POLITICA
Tensión en Santa Cruz: cumple un mes el conflicto por los salarios de la Policía, tras el rechazo de 11 ofertas
EL CALAFATE.− Una hilera de casillas de madera construidas con pallets, toldos azules y negros, carpas de camping, banderas con inscripciones y tachos con fuego instalados en la puerta de la gobernación en Río Gallegos se convirtió en el epicentro del reclamo de mejoras salariales que llevan adelante policías y bomberos al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.
Las fuerzas policiales tienen como eje del reclamo que un agente recién ingresante que hoy cobra $1,1 millones reciba un aumento que lo lleve a $2,2 millones. Hasta el momento, las 11 propuestas de mejoras presentadas por el gobierno fueron rechazadas, en tanto que la Fiscalía de Estado realizó una denuncia tras el bloqueo que días pasados un grupo de retirados realizaron en la gobernación.
El reclamo policial se da un contexto de fuertes conflictos con los gremios estatales que en el primer semestre no recibieron aumento salarial. Hasta ahora, el gobierno de Vidal presentó como mejor oferta un 17,8% de aumento a pagar en cuatro cuotas, de julio a noviembre, pero ninguno de los gremios aceptó la oferta. Reclaman una compensación por la caída del poder adquisitivo de los primeros meses del año.
En este contexto, Vidal tiene en la Legislatura trabada por el kirchnerismo una autorización para tomar un crédito público internacional por US$600 millones.
La situación en Río Gallegos se tensó en las últimas horas, ante la llegada de un camión que descargó maderas para seguir construyendo casetas sobre la calle Alcorta, donde la protesta se vive con mayor intensidad. El espacio fue denominado “Carpa de la Dignidad”.
“Lo que llevamos adelante es un quite de colaboración, pero se atienden las guardias mínimas y las urgencias y emergencias están cubiertas”, confirmó el suboficial Felipe Gogol a , vocero de los policías y también paritario en la Mesa del Salario, tal como se denomina la mesa de negociación que más preocupaciones le está acarreando a la gobernación.
“Nosotros pedimos que un agente ingresante, sin carga familiar, alcance los 2,2 millones de pesos”, detalla el policía, y asegura que actualmente los salarios de la fuerza están por debajo de la línea de la pobreza.
La protesta empezó a principios de junio, promovida por jubilados de las fuerzas en Río Gallegos. Con el correr de los días los agentes efectivos anunciaron un quite de colaboración. Hoy, según los voceros policiales, se encuentran plegados el 95% de los efectivos. Desde que empezaron las acciones, que no llegan a ser un acuartelamiento, como se registraron en 2012 durante el gobierno de Daniel Peralta, las fuerzas federales con asiento en la provincia se encuentran desplegadas, realizan controles y patrullas en las ciudades y también en las rutas.
Desde hace dos semanas, la paritaria policial está activa, pero sin resolución. El viernes, en una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, informó que los policías recibieron 11 propuestas salariales que reflejaron distintos mecanismos de actualización para el personal policial y de seguridad. Hasta ahora todas fueron rechazadas.
La ministra detalló las opciones y propuestas que fijaban valores de punto específicos para los meses venideros; otras opciones incorporaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como referencia de incremento entre julio y diciembre, para resguardar el valor del salario.
Dentro del conjunto de opciones analizadas, la de montos más elevados establece un valor punto de $2.282,80, lo que permitía proyectar un salario de agente inicial a $ 2.001.271. La propuesta tiene un “adicional transitorio” que mejora el suelo del ingresante, pero baja a medida que sube el rango policial. “Queremos que sea escalonado por igual, que aumente en todos los niveles, sino habrá un achatamiento de la escala y se pierde la pirámide de los sueldos”, reaccionaron los policías, que cuestionan tanto los montos como los plazos de pago.
El punto de mayor tensión institucional se registró el 23 de junio pasado, cuando un grupo de personas identificadas en su mayoría como retirados de la policía irrumpió en los jardines de la Casa de Gobierno alrededor de las 11 de la mañana.
El grupo bloqueó el acceso y el egreso por el portón principal e impidió incluso la salida del vehículo oficial de la Secretaría General de la Gobernación. Lo ocurrido quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio, fue constatado mediante acta notarial y derivó en una denuncia penal de la Fiscal de Estado, Natalia Linardi.
La presentación califica la conducta como atentado contra la autoridad, violación de domicilio y coacción (artículo 149 bis), y solicita una medida cautelar urgente para garantizar el libre funcionamiento de la sede del Poder Ejecutivo provincial. La Fiscalía de Estado advirtió que, en caso de que la Jefatura de Policía provincial no pudiera garantizar el orden, corresponde requerir la intervención de las fuerzas federales con asiento en la jurisdicción.
Para la Fiscalía de Estado, el accionar de los manifestantes −portadores de investidura policial− reviste una gravedad institucional particular e impidió el normal desenvolvimiento de las tareas de los funcionarios y agentes.
Desde el sector policial aseguran que no fueron efectivos, sino retirados de la fuerza quienes estuvieron esa mañana en la gobernación. “El reclamo lo llevamos adelante en absoluta soledad, no tenemos apoyo, no es nada contra nadie, estamos por un sueldo digno, no nos apoya ninguna bandera política, es un reclamo meramente salarial”, aseguró Gogol.
Mariela Arias,Conforme a
La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete le puso fin a tres meses de crisis en el oficialismo que llevaron a la casi paralización total de la agenda del Gobierno de Javier Milei en el Senado. Ahora, sin esa barrera en el camino, la jefa de la bancada oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital), busca reactivar el tratamiento de los proyectos reclamados por el Poder Ejecutivo.
Por lo pronto, Bullrich le dijo a que su intención es convocar a labor parlamentaria para abrir el recinto esta semana -sería el miércoles-, para tratar el temario que estaba previsto discutir la semana pasada en una sesión que fracasó por la decisión del oficialismo de dejar el recinto sin quórum para evitar el debate de la interpelación del ahora exjefe de Gabinete.
La estrella de ese temario es el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, iniciativa que ya suma dos postergaciones, en parte por la crisis generada por Adorni, pero también por la fuerte resistencia que genera la decisión de permitir la venta de tierras a extranjeros.
Sobre este punto, según Bullrich, parece haber un consenso que le permitirá tener la mayoría necesaria para poder aprobar el proyecto y enviarlo en revisión a la Cámara baja. Ese acuerdo incluiría autorización del Congreso para la venta de tierras a otros estados y un doble conforme, de la Nación y la provincia, para el caso de empresas en las que otras naciones sean accionistas.
A la lista de temas para la sesión de esta semana, que incluye siete pliegos judiciales, en su mayoría del fuero laboral, se le podría sumar la denominada “ley hojarasca”, iniciativa que busca derogar leyes desactualizadas, sin uso o que recrean tradiciones superadas en el tiempo.
Esta semana también podría iniciarse el debate en comisiones del denominado super RIGI, proyecto que contiene beneficios fiscales para empresas que realicen inversiones superiores a los US$ 1000 millones y que fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados.
Si bien lo de Adorni fue para el oficialismo una pesadilla que se extendió más de la cuenta, también sirvió para tapar algunas cuestiones que, ya sin el ahora exjefe de Gabinete ocupando toda la escena política, el oficialismo tendrá que hacer frente en el Senado y empezar a tomar decisiones.
El ejemplo más palmario de esta situación es el proyecto de reforma electoral, que quedó abandonado hace ya más de un mes atrás. Bullrich ya transmitió a la Casa Rosada que los votos no están para aprobar la iniciativa con la eliminación de las elecciones primarias, casi única razón por la que el Poder Ejecutivo se tomó la molestia de redactar un texto de más de 70 artículos.
Todo indica que, ya sin el lastre Adorni, el Gobierno podría intentar una nueva ofensiva de gestiones con los gobernadores aliados para tratar de conseguir la mayoría absoluta, son 37 votos afirmativos en el caso del Senado, que le permitirían a la administración libertaria asegurarle a Karina Milei la decisión final en el armado electoral de la coalición oficialista y, además, quitarle a la oposición una herramienta que podría ayudarles a ordenar sus internas de cara a las presidenciales del 2027.
Más allá de que consigan o no el apoyo para eliminar las PASO, Bullrich tendrá enfrentar la presión de cierto sector de la oposición dialoguista que quiere impulsar el tratamiento, por separado, de la denominada Ficha Limpia. Se trata de la prohibición de ejercer cargos públicos o participar como candidatos en elecciones nacionales a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia.
Una ley con esas características fue rechazada en el Senado el año pasado gracias al rechazo, sorpresivo, de los senadores del Frente Renovador de la Concordia, la coalición que gobierna la provincia de Misiones. Aquella jugada fue vista por la oposición dialoguista como una movida impulsada por la Casa Rosada y ahora la ve como una zanahoria para atraer respaldos a la reforma y a la eliminación de las PASO. Alertados de esa movida, piden quitar el tema del proyecto del Gobierno y aprobarlo como un texto autónomo.
La lista de proyectos incómodos para la conducción del oficialismo en el Senado es extensa. En esta categoría también entra el proyecto denominado de zonas frías que busca modificar una ley impulsada por Máximo Kirchner que había repartido subsidios a consumidores de gas por estar en zonas frías.
El proyecto cuenta con la aprobación de la Cámara baja, pero también con el rechazo de varios senadores de la oposición dialoguista cuyos votos el Gobierno necesita si quiere sancionar la ley. Es el caso de los radicales mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez y el bonaerense Maximiliano Abad, que ya pusieron el grito en el cielo porque el texto impulsado por la Casa Rosada elimina a regiones de sus provincias de la lista de zonas con tarifas subsidiadas.
El atasco legislativo perjudica también al proyecto de ley de reforma integral de la ley de Salud Mental. El texto, remitido por el Poder Ejecutivo al Senado el 20 de abril pasado, fue sometido a dos extensas reuniones de comisión por la que desfilaron especialistas en la materia. Sin embargo, el debate quedó en pausa en las últimas dos semanas por el tironeo entre Karina Milei y la jefa de bloque por la continuidad de Adorni.
Escenas de la crisis
El pesado lastre que significó el renunciado jefe de Gabinete para el Senado puede graficarse con un par de episodios registrados durante las últimas dos semanas que muestran cómo la crisis alteró las relaciones entre el oficialismo y la oposición dialoguista.
Uno de esos episodios ocurrió en el despacho de una senadora radical cuando un colega del bloque libertario le acercó una versión corregida del proyecto de propiedad privada para que lo revisara para ver si se ajustaba a lo que habían acordado. “¡Pero ¿Qué me vienen con Propiedad Privada?! ¡Arreglen de una vez el quilombo de Adorni!”, lo sacó con caja destemplada la legisladora, harta de que el oficialismo prometiera, sin cumplir, la inminente salida del jefe de Gabinete.
Otra escena se registró en la mañana del miércoles, cuando un gobernador se quejó en diálogo con un miembro del bloque oficialista porque el Gobierno seguía sosteniendo a Adorni en el cargo.
–“Bueno, entonces ordenale a tus senadores que apoyen la interpelación”, respondió, con pragmatismo puro, el legislador oficialista.
–“Sabés que no puedo, que necesito llevarme bien con los Milei”, fue la seca respuesta del mandatario provincial, que prefirió cambiar de tema.
Gustavo Ybarra,Conforme a
POLITICA
Javier Milei y Diego Santilli están reunidos en Olivos y se define el sucesor de Adorni como Jefe de Gabinete
El presidente Javier Milei y Diego Santilli ya están reunidos en la Quinta de Olivos, en lo que seguramente será la antesala del anuncio oficial de que el todavía ministro del Interior será el sucedor de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, luego de la renuncia de este sábado.
El futuro ministro coordinador ingresó a la residencia presidencial manejando su automóvil personal a las 19:20, sin hacer declaraciones ante el puñado de periodistas que se encontraban esperando novedades.
La decisión de que Santilli sea el sucesor de Adorni la tomó Milei. Como casi todas las que importan en su gobierno, la tomó él. Y lo hizo desde una convicción que se fue construyendo a lo largo de ocho meses de gestión compartida: la de que el ministro del Interior había demostrado, en silencio y con resultados, ser el hombre que la segunda mitad del mandato necesitaba.
Esa convicción tuvo como antecedente la relación que Santilli construyó con Karina Milei —secretaria general de la Presidencia y presidenta nacional de La Libertad Avanza— y la buena sintonía que acumuló con el asesor Santiago Caputo. En un gobierno donde la confianza se gana despacio y se pierde rápido, ese doble vínculo sin fricciones funcionó como una señal de capacidad política. Pero la decisión fue del Presidente. Y eso, en el esquema de Milei, lo dice todo.
El recorrido que desembocó en esa designación fue largo y, en buena medida, silencioso. Santilli no llegó a la Jefatura de Gabinete por un golpe de efecto ni por la urgencia de una crisis. Llegó por acumulación: por la remontada electoral más notable de la última campaña bonaerense, por el trabajo de articulación que sostuvo durante ocho meses al frente del Ministerio del Interior y por una habilidad escasa en la política argentina: mantener canales abiertos con todos los sectores relevantes del poder sin romper ninguno.
El gobierno que lo designó atravesó más de 100 días de turbulencia política desde que se conocieron los viajes del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la causa judicial que derivó en su salida forzada. Durante ese período, Santilli sostuvo la agenda de negociación con los gobernadores, operó en los pasillos del Congreso para contener el avance opositor y mantuvo el hilo de las conversaciones con los bloques aliados. Lo hizo con el perfil bajo que caracteriza su estilo.
El vínculo con Karina Milei y la sintonía con Santiago Caputo
El lazo con Karina Milei no fue nuevo ni circunstancial. Se construyó durante el tiempo en que Santilli —diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, electo en 2021 en la lista de Juntos por el Cambio— comenzó a acompañar sin fisuras las iniciativas del gobierno de Milei en la Cámara baja. Ese alineamiento temprano, en un contexto en el que buena parte del PRO mantenía distancias estratégicas con el Ejecutivo, fue leído en Balcarce 50 como una señal de confianza.
Karina Milei la registró y la devolvió: fue ella quien diseñó las listas para las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025 y quien incluyó a Santilli en la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO para la provincia de Buenos Aires. Después del escándalo de José Luis Espert, primer candidato a diputado de LLA, Santilli quedó a cargo de encabezar la boleta oficialista. Aunque ni su cara ni su nombre figuró en las papeletas -la Justicia Electoral no autorizó la reimpresión- logró una victoria absolutamente inesperada.
La relación con Caputo operó en otro registro. El asesor presidencial y el dirigente del PRO construyeron una sintonía de trabajo que se consolidó durante la gestión en el Ministerio del Interior. Cuando se confirmó el nombramiento de Santilli en esa cartera, en noviembre de 2025, los saludos efusivos de Caputo en redes sociales fueron leídos en el entorno del gobierno como algo más que una cortesía protocolar.
Que Santilli tenga línea directa con Karina Milei y buena llegada con Caputo no es un detalle menor en la política interna del gobierno de Milei. Es, en rigor, la condición de posibilidad de su nuevo rol. El trabajo de la Jefatura de Gabinete —articular la agenda legislativa, negociar con los gobernadores, coordinar las áreas del Ejecutivo— requiere de un funcionario que pueda moverse entre los distintos polos del poder sin quedar atrapado en ninguno. Santilli demostró, a lo largo de sus ocho meses en el Interior, que ese equilibrio es posible y que él sabe sostenerlo.
La remontada electoral que funcionó como pasaporte
Para entender por qué Milei confía en Santilli hay que volver al 26 de octubre de 2025. Esa noche, la alianza La Libertad Avanza-PRO obtuvo el 41,5% de los votos contra el casi 41% de Fuerza Patria, la coalición que reunió al kirchnerismo, el kicillofismo y el Frente Renovador. Menos de un punto de diferencia. Diecisiete bancas para el oficialismo, dieciséis para el peronismo.
Expresada en términos absolutos, la diferencia representó la incorporación de 881.417 votos que la alianza libertaria sumó entre las elecciones legislativas provinciales de septiembre y las nacionales de octubre, mientras Fuerza Patria perdía 261.592 adhesiones.
El número que vuelve más legible ese resultado es el que lo antecede: en los comicios del 7 de septiembre, Fuerza Patria le había sacado al oficialismo casi 14 puntos de ventaja en la Provincia. En 49 días, esa brecha se cerró y se invirtió.
El contexto de esa campaña fue de máxima turbulencia. La renuncia de José Luis Espert como primer candidato de la lista —salpicado por sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado— dejó la nómina sin su figura central. La Cámara Nacional Electoral resolvió que Santilli, que era el tercer candidato, pasara a encabezar. Lo que para muchos analistas parecía una campaña condenada al fracaso se convirtió, bajo su conducción, en una de las remontadas electorales más notables de la reciente historia bonaerense.
“Hicimos historia en la provincia”, escribió Santilli esa noche. No era una exageración.
Cinco días después, Javier Milei anunció en su cuenta de X: “TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR: Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro.”
La designación fue paralela a la de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, en el reordenamiento poselectoral que corrió a Guillermo Francos de la Jefatura y a Lisandro Catalán del Interior. Santilli juró el 11 de noviembre en el Salón Blanco de la Casa Rosada y arrancó esa tarde con una ronda de reuniones con gobernadores.
Ocho meses en el Ministerio del Interior: el articulador
Desde su despacho en la planta baja de Balcarce 50, Santilli asumió la tarea para la que el gobierno lo había convocado: reconstruir los vínculos con los gobernadores, conseguir los consensos legislativos para el Presupuesto 2026 y las reformas de segunda generación, y sostener el tejido político que el Ejecutivo necesita para operar en el Congreso.
Trabajó junto a Martín Menem —presidente de la Cámara de Diputados— y Patricia Bullrich —hoy senadora y jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta— en el triángulo operativo que lubricó la maquinaria parlamentaria del gobierno en el segundo tramo de la gestión.
Los resultados fueron concretos. En las sesiones extraordinarias de diciembre de 2025 y en las ordinarias que siguieron, el gobierno avanzó en una agenda legislativa de reformas estructurales que requería mayorías que el oficialismo no tenía por sí solo. Santilli fue el hombre de los llamados, de las reuniones previas, de los acuerdos que después aparecen firmados bajo otros nombres.
El propio Adorni, en su informe de gestión ante el Congreso en abril de 2026, lo reconoció sin ambages: “Mis felicitaciones al ministro del Interior, Diego Santilli, por lograr los acuerdos necesarios para hacer realidad algunos de los hitos más importantes de nuestra historia.”
Cuando el escándalo de Adorni estalló y la discusión sobre su continuidad comenzó a consumir energía política del gobierno, Santilli también asumió esa carga. Organizó junto a Bullrich, Lule Menem e Ignacio Devit el operativo parlamentario para contener la presión opositora. Habló con diputados, senadores y gobernadores. Negoció anticipos financieros a las provincias.
Santilli sostuvo la arquitectura de alianzas que el gobierno necesitaba para evitar que la crisis de Adorni se convirtiera en una crisis de gobernabilidad. El corrimiento de funciones fue un hecho antes de que un decreto lo formalizara.
Un político de largo aliento
Diego Santilli nació el 6 de abril de 1967 en el barrio porteño de Palermo. Es hijo de Hugo Santilli, ex dirigente de River Plate y ex presidente del Banco de la Nación Argentina durante el gobierno de Carlos Menem, y de María Luisa Forchieri. Estudió en el Colegio San Agustín y se recibió de contador público en la UBA a los 23 años.
Completó su formación en el exterior: marketing en Berkeley, especialización en mercados de futuros en Washington y un posgrado en administración pública en la Escuela de Administración de París, becado por el gobierno francés.
Su ingreso a la gestión pública fue temprano y continuo. Entre 1993 y 1994 fue director de Planeamiento Estratégico en la Municipalidad de Buenos Aires. Pasó luego por la Dirección General de Administración del Ministerio del Interior y por la dirección de Recursos Humanos en Migraciones durante el menemismo. Fue vicepresidente del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires y director del Banco Ciudad.
Legislador porteño entre 2003 y 2009 —donde llegó a ser vicepresidente primero de la Legislatura—, fue designado ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad por Mauricio Macri en 2009, cargo que ocupó hasta 2013. Ese año fue electo senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires.
En 2015, Horacio Rodríguez Larreta lo eligió como compañero de fórmula. La dupla Larreta-Santilli ganó la jefatura del gobierno porteño en un balotaje contra Martín Lousteau: 51,64% contra 48,36%. En 2018 sumó, además de la vicejefatura, la conducción del Ministerio de Justicia y Seguridad tras la renuncia de Martín Ocampo. En 2019 fue reelecto junto a Larreta en primera vuelta, con el 55,9% de los votos.
En julio de 2021 renunció a la vicejefatura para competir como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires bajo la lista de Juntos por el Cambio. Resultó electo en noviembre de ese año y comenzó su mandato en diciembre. En 2023 intentó la candidatura a gobernador bonaerense en las primarias internas de la coalición, pero perdió por escaso margen frente a Néstor Grindetti. Su mandato de diputado continuó y fue desde esa banca que construyó el puente hacia el gobierno de Milei que, a la postre, resultó determinante.
Santilli está casado desde 2014 con Analía Maiorana y tiene tres hijos: Teo, Nicanor y Tonio. Es hincha de River. Una carrera de más de tres décadas en el Estado, construida desde los ministerios porteños hasta el corazón de Balcarce 50, que ahora tiene su capítulo más exigente por delante.
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POLITICA
Piden juicio político para el fiscal general de Lomas de Zamora que archivó una causa por corrupción contra funcionarios de Insaurralde
La onda expansiva del escándalo de corrupción por el que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, golpeó a la Justicia provincial.
En las últimas horas se conoció la existencia de un pedido de juicio político contra el fiscal general de Lomas de Zamora, Carlos Baccini, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El jefe de los fiscales de Lomas de Zamora fue acusado de archivar una causa penal contra un contador que trabajaba en la municipalidad durante la gestión de Insaurralde. Baccini también fue imputado por la presunta desaparición de pruebas.
Al ser consultado por , Baccini rechazó la acusación en su contra y agregó: “Apliqué la resolución 1390 de la Procuración, así que no puedo analizar de oficio un dictamen sobre el que la denunciante nunca pidió una revisión”.
La investigación contra el contador de la municipalidad de Lomas de Zamora comenzó el 29 de noviembre de 2017, cuando una auditora de la delegación local del Tribunal de Cuentas de la bonaerense encontró dos cajas y una bolsa con facturas, formularios para las licitaciones y remitos en su oficina.
A partir de este hallazgo, la auditora hizo una denuncia por la posible comisión de un delito, ya que entre la documentación que encontró había facturas y remitos correspondientes a empresas proveedoras del municipio.
La investigación recayó en la fiscalía a cargo de Pablo Rossi, quien luego de tomarle declaración a la auditora describió el contenido de la documentación y mostró las grabaciones y fotocopias de lo que había encontrado.
Debido a que en esas cajas había presupuestos en blanco, facturas y sellos de empresas, algunas de ellas proveedoras de la comuna, se sospechó que se trataba de un “kit para inventar licitaciones”. Por ese motivo fue imputado Héctor Rosin, entonces contador de la Municipalidad de Lomas de Zamora, quien, según la auditora del Tribunal de Cuentas, había reclamado las dos cajas y la bolsa con documentos.
Al fundar dicho pedido, el contador manifestó que esos documentos pertenecían a su estudio contable. Lo curioso del caso fue que Rosin guardara documentos de su estudio en la municipalidad donde trabajaba como contador.
Un “kit” para licitaciones
Según se determinó en la investigación, entre esa documentación había formularios presuntamente aptos para completar, simular o armar expedientes administrativos de contratación pública.
Inicialmente la causa tuvo impulso investigativo. El fiscal Rossi, que intervino en la primera etapa, analizó la documentación y solicitó medidas de prueba. Se ordenaron allanamientos en la Municipalidad de Lomas de Zamora y en domicilios vinculados a Rosin; también se secuestró nueva documentación y se dispusieron peritajes contables e informáticos. En el pedido de allanamiento se mencionó la posible existencia de un conjunto de funcionarios municipales vinculados a la maniobra investigada.
Al revisar las empresas que figuraban en la documentación encontrada por la auditora del Tribunal de Cuentas se determinó, por ejemplo, que el contador Rosin aparecía vinculado con una de las empresas proveedoras del municipio y que su estudio contable particular tenía el mismo domicilio que otra empresa que era proveedora de la municipalidad.
Además, al revisar los integrantes de los directorios de algunas de las empresas, los investigadores encontraron a otros funcionarios de alto rango de la Municipalidad lomense que pertenecían a la gestión Insaurralde.
Según consta en el sumario, el 9 de noviembre de 2020, el fiscal general Baccini le sacó la investigación a Rossi y se la asignó a otro fiscal, quien ordenó el archivo de la causa al considerar que “no surge del informe de los peritos oficiales que las operaciones a las que calificó como ‘llamativas’ hayan tenido carácter defraudatorio, y si lo hubieran tenido, la acción estaría prescripta”.
En la resolución que decretó el archivo del expediente contra los funcionarios de la gestión Insaurralde se expresó que “los peritos solo pudieron verificar la existencia de una relación entre Rosin y proveedores del Municipio, pero solamente ello, pues no se verificó que fueran partícipes de una maniobra defraudatoria o integrantes de una asociación ilícita, sino solo una incompatibilidad administrativa. Se habría considerado que no se encontraba acreditado un delito penal y que, en todo caso, podría existir una incompatibilidad administrativa o disciplinaria en la actuación [de Rosin] por su doble rol como contador municipal y eventual contador de proveedores de la Municipalidad”.
El archivo del expediente tuvo como inmediata consecuencia que se dejara sin efecto la acusación contra el contador Rosin y contra los otros funcionarios municipales que eran subordinados del intendente Insaurralde.
Pedido de otro fiscal y nueva acusación
El escándalo en la Justicia lomense estalló cuando el fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde, a su exesposa Jésica Cirio y a la modelo Sofía Clerici por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, solicitó el expediente 07-00-76248-17 por el caso de corrupción en la municipalidad a la fiscalía a cargo de Baccini.
Ante la falta de respuestas, el fiscal federal Mola, mediante los canales oficiales, puso en conocimiento del procurador general ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte-Grand, la conducta reticente del responsable del Ministerio Público de Lomas de Zamora.
Entonces, el jefe de los fiscales provinciales dispuso que la conducta del fiscal Baccini fuese investigada por el Departamento de Control Disciplinario de la Procuración.
Para garantizar la objetividad del proceso en investigaciones en las que aparece imputado un fiscal, los sumarios se instruyen en otro departamento judicial.
Se inició así un sumario que quedó a cargo del fiscal general de Pergamino, Fernando D’Elío, quien luego de revisar las pruebas concluyó que “con su conducta, Baccini habría ocasionado la impunidad en una causa de interés institucional, puesto que se denunciaba la posible comisión de una defraudación en perjuicio del erario público”.
En la resolución de 60 páginas, el fiscal D’Elío consideró que Baccini sería responsable del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.
Al consignar las cuestiones prejudiciales, en las que se detalló que el fiscal general de Lomas de Zamora tiene fueros, se consideraba necesario que para avanzar en el proceso se debía comunicar la resolución a la Secretaría de Control Disciplinario y de Enjuiciamiento de la Procuración General, a través del Departamento de Enjuiciamiento de Magistrados y remitir otra copia a la fiscalía federal N°1 de Lomas de Zamora, que investiga las denuncias contra Insaurralde y que había denunciado la reticencia en el envío del expediente contra los colaboradores del intendente.
El 9 de septiembre del año pasado, Baccini recibió la notificación de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses.
A casi diez meses de la presentación del pedido de juicio político contra Baccini, el expediente no tuvo avances relevantes y no fueron sorteados los conjueces que deben revisar si el Jurado tiene competencia para resolver sobre la denuncia contra el fiscal.
“Para mí, la acusación no tiene fundamentos. Nunca me demoré en entregar el expediente. Yo expuse una opinión. Actualmente, la causa que me atribuyen haber archivado sigue abierta. Además, el denunciante, en este caso, la auditora del Tribunal de Cuentas, nunca se mostró disconforme con la resolución de archivar la causa”, concluyó el fiscal Baccini.
escándalo de corrupción por el que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde,Gustavo Carabajal,Lomas de Zamora,Conforme a,Lomas de Zamora,,La culpa es del buchón,,Sospechas. En Lomas de Zamora sigue el boom inmobiliario que creció al calor de Insaurralde,,En Lomas de Zamora. Una joven se resistió a que le robaran el celular y los ladrones la arrastraron unos metros con el auto
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