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POLITICA

Un blindaje de dólares para el operativo reelección

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La maquinaria del Gobierno concentra su trabajo en un único propósito: la reelección de Javier Milei. Si se examinan esos movimientos aparece un rasgo llamativo: las principales hipótesis defienden como un fenómeno fuera de discusión que Milei ganará los comicios del año que viene. En el peor de los casos, ese designio sólo podría verse contrariado si el Presidente es derrotado por un candidato que garantice igual o mejor que él la continuidad de la actual orientación económica. El optimismo se manifiesta en varios campos. Pero sobre todo en dos: el programa financiero diseñado por el Ministerio de Economía y la ingeniería diseñada por la Casa Rosada para facilitar que los votos de fuerzas que compiten entre sí a nivel provincial confluyan en la fórmula encabezada por Milei.

Es una ley no escrita que cada vez que se acercan las elecciones nacionales los ahorristas e inversores se lanzan a “formar activos externos”. Es el tecnicismo equivalente a “comprar dólares”. El oficialismo actual se ufana de ser distinto de todos los anteriores, en especial en cuestiones económicas. Aun así, sufrió este comportamiento como los que lo precedieron. O aún de un modo más traumático. Antes de los comicios legislativos de 2025 la presión sobre las reservas del Banco Central fue tan fuerte que llegó a contaminar el mercado de bonos: los tenedores de papeles argentinos comenzaron a temer que faltarían dólares para atender sus acreencias. El Gobierno quedó contra las cuerdas y sólo pudo respirar gracias a un auxilio excepcional de Donald Trump, que desembolsó 20.000 millones de dólares para rescatar a su principal aliado sudamericano.

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Con la memoria atrapada en esa experiencia, Luis “Toto” Caputo y su secretario de Finanzas, Federico Furiase, están interesadísimos en demostrar que su gestión está blindada ante el riesgo electoral que plantean las próximas presidenciales. El lunes presentaron el programa financiero oficial para 2026 y 2027. Esa iniciativa es, por sí misma, una novedad. Por primera vez Caputo ofrece una hoja de ruta explícita sobre las necesidades y fuentes del financiamiento oficial. Él siempre ha sido fóbico a ese tipo de ataduras.

Entre todos los datos en los que se sostiene el cálculo del equipo económico, hay dos muy significativos desde el punto de vista político. El primero tiene que ver con la necesidad de hacer frente a los vencimientos previstos para 2027 de bonos emitidos bajo ley local. Representan 4.900 millones de dólares. Una cifra casi equivalente a la que Caputo promete captar emitiendo títulos similares: 5.000 millones de dólares.

Estas previsiones llevan implícita una premisa: desde comienzos de 2027 el mercado en el que se compran y venden esos bonos va a estar tan tranquilo que se podrá resolver ese compromiso sin dificultad. En la suma y resta final, será un rollover. Es decir, prevalecerá la confianza en que la nave se desplazará sin turbulencia alguna.

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El cuadro diseñado por Economía presenta otro detalle tranquilizador. Para pagar la deuda en dólares el Tesoro conseguirá que el Banco Central le venda 4.900 millones de dólares. Esta operación supone algo obvio: que el Central dispondrá de esa suma para atender las necesidades financieras de Hacienda. Dicho de otro modo: en el mercado de cambios reinará la serenidad debido a que los ahorristas o inversores no querrán pasarse de pesos a dólares. Para seguir con la jerga de los especialistas: no habrá “creación de activos externos”.

La lectura política en la que se sostiene el programa financiero presentado por las autoridades es coherente con las afirmaciones habituales de Caputo: no hay posibilidad alguna de que el electorado decida un cambio y prefiera un candidato volcado hacia el populismo económico. En otras palabras, el “riesgo kuka” se ha reducido a cero. Por eso los bonos que vencen serán rescatados con papeles similares que todo el mundo aceptará y por eso al Central le sobrarán divisas para prestar al Tesoro en el momento de pagar la deuda. Esa paz financiera sólo es concebible en dos escenarios: uno en el que la candidatura de Milei resulta invulnerable u otro en el que esa candidatura es desafiada por la de otro dirigente que no inspira duda alguna sobre la continuidad del rumbo actual. Es decir: o Milei marcha hacia una victoria contundente en primera vuelta o Milei deberá enfrentar en un balotaje a alguien tan ortodoxo como él.

El porvenir que vaticina el programa financiero de Caputo descarta, como queda claro, que la política tenga otras ideas. Una de ellas es que prospere una propuesta que tenga afinidades conceptuales con Cristina Kirchner. Por ejemplo, que ella auspicie a un dirigente salido de sus filas, al estilo de Eduardo “Wado” De Pedro, Mariano Recalde o el mismo Máximo Kirchner, y que ese ahijado muestre alguna competitividad. Como es sabido, ese abanderado deberá defender dos consignas que el diputado Kirchner ya sacralizó: “Cristina libre” y “renegociación de la deuda externa”. Si, en cambio, el kirchnerismo acuerda con Axel Kicillof, el gobernador deberá aceptar ese credo. Hasta Sergio Massa, si quiere la bendición de San José 1111, no podrá desafiar el imperativo. Cabe la posibilidad de que Kicillof enfrente a su antigua mentora. Aun en ese caso, todavía no está para nada claro que él esté dispuesto a prometer que va a cumplir con los compromisos financieros asumidos sin reestructurar una moneda.

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Estas posibilidades, que contienen un potencial de intranquilidad para los mercados, no parecen estar contempladas en el programa de Caputo. Al contrario, da la impresión de que los datos que expuso Economía obedecen a la tesis electoral que ya defendió el ministro a comienzos del mes pasado: “Puede haber un shock externo, una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”. Hay que suponer que, si no llega Kicillof, menos lo haría un candidato de La Cámpora. Por lo tanto, ¿hacía falta ofrecer un programa financiero?

El Ministerio de Economía descarta otro peligro, que ya no tiene que ver con la identidad de los rivales sino con la organización del calendario electoral. Una de las grandes novedades que presenta en estos tiempos la vida pública argentina es que la provincia de Buenos Aires comenzó a tomar vida propia. El signo más evidente es que discute su propio cronograma para elegir autoridades, ajeno a del orden nacional. Sucedió el año pasado: los bonaerenses eligieron a sus legisladores el 7 de septiembre. Ganó el peronismo y ese resultado explica, en parte, esa inquietud financiera que pidió una intervención de Trump.

Todavía no está descartado que el año que viene las elecciones de la provincia sean, de nuevo, desdobladas. Es decir, que antes de la elección presidencial se elija al sucesor de Kicillof. ¿Qué impacto tendría en el clima general que esas elecciones las gane alguien del PJ? ¿Cómo asimilarían los inversores una derrota anticipada del oficialismo nacional en el principal distrito del país? El confiado programa financiero de Caputo estaría suponiendo un triunfo del candidato de Milei, lo que a la vez implica imaginar que en territorio bonaerense La Libertad Avanza y Pro irán unidos. En otras palabras: las cuentas de Caputo y Furiase suponen que en 2027 habrá apetito por el peso y apetito por los bonos. Imaginan todo, menos una corrida.

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Esa propuesta financiera del Ministerio de Economía parece tener, sin embargo, un detalle de cautela que corrige este panorama. Está cifrado en tres guioncitos que indican falta de datos. Esos tres guioncitos aparecen, dentro del área de fuentes de financiamiento, en la opción NY law, es decir, bonos emitidos bajo ley de Nueva York. Los casilleros no consignan números. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que aparece esa opción, aunque todavía resulte abstracta. Para sintetizar: es posible que el Gobierno esté pensando en salir al mercado de deuda internacional. ¿Para recaudar qué cantidad de dólares? Guioncitos.

La baja del riesgo país volvería más atractiva esa emisión. Hay expertos que suponen que las calificadoras de riesgo mejorarán el status del país y que ese sería otro empujón hacia el mercado. Aunque desde el martes irrumpió un factor que podría entorpecer esta iniciativa. Ese factor es Trump. La decisión del presidente de los Estados Unidos de, a raíz de nuevos enfrentamientos en el estrecho de Ormuz, desconocer el Memorandum de Entendimiento con Irán y ordenar nuevos ataques sobre bases militares de ese país, vuelve a enrarecer a la economía internacional, sobre todo en los campos energético y financiero.

Para la Argentina y, con especial énfasis, para la administración de Milei, la permanencia de la guerra en Medio Oriente tiene consecuencias importantes. Una es la posibilidad de una suba en la tasa de interés, que encarecería el costo de esos dólares que Economía podría ir a buscar al mercado internacional. En esta instancia hay que considerar otra variable: la del mayor o menor pragmatismo del Presidente. En febrero pasado fue reemplazado el secretario de Finanzas Alejandro Lew a raiz de que Milei se negó a autorizar una emisión de deuda por 5.000 millones de dólares a 10 años a una tasa superior a 9,5%. Los especialistas calculan que hoy la Argentina podría conseguir fondos con una tasa de alrededor del 8,7%. Si la tormenta repuesta por Trump se mantiene y el dinero se vuelve más costoso, ¿el Presidente autorizaría igual esa eventual operación de deuda?

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Las decisiones bélicas de Irán tienen otra proyección sobre la Argentina. Al elevar el precio de los combustibles en los Estados Unidos, vuelve más esquivo un triunfo electoral para los republicanos. Un consenso muy extendido entre los estudiosos de la opinión pública en ese país indica que Trump perderá el control de la Cámara de Representantes y no tiene asegurado retener el del Senado. Quiere decir que, con un Trump debilitado, la posibilidad de que el gobierno libertario pueda recibir, in extremis, un auxilio financiero desde el Norte, se vuelven mucho más pequeñas. El que Washington concedió en septiembre de 2025 ya desató una discusión inconveniente para el benefactor de Milei. Este es el rosario de preguntas que los guioncitos de Caputo todavía no responden.

Quiere decir que el programa elaborado por el ministro y su secretario Furiase se sostiene sobre hipótesis políticas de difícil verificación. Para expresarlo en términos muy generales: ellos pretenden conjurar una posible turbulencia derivada de un riesgo electoral inexistente, porque imaginarían que Milei ya tiene la reelección escriturada. Obtener más recursos para blindar un futuro menos previsible depende de que se atenúen o corrijan el comportamiento geopolítico de Trump y las restricciones financieras de Milei.

Una lógica parecida a la de Caputo al mirar las finanzas del año que viene es la que preside el trabajo de Diego Santilli y su reforma electoral. El jefe de Gabinete negocia dos cambios principales en el sistema. La suspensión de las primarias, por lo menos en su simultaneidad y su obligatoriedad, y la habilitación de listas colectoras. Este segundo cambio permitiría que fuerzas que rivalizan con La Libertad Avanza en las provincias puedan alinear sus listas de senadores y diputados nacionales con la candidatura presidencial de Milei.

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Existe una ilusión óptica en ese nuevo esquema. Es de suponer que Milei ya tiene los votos, que incluso ya tiene las adhesiones de esos aliados partidarios, y sólo necesita una reglamentación para incorporarlos. Como Caputo, Santilli adopta el resultado deseable, la reelección de Milei, como premisa. Tal vez tenga razón.

Sin embargo, lo contante y sonante en la actualidad es que Santilli sólo está inventando un nuevo instrumento que es un arma de doble filo. Los gobernadores peronistas, radicales o independientes, que prometen al jefe de Gabinete unirse a la marcha triunfal de Milei lo hacen en el caso de que esa marcha triunfal se verifique. Y, sobre todo, porque hoy carecen de candidato, lo que es clave en la dirigencia peronista. Sin embargo, si por las razones que fuere, apareciera un rival competitivo que desafíe el triunfo de Milei, Santilli le estará ofreciendo a ese dirigente una herramienta para ordenar y expandir su propio campo.

Mientras el jefe de Gabinete y el ministro de Economía trabajan para la reelección de Milei, Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia, va creando, designando un juez tras otro, una estructura al servicio de Comodoro Py, la corporación a la que pertenecen él y su familia. Para construir ese artefacto de largo plazo debe pagar un precio de mediana duración: despejar de pesadillas judiciales las noches del Presidente y de su hermana Karina. La designación de magistrados es la herramienta principal para armar ese objetivo.

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Una demostración muy elocuente de este juego aparece en la causa $LIBRA, que podría tener involucrados a los dos hermanos. Para que ese expediente desemboque, como está previsto, en la impunidad, el primer servicio llegó desde donde más se lo esperaba: el fiscal Eduardo Taiano. Aterrado siempre ante cualquier enfrentamiento con el poder, Taiano alegó que carecía de recursos técnicos para investigar la sospechosa operación con esa criptomoneda. La semana pasada, como viene informando Hugo Alconada Mon, se agregó el controvertido juez Mariano Martínez de Giorgi, que eliminó a los que habían sido reconocidos como querellantes, incluso por la Cámara Federal.

El argumento de Martínez de Giorgi fue desopilante. Según él, los querellantes no pueden querellar porque no quedó probado todavía que haya habido fraude. Es obvio que, para que eso quede probado, debería terminar el juicio. Salvo que se adopte la solución de De Giorgi: que los querellantes lo reemplacen a él y prueben que el delito que se investiga se consumó.

Es posible que con apenas una pizca de sinceridad Martínez de Giorgi podría haber reemplazado ese argumento por este otro: no debe haber querellantes que aporten pruebas o exijan medidas porque mi esposa, Ana María Juan, acaba de ser designada jueza federal de Hurlingham por el Presidente, que es a quien yo debería investigar. Es una broma, claro. Pero hay algo cierto: Milei designó a la esposa de un juez que tiene entre manos una causa que no lo deja dormir.

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El otro aporte de Mahiques a la tranquilidad de los Milei es el armado de la Cámara Federal. Es decir, del tribunal que debe revisar todos los pronunciamientos de primera instancia en los casos de corrupción. Allí el ministro piensa enviar al Senado el pliego de su amigo Pablo Yadarola, quien, como él y como su padre, Carlos Mahiques, compartieron la malhadada excursión a Lago Escondido. Yadaraola obtuvo, por el examen y los antecedentes, el lugar Nº 16 en el concurso 461 del Consejo de la Magistratura. Pero gracias a la entrevista posterior subió 11 posiciones y terminó integrando la primera terna.

El juez penal económico Yadarola ganó celebridad en los últimos tiempos por sus dificultades para detectar quien dio la orden para que Laura Belén Arrieta, quien llegó en el avión del empresario Leonardo Scatturice, pasara más de 10 valijas sin control de la Aduana en el aeroparque metropolitano. El juez alega, como Taiano, limitaciones técnicas. No se le ocurrió convocar a la agente que recibió la orden y preguntarle quién se la impartió. Tal vez escuche lo que se repite hoy en voz baja en la Aduana: que hubo un llamado que se originó en el entonces director José Velis, que se transmitió al entonces director de Comprobación Documental Marcelo Lista, encargado de que se cumpla la excepción. Lista habría sido ascendido el viernes pasado. Habladurías. Ojalá Yadarola no las verifique antes de que lo conviertan en camarista y pierda el cargo. Otra broma.

A pesar de esas sospechosas alteraciones, en Tribunales hay una llamativa coincidencia: más nefasta que la llegada de Yadarola a la Cámara Federal sería la de su competidor Fernando Poviña, entre otras razones, por intereses que hunden sus raíces en la AFA, dada su condición de directivo del Atlético Tucumán. La AFA es el universo social de los Mahiques. Basta recordar que su padre celebró su cumpleaños en la mansión de dos jubilados de Villa Rosa en la que solía descender el helicóptero de Pablo Toviggino.

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Otro camarista sería Pablo Bertuzzi, quien concursó por el cargo que hoy ocupa porque llegó allí por un traslado. Bertuzzi quedó en el puesto Nº 21. Gracias a la entrevista lo promovieron hasta el lugar Nº 7. Es posible que Milei envíe su pliego al Senado. Aunque en la Justicia afirman que demorará. Antes se espera que Bertuzzi convalide como camarista la decisión de Martínez de Giorgi de eliminar a los querellantes de la causa $LIBRA. Es decir: el presidente también tiene en sus manos el destino de unos de los magistrados que decide sobre el caso en el podría estar involucrado.

Bertuzzi aceptó competir por su cargo actual. No adoptó la posición de su colega Leopoldo Bruglia, quien denunció una discriminación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: a él lo desplazan de su cargo actual porque llegó por un traslado, dentro del mismo fuero federal. Pero el padre del ministro, Carlos, también llegó desde otro cargo y, en su caso, desde otro fuero. Sin embargo, no sólo no se lo desplaza sino que se lo propuso para continuar en el cargo de camarista de Casación después de haber cumplido 75 años. La Comisión envió el caso al Ministerio de Justicia para que responda la acusación de Bruglia. Mahiques debe explicar por qué su padre tuvo un privilegio.

Ayer papá Mahiques hizo alarde de su buen francés. Explicó que renunciaría a su “soberanía lingüística” en homenaje a los magistrados franceses que lo escuchaban. Participaba de un encuentro profesional de jueces franceses y argentinos. Como Mahiques intervino vía Zoom, agigantó la leyenda tribunalicia de que está asistiendo a los partidos del Mundial de Fútbol. Hazte fama.

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Más allá de esas minucias, el de Mahiques fue un gesto muy oportuno. La relación con Francia acaba de tener un entredicho originado en Mendoza, cuando la vicegobernadora Hebe Casado describió a la selección de ese país como un “equipo africano”. En la embajada francesa ante la Argentina la declararon persona non grata.




Carlos Pagni,Conforme a

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POLITICA

El Gobierno fortaleció los controles sobre los gastos de los funcionarios para alcanzar más transparencia

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Mediante una resolución publicada en Boletín Oficial, el Gobierno busca darle mayor transparencia al uso de los fondos del Estado para todos aquellas jurisdicciones y entidades que dependan del Poder Ejecutivo Nacional. Es por ello que endureció los límites al uso de efectivo y cheques en el sistema de Fondos Rotatorios del Estado nacional.

Al mismo tiempo, extendió el período de medición del cumplimiento de esas restricciones, que hasta ahora se realizaba cada tres meses.

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La reciente medida, firmada por el secretario de Hacienda, modificó la resolución 276/2018 y estableció que los organismos públicos habilitados para el uso de Tarjetas de Compra Corporativas del Banco de la Nación Argentina deberán reducir el peso de los pagos en efectivo y cheque al 20% del total de sus transacciones por Fondo Rotatorio, dentro de los primeros 180 días corridos desde que recibieron esa habilitación. Pasado ese plazo, el techo cae al 10% y debe mantenerse en ese nivel o por debajo de él.

Con la reciente implementación el Gobierno busca transparentar los gastos del Estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde 2017, la Secretaría, bajo la órbita del Ministerio de Economía, impulsó la adopción de tarjetas prepagas corporativas como herramienta para reemplazar gradualmente los pagos físicos. Un año después, la normativa que se modifica a partir de esta publicación estableció metas trimestrales y sanciones para los organismos que no las cumplieran. La nueva norma extiende ese período de evaluación a seis meses —con revisiones intermedias trimestrales— y reduce los techos permitidos.

Las sanciones para quienes incumplan los límites también fueron actualizadas. Si la diferencia entre el nivel máximo permitido y el uso real de efectivo y cheque es igual o superior a 25 puntos porcentuales, la Tesorería General de la Nación recortará en un 40% el pago de las órdenes de reposición del Fondo Rotatorio o la cuota de pago diaria correspondiente. Si esa diferencia es menor a 25 puntos porcentuales, la reducción será del 20%. Esas restricciones se mantendrán hasta que el organismo alcance los niveles exigidos.

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La misma lleva la firma del secretario de Hacienda Carlos Guberman

La decisión se sustenta en los datos recogidos por la Tesorería General de la Nación, que verificó desde la entrada en vigor de la resolución de 2018 una evolución sostenida hacia el uso de medios electrónicos. Esa tendencia fue la que llevó a la Secretaría de Hacienda a considerar que el sistema ya está en condiciones de soportar metas más estrictas.

Incluso, en el texto elaborado en aquel entonces remarcó la importancia de «consolidar la sustitución de los medios de pago físicos por aquellos que posibiliten la trazabilidad, acrecentando los niveles de transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos». Esta premisa se sostiene en la actualidad.

El régimen de Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas es el mecanismo de excepción que utilizan las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional para afrontar gastos urgentes que no pueden tramitarse por el circuito ordinario de órdenes de pago.

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Qué cambia

La resolución de 2018 había fijado los primeros topes concretos para ese proceso de sustitución. Los organismos que ya contaban con tarjetas corporativas habilitadas debían alcanzar una relación de uso de efectivo y cheque no mayor al 30% del total de sus pagos por Fondo Rotatorio en una primera etapa, y luego reducir ese porcentaje al 20% tras 180 días corridos desde la primera medición. El cumplimiento de esos niveles se controlaba cada tres meses.

La nueva norma endurece ese esquema en forma directa. Elimina el umbral inicial del 30% y fija desde el primer momento un tope del 20% para el uso combinado de efectivo y cheque. Luego de otros 180 días, ese límite baja al 10%, y los organismos deben mantenerse en ese nivel o por debajo de manera permanente. La lógica de fondo es la misma que viene sosteniendo el Estado desde 2017: forzar el uso de la tarjeta corporativa como medio de pago dominante, dejando el efectivo y el cheque como recursos residuales y de última instancia.

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Tras la vuelta de Macri, el PRO acelera su armado electoral y busca presentar 150 candidatos a intendente en todo el país

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El regreso al país del expresidente Mauricio Macri luego del Mundial reactivó al PRO, que ya comienza a delinear su segundo semestre. Este año lo tuvo al fundador del partido muy activo, con el objetivo de fortalecer el espacio rumbo a las elecciones del 2027.

La consigna en este 2026 fue que el PRO tiene que estar preparado para dar el “próximo paso” y ser el garante del cambio. Para ello, Macri encabezó actos en distintos puntos del país como una suerte de arenga para tener candidatos propios en toda la Argentina.

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“El plan es tener 150 candidatos a intendentes en todo el país”, indicó a TN un referente del PRO. Según pudo saber este medio, ya estarían esos nombres, pero serán revelados a su debido momento.

Mauricio Macri encabezó un encuentro de legosladores provinciales del PRO. (Foto: PRO)

Mientras tanto, ya hay agenda tentativa para la próxima gira de Macri por el interior del país: en agosto habrá “Proximo Paso NOA” en Jujuy, con fecha a confirmar. En tanto, en septiembre será el turno de la Patagonia, con lugar a definir.

Leé también: El Gobierno descarta tomar medidas diplomáticas tras las críticas de Lula a Milei y espera que la tensión pierda intensidad

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En el mismo sentido, se reactivarán las reuniones, encuentros, asesorías de parte del partido, la mayoría de ellas bajo la modalidad virtual. La semana que viene habrá capacitaciones a través de la Escuela de Dirigentes del PRO. Al respecto, en los últimos días hubo actividad para concejales y legisladores.

El PRO reactiva su mesa política y define la estrategia política

Con el Mundial ya terminado y el Congreso todavía en receso, el PRO comenzó a reactivar su agenda política. En el partido esperan que Mauricio Macri retome el liderazgo de la mesa chica para empezar a delinear la estrategia de cara a los próximos meses.

Por ahora no hay una fecha confirmada para esa reunión reservada, pero, según pudo saber TN, los principales referentes del espacio aguardan la convocatoria del expresidente. De ese ámbito participan, entre otros, el diputado nacional Fernando De Andreis, la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; la consejera de la Magistratura Jimena de la Torre y el exministro de Transporte Guillermo Dietrich.

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Mauricio Macri junto al diputado Fernando de Andreis y la vicepresidenta del PRO e intendenta Soledad Martínez. (Foto: TN-Agustina Ribó)
Mauricio Macri junto al diputado Fernando de Andreis y la vicepresidenta del PRO e intendenta Soledad Martínez. (Foto: TN-Agustina Ribó)

Uno de los ejes que buscarán definir es la continuidad de los encuentros del ciclo “Próximo Paso”, una serie de actividades encabezadas por Macri con las que el PRO busca fortalecer su presencia territorial. La intención es retomar esas recorridas durante el segundo semestre con actos en distintas provincias y también con algunas actividades en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Otro de los asuntos centrales será la negociación con La Libertad Avanza para una eventual alianza electoral en la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor peso del padrón nacional. En el PRO sostienen que la prioridad es preservar los municipios que hoy gobierna el partido, aunque todavía resta definir cómo avanzarán las conversaciones tanto en el ámbito nacional como en la Ciudad de Buenos Aires, donde las diferencias entre ambos espacios siguen siendo mayores.

En paralelo, en los últimos días comenzó a tomar fuerza dentro del oficialismo la posibilidad de que La Libertad Avanza asuma el control del armado de las listas bonaerenses. El dirigente elegido para llevar adelante esas conversaciones sería el jefe de Gabinete, Diego Santilli, una alternativa que gana consenso por su vínculo con el PRO y el buen diálogo que mantiene con otros sectores políticos, a diferencia del titular libertario en la provincia, Sebastián Pareja.

“Las listas no van a ser puras. Habrá candidatos del PRO, vecinalistas y radicales; es muy difícil que estén integradas por una sola fuerza”, resumió ante TN un dirigente del partido fundado por Mauricio Macri.

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PRO, Mauricio Macri, Elecciones

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Sur Finanzas: cómo sigue la causa, los que faltan declarar y la defensa del ex presidente de Banfield

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El juzgado federal de Lomas de Zamora ingresó en etapa de definiciones en la causa Sur Finanzas, que vincula al financista Maximiliano Ariel Vallejo—amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia— con una presunta red de lavado de activos en el fútbol argentino. El próximo 8 de agosto, una vez finalizada la feria judicial, el juez Luis Armella y la fiscal federal Cecilia Incardona indagarán al último imputado que tiene el expediente, Ignacio Javier Uzquiza, ex tesorero del Club Atlético Banfield durante los años que se cometieron los presuntos delitos que se investigan.

Después de ese acto procesal, la Fiscalía estará en condiciones de emitir su dictamen, que tiene tres posibilidades para la totalidad de los imputados a sobre alguno de ellos:

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  • sobreseerlos, tal como pidieron las defensas;
  • dictar una falta de mérito mientras se buscan más pruebas;
  • o procesarlos.

El último en declarar en indagatoria y presentar un extenso escrito defensivo fue el ex presidente del Club Atlético Banfield Eduardo Juan Spinosa, quien presentó ante el juez federal Luis Armella un extenso descargo en el que solicita su sobreseimiento por inexistencia de delito. A lo largo del texto, cargado de tecnicismos, argumentos jurídicos, presentación de balances y explicaciones de transacciones bancarias, se rechaza punto por punto la fuerte acusación fiscal y sostiene que las operaciones financieras cuestionadas fueron negocios reales, documentados y aprobados por los órganos institucionales del Club.

La causa investiga una serie de contratos celebrados por el Club Atlético Banfield durante la gestión de Spinosa con tres contrapartes: Auriga League S.A., el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y Sur Finanzas Group S.A., firma vinculada a Maximiliano Ariel Vallejos, quien enfrenta una hipótesis penal más amplia sobre actividad financiera irregular. La acusación presentó esas operaciones como una maniobra de vaciamiento. La defensa las describe como decisiones institucionales adoptadas en un contexto de urgencia de liquidez.

El primer eje del descargo apunta contra el método de la Fiscalía. Spinosa sostiene que la acusación tomó “piezas sueltas de una operatoria compleja” y las reconstruyó como si pertenecieran a un esquema clandestino, prescindiendo del contexto económico e institucional en que se desarrollaron. “La imputación formulada parte de una premisa equivocada: supone que los hechos investigados pueden ser interpretados a partir de una lectura aislada de determinados pagos, contratos o instrumentos, y que de esa observación fragmentaria puede inferirse, sin más, la existencia de una maniobra ilícita”, señala el escrito.

Parte del escrito presentado por Spinosa

Es probable que el descargo del ex presidente de Banfield resulte tedioso, pero es la única manera de comprender su defensa, ya que hasta ahora se conocieron los argumentos de los investigadores judiciales.

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El negocio con Auriga y el jugador Urzi

La primera operación cuestionada es el contrato con Auriga League S.A., firmado el 15 de mayo de 2019. Según el descargo, esa firma transfirió efectivamente al Club un total de € 2.000.000 en tres pagos bancarios verificables: € 1.000.000 el 21 de junio, € 500.000 el 24 de junio y € 500.000 el 1 de julio, todos bajo el concepto “Crédito Banfield”. La defensa sostiene que la acusación presentó ese vínculo como un mutuo de restitución lineal e inmediata, cuando la documentación revela una lógica distinta: el mecanismo de recupero era variable y estaba atado a la futura transferencia del jugador Agustín Urzi, por entonces con proyección de venta al exterior.

Según el contrato, Banfield podía cancelar el importe en efectivo o prorrogar el plazo de devolución, transformando la operación en un esquema de participación sobre ingresos derivados del mercado de pases. El acuerdo previó que Auriga percibiría el 30% del importe que recibiera el Club por una eventual transferencia de Urzi. Pero esto no ocurrió. “Desde el instrumento originario la operación aparece documentada como un financiamiento real, bilateral, formalmente instrumentado y dirigido a cubrir necesidades concretas de tesorería del Club, no como una captación informal, simulada o clandestina de fondos”, afirma el escrito.

El fideicomiso: nacido en 2012, aprobado por asamblea

Otro eje de la acusación apunta al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña como una estructura sospechosa utilizada para canalizar recursos. La defensa responde con la historia documental del instrumento: fue constituido el 18 de diciembre de 2012 entre el Club, como fiduciante y fideicomisario, y Banfileños S.A., como fiduciario, y aprobado de manera unánime por asamblea extraordinaria el 10 de mayo de 2013. Desde entonces fue prorrogado sucesivamente, con addendas formales, estados contables propios y aprobaciones asamblearias reiteradas de su gestión.

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El descargo sostiene que el fideicomiso no fue creado para los hechos investigados sino que integraba la arquitectura económica ordinaria de la institución, concebido originalmente para administrar derechos de cobro —incluyendo transferencias de jugadores, derechos de televisación y publicidad— en el marco de un proceso de reordenamiento institucional. “La utilización del fideicomiso no oscurece el circuito; lo explica. No lo aparta de la institucionalidad; lo inserta en ella”, sostiene el escrito.

Eduardo Spinosa, ex presidente del Club Banfield, presentó un descargo en su defensa (Instagram: @ejspinosa)

Los mutuos con Sur Finanzas: tasas altas en un contexto de urgencia

El tramo más sensible de la causa involucra dos contratos de mutuo celebrados entre Banfield y Sur Finanzas Group S.A., firmados por Spinosa, Federico José Spinosa e Ignacio Javier Uzquiza en representación del Club, y por Maximiliano Ariel Vallejo en representación de la empresa. El primero, del 17 de julio de 2023, fue por USD 500.000 con una tasa de interés compensatorio del 3% mensual y vencimiento en una cuota única de USD 590.000 el 17 de enero de 2024. El segundo, del 9 de octubre de 2023, también por USD 500.000, estableció una tasa del 4% mensual y devolución en dos cuotas de USD 280.000 cada una.

La Fiscalía presentó esas tasas como una muestra “palmaria” del esquema de vaciamiento atribuido al conglomerado Sur Finanzas. La defensa rechaza esa lectura con tres argumentos:

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  1. Ambos contratos fueron aprobados previamente por la Comisión Directiva del Club. El primero mediante el Acta N° 5819 del 13 de julio de 2023 y el segundo mediante el Acta N° 5826 del 2 de octubre de 2023.
  2. Se trató de préstamos puente de corto plazo para cubrir necesidades urgentes de caja, con expectativa de cancelación rápida.
  3. La deuda fue posteriormente renegociada por las actuales autoridades del Club, lo que demuestra que no fue una operatoria oculta.

“Ambos mutuos existieron, el dinero fue recibido, la deuda fue posteriormente renegociada por las actuales autoridades del Club y las operaciones fueron exteriorizadas dentro de la documentación institucional correspondiente”, afirma el descargo. Sobre las tasas, la defensa argumenta que “observadas abstractamente, tasas del 3% o 4% mensual en dólares pueden parecer elevadas”, pero que su evaluación debe contemplar el contexto macroeconómico argentino, el carácter privado del financiamiento y la urgencia de liquidez que motivó la operación.

El sponsoreo que sobrevivió al cambio de conducción

La acusación también cuestionó un contrato de patrocinio entre Banfield y sociedades del universo Sur Finanzas, al que presentó como ficticio o carente de ejecución real. La defensa respondió con una oferta de sponsoreo, fechada el 12 de diciembre de 2022, cartulares, facturas y la descripción de prestaciones publicitarias concretas: logo de Sur Finanzas en el back panel de conferencias de prensa, soportes digitales en la sala de prensa, back panel armable para partidos de visitante y pasadas en la pantalla LED del estadio Florencio Sola.

El argumento de la defensa en este punto es cronológico: el 23 de enero de 2025, una conducción distinta a la de Spinosa suscribió un nuevo contrato de sponsoreo con Sur Finanzas, que incluyó el logo de la empresa en el pecho de la camiseta del primer equipo. “Lejos de extinguirse como una operación aislada, personal o meramente instrumental de la gestión anterior, el vínculo de sponsoreo fue revalidado y continuó en el tiempo bajo otra conducción del Club”, menciona el escrito. Para la defensa, ese dato desmorona la hipótesis de una cobertura ficticia diseñada exclusivamente por la gestión de Spinosa.

Luis Armella, juez federal subrogante de Lomas de Zamora, a cargo de la causa Sur Finanzas

La ausencia de dolo como obstáculo insalvable

El argumento jurídico que atraviesa todo el descargo es la ausencia de dolo. La defensa sostiene que la imputación no identifica ningún acto personal de engaño, ocultamiento, apropiación de fondos o instrucción clandestina atribuible a Spinosa como individuo, y que la acusación construyó el reproche penal sobre la base de su cargo institucional y su firma en contratos que aparecen incorporados al circuito formal del Club.

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“La imputación no logra mostrar que Eduardo Juan Spinosa haya actuado por fuera de los órganos de decisión del Club, al margen de la documentación respaldatoria, ni en contradicción con los mecanismos institucionales que regían la celebración y ejecución de estas operaciones», señala el escrito. Y agrega: “El derecho penal exige algo más que la existencia de negocios complejos, condiciones financieras gravosas o vínculos comerciales con contrapartes posteriormente investigadas. Exige la acreditación de una conducta típica, antijurídica, culpable y subjetivamente dolosa, atribuible de manera personal al imputado. Ese estándar no se encuentra satisfecho en el caso.”

Con ese argumento como eje, la defensa solicitó al juez Armella que disponga el sobreseimiento de Spinosa en los términos del artículo 336 del Código Procesal Penal de la Nación, por inexistencia de delito y ausencia de una conducta penalmente relevante atribuible a su persona.

En las próximas semanas la Fiscalía y el juzgado darán a conocer su palabra.

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