SOCIEDAD
“Todos dejan su huella digital”: la Justicia analiza cobrarle a los padres los gastos de los operativos por amenazas escolares
MAR DEL PLATA.- Apenas varía la fecha. Algún caso sobre papel pegado en una pared, en otros con escrituras a fibrón sobre una puerta o algún azulejo. Casi todas en sector de sanitarios y el lugar común de todos los mensajes es una misma palabra: “Tiroteo”.
La preocupación que llegó con estas amenazas de violencia escolar en establecimientos educativo de esta ciudad comenzó a mitad de semana, con la primera advertencia que llegó desde un instituto privado de la zona norte. Pronto aparecieron más. Hasta la noche del jueves eran siete los notificados a la justicia. Después de mediodía de este viernes, según fuentes de la investigación, los avisos sumaban 30 escuelas de gestión pública o privada.
No todos estos casos fueron formalizados en sede judicial. Algunos solo llegaron a las autoridades en modo de mensajes, a veces por directivos de escuelas y en otros por padres de alumnos, preocupados e incluso alarmado por la situación.
Lo que sí quedó claro en estas últimas horas, en particular con el accionar de la Justicia, es que se darán los pasos necesarios para que los padres de los alumnos responsables deban hacerse cargo de los costos adicionales que demanden los operativos que se están poniendo en práctica a partir de estas amenazas.
Esta ola creciente sobre el cierre de la semana llegó cuando ya se conocía el supuesto autor de aquel primer caso detectado. Desde la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en turno se lo identificó y notificó del delito de intimidación pública. El apuntado tiene 17 años y es inimputable.
El fiscal Walter Martínez Soto, a cargo de la causa en este tramo inicial, confirmó a LA NACION que hubo colaboración de las autoridades del establecimiento donde se detectó aquel primer hecho y compromiso de avanzar con acciones de concientización en su comunidad educativa, previstas a partir de este mismo viernes.
A la par, con el listado de los establecimientos afectados, se implementaba un esquema de presencias policiales próximas a las sedes de esas instituciones.
Las denuncias por este tipo de hechos se triplicaron en menos de 24 horas. Fuentes judiciales aseguraron a LA NACION que lo que se había percibido con foco en instituciones privadas tuvo una pausa y la continuidad se dio en escuelas del sistema público.
Las imágenes que circularon en redes sociales y que corresponderían a algunos de los mensajes que aparecieron en escuelas de esta ciudad, todas de nivel secundario, referían a supuestas convocatorias a “tiroteo” el jueves 16, en otros el viernes 17 y algunos fijan la fecha en el próximo 22.
Este panorama vuelve el escenario mucho más sensible a partir de lo ocurrido semanas atrás en Santa Fe, donde un alumno ingresó en una escuela en la ciudad de San Cristóbal con un fusil y disparó contra sus compañeros. Mató a uno e hirió de bala a otros dos.
Este viernes también se sumaron, como novedad en la metodología, amenazas de bomba. Ocurrió, por ejemplo, en la Escuela de Educación Técnica N°2, que funciona a 300 metros del palacio comunal, en pleno centro de la ciudad. Derivó en el desalojo de las instalaciones hasta que personal del Departamento de Explosivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires completó el relevamiento del edificio y constató que no había elementos sospechosos.
“Estamos analizando dar curso a la Fiscalía de Estado provincial con relación a esta gestión extra de gastos que tiene que hacer la policía, con miras a que sean pagados por los padres de los alumnos responsables de estos hechos”, confirmó Martínez Soto a LA NACION. La normativa vigente (el artículo 1.754 del Código Civil) habilita a reclamar a los padres para que respondan patrimonialmente por los daños o costos que deriven del mal accionar de sus hijos.
Desde la Justicia confirmaron que los casos detectados se encuadran dentro del delito de intimidación pública, con penas previstas de hasta seis años de prisión. En este caso los sospechosos son menores de edad y aun no rige la baja de edad de imputabilidad aprobada meses atrás.
Protocolos propios
“Se activarán los protocolos internos correspondientes, priorizando el cuidado de los estudiantes, la intervención oportuna de los equipos institucionales y un abordaje educativo centrado en la reflexión, la construcción de la paz y el uso responsable de las redes sociales”, expresaron desde la Junta Regional de Educación Católica (Jurec), que reúne a las escuelas de gestión privada y con formación religiosa.
En un documento que hicieron circular tras estos primeros casos de amenazas reclamaron también “supervisión adulta de las redes sociales que utilizan sus hijos, así como de los contenidos que consumen y producen, prestar atención a posibles señales de alerta”.
Desde la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil también se confirmó una adecuación de medidas para facilitar la recepción de denuncias y atención especial de estos casos. También se acordó allí el refuerzo policial cerca de los establecimientos. “Es cuestión de tiempo dar con los autores, todos dejan su huella digital”, advirtió Martínez Soto para advertir que no se trata de una travesura de adolescentes sino de un delito que puede tener costos importantes en lo personal para quienes lo comente, aun siendo menores de edad.
El Tribunal de Juicio de Orán, provincia de Salta condenó a prisión perpetua a Víctor y Gonzalo Salvatierra, declarados culpables como coautores de homicidio doblemente calificado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas.
El fallo, que representa la pena máxima prevista en el Código Penal argentino, ordenó el inmediato traslado de los condenados a la Unidad Carcelaria 3 de Orán y su registro en el Banco de Datos Genéticos.
La sentencia fue dictada tras un extenso proceso oral en el que la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, actuó en representación del Ministerio Público Fiscal.
Durante el debate, la acusación sostuvo la responsabilidad penal de tres hombres de 29, 31 y 39 años, imputados como coautores del crimen de Pablo César Almaraz, un puestero rural hallado sin vida y en condiciones de extrema violencia a la vera de la ruta nacional 34.
El hecho que motivó la investigación ocurrió el 1 de octubre de 2022. Aquel día, un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre el hallazgo de un cadáver entre las localidades de Pichanal y Colonia Santa Rosa. La víctima, de 41 años, fue identificada como Pablo César Almaraz. Su cuerpo presentaba signos de brutalidad: estaba decapitado y tenía las manos atadas, lo que permitió a los investigadores calificar el crimen como homicidio con agravantes.
La audiencia de debate, a cargo de los jueces Norma Roxana Palomo, Mario Maldonado y Fabián Fayos, se extendió por varias jornadas, en las que se escucharon testimonios, pericias y los argumentos de las partes.
La fiscal Filtrín Cuezzo mantuvo la acusación contra los tres imputados y pidió la aplicación de prisión perpetua, solicitud a la que adhirió la querella. La defensa de los acusados intentó desmontar la hipótesis de la participación de sus asistidos, insistiendo en la falta de pruebas directas.
Ayer lunes, reanudada la audiencia, el Tribunal otorgó a los imputados la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de deliberar. Una vez finalizada esta instancia, los jueces pasaron a deliberar en privado.
En su resolución, el Tribunal determinó que Víctor y Gonzalo Salvatierra fueron responsables del homicidio doblemente calificado, valorando la existencia de alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas. Por el contrario, el tercer acusado fue absuelto por el beneficio de la duda. Se ordenó su inmediata libertad ante la falta de elementos concluyentes que lo vincularan de manera directa con el hecho.
La brutalidad del hecho investigado marcó el curso de la causa desde el inicio. El cuerpo de Almaraz fue encontrado decapitado y maniatado, lo que orientó a los investigadores hacia una hipótesis de homicidio ejecutado con planificación y extrema violencia. Los peritajes forenses confirmaron que la víctima fue sometida a un ataque premeditado, descartando la posibilidad de un acto impulsivo o fortuito.
La fiscalía reconstruyó la secuencia de los hechos en base a pruebas periciales, testimonios y elementos recolectados en la escena del crimen. El lugar del hallazgo, a un costado de la ruta nacional 34, entre Pichanal y Colonia Santa Rosa, fue clave para establecer el contexto y la mecánica del ataque.
Con el veredicto leído este lunes, la causa por el homicidio de Almaraz se aproxima a su cierre judicial, aunque las secuelas del crimen seguirán presentes en la comunidad rural afectada y en la memoria de sus allegados.
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SOCIEDAD
Córdoba: un adolescente de 15 años murió tras ser arrollado por un tren cuando cruzaba las vías en bicicleta
Un chico de 15 años murió este lunes por la tarde tras ser embestido por una formación del Belgrano Cargas mientras circulaba en bicicleta por un paso a nivel en la localidad de Santiago Temple, departamento Río Segundo, en la provincia de Córdoba.
El adolescente sufrió graves heridas, fue atendido en el lugar y trasladado a un hospital zonal, desde donde fue derivado a un centro de salud de la Capital provincial, pero murió durante el traslado.
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El accidente ocurrió minutos antes de las 17, en un cruce ferroviario ubicado frente a la Plaza Disney de esa localidad del interior cordobés.
Según las primeras reconstrucciones, el joven intentaba cruzar las vías cuando fue alcanzado por la locomotora. Testigos y fuentes oficiales indicaron que el chico habría tratado de “ganarle” al tren, cayó a las vías y fue atropellado. Las circunstancias exactas del hecho se encuentran bajo investigación fiscal.
Personal del servicio médico de emergencia de Santiago Temple asistió al adolescente en el lugar del accidente. Luego fue trasladado al hospital local y, ante la gravedad de sus lesiones, derivado a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Córdoba. Fuentes policiales confirmaron que el joven falleció durante ese traslado.
En el sitio del hecho se desplegó un importante operativo que incluyó bomberos, policía y personal de la empresa ferroviaria.
El paso a nivel quedó momentáneamente interrumpido mientras se realizaban las tareas de pericia y remoción. El tránsito vehicular sobre la Ruta Nacional 19, que atraviesa la zona, no se vio afectado y continuó habilitado en ambos sentidos.
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El hecho se encuentra en etapa de investigación a cargo de la Justicia provincial, que busca determinar con precisión la secuencia de los hechos, el estado de la señalización del cruce y si existieron factores que contribuyeron al siniestro.
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SOCIEDAD
Juicio por Loan, octava audiencia: declaran un primo, un tío y un testigo que participó de la búsqueda y encontró huellas
El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este martes 7 de julio en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes con la octava audiencia del debate. Luego de las declaraciones de los padres, los hermanos, la abuela, los tíos y otros familiares directos del niño, el Tribunal Oral Federal escuchará a tres nuevos testigos.
Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, fueron citados Miguel Ángel Noguera, tío materno de Loan; Diego Arnaldo “Huevo” Peña, primo del niño; y Roque Valeriano Noguera, quien participó de la búsqueda y encontró huellas en el barro.
Las mayores expectativas están puestas en la declaración de Diego “Huevo” Peña, quien estuvo presente en el almuerzo realizado el 13 de junio de 2024 en la casa de Catalina Peña. Su nombre apareció en reiteradas oportunidades durante las últimas audiencias, especialmente en los testimonios de Camila Ayelén Núñez y otros familiares, que reconstruyeron el recorrido hacia el naranjal y los minutos previos a la desaparición del niño.
En tanto, Miguel Ángel Noguera fue mencionado por Alberto Sebastián Noguera durante la séptima audiencia. Según declaró, ambos se dirigieron juntos hacia la casa de Catalina apenas se enteraron de que Loan había desaparecido para sumarse a la búsqueda.
Por su parte, Roque Valeriano Noguera es uno de los testigos vinculados al hallazgo de las huellas y del botín del niño, un episodio que ocupa un lugar central en la acusación contra Laudelina Peña. Además, mantiene un vínculo familiar por afinidad con Antonio Benítez, ya que su esposa, Marina Franco, es prima del imputado.
Con estas declaraciones continuará una etapa del juicio centrada en reconstruir las horas previas y posteriores a la desaparición de Loan. Hasta el momento ya declararon 13 familiares directos, quienes permitieron al Tribunal reconstruir el desarrollo del almuerzo, el recorrido hacia el naranjal y el inicio de la búsqueda, aunque todavía persisten interrogantes sobre qué ocurrió con el niño después de que fue visto por última vez.
Los momentos que marcaron las primeras tres semanas
Además de la reconstrucción de los hechos, el debate oral también dejó escenas y testimonios que marcaron el inicio del juicio.
Uno de los primeros impactos llegó en la tercera audiencia, cuando la defensa de Laudelina Peña pidió citar como testigo a Elisa “Lilita” Carrió. El planteo se basó en declaraciones públicas de la ex líder de la Coalición Cívica, quien aseguró que el entonces gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, le había dicho: “A alguien había que quebrar”, en referencia a Laudelina. El Tribunal hizo lugar al pedido.
En esa misma jornada, Carlos Pérez entregó unas anotaciones a su abogado defensor, Ernesto “Tito” González, en las que se definió como un “chivo expiatorio”.
La sexta audiencia estuvo marcada por las declaraciones de los hermanos de Loan. Cristian Ramón Peña reveló que, durante las primeras horas de la búsqueda, recibió un mensaje intimidatorio de un desconocido. “Me preguntaron si quería hablar con Loan o negociar por él”, declaró ante el Tribunal.
Ese mismo día también volvió a aparecer el nombre de José Mazzei, el perito contratado por la familia para colaborar en la búsqueda del niño. Su intervención generó uno de los principales cruces entre las partes, no por su trabajo en sí, sino por una reconstrucción privada que realizó durante la investigación junto a algunos familiares de Loan. Mientras la defensa pretendía interrogar a los testigos sobre esa diligencia, la fiscalía y la querella se opusieron al considerar que las preguntas excedían el objeto del juicio y podían revictimizar a las víctimas. Finalmente, el Tribunal autorizó el interrogatorio, aunque con ciertos límites.
Otro de los testimonios que generó repercusión fue el de Macarena Peña, hija de Laudelina. La joven aseguró que escuchó al entonces abogado de su madre, José Fernández Codazzi, sugerir que sostuvieran la versión de un accidente para explicar la desaparición de Loan. Según declaró, el letrado les advirtió que “tenían ubicaciones que las comprometían, que iban a ser detenidas” y que “Patricia Bullrich nos iba a llevar”.
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