POLITICA
Ley de sociedades: con la reforma, Milei busca adaptar las reglas del juego para el desembarco de empresas tecnológicas
Apenas una semana después de enviar al Congreso el denominado “Súper RIGI” para atraer inversiones en inteligencia artificial, centros de datos e infraestructura tecnológica, el Gobierno presentó una reforma integral de la ley general de sociedades (19.550) destinada a adaptar el marco jurídico argentino a esas nuevas actividades.
La iniciativa, que ingresó el viernes al Senado, propone reemplazar una norma con más de cincuenta años de vigencia por un régimen más flexible para la constitución, organización y financiamiento de empresas.
Entre otros cambios, crea nuevas figuras societarias vinculadas a blockchain e inteligencia artificial, habilita una mayor autonomía para que los socios definan sus reglas internas y permite que determinadas controversias puedan resolverse mediante arbitrajes internacionales y bajo legislación extranjera.
Combinado con el “Súper RIGI”, el proyecto muestra una estrategia más amplia del Gobierno: no solo atraer industrias que hoy tienen escasa o nula presencia en la Argentina, sino también modificar las reglas societarias para facilitar su radicación y funcionamiento. El régimen de promoción enviado la semana pasada apunta específicamente a actividades que el Poder Ejecutivo define como industrias “del futuro”, vinculadas a infraestructura tecnológica estratégica y proyectos todavía experimentales en el país.
La reforma de la ley de sociedades, sin embargo, anticipa debates. Entre otros puntos, la nueva libertad contractual, la posibilidad de recurrir a derecho extranjero en determinadas relaciones societarias y la reducción de controles formales podrían abrir interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización y transparencia de estructuras empresariales complejas. La simplificación y desregulación podría convertir al país en un destino predilecto para la evasión, el lavado de activos u otras maniobras ilícitas.
También aparecen cuestionamientos sobre la incorporación de organizaciones basadas en blockchain y contratos inteligentes, cuyos protocolos -el código- podrían quedar parcialmente fuera del alcance de los controles administrativos ordinarios.
En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que la actual ley 19.550 “ha demostrado ser insuficiente para responder a las transformaciones del entorno económico, tecnológico y jurídico de las últimas décadas” y argumenta que resulta necesario contar con estructuras societarias “más simples, flexibles y tecnológicamente compatibles”.
Nuevas figuras
El aspecto más novedoso de la iniciativa es la incorporación de nuevas estructuras pensadas para modelos de negocios digitales.
La principal es la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), una figura inspirada en las organizaciones descentralizadas que funcionan mediante blockchain y contratos inteligentes. El proyecto establece que podrá operar de manera total o parcialmente autónoma a través de protocolos tecnológicos -el código- previamente definidos y que sus integrantes podrán participar mediante tokens u otros activos digitales.
El Gobierno sostiene que esta incorporación responde a “la aparición de nuevas formas de organización económica que, de no contar con reconocimiento jurídico, pueden operar en zonas de incertidumbre, informalidad o falta de responsabilidad claramente atribuible”.
Pero su inclusión abre interrogantes regulatorios. El proyecto limita el acceso de los organismos de control a partes del software que gobierna el funcionamiento de estas organizaciones, salvo orden judicial. Como en una DAO ese código define buena parte de las decisiones y operaciones de la sociedad, podría dificultar las tareas de fiscalización.
En una DAO, por ejemplo, muchas decisiones que en una empresa tradicional toman directivos o accionistas quedan programadas en el sistema y se ejecutan automáticamente.
La reforma también crea la figura de la sociedad automatizada, definida como aquella que desarrolla su actividad mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial sin requerir intervención humana constante. En estos casos, la sociedad deberá incorporar la expresión “automatizada” en su denominación y responder por los daños que puedan ocasionar esos sistemas.
A la vez, el proyecto incorpora definitivamente a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) dentro de la ley general. La figura, creada durante el gobierno de Mauricio Macri para facilitar la creación de empresas, conserva su lógica de constitución rápida y flexible, aunque ahora queda integrada al régimen societario general.
La iniciativa también flexibiliza el objeto social, habilita la unipersonalidad en todos los tipos societarios, digitaliza trámites y documentación, facilita las reuniones remotas y elimina diversas exigencias registrales que el Gobierno considera burocráticas.
Arbitraje internacional y derecho extranjero
Uno de los cambios más sensibles habilita que las sociedades que no realicen oferta pública puedan pactar que determinadas relaciones internas se rijan por derecho extranjero o por principios del derecho mercantil internacional. También permite establecer tribunales arbitrales fuera de la Argentina para resolver conflictos societarios.
El Gobierno argumenta que la medida busca otorgar previsibilidad a emprendimientos con participación de inversores extranjeros y estructuras internacionales.
El texto aclara que esa libertad contractual no alcanza a cuestiones vinculadas con la existencia de la sociedad, la protección de terceros, la responsabilidad frente a acreedores o los procesos de liquidación, que continuarán regidos por normas argentinas.
La iniciativa fue elaborada principalmente por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, en conjunto con la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal Murphy, y el Ministerio de Justicia. Lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
el denominado “Súper RIGI”,ingresó el viernes al Senado,@madorni,@JMilei,https://t.co/mYGOIAYhDB,May 29, 2026,Delfina Celichini,Senado de la Nación,Conforme a,,Billeteras virtuales. La investigación de $LIBRA se frena por la falta de recursos tecnológicos para seguir la ruta del dinero,,Solo en Off. La curiosa SIDE de Santiago Caputo, entre balazos virales y comunicados sanitarios,,Autos y efectivo. Investigan al extitular de Trenes Argentinos del mileísmo por supuestas coimas en el gobierno anterior,Senado de la Nación,,Arbitrariedad en el poder. La represalia del Estado por “portación de parentesco”,,»Ataque directo». Fuerte rechazo a la decisión del Gobierno de vetar el ascenso de una candidata a jueza por ser la cuñada de un periodista,,Tensión en el Senado. Pro y otros aliados se diferencian del oficialismo y buscan sostener el pliego de la jueza Michelli
POLITICA
El Peronismo Federal presentó en Comodoro Rivadavia un programa energético con inversión, empleo y reglas estables
Más de 4.000 dirigentes participaron en un nuevo encuentro del Peronismo Federal en Comodoro Rivadavia, donde el espacio presentó un programa energético y retomó la discusión sobre un proyecto de gobierno federal con la producción, el empleo y la educación como ejes.
La convocatoria reunió en la ciudad chubutense a legisladores nacionales, intendentes, dirigentes sindicales y referentes territoriales. Fue la continuidad de las jornadas que el sector realizó el 1 de mayo en Parque Norte y luego en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, con el objetivo de elaborar propuestas antes de definir candidaturas rumbo a 2027.
La elección de Comodoro Rivadavia, uno de los principales centros petroleros del país, puso el foco en la situación laboral de la Patagonia y en el futuro de las cuencas maduras de Chubut y Santa Cruz. Los organizadores señalaron que la salida de YPF de áreas convencionales y la caída de la actividad derivaron en la pérdida de miles de empleos.
En el encuentro se presentó el Programa Federal para el Desarrollo Energético, una iniciativa que propone una política de Estado con planificación y reglas estables para coordinar inversión pública y privada. El documento incluye medidas para agregar valor a los recursos, ampliar la participación de proveedores nacionales, preservar el papel de YPF y sostener la actividad en las cuencas maduras.
El plan también contempla obras de infraestructura, tarifas sostenibles, integración regional, investigación científica y tecnológica, además de la defensa de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y el Atlántico Sur. El planteo reconoce el crecimiento de la producción y las exportaciones energéticas, pero propone que ese avance se refleje en industria, empleo registrado y salarios.
El diputado nacional Juan Pablo Luque, anfitrión de la jornada, afirmó que el desempleo en la región pasó del 2 % al 10 % en menos de dos años y que se perdieron más de 13.000 puestos de trabajo en menos de 24 meses. Frente a ese escenario, pidió dejar de lado las discusiones individuales para abordar la matriz productiva, el desarrollo y la generación de empleo.
Dirigentes del espacio propusieron discutir ideas antes que candidaturas
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz sostuvo que la llegada de Peronismo Federal a la Patagonia, a través de los encuentros de Peronismo Debate, busca incorporar los problemas y las propuestas de cada provincia a una alternativa de alcance nacional. Cuestionó un modelo económico que, según afirmó, “extranjeriza y primariza la economía” y reclamó políticas que fortalezcan la industria y el valor agregado.
De cara a 2027, Tolosa Paz planteó que la unidad del peronismo debe fundarse en acuerdos programáticos. También defendió las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como mecanismo de ordenamiento interno. “Tenemos que debatir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas”, dijo.
Por su parte, el diputado nacional Guillermo Michel vinculó el actual saldo positivo de la balanza energética con decisiones adoptadas durante gobiernos peronistas, entre ellas la recuperación de Vaca Muerta y la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. “Pasamos de importar USD 10.000 millones en 2022 a terminar exportando este año más de USD 10.000 millones”, afirmó.
Además de Luque, Tolosa Paz y Michel, participaron los intendentes Othar Macharashvili, de Comodoro Rivadavia; Martín Pérez, de Río Grande; Pablo Grasso, de Río Gallegos; y Daniel Harrington, de Tolhuin. También asistieron las diputadas nacionales Moira Lanesán y Kelly Olmos, y los senadores nacionales Carlos Linares, Fernando Salino y Adán Bahl, entre otros representantes políticos y sindicales.
Las universidades patagónicas reclamaron financiamiento y desarrollo regional
Antes de la jornada política, parte de la delegación se reunió con autoridades de las nueve instituciones que integran la Red de Universidades Patagónicas (RUPA), en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Bajo la consigna “Defender la Universidad | Diálogo para el Desarrollo Regional”, analizaron el financiamiento universitario, la ciencia, la tecnología y el aporte de las casas de estudio al desarrollo regional.
Del intercambio participaron autoridades universitarias y representantes de los gremios ADU, FEDUN y APUNP. La agenda incluyó también la cuestión de la soberanía nacional en el Atlántico Sur.
Achával planteó que el desarrollo debe llegar a todas las provincias
Hacia el final del encuentro, el intendente de Pilar, Federico Achával, sostuvo que los recursos naturales y la capacidad productiva deben traducirse en industria, empleo y oportunidades. “El desarrollo no puede quedar concentrado en unos pocos lugares: tiene que llegar a cada ciudad y a cada familia”, afirmó.
El jefe comunal también calificó la jornada como “muy positiva”, por la posibilidad de debatir una Argentina federal basada en la producción, el trabajo y la educación. Además, reconoció la organización del diputado nacional Juan Pablo Luque y la participación de los vecinos de Comodoro Rivadavia.
Peronismo Federal prevé continuar los encuentros de Peronismo Debate en distintas regiones para ampliar el programa de gobierno que busca llevar a la discusión nacional.
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POLITICA
La Justicia citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina por la causa de presunta corrupción en la ANDIS
El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria para el 29 de octubre a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La decisión del magistrado se conoció un día después de que los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaran que ambos fueran convocados para ejercer su derecho de defensa, junto con otros directivos de la empresa.
Según el dictamen fiscal, la droguería habría tenido un rol central en un supuesto esquema de direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo, sobreprecios y acuerdos entre proveedores que habría operado dentro de la ANDIS entre mayo de 2024 y agosto de 2025.
La investigación también alcanza al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y a otros exfuncionarios y empresarios, mientras la Justicia busca determinar si existió una asociación ilícita vinculada con contrataciones millonarias del organismo.
La acusación plantea que las maniobras excedieron el direccionamiento de contrataciones puntuales: sostiene que la empresa intervenía en decisiones del organismo, accedía a información anticipada y coordinaba qué proveedores ganarían las compulsas. Se trata de un pedido de los fiscales para que los involucrados sean indagados.
Además de los hermanos Kovalivker, deberán declarar también el director de Compras de Suizo Argentina, Diego Viner; el director de Asuntos Corporativos, Sebastián Nuner Uner; el gerente de la División Tratamientos Especiales, Gonzalo Zarbo, y el coordinador de esa área, Fernando Domínguez.
De acuerdo con la acusación, la compañía recibía información de funcionarios antes de que finalizaran las compulsas, fijaba precios de medicamentos propios y de otras droguerías y llevaba un registro de los montos y porcentajes asignados a cada proveedor. También habría dado indicaciones sobre a qué empresas pagar y a cuáles demorarles las transferencias.
Entre las pruebas mencionadas aparecen archivos en poder de Suizo Argentina que detallaban los medicamentos requeridos, las firmas que resultarían adjudicatarias y los precios de venta antes del cierre de los procedimientos. Según los fiscales, esos datos luego coincidían con los resultados registrados en el sistema de compras de la ANDIS.
La fiscalía describió un “doble pacto”: por un lado, con funcionarios que garantizaban información y el control de las contrataciones; por otro, con droguerías que debían ajustarse a la distribución de negocios que organizaba Suizo Argentina.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) Histórica resolvió un paro nacional de una semana desde el miércoles 28 de octubre para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y partidas que aseguren el funcionamiento de las universidades nacionales.
La medida, aprobada por unanimidad en el Congreso Extraordinario del 22 de octubre, busca confluir con las demás organizaciones del Frente Sindical de Universidades Nacionales.
El conflicto se desarrolla tras la 5ta Marcha Federal Universitaria y durante la disputa judicial por la falta de aplicación de la norma de financiamiento. La docencia universitaria y preuniversitaria atribuyó la pérdida de ingresos a una política de ajuste del Gobierno nacional que, según sostuvo, afecta las condiciones materiales de la universidad pública.
Según informaron, las universidades nacionales acumulan desde diciembre de 2023 una caída presupuestaria real del 41,6%, mientras que los salarios del personal universitario perdieron más del 30% de su poder adquisitivo. Los datos fueron presentados en una reunión de rectores.
Vale recordar que los sindicatos universitario realizaron el último miércoles 30 de septiembre un paro de 72 horas para reclamar al Gobierno nacional que cumpla los fallos judiciales y la norma que obliga una recomposición de los salarios universitarios.
La huelga había comenzado el mismo día en que vencía el plazo fijado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, que dio lugar a la medida cautelar que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Cuatro jornadas de paro del personal no docente hasta noviembre
Por su parte, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) convocó a cuatro paros nodocentes de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo: el 28 de octubre y el 3, 12 y 16 de noviembre. Las medidas alcanzarán a las universidades públicas de todo el país y estarán acompañadas por actividades de visibilización en distintas regiones.
La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de la federación, con representantes de 54 organizaciones sindicales. La federación también resolvió impulsar acciones ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que los montos de la garantía salarial se incorporen a los salarios básicos, como establece el convenio colectivo.
La FATUN cuestionó que legisladores de La Libertad Avanza y funcionarios del Poder Ejecutivo impidieran la participación de representantes del sistema universitario en una reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. El plan de lucha se sostendrá junto con los gremios docentes, el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a los rectores, y la Federación Universitaria Argentina.
La articulación sindical y el reclamo por la ley
La CONADU Histórica instruyó a su Mesa Ejecutiva a coordinar las medidas aprobadas con las demás organizaciones del Frente Sindical para ampliar su alcance territorial. El gremio convocó a la comunidad universitaria a fortalecer la organización, la participación y las acciones de visibilización en todo el país.
El Congreso consideró que la quinta movilización federal consolidó apoyo ciudadano a la universidad pública bajo la consigna “Por educación, soberanía y democracia”. También repudió la represión denunciada durante la marcha del 15 de octubre, que concluyó con 25 detenidos frente al Congreso.
La FATUN sostuvo que esos hechos vulneraron el derecho a la protesta y la libertad sindical. La CONADU Histórica realizará un nuevo Congreso Extraordinario el viernes 6 de noviembre, después de su Congreso Anual Ordinario, para evaluar y definir la continuidad de las medidas.
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