En un intento por ordenar el complejo escenario de la infraestructura nacional, el oficialismo incluyó en su agenda prioritaria en el Senado para lo que resta del año un proyecto de ley que busca establecer un Régimen Excepcional para la Regularización de la Obra Pública que permitiría darle un cierre definitivo a contratos de obras públicas que, en algunos casos, arrastran una parálisis que ronda los veinte años.

La idea es destrabar la parálisis administrativa mediante el pago de una suma final y definitiva, la que será calculada en base a parámetros objetivos, a cambio de la renuncia a cualquier acción judicial vigente o futura contra el Estado. El régimen, en principio, tendrá una duración de 24 meses.

La propuesta es impulsada por el senador libertario Enzo Fullone (Río Negro) y también lleva la firma de la jefa de bloque, Patricia Bullrich (Capital), y de Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos), entre otros miembros de la bancada oficialista.

Según confirmó Bullrich a , la iniciativa cuenta con la luz verde de la Casa Rosada para su tratamiento legislativo este año como parte de lo que sería una suerte de agenda legislativa de segunda generación que se discutiría de manera paralela a proyectos como la reforma electoral y las modificaciones a la ley de zonas frías, entre otras iniciativas calificadas como prioridad por la Casa Rosada.

La idea es empezar a discutirlo en comisiones una vez que se avance con el debate de una reforma a la ley de biocombustibles, proyecto que comenzó a discutirse en comisión en la primera semana de junio, pero quedó congelado por la extensa crisis que terminó con la eyección de Manuel Adorni del Gobierno.

Fullone, que fue directivo de Vialidad Nacional en Río Negro, fundamenta su proyecto en un escenario crítico, en lo que califica como un “sistema bloqueado” por contratos que permanecen abiertos administrativamente sin haber logrado nunca la recepción definitiva.

“Esta es una realidad extendida en todo el país”, sostuvo Fullone, quien destacó que el problema va más allá de las obras paralizadas. “Hay contratos que permanecen abiertos administrativamente, son contratos que no cuentan con recepción definitiva ni cierre formal, aunque en muchos casos las obras estén terminadas, en uso o hayan sido ejecutadas hace varios años”, explicó el senador.

Según los fundamentos del proyecto, existen al menos 57 obras públicas nacionales en estado de neutralización, y sólo en el caso de la provincia de Río Negro afecta a arterias emblemáticas y estratégicas como las rutas 22, 23 y 151, cuyos trabajos se iniciaron entre 2009 y 2021 y hoy afectan la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo regional.

El corazón del proyecto es el establecimiento de un sistema de “concesiones recíprocas” entre las empresas contratistas y el Estado Nacional para, así, poder ponerle punto final de mutuo acuerdo a los vínculos contractuales.

Para las empresas, el incentivo principal sería la condonación de multas generadas durante la parálisis y la liberación de garantías (pólizas de caución y fondos de reparo) una vez aceptado lo efectivamente ejecutado.

Además, las empresas se verán beneficiadas con una salida sin sanciones en el Registro de Constructores, siempre que no haya mediado dolo o culpa grave en las causas que llevaron a la paralización de la obra.

Por su parte, el Estado conseguiría de parte de los contratistas una renuncia expresa a cualquier reclamo por el lucro cesante por la parte no ejecutada de la obra, al tiempo que deberán aceptar el carácter de “cierre administrativo total”. Esto implica una renuncia recíproca a cualquier acción judicial o administrativa posterior, eliminando así el riesgo de futuros litigios cuyos costos terminan recayendo sobre el erario público.

“Certificación de cierre”

Uno de los puntos clave para la operatividad del sistema es la creación de una “certificación de cierre”. A través de esta figura, el Estado reconocerá a las empresas una suma fija y final por gastos de mantenimiento de obrador, acopios y vigilancia, lo que extingue cualquier pretensión por mayores costos administrativos.

Ese pago se realizará en base a un informe técnico previo que deberá elaborar la autoridad de aplicación, la cual el proyecto deja a elección del Poder Ejecutivo.

Ese informe deberá tomar en cuenta el grado de avance físico y financiero de la obra al momento de la parálisis, el tiempo transcurrido desde que se detuvieron los trabajos, las causales que llevaron a la neutralización de la obra o a la falta de recepción definitiva y la evaluación de conveniencia para el interés público.

Desde el bloque oficialista sostienen que esta medida es una “propuesta concreta para abordar un problema que la Argentina viene arrastrando desde hace más de veinte años”.

Según explicó Fullone, el objetivo final es no solo sanear el balance del Estado, sino también permitir que los emplazamientos actuales puedan ser intervenidos mediante nuevas modalidades de contratación con proyectos actualizados, mitigando así los riesgos actuales para quienes transitan las rutas nacionales.

A dos semanas de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, en medio de un escándalo político y judicial que se estiró por cuatro meses y generó un fuerte empantanamiento del oficialismo, en la Casa Rosada sienten que lograron dar “vuelta de página”. Y de cara a lo que viene en el próximo semestre, apuntan a una estrategia en la que la discusión parlamentaria domine la agenda pública.

Dentro de esa discusión, el mayor caudal de temas tendrá que ver con la agenda fundamentalmente económica, con eje en las reformas en ese área que busca el oficialismo. Mientras que, en paralelo, estará la reforma electoral con el objetivo de que no haya PASO en 2027 y los anuncios de las distintas carteras.

“El gran debate publico del Gobierno se va a dar en el Parlamento”, sintetizan desde el corazón del oficialismo. “Los cambios se tienen que dar allí”, agregan en línea con lo que buscan ser: “el Gobierno más reformista de la historia”. Esa es también la línea que se busca dejar bien claro en materia de comunicación: que los cambios que se tienen que dar, deben ser desde el Poder Legislativo.

Por lo pronto, en el Gobierno están aliviados y convencidos de que “ya se reactivó” el control de la agenda y la comunicación de la gestión, que habían perdido desde el comienzo del escándalo de Adorni. Y que, pese a los diferentes intentos por retomarlo, el drenaje de información desde los tribunales de Comodoro Py, en los que Adorni es investigado por presunto enriquecimiento y posibles dádivas, impidió hacerlo. Lo mismo frente a la presión en el Parlamento, en el que la oposición buscaba la interpelación.

En el oficialismo apuntan a que esos primeros pasos de cambios en materia de comunicación se dieron, primero, con los nombramientos del vocero Adrián Ravier y de Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Prensa. A eso sumaron poco después: “La salida de Manuel y la llegada del Colo”, en referencia a Diego Santilli, en la Jefatura de Gabinete.

En Comunicación, mientras que Ravier se enfoca en lo político, Fernández ocupa una plaza en la mesa política para dar su visión técnica de qué y cómo se debe comunicar.

Con el cambio de Santilli por Adorni creen que se dio “la primera vuelta de pagina en lo político y reactivó la agenda”, según definen en Balcarce 50. “Reactivamos la gestión en la opinión pública y en los medios”. El alivio es extendido en las filas libertarias.

En esa reactivación y los cambios que se buscan en el Congreso tiene un rol clave la búsqueda de avanzar con el proyecto de modificación de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), que fue el tema de la última reunión de Gabinete.

La maquinaria comunicacional en especial para los proyectos económicos incluye las conferencias de Ravier, la voz del titular del Palacio de Hacienda, Luis Toto Caputo, “para los mercados”, y entrevistas del propio Milei hablando sobre el tema.

Por estas horas hasta se piensa en una posible cadena para transmitir todos los detalles de los cambios en la carta orgánica del BCRA, en lo que consideran una de las principales directrices del proyecto económico de la administración libertaria. Y cuyo texto final estaría listo en las próximas semanas, según dejan saber desde el Ejecutivo.

“El gobierno tiene para adelante tres grandes líneas de trabajo”, agregan. El grueso de lo que viene está dado por todas las reforma grande a nivel económico con los cambios en la carta orgánica del BCRA y la posible ley de shut down, al estilo de lo que sucede en Estados Unidos.

A eso suman el próximo debate parlamentario con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y también que la próxima semana se buscará incorporar modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal, tras intercambios de consultadas con Colegios de contadores, según detallan fuentes al tanto del tema. Luego también será tiempo de la discusión parlamentaria en sesión por por Súper RIGI, que ya se giró a Senadores.

“Eso va a dominar la agenda de las próximas cuatro semanas”, apuntan en Balcarce 50. A la par de esa agenda económica estará la política, que estará encabezada por Santilli, con el respaldo de Karina Milei. Estará apuntada a las reformas políticas y electorales. Con un lugar central en el intercambio y discusión con los gobernadores.

Sobre ese último punto, en el que el apoyo de los mandatarios provinciales es central para la aprobación en el Congreso, de cara a eliminar las PASO, en Casa Rosada advierten un dato clave en materia de apoyos: “Para el presidente es tan o más importante el apoyo en el tema económico, que en lo político”, dicen sobre el aval que esperan tener de los mandatarios provinciales en lo que tiene que ver con los proyectos económicos como el de los cambios en la carta orgánica del BCRA.

Eso, para el Gobierno, es una suerte de directriz sobre lo que viene, para impedir la emisión económica para auxiliar al Tesoro. En cuanto a lo que se espera más allá de esos puntos fundamentales a nivel económico y político, el Gobierno también apunta a otros temas que involucran a la cartera de Federico Sturzenegger, con proyectos de futuro, que tiene que ver con la ley de sociedades autónomas, el mundo de la Inteligencia Artificial (IA), al igual que el Súper RIGI.

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En paralelo a eso, la idea es que también siga habiendo trabajo “interministerial”, como el que se da alrededor de la asistencia a Venezuela, desde que sufrió el doble terremoto dos semanas atrás y Argentina envió ayuda, en un trabajo que incluyó a Defensa, Seguridad, Salud, Capital Humano y Relaciones Exteriores.

También se esperan, para los próximos días, anuncios vinculados al área de Salud, que estará informando obras en el Hospital Pedro Garrahan; en el área de Educación, ya hay satisfacción por los resultados que se comunicaron de las pruebas Aprender, una de las primeras comunicaciones de esta nueva etapa.

En el área de Relaciones Exteriores apuntan a que se viene de concretar, los viajes que en las siguientes semanas hará el presidente, con agenda oficial en Perú, Ecuador y Colombia, además de Brasil.

También se comunicarán novedades del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con “medidas preventivas para temas vinculados al posible efecto climático de ”El niño». Y habrá anuncios en cuanto a prepagas para las fuerzas de seguridad.

Con la nueva organización comunicacional con Ravier como vocero y Fernández en el área de Comunicación y Prensa, está idea de sumar, además de conferencias todos los martes, otras que sean por “temáticas” y por regiones.

“Este es un gobierno que, por definición, no corta cintas”, dijo un hombre del Gobierno en relación a lo que viene y distinguiéndose de sus predecesores. Si no que, insistió, está fundamentalmente más orientado “al paquete de reformas”. Para eso recuerdan que el mandatario cerró su última reunión de Gabinete, este jueves 9 de julio: “Sigamos haciendo el gobierno más reformista“.