POLITICA
Sur Finanzas: el financista vinculado a Claudio Tapia se declaró inocente y dijo que es “una causa mediática”
Maximiliano Ariel Vallejo, el financista ligado a la AFA y amigo de Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó a su declaración indagatoria ante el juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, y la fiscal Cecilia Incardona. Lo acusan de los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario en perjuicio del Club Atlético Banfield.
Vallejo, por consejo de su abogado Mauricio D’Alessandro, presentó un escrito y respondió las preguntas que solo le formuló su defensa para desmentir la formulación de cargos y pruebas que se le leyeron.
También requirió medidas de prueba; objetó algunos trámites judiciales; insistió en que hay recursos pendientes en las instancias superiores; refirió que, de manera inédita, es investigado por los mismos hechos —o varios de ellos— en otras jurisdicciones y, en el escrito que le entregó al magistrado, escribió: “Me declaro inocente de la totalidad de los hechos que se me atribuyen en la presente causa, rechazando enfática y categóricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra”.
Qué declaró Vallejo ante la justicia
Según pudo reconstruir Infobae a través de funcionarios judiciales y abogados vinculados a la investigación, Maximiliano Ariel Vallejo declaró: “Voy a hacer una manifestación, claramente que amerita una respuesta más razonable para este juzgado, ya que la lectura (de cargos en su contra) fue amplia”, ya que consideró que “todos los puntos que me están imputando tienen respuesta y, como considero que cada uno de los puntos tienen respuestas, porque soy inocente”.
En este tramo de la indagatoria, Vallejo aseguró que la sociedad tiene una percepción de culpabilidad en su contra “por dichos populares de los medios, ya que la causa es mediática”. “Yo estoy a derecho y a disposición del juzgado desde el 1 de diciembre de 2025. Hago esta aclaración ya que al ser mediática la causa, los medios masivos televisivos, audiovisuales y de radio distorsionan la realidad, de tal manera, que por ende lo que voy a hacer es una manifestación ahora, eventualmente el abogado presentara un escrito o pediremos otra indagatoria”, remarcó.
El allegado al presidente de la AFA también declaró: “Mantener mi patrimonio en las declaraciones de ARCA teniendo en cuenta que presto servicios por recibo en varias empresas ya mencionadas por un valor equivalente a la suma de setenta millones de pesos argentinos, mensuales multiplicada por tres años da la suma declarada en el Fisco Nacional”.
Vallejo hizo esa aclaración porque, según su interpretación: “De lo que se dio lectura anteriormente, parecen sumas exageradamente millonarias. Cabe recalcar que quien les habla al primero de diciembre de 2025 tenía un patrimonio declarado de mil ochocientos millones de pesos proveniente de mi trabajo de mi sudor y de mi empresa, y también tenía una tenencia de moneda extranjera adquirida a partir del 14 de abril de 2025 gracias a este gobierno que levantó cepo cambiario, y pude adquirir moneda extranjera a través de banco hipotecario y esa divisa esta bancarizada, la cual resulta ser de ciento diez mil dólares estadounidenses”.
Sobre la grave imputación de asociación ilícita, Vallejo dijo ser “inocente” y prometió “presentar un escrito a través de mi abogado Marcelo D’Alessandro”.
Sobre el presunto delito de lavado de activos dijo: “Ya manifesté de donde fue provisto mi patrimonio, y me declaro inocente sobre ello en virtud de lo manifestado. Creo y pretendo que debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay, ya que reitero que mi origen de fondos es lícito, debido a mi esfuerzo, trabajo y el holding de empresas”.
En relación a la retención indebida de impuestos denunciada por ARCA, el acusado expresó: “No soy responsable, debido a que mi cargo en la empresa era de presidente y accionista, desconozco la parte administrativa, contable y tributaria de lo cual teníamos asesoría interna y externa. Puedo decir lo que recuerdo vagamente, los meses mencionados del año 2024 y 2025 de lo cual, quien le habla y María Fernanda Sena Argis eran presidentes de la entidad mencionada, creo que se presentó un plan de pago, y gracias a este Juzgado a partir del 1 de diciembre de 2025 que tomo los recaudos, precauciones y los allanamientos pertinentes para destruir la empresa que no tiene actividad hasta el día de la fecha y más de cien personas, familiares están sin cobrar sus haberes, desde ahí las cuentas bancarias, bloqueadas, inhibidas y embargadas, dejó de tener actividad comercial, entonces presumo o creo que el Fisco Nacional cuando uno presenta un plan de pago por cargas sociales o retenciones de obra social u otro impuesto que correspondiera, al no tener actividad comercial la empresa tres meses seguidos, el plan de pago al no pagarse caduca, y que ustedes en febrero de 2026 nos informan de este hecho. Así que saco mis conclusiones respecto a lo mencionado en esta imputación o como se llame, me declaro inocente también ya que la empresa no pudo pagar por no tener actividad comercial y si lo tuviera lo hubiera pagado”.
También se desligó de las acusaciones por préstamos usurarios a la Asociación Civil Club Atlético Banfield. “Desconozco los manejos internos ya que simplemente era un simple sponsor, al presidente de una entidad le hice un préstamo, y al día de hoy soy el damnificado que no ha cobrado lo que me deben más intereses. Que claramente también manifiesto, que aparte de ser sponsor, ser socio e hincha de la institución por haber nacido en Banfield, voy a presentar un escrito si lo considero necesario, luego de que se presenten a indagatoria los (otros) supuestos imputados porque creo que ellos van a saber aclarar lo que me quieren endilgar. Repito lo mismo, me declaro inocente y estoy a derecho desde el 1 de diciembre de 2025, no tengo más nada para decir y no voy a contestar preguntas”.
Qué maniobras se investigan
El juzgado de Luis Armella investiga la existencia de una organización criminal enquistada en la cúpula directiva del Club Atlético Banfield, que habría operado de manera conectada con el holding Sur Finanzas.
El expediente identifica tres ejes delictivos principales:
Hecho I – Asociación ilícita (art. 210 del Código Penal)
Los directivos del club habrían conformado una banda estable y permanente para cometer una pluralidad indeterminada de delitos contra la propiedad del club y contra el orden económico. Se valieron de los cargos orgánicos que detentaban —presidente, vicepresidente, secretario, tesorero— y de un andamiaje societario paralelo: el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y la empresa Banfileños S.A., diseñados para eludir los controles institucionales.
Hecho II – Defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inc. 7° del Código Penal)
La maniobra defraudatoria se sostiene sobre dos ejes:
- Mutuos usurarios en efectivo. El club suscribió dos contratos de mutuo con Sur Finanzas Group S.A.:
- 17 de julio de 2023: préstamo de USD 500.000 a una tasa del 3% mensual, a devolver USD 590.000 en enero de 2024.
- 9 de octubre de 2023: nuevo préstamo de USD 500.000, con tasa del 4% mensual, a devolver en dos cuotas de USD 280.000 (diciembre 2023 y enero 2024).
En total, el club quedó obligado a devolver USD 1.150.000 en menos de seis meses, de los cuales USD 150.000 eran intereses. Lo determinante para la calificación de fraude fue que ambos contratos, certificados notarialmente, declararon que el millón de dólares fue entregado “en dinero efectivo”, lo que impidió toda trazabilidad bancaria.
- Triangulación de ingresos de sponsoreo. El club firmó contratos de sponsorización con Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A. El presidente de Banfield, Eduardo Spinosa, instrumentó que los pagos fueran cedidos al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, que él mismo controlaba. Lo mismo ocurrió con las cuotas sociales de los socios, recaudadas vía la empresa PagoTic desde febrero de 2019 y acreditadas en cuentas del fideicomiso hasta agosto de 2023.
Hecho III – Lavado de activos agravado (art. 303 inc. 2°, apart. “a” del Código Penal)
Las ganancias ilícitas generadas por las maniobras anteriores se canalizaron hacia vehículos de opacidad societaria. La fiscal Incardona identificó tres indicadores de lavado:
- Entramado societario complejo para mezclar fondos de origen espurio con ingresos genuinos del club.
- Inyección masiva de efectivo para cortar el rastro del beneficiario final.
- Adquisición de bienes suntuarios: Eduardo Spinosa compró una Toyota SW4 (junio 2024, $53.745.000) y un Peugeot 208 (febrero 2026, $14.947.000); Federico Spinosa adquirió el 50% de un inmueble en Ugarteche 3354, CABA (mayo 2023, USD 170.000); Oscar Tucker compró vehículos Fiat 500L y Volkswagen Amarok.
Como fase final de integración, la fiscal señaló la concesión del Estadio José María Minella a través de Minella Stadium S.A., firma vinculada al entorno de Spinosa.
Los imputados, sus cargos y fechas de indagatoria
Eduardo Juan Spinosa, presidente del club y de Banfileños S.A. Se lo acusa de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, defraudación por administración fraudulenta (coautor) y lavado de activos agravado por habitualidad y por ser miembro de una asociación (coautor). Su indagatoria es el 18 de junio.
Federico José Spinosa, vicepresidente de Banfileños S.A. Los cargos que pesan sobre él son asociación ilícita en calidad de miembro, defraudación por administración fraudulenta (coautor) y lavado de activos agravado (coautor). Deberá presentarse a declarar el 18 de junio.
Ignacio Javier Uzquiza, tesorero del club Banfield y en la actualidad desempeña el mismo cargo en la Asociación Argentina de Tenis. La AAT no está involucrada en las maniobras que investiga la Justicia. Se lo acusa de los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y defraudación por administración fraudulenta (coautor). Deberá presentarse a declarar el 24 de junio.
Oscar Fabián Tucker, vicepresidente del club. Lo acusan de asociación ilícita en calidad de miembro y lavado de activos agravado (coautor). Debe presentarse a declarar el 24 de junio.
Un día después, el 25 de junio, deberán declarar los representantes legales de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña.
POLITICA
Toma en los colegios Nacional de Buenos Aires y Carlos Pellegrini: estudiantes reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
Los estudiantes de los colegios preuniversitarios Colegio Nacional de Buenos Aires y Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini votaron este martes la toma de ambos establecimientos por tiempo indeterminado como parte de un plan de lucha en defensa de la educación pública.
La medida fue resuelta en asambleas estudiantiles y tiene como principal reclamo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, impulsada para garantizar mayores recursos para las universidades nacionales en medio del conflicto presupuestario con el Gobierno nacional.
El presidente del centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires afirmó en declaraciones radiales que los docentes de los establecimientos preuniversitarios “están cobrando un 30% menos que los docentes de las escuelas de la ciudad”. “Eso denota un claro ataque directo a las universidades”, expresó Francisco Pitrola, el referente de los alumnos, en diálogo con Radio con vos.
“Yo creo que el gobierno de Javier Milei busca un eventual arancelamiento para ir deteriorando esa educación pública, que tanto nos costó conseguir”, sumó el joven.
La decisión por esta medida de fuerza se da en un contexto de disputa por fondos entre el Gobierno y las universidades.
En esa línea, la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó este martes una nueva jornada de clases públicas en distintos puntos de la Ciudad, con un acto central frente al Palacio de Tribunales. La convocatoria fue impulsada por gremios docentes y no docentes para reclamar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La iniciativa incluye clases abiertas y exposiciones académicas convocadas por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba).
El reclamo de los docentes se centra en que los jueces de la Corte Suprema definan su intervención en el expediente, que se encuentra bajo análisis, tras la resolución de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal al aceptar un recurso extraordinario presentado por el Gobierno.
El conflicto entre el Gobierno y las universidades
El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario se mantiene desde 2024 y derivó en tres movilizaciones federales. La primera marcha se realizó en abril de ese año.
El 21 de octubre de 2025, el Gobierno promulgó la ley de financiamiento universitario, luego que el Congreso rechazara los vetos del presidente Javier Milei. Pero su ejecución quedó suspendida hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto.
Esta situación profundizó el conflicto con las universidades, que reclaman su implementación efectiva.
En paralelo, la discusión avanzó en la Justicia. Un fallo de primera instancia y su posterior confirmación en Cámara ordenaron la aplicación de artículos centrales de la ley, vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento. El Estado apeló esas decisiones y el expediente continúa en discusión.
Leé también: Universidades nacionales le reclaman al Gobierno una instancia de diálogo en medio de la pelea por los fondos
Por otra parte, el oficialismo envió un nuevo proyecto al Congreso que modifica la ley vigente. La iniciativa no contempla una recomposición por lo ocurrido en 2024 y 2025.
Además, para 2026 establece que solo habrá una actualización del presupuesto si la inflación anual supera el 14,3%. Es decir, si el IPC es mayor que la variación estimada, las universidades recibirán una actualización real para sus gastos de funcionamiento.
colegio nacional buenos aires, Paro
POLITICA
El líder de la UOM recibió apoyo sindical, del cristinismo y del kicillofismo contra la intervención del gremio
El desplazado secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, encabezó este martes una protesta en la sede central del gremio contra la decisión judicial de intervenir el sindicato y separar a su cúpula tras un proceso electoral impugnado. El gremialista, alineado con el kirchnerismo, recibió apoyo de sindicatos y de referentes políticos del peronismo en sus distintas variantes.
En declaraciones radiales, Furlán recordó que la UOM ya había sido intervenida en dos momentos históricos: “Fuimos intervenidos por las dictaduras de 1955 y 1976. Cada vez que hubo un intento por destruir a la industria, intervinieron a la UOM. Ahora pasa de nuevo. Es la primera vez en democracia”, afirmó a AM530.
Furlán estuvo en la sede central del sindicato, ubicada en Alsina 485, en el centro porteño y desde una ventana le habló a su militancia y a los dirigentes que se hicieron presentes. Se acercaron, entre otros, referentes cercanos a Cristina Kirchner como los diputados Eduardo Valdés y Sergio Palazzo, y otros alineados con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, como su ministro de Trabajo, Walter Correa, y su jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. Se acercaron, también, los diputados kirchneristas Germán Martínez (jefe del bloque peronista en la Cámara baja) y Leopoldo Moreau, entre otros.
El jefe de la UOM, que se abrió de la CGT y armó el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), cosechó respaldo de parte de la central obrera, con la presencia de Octavio Argüello, uno de los integrantes del triunvirato de mando que se acercó hasta la sede del gremio metalúrgico. Las dos vertientes de la CTA, con dirigentes como Hugo “Cachorro” Godoy y Roberto Baradel, estuvieron representadas en la UOM.
Acompañaron con su respaldo en la sede sindical dirigentes gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios, la Federación de Aceiteros y Desmotadores, y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba); de partidos políticos como Libres del Sur, y de movimientos sociales como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
El viernes pasado, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo intervino el gremio por 180 días, desplazó a su secretariado nacional y nombró como interventor judicial a Alberto Biglieri. Los jueces consideraron que hubo irregularidades en el proceso electoral realizado durante el mes de marzo, que derivó en la reelección de Furlán.
Los magistrados que dictaron la intervención judicial de la UOM fueron Víctor Arturo Pesino y María Dora González. El 23 de abril, ambos dejaron vigente la reforma laboral aprobada en el Congreso, al otorgar con efecto suspensivo una apelación presentada por el Estado nacional contra la suspensión de más de 80 artículos de la norma, que había decidido el juez laboral Horacio Ojeda. Al día siguiente del fallo por la reforma laboral, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso en marcha el trámite para prorrogar la magistratura del Pesino, quien en junio debería dejar su puesto por haber cumplido 75 años.
La conducción desplazada del sindicato declaró el estado de “alerta, movilización y sesión permanente en todo el territorio nacional” y designó al secretario general adjunto, Daniel Daporta, como delegado administrador del gremio, informó el sitio web Infogremiales.
“Hoy es un día que nos tiene que tocar las fibras más íntimas de nuestra identidad peronista. La intervención a la UOM es como cuando quisieron intervenir, hace muy poco, el Partido Justicialista nacional. Ser metalúrgico y peronista es una marca de identidad. Al lado de Furlán y de todos los compañeros metalúrgicos que pelean por condiciones más dignas de trabajo. No es casual que sea la UOM el gremio que más ha salido a la calle a pelear contra la reforma laboral. Incondicionalmente, al lado de la UOM”, dijo a el diputado Valdés.
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POLITICA
La reacción de Jaldo ante la polémica por la ausencia de Tucumán en un mapa difundido por Milei
El gobernador de Tucuman, Osvaldo Jaldo, se metió este martes en la polémica de los últimos días en redes sociales por la ausencia de esa provincia en un mapa sobre el crecimiento de la actividad económica que había sido difundido por el presidente Javier Milei, y pidió “no faltarle el respeto” a las jurisdicciones del país.
“Quiero pensar que ha sido un error, un error pero grave. Hacer desaparecer las provincias de un plumazo del mapa de la República Argentina tiene una gravedad enorme. Ese mapa pasó por la mano de muchos funcionarios nacionales y parecería que nadie se dio cuenta que faltaba Tucumán, que a Santa Fe le faltaba una parte y que no estaban las Islas Malvinas”, expresó Jaldo a través de un comunicado.
Y añadió que esa publicación, que además de Milei fue difundida por varios libertarios en redes sociales, “refleja una falta de interés del Gobierno nacional por las provincias en general y por Tucumán en particular”.
El posteo pertenecía a la cuenta @Emanem, que dice representar a “consultores, encuestadores y analistas con 150 colaboradores en todo el país”.
Esa publicación consignaba que, desde marzo de 2025 a marzo del 2026, las provincias que mayor actividad económica habrían registrado fueron “Neuquén (11,7%); San Juan: (7,2%) y CABA: (6,8%)”, mientras que la provincia de Buenos Aires y Formosa habrían sido las que menos resultados obtuvieron, con “0,2% y 1,3%”, respectivamente.
El posteo, difundido también por el embajador argentino ante la Unión Europea, Fernando Iglesias, fue reposteado también por el propio Milei.
Sorprendió que el mandatario se expresara en estos términos dado que suele ser aliado del Gobierno nacional en el Congreso, donde el bloque Independencia acompaña los proyectos del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados.
Jaldo pidió mayor responsabilidad a quienes asesoran al mandatario. “Por Dios, que sean más responsables, por favor, no le falten el respeto a las provincias. Cuando se toma una medida de esas características, para cuidar al Presidente tiene que haber alguien responsable que conozca el país, que conozca las provincias y, si es mucho pedir, alguien que conozca Tucumán”, concluyó.
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