En un intento por contener la inflación alimentaria que acumula un 33 % de incremento desde 2019, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la creación de NYC Groceries: una red de cinco supermercados municipales -uno por cada distrito- que ofrecerán un 30 % de descuento fijado mensualmente en la canasta básica.

La medida, que proyecta un ahorro estimado de 1.000 dólares anuales por hogar, contempla una inversión inicial de 70 millones de dólares en capital público para construir de tiendas en terrenos de la ciudad (con aperturas en Hunts Point y La Marqueta) operadas por concesionarios privados.

Sin embargo, el lanzamiento de este programa coincide con la aprobación in extremis de un presupuesto municipal de 125.800 millones de dólares para el año fiscal 2027, un acuerdo marcado por severas tensiones políticas, la postergación de pasivos acumulados y el cuestionamiento sobre la sostenibilidad del gasto público en la metrópoli más populosa de Estados Unidos.

Tras semanas de intensas negociaciones con el Concejo Municipal liderado por Julie Menin, el alcalde Mamdani logró cerrar formalmente en cero un agujero fiscal heredado de 12.000 millones de dólares correspondiente a la gestión saliente de Eric Adams.

No obstante, el equilibrio contable exigido por la ley federal se alcanzó mediante una peligrosa combinación de auxilios extraordinarios. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, debió inyectar un paquete de auxilio extraordinario de 8.000 millones de dólares para sostener programas prioritarios como el cuidado infantil universal, mientras que la ciudad aprobó el impuesto pied-à-terre a las viviendas de lujo desocupadas para intentar recaudar 500 millones anuales.

A la par de estas medidas tributarias, la administración recurrió a diferir pasivos laborales extendiendo por cinco años el cronograma de aportes a los fondos de pensiones públicas, lo que otorgó un alivio de caja inmediato de 1.640 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2027 a costa de encarecer las deudas del futuro. La medida, expuesta como fragilidad financiera, obligó al gobierno municipal a diluir severamente sus promesas de campaña.

El ambicioso plan de expansión de vales de vivienda CityFHEPS, estimado originalmente en más de 1.000 millones de dólares al año, quedó reducido a un fondo acotado de 175 millones enfocado únicamente en inquilinos de viviendas reguladas bajo proceso de desalojo. Del mismo modo, el aumento anunciado en la plantilla de la policía fue congelado y la propuesta de transporte público gratuito derivó apenas en un descuento ampliado para sectores vulnerables.

Pese a haber cerrado el presupuesto del año en curso, la Oficina del Contralor de la Ciudad, encabezada por Mark Levine, advirtió que los riesgos de un desequilibrio estructural persisten, previendo un déficit acumulado de 6.400 millones de dólares para el próximo ejercicio.

El anuncio de tiendas de comestibles financiadas por la administración de Mamdani reavivó de inmediato las comparaciones con el antecedente más masivo de intervención pública en la venta minorista de alimentos en América Latina: la red Mercado de Alimentos S.A. (MERCAL) en Venezuela.

Lanzada en abril de 2003 por Hugo Chávez tras el paro petrolero, MERCAL nació con el objetivo de vender alimentos básicos con subsidios de hasta un 50 % o más a través de módulos locales, abastos comunitarios y unidades itinerantes. Durante los primeros años de bonanza petrolera, el programa se expandió rápidamente operando de forma opaca con fondos extrapresupuestarios de la petrolera estatal PDVSA. En 2003, con un presupuesto nacional ordenado de 26.000 millones de dólares y un precio del barril en 18 dólares, el sector privado aún conservaba capacidad de respuesta.

Sin embargo, la combinación de gasto público desenfrenado, endeudamiento estatal superior a los 100.000 millones de dólares y la expropiación violenta de más de mil empresas y millones de hectáreas productivas terminó por asfixiar al tejido empresarial privado.

La ilusión contable llegó a su fin en 2016. Mientras la Ley de Presupuesto fijaba en papel un gasto equivalente a 245.000 millones de dólares basándose en un tipo de cambio oficial ficticio, el Banco Central emitía billetes sin respaldo para cubrir déficits fiscales colosales. La hiperinflación resultante, superior al 800 % anual, destruyó el signo monetario y pulverizó el presupuesto ejecutable real a menos de 1.500 millones de dólares al tipo de cambio de la calle.

Sin dólares reales para importar alimentos ni empresas privadas locales capaces de producir, la red MERCAL quedó completamente desabastecida, cerrando sus puertas y demostrando la imposibilidad de sostener subsidios masivos cuando se destruye la economía real.

Desde una perspectiva estrictamente macroeconómica, la Ciudad de Nueva York no corre el riesgo de convertirse en un Estado colapsado al estilo venezolano. Nueva York no posee un banco central para imprimir dólares de la nada, opera bajo la obligación legal de equilibrar su presupuesto cada año y no recurre a la expropiación de tierras ni de cadenas de suministros, limitándose a licitar la gestión de sus locales a operadores privados.

Sin embargo, más allá de estas salvaguardas institucionales, la propuesta de Mamdani comparte con el modelo de MERCAL vicios de lógica económica que amenazan con desestabilizar el mercado local, algo que advierten voces de la diáspora venezolana que residen hoy en la Gran Manzana y han experimentado ambos sistemas

Para Daniel Di Martino, analista económico de origen venezolano radicado en Nueva York, las tiendas públicas gestionadas por el ayuntamiento están destinadas al fracaso «como cualquier otro experimento socialista», debido a la ausencia estructural del incentivo de ganancia.

«La ciudad va a gastar una gran cantidad de dinero y no va a atender las necesidades de los consumidores locales, porque no tiene ningún incentivo para obtener ganancias. ¿Por qué el supermercado privado tiene los productos que usted quiere? Porque pueden ganar dinero con lo que usted quiere. Al supermercado del gobierno no le importan las ganancias y, por ende, no le importa lo que el consumidor necesite», explicó Di Martino.

Las críticas apuntan también a la distorsión del gasto público y al encubrimiento de los costos reales. Para ejecutar el plan, la administración impulsó una asignación de 70 millones de dólares a través de la Corporación de Desarrollo Económico (EDC) destinada a seleccionar terrenos y construir cinco supermercados municipales, uno por cada distrito. Tan solo la primera sede -ubicada en el histórico mercado de La Marqueta, en East Harlem- absorberá 30 millones de dólares, casi la mitad de todo el presupuesto proyectado. Frente al argumento de Mamdani de que la ciudad no pagará alquiler por utilizar predios municipales, Di Martino señala una falacia económica fundamental.

«Mamdani dice que la ciudad no tendrá que pagar alquiler porque el lugar ya es propiedad de la ciudad, pero hay un costo de oportunidad directo. La ciudad podría haber alquilado o vendido ese lugar a un inversor privado; en cambio, vamos a perder esos ingresos».

Al ofrecer locales comerciales exentos de renta y de impuestos a la propiedad, el ayuntamiento introduce una competencia desleal devastadora para las tradicionales bodegas de barrio, cuyos márgenes comerciales rozan un estrecho 3 %. Tan solo en un radio de una milla alrededor de La Marqueta ya operan grandes cadenas como Aldi y Costco Wholesale, sumadas a por lo menos tres supermercados locales. A esto se suma que el subsidio del 30 % en NYC Groceries no exige verificación de ingresos, lo que permite que cualquier residente o visitante acceda a productos por debajo del precio de mercado. «Si finalmente abren, le quitarán clientes a los negocios privados, por lo que el costo real para la ciudad será aún mayor», advierte Di Martino.

Para los venezolanos en Nueva York, la ausencia de filtros reproduce los incentivos de los primeros años de MERCAL, fomentando el desabastecimiento acelerado de las góndolas por exceso de demanda y la reventa informal. En última instancia, mantener precios congelados por decreto frente a la inflación global convierte al subsidio en un pozo sin fondo que la ciudad deberá financiar con impuestos cada vez más gravosos.

El peligro real para Nueva York no radica en una hiperinflación estatal, sino en deslizarse hacia un estancamiento sistémico y una quiebra municipal similar a las vividas por la propia ciudad en 1975 o por Detroit en 2013. A mediados de la década de 1970, Nueva York intentó sostener un colosal Estado de bienestar municipal que incluía universidad pública gratuita, una inmensa red hospitalaria sin costo y tarifas de transporte congeladas.

Cuando la clase media y las industrias emigraron hacia los suburbios huyendo de los impuestos, la base imponible se desplomó. Para no asumir el costo político de recortar el gasto, la alcaldía financió su operación diaria emitiendo deuda a corto plazo hasta que Wall Street cerró el grifo del crédito en 1975, forzando la intervención del Estado de Nueva York a través de un comité financiero que impuso despidos masivos y duras medidas de austeridad.

Cuatro décadas después, Detroit protagonizó en 2013 la mayor quiebra municipal en la historia de Estados Unidos al ignorar la pérdida de más del 60 % de su población tras el declive de la industria automotriz. En lugar de achicar la burocracia y ajustar las promesas de pensiones a la nueva realidad demográfica, los sucesivos gobiernos locales incrementaron la presión fiscal sobre los comercios restantes y emitieron deuda estructurada para cubrir déficits corrientes.

El resultado fue un colapso de 18.500 millones de dólares bajo el Capítulo 9 de la ley de quiebras, dejando a la ciudad con servicios públicos colapsados, el 40 % del alumbrado apagado y tiempos de respuesta policiales insostenibles. Las tres crisis comparten la misma matriz genética: la subestimación deliberada de costos operativos, la postergación de pasivos hacia el futuro, la extrema dependencia de salvavidas externos y el uso del diagnóstico de la «herencia recibida» para justificar una mayor expansión del gasto.

Al extender el análisis hacia democracias estables fuera de Estados Unidos, y extendiendo el paralelismo más allá de Venezuela, la historia económica demuestra que la intervención directa del Estado mediante la venta de alimentos subsidiados ingresa recurrentemente en bucles de asfixia fiscal e iliquidez. Un claro caso es el de México: desde la creación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) en 1961 hasta las redes contemporáneas de DICONSA y LICONSA (reestructurada recientemente bajo la marca Leche para el Bienestar), el sistema público mexicano ha crujido bajo el costo de absorber la inflación mediante el presupuesto público.

A fines de los años 90, CONASUPO colapsó financieramente agobiada por ineficiencias burocráticas y corrupción. En la actualidad, el modelo enfrenta episodios repetidos de iliquidez: hacia el cierre de los ejercicios fiscales, como ocurrió a finales de 2025 en cuencas ganaderas de Aguascalientes o Jalisco, LICONSA se vio obligada a suspender la compra de leche a pequeños productores locales por haber agotado su partida presupuestaria.

El congelamiento del precio final terminó estrangulando al propio Estado, dejando varadas a decenas de familias ganaderas, provocando pérdidas millonarias en la cadena primaria y forzando la quema o pérdida de valor por falta de capacidad de pago.

Pese a estos colapsos financieros internos, México no ha derivado en una crisis de desabastecimiento generalizado como la venezolana debido a una diferencia estructural determinante: la baja participación de mercado de la red estatal. Mientras MERCAL buscó monopolizar el consumo y asfixiar la distribución privada, LICONSA abarca apenas un 5,6 % del mercado nacional de leche fresca.

El 94 % restante permanece abastecido por un sector privado hipercompetitivo -encabezado por cadenas como Walmart, Soriana o Chedraui- que fija sus precios libremente según la oferta y la demanda real. Aunque la amplia oferta del sector privado previene problemas de desabastecimiento, la red pública requiere transferencias estatales recurrentes, concentrando los recursos en el subsidio al consumidor final en lugar del fomento a la productividad agrícola.

Asimismo, otros modelos globales suelen citarse erróneamente como justificación del intervencionismo minorista, cuando en realidad obedecen a lógicas muy distintas. En Brasil, los Restaurantes Populares desarrollados por el PT funcionan como comedores asistenciales de preparación directa y no como supermercados que distorsionan los precios minoristas del sector privado.

En la India, el Sistema de Distribución Pública (PDS) administra más de 500.000 Fair Price Shops como una medida de contención extrema frente a situaciones de vulnerabilidad absoluta, sostenida bajo una estructura sociodemográfica donde la extrema pobreza carece de alternativas comerciales.

A diferencia de estas redes que intentan mitigar crisis extremas mediante padrones censales socioeconómicos, el plan de Mamdani plantea un subsidio ciego sin verificación de recursos para cualquier consumidor en la ciudad más rica del mundo. Sin una base tributaria federal que absorba las pérdidas y con un presupuesto municipal en perspectiva negativa, financiar alimentos con fondos públicos recurrentes amenaza con acelerar el éxodo del sector privado y precipitar la iliquidez que destruye toda red estatal de abastecimiento.

Las métricas financieras y los patrones migratorios de 2026 confirman que Wall Street y los analistas de riesgo perciben estas políticas como una amenaza latente para la viabilidad económica de Nueva York. Agencias calificadoras de alcance global como Moody’s Ratings y Fitch Ratings revisaron formalmente la perspectiva crediticia de la ciudad de Estable a Negativa, colocando sus bonos de Obligación General en lista de observación debido a la persistencia de brechas presupuestarias estructurales y al uso recurrente de fondos de reserva de emergencia.

La decisión de Mamdani de postergar por cinco años los aportes a los fondos de jubilaciones públicas ya generó un impacto directo en el mercado de bonos municipales. Los inversionistas interpretaron el diferimiento de pasivos como una señal de debilidad en el flujo de caja, exigiendo rendimientos más altos para adquirir la deuda de la ciudad y encareciendo el crédito necesario para financiar obras de infraestructura real.

El panorama se ve agravado por la continua erosión de la base imponible, impulsada por datos del Censo de EE. UU. y de firmas bancarias que confirman la salida neta de residentes de altos ingresos hacia estados con menor carga fiscal como Florida y Texas. En este contexto, gravar las viviendas de lujo y crear subsidios comerciales permanentes sin respaldo productivo amenaza con acelerar la fuga de capitales, dejando a la ciudad con una estructura pública sobredimensionada y sin recursos suficientes para sostenerla.