Glenda Marianela Meza Bracho, nacida en Ecuador, se encuentra hoy detenida en Argentina, un arresto que pasó completamente debajo del radar público. Su caso es notable: combina corrupción y política latinoamericana en el más alto orden.

Meza Bracho, precisamente, chequea todos los casilleros del imaginario de la corrupción continental. Se encuentra mencionada en la filtración de los Panama Papers junto a su marido, el empresario argentino Ramiro Andrés Luque. Ambos fueron imputados en el caso Petroecuador, una de las mayores tramas de corrupción de la historia de su país, que investigó los desfalcos a la petrolera estatal en la década pasada, durante el gobierno de Rafael Correa. Luque y Meza Bracho habían sido integrantes de Denfield Investments Inc., vinculada al estudio Mossack Fonseca, y vinculada a la triangulación del dinero de Petroecuador, así como a la firma GalileoEnergy, que habría captado curiosos contratos millonarios de la petrolera estatal.

Una parte del caso terminó en Florida, Estados Unidos -donde Meza Bracho residía junto a Luque- bajo la sospecha de lavado del dinero robado en sociedades norteamericanas. La mujer ecuatoriana llegó a la Argentina porque el gobierno de los Estados Unidos la expulsó por, supuestamente, el vencimiento de su status migratorio.

Así, la Policía de Seguridad Aeroportuaria arrestó a Meza Bracho apenas pisó territorio nacional, cuando llegó en un vuelo desde Estados Unidos el 28 de julio pasado. Permanece hasta hoy en una celda de la PSA en el aeropuerto de Ezeiza. Según fuentes que conocen su historia, esperaba quedarse en la casa de Luque, ubicada en la zona de General Pacheco, tras vivir años en Florida, Estados Unidos. La mujer ecuatoriana viajaba sola: su marido -que viajaba con pasaporte argentino- está preso también, encarcelado en una prisión del estado de Florida, a la espera de su extradición a Ecuador.

Por qué Glenda está presa en Argentina

Dos circulares rojas de Interpol pesaban en contra de Meza Bracho y garantizaron su arresto inmediato. Ambas son de vieja data. La primera fue emitida por Interpol Ecuador en octubre de 2016. El delito: soborno, con una pena máxima de cinco años. En agosto de 2017, Interpol Panamá cursó un pedido motivado por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada. El delito investigado, esta vez, fue el de lavado de dinero.

A fines de julio, el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora y el fiscal federal Federico Mola se negaron a darle la prisión domiciliaria a Meza Bracho. Ambos adujeron un posible riesgo de fuga, de acuerdo a los fallos y dictámenes a los que accedió Infobae.

Su abogada defensora, Florencia Barba —miembro del estudio jurídico VBA, especializado en derecho internacionl, que representa, entre otros, a dos ladrones chilenos acusados por las autoridades estadounidenses de asaltar al novio de Taylor Swift— apeló la negativa en la Cámara Federal platense, con un resultado pendiente.

Barba sostuvo en sus presentaciones ante la Justicia que Meza Bracho ha sido acusada debido a una “persecución política en su país de origen” por “colaborar con una investigación internacional liderada por el gobierno de Estados Unidos”. “Glenda y su familia han recibido amenazas de muerte en las que se les advertía que será asesinada en cuanto pise Ecuador”, afirmó.

Quien colaboró con la Justicia norteamericana, precisamente, fue su marido. Esa colaboración, también, es de vieja data.

Según documentos analizados por este medio, Ramiro Luque firmó un acuerdo de cooperación con las secciones de lavado de dinero y fraude del Departamento de Justicia de Estados Unidos en un tribunal de Nueva York en septiembre de 2017. En septiembre de 2019, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas norteamericano firmó una “aprobación de acción diferida” a favor de Meza Bracho por un período de un año. Su esposo obtuvo un acuerdo similar el mismo día.¿Qué significa el acuerdo? Simple: en ese documento, el US Customs Enforcement se comprometía a no tomar ninguna acción contra la pareja.

En enero de 2021, cuatro años después, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió una “notificación de comparecencia” contra Meza Bracho, alegando que había excedido su “período temporal” de permanencia y ordenándole comparecer ante un juez de inmigración en Miami.

Así, el tiempo pasó, con Glenda en Florida. En 2026, Meza Bracho fue detenida para su deportación en el Broward Transitional Center, en la zona de Pompano Beach, y luego expulsada de Estados Unidos. La Justicia argentina deberá encargarse de su deportación, con dos países que la requieren.

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Vivió el resto de su vida, medio siglo, atenazado por una culpa que no tuvo, pero que no lo abandonó nunca, como un huésped ruin y virulento que no abandona a quien ataca. Fue su corazón el que, de pronto dijo basta. Cuando murió, hace ocho años, el 1 de octubre de 2018 y a sus sesenta y ocho años, se supo el resto de verdad que no se conocía demasiado.

Juan Romero fue uno de esos testigos olvidados que construyen la historia. Tenía diecisiete años la noche del 4 al 5 de junio de 1968, cuando Robert Kennedy, entonces senador por New York e inminente candidato a presidente de Estados Unidos por el Partido Demócrata, fue baleado en la cabeza en la cocina del Hotel Ambassador de Los Ángeles.

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso y comercialización de una punta de Shaver y de varios productos médicos vinculados a Biosimil S.R.L. Según las disposiciones del Boletín Oficial, se ordenó el retiro de unidades del mercado e inició actuaciones por presuntas irregularidades en el almacenamiento, la trazabilidad y el ingreso de insumos al país.

La primera disposición prohíbe el uso, la distribución y la comercialización en todo el país de una punta de Shaver identificada como “Smith&Nephew”. Se trata de un instrumento utilizado en procedimientos artroscópicos, entre ellos intervenciones sobre articulaciones.

El dispositivo fue encontrado durante una fiscalización a Promedik S.R.L., una firma con habilitación como ortopedia, ubicada en la calle Yrigoyen al 1900, de la ciudad de Corrientes. De acuerdo con la resolución, las inspectoras de ANMAT lo detectaron dentro de uno de los tres depósitos del establecimiento, junto con otros productos médicos y sin una identificación particular.

La unidad no tenía información sobre un importador responsable en la Argentina ni datos de registro sanitario. Ante la consulta de los fiscalizadores, el inspeccionado indicó que había adquirido el producto mediante Mercado Libre y que no contaba con la documentación que respaldara su procedencia.

Luego de la inspección, el insumo fue inhibido de manera preventiva. El organismo consultó además a Valmi S.R.L., titular del registro sanitario que incluye las puntas de devastado artroscópico de la marca Smith&Nephew.

Según consta en la disposición, el representante de esa compañía consideró, tras una revisión visual, que el producto era original. Sin embargo, señaló que Valmi no había importado unidades correspondientes al lote 51054817. De esta manera, la ANMAT concluyó que el dispositivo había ingresado sin las autorizaciones exigidas y advirtió que se desconocían sus condiciones de almacenamiento, funcionamiento y seguridad.

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En la segunda resolución, el organismo de gestión sanitaria ordenó el retiro del mercado de productos vinculados a Biosimil e inició actuaciones por presuntas irregularidades en el almacenamiento, la trazabilidad y el ingreso de insumos al país.

El expediente se inició a partir de una denuncia que alertaba que la firma mantenía cerrado su depósito habilitado y desviaba la mercadería a una oficina ubicada en Nicaragua al 5900, en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando los inspectores de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud investigaron el domicilio, encontraron oficinas administrativas y dos ambientes en los que se almacenaban productos de uso médico.

La farmacéutica y directora técnica propuesta para reemplazar al responsable saliente, informó que el domicilio de la calle Nicaragua no tenía habilitación sanitaria. Explicó que la empresa había trasladado transitoriamente el stock desde su sede habilitada de la avenida Santa Fe, donde se realizaban obras de ampliación y reorganización interna.

La firma tenía un certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente hasta el 15 de noviembre de 2027. Sin embargo, ANMAT indicó que las modificaciones en el establecimiento habilitado no habían sido notificadas y que las actividades vinculadas a los productos médicos se habrían efectuado desde una sede sin autorización.

Durante el procedimiento, los inspectores hallaron 30 unidades de un dispositivo médico de aspiración de VR Medical, otras 19 unidades de una variante del mismo producto, insumos Simex para drenaje de heridas y 14 implantes Medicon, entre otros artículos.

Los implantes Medicon no tenían información sobre el importador responsable ni datos de registro sanitario. La farmacéutica que recibió a los inspectores afirmó que pertenecían a un socio de Biosimil, que no formaban parte del inventario de la firma y que no contaban con documentación sobre su procedencia.

La Dirección de Gestión de Información Técnica de ANMAT indicó que esos productos estaban registrados a nombre de Grupo MG S.R.L., que aseguró no haberlos importado. Medical Implant’s SA, anterior titular del registro de esa familia de implantes, tampoco los reconoció como propios.

Por ese motivo, abrió un sumario sanitario contra Biosimil y contra quien resulte ser su director técnico. Además, el organismo suspendió el certificado de Buenas Prácticas de Fabricación N.° 394-2022-R hasta que la compañía revierta las irregularidades identificadas en las actas de inspección. La disposición señala que la Dirección de Asuntos Jurídicos deberá presentar la denuncia pertinente.

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