POLITICA
Sur Finanzas: el financista vinculado a Claudio Tapia se declaró inocente y dijo que es “una causa mediática”
Maximiliano Ariel Vallejo, el financista ligado a la AFA y amigo de Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó a su declaración indagatoria ante el juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, y la fiscal Cecilia Incardona. Lo acusan de los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario en perjuicio del Club Atlético Banfield.
Vallejo, por consejo de su abogado Mauricio D’Alessandro, presentó un escrito y respondió las preguntas que solo le formuló su defensa para desmentir la formulación de cargos y pruebas que se le leyeron.
También requirió medidas de prueba; objetó algunos trámites judiciales; insistió en que hay recursos pendientes en las instancias superiores; refirió que, de manera inédita, es investigado por los mismos hechos —o varios de ellos— en otras jurisdicciones y, en el escrito que le entregó al magistrado, escribió: “Me declaro inocente de la totalidad de los hechos que se me atribuyen en la presente causa, rechazando enfática y categóricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra”.
Qué declaró Vallejo ante la justicia
Según pudo reconstruir Infobae a través de funcionarios judiciales y abogados vinculados a la investigación, Maximiliano Ariel Vallejo declaró: “Voy a hacer una manifestación, claramente que amerita una respuesta más razonable para este juzgado, ya que la lectura (de cargos en su contra) fue amplia”, ya que consideró que “todos los puntos que me están imputando tienen respuesta y, como considero que cada uno de los puntos tienen respuestas, porque soy inocente”.
En este tramo de la indagatoria, Vallejo aseguró que la sociedad tiene una percepción de culpabilidad en su contra “por dichos populares de los medios, ya que la causa es mediática”. “Yo estoy a derecho y a disposición del juzgado desde el 1 de diciembre de 2025. Hago esta aclaración ya que al ser mediática la causa, los medios masivos televisivos, audiovisuales y de radio distorsionan la realidad, de tal manera, que por ende lo que voy a hacer es una manifestación ahora, eventualmente el abogado presentara un escrito o pediremos otra indagatoria”, remarcó.
El allegado al presidente de la AFA también declaró: “Mantener mi patrimonio en las declaraciones de ARCA teniendo en cuenta que presto servicios por recibo en varias empresas ya mencionadas por un valor equivalente a la suma de setenta millones de pesos argentinos, mensuales multiplicada por tres años da la suma declarada en el Fisco Nacional”.
Vallejo hizo esa aclaración porque, según su interpretación: “De lo que se dio lectura anteriormente, parecen sumas exageradamente millonarias. Cabe recalcar que quien les habla al primero de diciembre de 2025 tenía un patrimonio declarado de mil ochocientos millones de pesos proveniente de mi trabajo de mi sudor y de mi empresa, y también tenía una tenencia de moneda extranjera adquirida a partir del 14 de abril de 2025 gracias a este gobierno que levantó cepo cambiario, y pude adquirir moneda extranjera a través de banco hipotecario y esa divisa esta bancarizada, la cual resulta ser de ciento diez mil dólares estadounidenses”.
Sobre la grave imputación de asociación ilícita, Vallejo dijo ser “inocente” y prometió “presentar un escrito a través de mi abogado Marcelo D’Alessandro”.
Sobre el presunto delito de lavado de activos dijo: “Ya manifesté de donde fue provisto mi patrimonio, y me declaro inocente sobre ello en virtud de lo manifestado. Creo y pretendo que debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay, ya que reitero que mi origen de fondos es lícito, debido a mi esfuerzo, trabajo y el holding de empresas”.
En relación a la retención indebida de impuestos denunciada por ARCA, el acusado expresó: “No soy responsable, debido a que mi cargo en la empresa era de presidente y accionista, desconozco la parte administrativa, contable y tributaria de lo cual teníamos asesoría interna y externa. Puedo decir lo que recuerdo vagamente, los meses mencionados del año 2024 y 2025 de lo cual, quien le habla y María Fernanda Sena Argis eran presidentes de la entidad mencionada, creo que se presentó un plan de pago, y gracias a este Juzgado a partir del 1 de diciembre de 2025 que tomo los recaudos, precauciones y los allanamientos pertinentes para destruir la empresa que no tiene actividad hasta el día de la fecha y más de cien personas, familiares están sin cobrar sus haberes, desde ahí las cuentas bancarias, bloqueadas, inhibidas y embargadas, dejó de tener actividad comercial, entonces presumo o creo que el Fisco Nacional cuando uno presenta un plan de pago por cargas sociales o retenciones de obra social u otro impuesto que correspondiera, al no tener actividad comercial la empresa tres meses seguidos, el plan de pago al no pagarse caduca, y que ustedes en febrero de 2026 nos informan de este hecho. Así que saco mis conclusiones respecto a lo mencionado en esta imputación o como se llame, me declaro inocente también ya que la empresa no pudo pagar por no tener actividad comercial y si lo tuviera lo hubiera pagado”.
También se desligó de las acusaciones por préstamos usurarios a la Asociación Civil Club Atlético Banfield. “Desconozco los manejos internos ya que simplemente era un simple sponsor, al presidente de una entidad le hice un préstamo, y al día de hoy soy el damnificado que no ha cobrado lo que me deben más intereses. Que claramente también manifiesto, que aparte de ser sponsor, ser socio e hincha de la institución por haber nacido en Banfield, voy a presentar un escrito si lo considero necesario, luego de que se presenten a indagatoria los (otros) supuestos imputados porque creo que ellos van a saber aclarar lo que me quieren endilgar. Repito lo mismo, me declaro inocente y estoy a derecho desde el 1 de diciembre de 2025, no tengo más nada para decir y no voy a contestar preguntas”.
Qué maniobras se investigan
El juzgado de Luis Armella investiga la existencia de una organización criminal enquistada en la cúpula directiva del Club Atlético Banfield, que habría operado de manera conectada con el holding Sur Finanzas.
El expediente identifica tres ejes delictivos principales:
Hecho I – Asociación ilícita (art. 210 del Código Penal)
Los directivos del club habrían conformado una banda estable y permanente para cometer una pluralidad indeterminada de delitos contra la propiedad del club y contra el orden económico. Se valieron de los cargos orgánicos que detentaban —presidente, vicepresidente, secretario, tesorero— y de un andamiaje societario paralelo: el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y la empresa Banfileños S.A., diseñados para eludir los controles institucionales.
Hecho II – Defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inc. 7° del Código Penal)
La maniobra defraudatoria se sostiene sobre dos ejes:
- Mutuos usurarios en efectivo. El club suscribió dos contratos de mutuo con Sur Finanzas Group S.A.:
- 17 de julio de 2023: préstamo de USD 500.000 a una tasa del 3% mensual, a devolver USD 590.000 en enero de 2024.
- 9 de octubre de 2023: nuevo préstamo de USD 500.000, con tasa del 4% mensual, a devolver en dos cuotas de USD 280.000 (diciembre 2023 y enero 2024).
En total, el club quedó obligado a devolver USD 1.150.000 en menos de seis meses, de los cuales USD 150.000 eran intereses. Lo determinante para la calificación de fraude fue que ambos contratos, certificados notarialmente, declararon que el millón de dólares fue entregado “en dinero efectivo”, lo que impidió toda trazabilidad bancaria.
- Triangulación de ingresos de sponsoreo. El club firmó contratos de sponsorización con Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A. El presidente de Banfield, Eduardo Spinosa, instrumentó que los pagos fueran cedidos al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, que él mismo controlaba. Lo mismo ocurrió con las cuotas sociales de los socios, recaudadas vía la empresa PagoTic desde febrero de 2019 y acreditadas en cuentas del fideicomiso hasta agosto de 2023.
Hecho III – Lavado de activos agravado (art. 303 inc. 2°, apart. “a” del Código Penal)
Las ganancias ilícitas generadas por las maniobras anteriores se canalizaron hacia vehículos de opacidad societaria. La fiscal Incardona identificó tres indicadores de lavado:
- Entramado societario complejo para mezclar fondos de origen espurio con ingresos genuinos del club.
- Inyección masiva de efectivo para cortar el rastro del beneficiario final.
- Adquisición de bienes suntuarios: Eduardo Spinosa compró una Toyota SW4 (junio 2024, $53.745.000) y un Peugeot 208 (febrero 2026, $14.947.000); Federico Spinosa adquirió el 50% de un inmueble en Ugarteche 3354, CABA (mayo 2023, USD 170.000); Oscar Tucker compró vehículos Fiat 500L y Volkswagen Amarok.
Como fase final de integración, la fiscal señaló la concesión del Estadio José María Minella a través de Minella Stadium S.A., firma vinculada al entorno de Spinosa.
Los imputados, sus cargos y fechas de indagatoria
Eduardo Juan Spinosa, presidente del club y de Banfileños S.A. Se lo acusa de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, defraudación por administración fraudulenta (coautor) y lavado de activos agravado por habitualidad y por ser miembro de una asociación (coautor). Su indagatoria es el 18 de junio.
Federico José Spinosa, vicepresidente de Banfileños S.A. Los cargos que pesan sobre él son asociación ilícita en calidad de miembro, defraudación por administración fraudulenta (coautor) y lavado de activos agravado (coautor). Deberá presentarse a declarar el 18 de junio.
Ignacio Javier Uzquiza, tesorero del club Banfield y en la actualidad desempeña el mismo cargo en la Asociación Argentina de Tenis. La AAT no está involucrada en las maniobras que investiga la Justicia. Se lo acusa de los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y defraudación por administración fraudulenta (coautor). Deberá presentarse a declarar el 24 de junio.
Oscar Fabián Tucker, vicepresidente del club. Lo acusan de asociación ilícita en calidad de miembro y lavado de activos agravado (coautor). Debe presentarse a declarar el 24 de junio.
Un día después, el 25 de junio, deberán declarar los representantes legales de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña.
POLITICA
En medio del operativo por CFK, Kicillof se resguarda en la gestión y evita definiciones electorales contundentes
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mide sus próximos movimientos políticos en medio de un clamor que el kirchnerismo tracciona en pos de su conductora, la ex presidenta Cristina Kirchner. Desde hace algunos días, que el mandatario bajó el perfil de posible candidato del peronismo. Hubo distintos hechos que modificaron la agenda inmediata como por ejemplo el fallecimiento del Indio Solari. Una instancia que lo obligó a retomar el diálogo con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, aunque de momento limitado solo a la organización logística de lo que fue la despedida del ídolo popular que se llevó adelante en Villa Domínico.
Finalizada esa procesión, el mandatario provincial retomó la agenda bonaerense y lo propio hará esta semana corta que inicia. Reunión de Gabinete con los suyos y recorridas por el interior provincial como las que llevó adelante días atrás. De momento, el objetivo es mostrar lo que se pueda de agenda doméstica en un contexto por demás complejo.
Este miércoles, el mandatario bonaerense recorrerá la Quinta sección electoral. Está agendado que vaya a Chascomús y General Belgrano. En el primer distrito participará de la inauguración de una nueva planta de Atalaya y luego entregará escrituras. En General Belgrano entregará diez viviendas de policía, inaugurará un centro universitario del Programa Puentes y luego continuará con la entrega de viviendas y escrituras.
El Ejecutivo bonaerense tiene varios frentes de gestión abiertos. Uno de ellos es el salarial. La semana pasada garantizó que pagará el aguinaldo en tiempo y forma, pero en el marco de la negociación paritaria no hubo una oferta para mejorar salarios sobre la mesa. La situación financiera de la Provincia es tan frágil que, como novedad de la negociación con los gremios, apareció la posibilidad de refinanciar deudas a clientes del Banco Provincia, la mayoría de los trabajadores del Estado. De las reuniones paritarias participó el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.
“Hemos dejado en claro que si bien hay un montón de reivindicaciones históricas que entendemos que son importantísimas, nos centramos principalmente en la necesidad de tener un aumento salarial al básico que respete la pirámide salarial y que implique un aumento correspondiente al mes de junio para percibirlo durante la liquidación del mes en curso y a mes devengado a principios del mes de julio», contó el secretario gremial de UPCN, Juan Pablo Martín Oyarzábal, tras la reunión del Ejecutivo con los gremios nucleados en la ley 10430, los estatales bonaerenses. Con los docentes el escenario es similar. Los gremios esperan que esta semana sean convocados nuevamente. A los hechos, Kicillof tiene distintos frentes abiertos.
En el tramo político, la posibilidad de que se reúna con la ex presidenta Cristina Kirchner empieza a dar vueltas, pero por ahora el gobernador esquiva públicamente esa posibilidad. La líder del Partido Justicialista cumplió este martes un año de detención domiciliaria en San José 1111. Hasta el momento, el gobernador no la ha visitado. Esa decisión es la que sigue siendo cuestionada por el kirchnerismo.
La semana pasada Kicillof posteó una carta por la detención de la ex presidenta, al cumplirse un año del fallo de la Corte. “Cristina es inocente y continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”. Fue un gesto.
Pero en el cristinismo hay una aceleración del operativo de centralidad por Cristina Kirchner. Ahora, la campaña es “Cristina Libre y candidata” o “De San José a la Rosada”. Este fin de semana, la intendenta en uso de licencia de Quilmes y diputada provincial por la Tercera sección electoral, Mayra Mendoza, motorizó una convocatoria hacia la esquina de San José. Como bien detalló Infobae, este sábado habrá un banderazo en Parque Lezama para presionar por la revocación de la pena que pesa sobre la expresidenta. No solo la detención domiciliaria —por la causa Vialidad— sino también la inhabilitación perepetua para el ejercicio de la función pública.
El kirchnerismo muestra encuestas donde la expresidenta, detenida, mide mejor que el gobernador bonaerense quien tras las elecciones provinciales del año pasado, en el mes de septiembre, se embarcó en la construcción de una alternativa política con vistas a los comicios del 2027. El primer gesto lo dio al cerrar el 2025. Fue con un acto apoyado en su Movimiento Derecho al Futuro y diciendo: “Venimos a convocar a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda la provincia de Buenos Aires”. Actualmente, suele repetir que no es año de elecciones ni de candidaturas. Por estos días, en medio de la presión para un encuentro con la expresidenta, no hay mayores definiciones de carácter electoral de parte del mandatario.
Otro grupo que empieza a compartir cierta impaciencia son los intendentes del peronismo bonaerense. Básicamente, para saber qué quiere hacer Kicillof y —lo que es de mayor interés para sus necesidades— qué lugar van a tener los jefes comunales en la mesa de decisiones. Se espera que tras el mundial, Kicillof empiece a transitar la etapa de definiciones. Hoy, pausó las recorridas por otras provincias y, en cada entrevista que brinda, repite que no es año de candidaturas. Hay algo que no cambió: la confrontación para con el gobierno de Javier Milei.
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Con el lema “El peronismo debate”, la nueva vertiente justicialista que buscan instalar dirigentes como Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel se acercó al sector agropecuario. Un mes y medio después del acto de lanzamiento, esta pata justicialista que se diferencia de las ramas centrales de la interna partidaria (identificadas con Cristina Kirchner y con Axel Kicillof), puso en marcha su dispositivo de campaña en el interior del país, con un encuentro en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, que tuvo como eje las problemáticas del campo. En un documento, sintetizaron ocho propuestas para el sector, entre ellas, sobre las retenciones.
En el documento que difundieron tras la reunión, los dirigentes peronistas propusieron una “reforma integral impositiva del sector agropecuario”. En ese punto, profundizaron: “Nos comprometemos a discutir una reforma integral de costos e impuestos distorsivos en el sector agropecuario. El debate sobre la competitividad incluye: las retenciones, los impuestos, la cadena de costos desde la eficiencia logística, el acceso a las semillas y fertilizantes para incentivar el volumen exportable de nuestra producción”.
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POLITICA
El Gobierno oficializó los cambios en el proceso de selección de jueces de la Corte Suprema y otras autoridades
Tal como anticipó Infobae, el Gobierno publicó hoy el decreto 467/2026 que modifica el procedimiento para la selección de jueces para la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General y el Defensor General de la Nación.
Tras el extenuante proceso que demandó la aprobación de los 74 pliegos semanas atrás, en el Senado, la medida se formalizó esta madrugada en Boletín Oficial y fue elaborada y firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se trata de una reforma sobre el decreto 222 y 588 de 2003 —y sus modificaciones posteriores, entre ellas el decreto 267/2024— que busca eliminar la etapa administrativa previa a la nominación de titulares, reducir plazos y modernizar el sistema de publicación de antecedentes de los candidatos.
Ambas normativas, vigentes desde hace más de diez años, establecían que el Ejecutivo debía publicar los antecedentes de los candidatos y abrir una instancia de observaciones ciudadanas en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de formalizar cualquier nominación.
El nuevo decreto derogó esa instancia con el argumento de que el Senado ya garantiza esos mecanismos de publicidad y participación a través de audiencias públicas obligatorias y la recepción de observaciones por parte de la ciudadanía, establecidas en su propio reglamento interno. Mantener este paso implicaba una duplicación de instancias que solo demoraba el trámite sin agregar valor sustantivo, confirmaron a este medio fuentes oficiales.
La participación ciudadana y las impugnaciones seguirán siendo posibles, pero ocurrirán directamente en la Cámara alta y no antes de que el pliego llegue a la misma.
El nuevo esquema también reemplaza la publicación de nominaciones en diarios de circulación nacional por la difusión en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Justicia, en línea con los canales digitales de comunicación actuales. Los candidatos tendrán cinco días para presentar sus declaraciones juradas patrimoniales “con la nómina de los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores, en los términos y condiciones que establece el artículo 6° de la Ley de Ética de la Función Pública N° 25.188, sus modificaciones y su reglamentación”.
La difusión de los antecedentes del candidato ya no se realizará en el Boletín Oficial ni en diarios de circulación nacional, sino en la página web oficial del Ministerio de Justicia, con plazos más cortos. El Gobierno sostiene que esta adecuación responde a la dinámica actual de comunicación y a las tecnologías disponibles, y que la reducción de los plazos de publicación contribuye a hacer el trámite más expedito.
Otra modificación relevante apunta a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El decreto mantiene la obligación de que el organismo elabore informes sobre el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales de los candidatos, pero fija por primera vez un plazo máximo de cinco días para su confección y aclara que deben preservar el secreto fiscal. Antes, no existía ese plazo ni esa uniformidad entre los dos decretos originales.
En el decreto no se mencionó la recomendación que el texto 222/2003 le imponía al presidente de contemplar la diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de nominar candidatos.
Qué no cambia
La reforma no altera el procedimiento constitucional ni el reglamentario del Senado de la Nación. Las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la votación por dos tercios de los miembros presentes quedan intactas.
“Los mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana no se suprimen”, dijeron a Infobae, dado que esas instancias están garantizadas en la etapa legislativa.
La nueva normativa tampoco altera dos obligaciones centrales para los postulantes: la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y de potenciales conflictos de intereses, y la intervención de ARCA para verificar el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales.
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