco, como parte de las conversaciones que el peronismo deberá sostener para resolver su estrategia electoral. En el Gobierno no descartan que haya más gestos de acercamiento, pero sostienen que esas señales no modifican, por el momento, sus cálculos sobre la competencia del año próximo.
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POLITICA
El Gobierno postergó hasta diciembre la puesta en marcha de los Fondos de Asistencia Laboral
El Gobierno postergó hasta el 1° de diciembre la entrada en vigencia de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), creados para cubrir obligaciones de los empleadores cuando finaliza una relación laboral. La medida se oficializó este martes mediante el decreto 1228/2026, publicado en el Boletín Oficial, que también amplió de seis a doce meses el plazo mínimo durante el cual cada empleador debe realizar aportes antes de poder utilizar los recursos del fondo.
Se trata de una nueva prórroga del régimen establecido por la Ley de Modernización Laboral. La fecha original de inicio era el 1 de junio de este año, pero el Gobierno ya la había trasladado hasta el primer día de noviembre. Ahora sumó un mes más, dentro del plazo máximo de seis meses de postergación autorizado por esa ley.
Según los fundamentos de la norma, todavía deben completarse ajustes en los procedimientos y sistemas informáticos necesarios para administrar los fondos. El Ejecutivo señaló que también hace falta realizar pruebas para detectar y corregir posibles errores, inconsistencias o demoras antes de su puesta en funcionamiento.
El pedido de más tiempo fue presentado, a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), por las cámaras que representan a los fondos comunes de inversión, los fideicomisos y los agentes de bolsa. Esas entidades solicitaron tanto la postergación del inicio del régimen como la ampliación del período inicial de acumulación de recursos.
El segundo cambio es la extensión del denominado período de carencia: el tiempo mínimo durante el cual deben acumularse contribuciones antes de que los fondos puedan atender las obligaciones previstas. Ese plazo pasó de seis a doce períodos mensuales.
El cómputo comenzará en el mes en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) registre el ingreso efectivo de la primera contribución del empleador. Desde entonces, deberán cumplirse doce períodos mensuales completos y consecutivos, con los correspondientes pagos.
El Gobierno argumentó que el plazo anterior resultaba insuficiente para reunir los recursos necesarios durante la etapa inicial. Con la ampliación, busca que los fondos cuenten con una base de dinero que les permita afrontar las obligaciones a su cargo y preservar la estabilidad de los mismos.
Los FAL se instrumentarán mediante fondos comunes de inversión abiertos y fideicomisos financieros, bajo la supervisión de la CNV. Su funcionamiento requiere la coordinación del Ministerio de Economía, la Secretaría de Trabajo, Arca y entidades del mercado de capitales, además de proveedores de servicios tecnológicos y operativos.
El régimen alcanzará a los empleadores del sector privado, con las excepciones previstas en la Ley de Modernización Laboral. Quedan excluidas las relaciones laborales del sector público nacional, provincial, de la ciudad de Buenos Aires y municipal.
El decreto lleva las firmas de Javier Milei, Diego Santilli, Sandra Pettovello y Luis Caputo, y entró en vigencia este martes, a partir de su publicación.
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El Capítulo Argentina del Encuentro Mundial de Movimientos Populares se realizará a fines de octubre, días antes del viaje del papa León XIV al país, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre. El evento contará con la presencia de obispos argentinos, la participación especial de la prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, Alessandra Smerilli y dirigentes de los espacios sociales, como la Unión Trabajadores de la economía Popular (UTEP) y de la economía informal.
La actividad se suma al cronograma de preparativos para la visita papal, que atraviesa un momento de expectativa tras la operación a la que fue sometido el Pontífice el 13 de octubre en el Hospital Universitario Gemelli de Roma, donde le extirparon un nódulo pulmonar diagnosticado como un adenocarcinoma en el lóbulo inferior del pulmón derecho.
La organización del Encuentro Mundial de Movimientos Populares antes de una visita papal tiene un antecedente concreto. En enero de 2018, una delegación de 500 trabajadores argentinos viajó a Chile para participar de instancias vinculadas al viaje apostólico de Francisco, que recorrió Santiago, Temuco e Iquique entre el 15 y el 18 de ese mes.
El 18 de enero, al cierre de ese encuentro, los movimientos populares reunidos en Temuco difundieron un comunicado con sus conclusiones. Horas antes, durante la misa por el progreso de los pueblos celebrada en el Aeródromo Maquehue ante alrededor de 200.000 fieles, el papa Francisco había pronunciado una de las frases que marcó aquella gira: “Señor, haznos artesanos de unidad”, en una homilía donde advirtió que “una de las peores amenazas que golpea y golpeará a los suyos y a la humanidad toda será la división y el enfrentamiento, el avasallamiento de unos sobre otros”.
La continuidad del vínculo entre León XIV y los movimientos populares
El encuentro de fines de octubre se inscribe en la continuidad de un vínculo que León XIV ratificó en el V Encuentro Mundial de Movimientos Populares, celebrado en Roma entre el 21 y el 24 de octubre de 2025, su primera reunión mundial con esas organizaciones tras la muerte de Francisco. Ante más de 150 representantes de los cinco continentes, el Pontífice afirmó: “Haciéndome eco de las peticiones de Francisco, hoy digo, tierra, techo y trabajo son derechos sagrados, por los que vale la pena luchar, y quiero que me oigan, que me escuchen decir, ¡estoy con ustedes! ¡Estoy con ustedes!”.
En la declaración final de ese encuentro, titulada “Organizar la esperanza con una alianza frente a la exclusión”, los movimientos populares agradecieron esas palabras y las definieron como “un apoyo de enorme valor para caminar juntos, Iglesia universal y local”, en la construcción de respuestas frente a la exclusión.
En Argentina, esa cercanía ya había generado gestiones concretas. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores enviaron en agosto una carta al cardenal Michael Czerny, entonces prefecto del dicasterio vaticano, con copia a Smerilli, para proponerle a León XIV un encuentro con trabajadores de la economía popular durante su estadía en el país. La nota planteaba tres escenarios posibles: una asamblea sindical, la visita a un centro de reciclado o el recorrido por un barrio popular del conurbano bonaerense. Finalmente, la propuesta no fue tenida en cuenta ya que está previsto la visita de Su Santidad al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown.
La modalidad será un encuentro intimo y a puertas cerradas con los residentes, trabajadores, familiares y personas con discapacidad del Cottolengo.
El rol de Alessandra Smerilli en la antesala del viaje
La participación de Smerilli en el capítulo argentino confirma el peso que ocupa en la relación entre el Vaticano y los movimientos sociales latinoamericanos. La religiosa asumió la prefectura del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral el 1 de septiembre, en sucesión de Czerny, y ya había sido mencionada como interlocutora directa de las organizaciones argentinas en los meses previos a la gira papal.
Semanas atrás, Smerilli había difundido un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Salud Mental en el que llamó a la Iglesia a “comprometerse de manera significativa” en el cuidado de quienes sufren trastornos psíquicos, un eje que también atravesó la agenda personal de León XIV ese mismo mes. El Pontífice dedicó su intención de oración de octubre a la pastoral de la salud mental y, en el videomensaje difundido por la Red Mundial de Oración del Papa, pidió: “Haz que tu Iglesia sea casa abierta, espacio seguro donde todos tengan lugar, comunidad que acompaña y no descarta, que escucha sin juzgar y se acerca sin miedo”.
La incertidumbre por la salud del Papa no modificó los preparativos
La visita a la Argentina se prepara en medio de una expectativa creciente sobre la concreción del viaje papal, que había quedado en suspenso tras el anuncio de la operación quirúrgica. León XIV fue intervenido el 13 de octubre y recibió el alta el sábado 17, luego de cuatro días de internación en el Gemelli.
El cirujano que lo operó, Stefano Margaritora, afirmó que no existen impedimentos clínicos para que el Pontífice, de 71 años, afronte la gira sudamericana y estimó que podría estar “plenamente recuperado” en unos diez días, según informó Vatican News.
Pese a la incertidumbre médica, ninguno de los preparativos para la visita fue suspendido o modificado. La Santa Sede mantuvo el programa de actividades para Uruguay, Argentina y Perú y, el 16 de octubre, confirmó la nómina de periodistas que acompañarán a León XIV en el avión papal.
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ya había designado una comisión nacional encabezada por monseñor Marcelo Colombo para organizar la recepción, con una estructura operativa que incluye a los obispos Raúl Pizarro, Jorge García Cuerva, Jorge Eduardo Scheinig y Alejandro Musolino.
Según el cronograma vigente, León XIV llegaría a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, para un homenaje al general José de San Martín y una ceremonia en la Casa Rosada. El lunes 9 visitaría el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebraría una misa junto al Monumento de los Españoles, además de reunirse con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. El martes 10 viajaría a Córdoba, y el miércoles 11 cerraría su estadía con una misa frente a la Basílica de Luján antes de partir hacia Perú.
El Capítulo Argentina del Encuentro Mundial de Movimientos Populares se ubicará en ese tramo final de preparativos, como una de las instancias que antecederán el contacto directo entre el Papa y los sectores sociales que durante el papado de Francisco mantuvieron un vínculo estrecho con la Santa Sede a través de los sucesivos encuentros mundiales de movimientos populares.
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