CÓRDOBA.- El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que podría convocar a todos los mandatarios provinciales para acordar una rebaja de Ingresos Brutos y tasas municipales. Sería una suerte de nuevo consenso fiscal. El funcionario evalúa la convocatoria a instancias de un pedido de un gobernador aliado: Rogelio Frigerio, mandatario de Entre Ríos y excompañero de Caputo durante la gestión de Mauricio Macri.

La posibilidad de un acuerdo con las provincias se daría después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le reclame a la Nación una reforma tributaria integral, la que requeriría más de un esquema de coordinación amplio que de un pacto de difícil monitoreo. Los antecedentes de los últimos 30 años muestran que esos acuerdos son muy volátiles.

“Estamos hablando con algunos gobernadores para hacer esa convocatoria”, le respondió Caputo a hace una semana y sostuvo que la idea es avanzar durante este año con la reducción de tributos provinciales -en especial Ingresos Brutos- y municipales que, dijo, representan hoy uno de los principales componentes del “costo argentino”.

Desde inicios de los ’90, los pactos fiscales entre la Nación y las provincias han sido recurrentes. Funcionan, en muchos casos, como parches a la reforma de fondo que viene demorada desde 1994, cuando la nueva Constitución Nacional ordenó dictar una nueva ley de coparticipación. La normativa actual data de 1988; nació como transitoria en la presidencia de Raúl Alfonsín. En medio de una situación económica crítica, estableció porcentajes fijos de distribución de recursos entre la administración central y los estados subnacionales.

Con Carlos Menem en la presidencia y Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, los pactos aparecieron como una herramienta para que las provincias corrigieran sus desequilibrios fiscales y la Nación pudiera sostener el modelo de la convertibilidad.

En 1992, firmaron un acuerdo por el que los gobernadores aceptaron la retracción del 15% de la masa coparticipable para financiar Anses (impactado por la creación de las AFJP), asumían compromisos de disciplina fiscal y se comprometían a reformas administrativas y previsionales. A cambio, la Casa Rosada garantizaba un piso mínimo de transferencias mensuales, asistencia financiera en caso de desequilibrios, refinanciación de deudas provinciales y apoyo político para la gestión de créditos internacionales.

Ese acuerdo terminó convirtiéndose en uno de los puntos más conflictivos del federalismo argentino. Varias provincias fueron a la Justicia porque, desaparecidas las AFJP, la retención continuaba. En 2015, la Corte Suprema falló a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luis y declaró inválida la continuidad de ese descuento sin un nuevo acuerdo federal.

Le siguió el Pacto Fiscal Federal de 1993 -firmado también bajo el menemismo- por el que las provincias asumían compromisos concretos como eliminar o reducir impuestos considerados “distorsivos” y modernizar la administración tributaria, privatizar bancos provinciales deficitarios, ajustar el gasto público, limitar el crecimiento del empleo estatal y avanzar en reformas previsionales. El enunciado es similar a lo que hoy todavía está pendiente.

A cambio, la Casa Rosada ofrecía compensaciones financieras, fondos especiales para cubrir déficits, avales para tomar créditos afuera y programas de asistencia técnica. El Gobierno nacional necesitaba resultados fiscales para mostrar al FMI y varios gobernadores no tuvieron otro camino que aceptar por su dependencia creciente de los giros nacionales.

Con Fernando de la Rúa en la presidencia y José Luis Machinea en Economía se sucedieron los compromisos fiscales de 1999 y 2000 que pedían déficit cero provincial, congelamiento del gasto público, reducción del déficit previsional, reformas impositivas locales y límites al endeudamiento. A cambio la Nación que, una vez más, negociaba recursos con el FMI, garantizaba refinanciación de deudas, compensaciones económicas y asistencia técnica. En medio de la crisis, las provincias emitieron cuasimonedas y los acuerdos quedaron en la nada.

Otra etapa

Con la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada en 2003 comenzó un estilo diferente de relación con las provincias. La Nación concentró poder y, a partir de la entrega o negación de fondos, buscó disciplinar políticamente a los gobernadores. Crecieron las transferencias no automáticas, los recursos distribuidos discrecionalmente por el Poder Ejecutivo.

En esos años, además, creció la presión tributaria nacional a partir de suba de impuestos, como las retenciones, que no son coparticipables. Cristina Kirchner terminó creando un “fondo sojero” para distribuir parte de esa recaudación con las provincias. Fue a finales de su gestión cuando la Corte Suprema de Justicia puso fin del descuento del 15% de la coparticipación para Anses. Fue Mauricio Macri, a semanas de asumir, quien debió cumplir con el fallo.

En 2017, con Frigerio como ministro del Interior, se firma un nuevo Consenso Fiscal. Hay especialistas que lo consideran el “más ambicioso” de los de la lista, mientras que para otros nació con problemas de diseño.

Las provincias debían reducir progresivamente durante cinco años, Ingresos Brutos, bajar impuestos de Sellos, eliminar tratamientos diferenciales, contener el gasto público, transparentar la información fiscal y frenar juicios contra la Nación. A cambio, la Rosada compensaba pérdidas de recaudación, devolvía gradualmente el 15% retenido para Anses, transfería fondos adicionales a Buenos Aires y refinanciaba deudas.

Macri intentaba generar previsibilidad fiscal y mostrar un esquema más “federal” de relación con los gobernadores. Como en algunas categorías de Ingresos Brutos la banda superior de alícuotas era más alta que las vigentes, hubo provincias que las subieron. La crisis cambiaria de 2018 alteró el contexto y el pacto se suspendió en 2019.

Alberto Fernández, después de asumir y en medio de la pandemia, directamente lo dejó sin efecto.

La relación de la administración de Javier Milei con los gobernadores es zigzagueante, con alianzas que se reeditan en función de las promesas en un contexto permanente de reclamo de obras y recursos por parte de las provincias.

Apenas una semana después de enviar al Congreso el denominado “Súper RIGI” para atraer inversiones en inteligencia artificial, centros de datos e infraestructura tecnológica, el Gobierno presentó una reforma integral de la ley general de sociedades (19.550) destinada a adaptar el marco jurídico argentino a esas nuevas actividades.

La iniciativa, que ingresó el viernes al Senado, propone reemplazar una norma con más de cincuenta años de vigencia por un régimen más flexible para la constitución, organización y financiamiento de empresas.

Entre otros cambios, crea nuevas figuras societarias vinculadas a blockchain e inteligencia artificial, habilita una mayor autonomía para que los socios definan sus reglas internas y permite que determinadas controversias puedan resolverse mediante arbitrajes internacionales y bajo legislación extranjera.

Combinado con el “Súper RIGI”, el proyecto muestra una estrategia más amplia del Gobierno: no solo atraer industrias que hoy tienen escasa o nula presencia en la Argentina, sino también modificar las reglas societarias para facilitar su radicación y funcionamiento. El régimen de promoción enviado la semana pasada apunta específicamente a actividades que el Poder Ejecutivo define como industrias “del futuro”, vinculadas a infraestructura tecnológica estratégica y proyectos todavía experimentales en el país.

La reforma de la ley de sociedades, sin embargo, anticipa debates. Entre otros puntos, la nueva libertad contractual, la posibilidad de recurrir a derecho extranjero en determinadas relaciones societarias y la reducción de controles formales podrían abrir interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización y transparencia de estructuras empresariales complejas. La simplificación y desregulación podría convertir al país en un destino predilecto para la evasión, el lavado de activos u otras maniobras ilícitas.

También aparecen cuestionamientos sobre la incorporación de organizaciones basadas en blockchain y contratos inteligentes, cuyos protocolos -el código- podrían quedar parcialmente fuera del alcance de los controles administrativos ordinarios.

En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que la actual ley 19.550 “ha demostrado ser insuficiente para responder a las transformaciones del entorno económico, tecnológico y jurídico de las últimas décadas” y argumenta que resulta necesario contar con estructuras societarias “más simples, flexibles y tecnológicamente compatibles”.

Nuevas figuras

El aspecto más novedoso de la iniciativa es la incorporación de nuevas estructuras pensadas para modelos de negocios digitales.

La principal es la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), una figura inspirada en las organizaciones descentralizadas que funcionan mediante blockchain y contratos inteligentes. El proyecto establece que podrá operar de manera total o parcialmente autónoma a través de protocolos tecnológicos -el código- previamente definidos y que sus integrantes podrán participar mediante tokens u otros activos digitales.

El Gobierno sostiene que esta incorporación responde a “la aparición de nuevas formas de organización económica que, de no contar con reconocimiento jurídico, pueden operar en zonas de incertidumbre, informalidad o falta de responsabilidad claramente atribuible”.

Pero su inclusión abre interrogantes regulatorios. El proyecto limita el acceso de los organismos de control a partes del software que gobierna el funcionamiento de estas organizaciones, salvo orden judicial. Como en una DAO ese código define buena parte de las decisiones y operaciones de la sociedad, podría dificultar las tareas de fiscalización.

En una DAO, por ejemplo, muchas decisiones que en una empresa tradicional toman directivos o accionistas quedan programadas en el sistema y se ejecutan automáticamente.

La reforma también crea la figura de la sociedad automatizada, definida como aquella que desarrolla su actividad mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial sin requerir intervención humana constante. En estos casos, la sociedad deberá incorporar la expresión “automatizada” en su denominación y responder por los daños que puedan ocasionar esos sistemas.

A la vez, el proyecto incorpora definitivamente a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) dentro de la ley general. La figura, creada durante el gobierno de Mauricio Macri para facilitar la creación de empresas, conserva su lógica de constitución rápida y flexible, aunque ahora queda integrada al régimen societario general.

La iniciativa también flexibiliza el objeto social, habilita la unipersonalidad en todos los tipos societarios, digitaliza trámites y documentación, facilita las reuniones remotas y elimina diversas exigencias registrales que el Gobierno considera burocráticas.

Arbitraje internacional y derecho extranjero

Uno de los cambios más sensibles habilita que las sociedades que no realicen oferta pública puedan pactar que determinadas relaciones internas se rijan por derecho extranjero o por principios del derecho mercantil internacional. También permite establecer tribunales arbitrales fuera de la Argentina para resolver conflictos societarios.

El Gobierno argumenta que la medida busca otorgar previsibilidad a emprendimientos con participación de inversores extranjeros y estructuras internacionales.

El texto aclara que esa libertad contractual no alcanza a cuestiones vinculadas con la existencia de la sociedad, la protección de terceros, la responsabilidad frente a acreedores o los procesos de liquidación, que continuarán regidos por normas argentinas.

La iniciativa fue elaborada principalmente por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, en conjunto con la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal Murphy, y el Ministerio de Justicia. Lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.