La Argentina votó este lunes junto con Estados Unidos e Israel contra una declaración política de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias. Los tres países fueron los únicos que rechazaron el documento, aprobado con 153 votos a favor y dos abstenciones, correspondientes a Nueva Zelanda y Paraguay.

El texto llama a fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional, guiada por la ciencia, la equidad y el respeto de los derechos humanos. La posición argentina volvió a expresar el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Washington en las votaciones del organismo.

Entre sus prioridades, la declaración plantea fortalecer los sistemas de vigilancia, invertir en capacidades nacionales y ampliar la producción, la investigación y el desarrollo a nivel local y regional. También reclama financiación sostenible, participación de las comunidades y acceso equitativo a los beneficios derivados del intercambio de patógenos.

El documento propone abordar la preparación ante pandemias como una cuestión que comprende tanto la salud como el desarrollo, la economía y la seguridad, y que requiere acciones coordinadas entre distintos sectores.

Tras la aprobación, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró el compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas de continuar trabajando en conjunto. “El mundo ha avanzado mucho desde la COVID-19. Instamos a los países a que cumplan ahora los compromisos adquiridos”, expresó.

La declaración también respalda el Acuerdo sobre Pandemias de la OMS, adoptado el año pasado, que todavía no puede abrirse a la firma porque permanece pendiente la conclusión de un anexo sobre el Sistema de Acceso a Patógenos y Distribución de Beneficios, conocido por sus siglas en inglés, PABS.

Ese mecanismo prevé que los países compartan muestras de patógenos y datos genéticos y reciban una parte de las vacunas, los tratamientos y las pruebas diagnósticas desarrollados a partir de ellos. Tedros pidió finalizar las negociaciones para que el acuerdo pueda abrirse a la firma, iniciar su proceso de ratificación y entrar en vigor como derecho internacional.

Según informó la OMS, el resultado de esas conversaciones será examinado en la próxima Asamblea Mundial de la Salud, prevista para mayo de 2027, o antes, mediante una sesión extraordinaria.

La ONU indicó que la declaración debía aprobarse por consenso durante una reunión de alto nivel celebrada el 25 de septiembre. Sin embargo, las objeciones de Estados Unidos y de otros países impidieron avanzar por esa vía y obligaron a remitir el asunto a la Asamblea General.

El representante estadounidense había cuestionado las “ideologías divisorias que carecen de consenso conceptual”, así como las referencias del documento a las negociaciones pendientes sobre un componente del Acuerdo sobre Pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, el representante de Chile defendió la necesidad de una respuesta conjunta al señalar que “ningún país, por muy grande o preparado que esté, puede hacer frente solo a una amenaza que no conoce fronteras”.

Un antecedente reciente de la Argentina votando junto a Estados Unidos e Israel, y en contraposición a una amplia mayoría de los países, se registró el 25 de marzo de este año, según informó . En esa oportunidad, fueron los únicos que rechazaron una resolución de la Asamblea General que declaró a la trata de africanos esclavizados como “el crimen más grave contra la humanidad”. La iniciativa obtuvo 123 votos a favor y 52 abstenciones.

La votación se produjo, además, meses después de que la Argentina concretara una importante medida en materia sanitaria: su salida de la OMS, formalizada el 17 de marzo de este año, como contó . La decisión había sido anunciada por el gobierno de Javier Milei en febrero de 2025, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera retirar a su país del organismo.

El Gobierno promulgó el nuevo régimen de zonas frías, que había sido convertido en ley el 24 de septiembre tras su aprobación en el Senado. De esta manera, fue oficializada la reducción del alcance del subsidio para los sectores ampliados en 2021 -y solo se mantienen en la Patagonia, Malargüe y la Puna-, se establecieron nuevos requisitos de vulnerabilidad y se modificó el cálculo para su aplicación.

El proyecto consistió en una “readecuación” del régimen de subsidios a los consumos residenciales de gas natural en zonas frías y la regularización de deudas eléctricas. La iniciativa, que fue aprobada con 38 votos afirmativos y 8 negativos, estableció que el fondo pasará a financiar una bonificación sobre el precio del gas natural y del gas propano por redes, e incorporará una bonificación adicional para determinados usuarios residenciales incluidos en el Régimen de Subsidios Focalizados, de acuerdo con su ubicación y situación socioeconómica.

A su vez, se mantendrán los beneficios para usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y la Puna, aunque se eliminará de la ley el porcentaje fijo del 50% sobre los cuadros tarifarios plenos. A partir de ahora, el Poder Ejecutivo determinará el alcance y las modalidades del beneficio.

La senadora Flavia Royón (Primeros Los Salteños), presidenta de la Comisión de Minería, declaró, durante la sesión que la modificación cuenta con medidas para obtener “mayor transparencia y orden del marco energético”. ““Primero, modifica el régimen de zonas frías; se refiere a las deudas del mercado eléctrico mayorista; después aborda criterios de las tarifas de electricidad de gas; actualiza el marco normativo para energías renovables; y por último deroga regímenes hidrocarburíferos que hoy ya fueron reemplazados por instrumentos más modernos”, señaló.

“Vivir en una zona fría genera una necesidad energética mayor, por eso se sigue contemplando cuestiones bioclimáticas para alcanzar condiciones adecuadas de calefacción para los usuarios. El proyecto ratifica la zona fría original y para el caso de zona ampliada pasa de un criterio de región geográfica a un criterio donde se incorpora el nivel socioeconómico de la familia y un consumo razonable, es decir subsidios focalizados”, continuó.

En esta línea, en materia eléctrica, la modificación incluye un mecanismo para determinar y compensar las diferencias de ingresos que distribuidoras y transportistas dejaron de percibir como consecuencia de leyes de emergencia tarifaria. “En el caso de las distribuidoras, la compensación se aplica a deudas con CAMMESA, mientras que para las transportistas se contempla la compensación de penalidades contractuales, condicionada al desistimiento de reclamos judiciales o administrativos vinculados”, dijeron desde La Libertad Avanza.

Asimismo, con la nueva ley se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 la exención de tributos específicos, cánones o regalías sobre el acceso y la utilización de fuentes renovables de energía.