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INTERNACIONAL

Tras su regreso a Gran Bretaña, Meghan Markle se prepara para protagonizar una serie en Netflix

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Al menos se sabe la principal razón por la que los duques de Sussex decidieron regresar imprevistamente a Gran Bretaña. Meghan protagonizará una serie del británico Guy Ritchie, ex marido de Madonna, para Netflix en Gran Bretaña.

La duquesa mantiene conversaciones avanzadas para volver a la pantalla con un papel en “The Gentlemen”, a través de sus agentes. La duquesa de Sussex podría retomar su carrera en la pantalla en el Reino Unido.

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El diario The Telegraph tiene constancia de que la duquesa mantiene conversaciones avanzadas para unirse al reparto de la tercera temporada de «The Gentlemen». No está claro en cuántos episodios aparecerá. Theo James protagoniza esta serie de acción interpretando a un aristócrata británico que hereda la finca familiar y descubre que alberga un imperio clandestino de cannabis.

La serie «The Gentlemen»

La noticia sobre este papel en Netflix surge después de que fuentes cercanas informaran el jueves a news.com.au, un sitio de noticias australiano, que a la ex actriz de la serie «Suits» se le había ofrecido un papel, en un próximo proyecto con sede en el Reino Unido.

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Informaciones de fuentes cercanas a los Sussex no lo han desmentido. “La colaboración de los Sussex con Netflix dio lugar a la producción de un programa sobre estilo de vida titulado «With Love, Meghan».

The Telegraph reveló el miércoles que el duque y la duquesa de Sussex regresarían al Reino Unido a finales de este mes, con sus hijos -el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5- ya inscriptos en una escuela británica para comenzar antes de septiembre. Se sabe que la oferta del papel, realizada recientemente, formó parte del proceso de toma de decisiones de la familia para trasladarse al Reino Unido, aunque no fue el único motivo.

Meghan Markle en "Con amor, Meghan". Foto: Netflix

Meghan trabajó como actriz antes de conocer al príncipe Harry. Fue especialmente conocida por su papel de la abogada Rachel Zane, en siete temporadas, del drama legal estadounidense «Suits». En 2017, hizo una pausa en su carrera interpretativa y declaró a la BBC que veía este freno profesional como «un nuevo capítulo».

La familia tiene previsto trasladarse desde Estados Unidos a una residencia privada -no perteneciente a la Corona y que se cree está situada fuera de Londres- a finales de este mes. El estatus de los duques como miembros de la realeza que no desempeñan funciones oficiales y como ciudadanos particulares permanecerá inalterado.

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La pareja planea no exponer a sus hijos a la opinión pública. El organismo regulador ha instado a los medios de comunicación británicos a no divulgar la ubicación del nuevo hogar familiar ni la escuela de los niños.

Protección

Harry, el duque, cuyo equipo de seguridad privada afirmó que él había sido objetivo de seis complots terroristas, ha luchado durante mucho tiempo para que se le garantice protección policial. No obstante, este pedido ha sido rechazado hasta la fecha por los tribunales y por el comité del Ministerio del Interior responsable de tales decisiones.

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Sin embargo, el regreso de la familia probablemente dará lugar a una revisión de las medidas de seguridad, financiadas por los contribuyentes. Dos fuentes gubernamentales de alto nivel declararon que el Comité Ejecutivo para la Seguridad de la Realeza y Personalidades (RAVEC) -el organismo que determina los dispositivos de seguridad para figuras de alto perfil- probablemente revisaría las medidas de seguridad de la pareja ante sus planes de regresar a Gran Bretaña.Podría resultar más sencillo organizar la protección cuando residan en el Reino Unido de forma permanente.

Una fortuna a pagar

Un juez ha ordenado que el duque de Sussex y otras celebridades, entre ellas Sir Elton John y Elizabeth Hurley, paguen una suma superior a las costas «estándar», acordadas en su juicio contra el Daily Mail por violación de su privacidad.

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El príncipe Harry dispone de siete días para abonar su parte de una suma inicial de 9,5 millones de libras esterlinas, en concepto de costas legales relacionadas con su demanda fallida sobre privacidad.

Harry y otras celebridades, incluidos Sir Elton John y Elizabeth Hurley, se enfrentan a la exigencia de pagar un total de 34,4 millones de libras por parte de la editorial del Daily Mail. Elton John está furioso porque cree que él no es máquina dispensadora de billetes.

El juez Nicklin desestimó todas las alegaciones de que el grupo había sido víctima de la obtención ilegal de información -incluyendo hackeos, escuchas ocultas y engaños para conseguir datos- tras un juicio de 11 semanas, en el Tribunal Superior de Londres.

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El viernes, el juez dictaminó que las celebridades debían pagar una cantidad superior a las costas «estándar», acordadas previamente por el tribunal y que, en su lugar, los costos debían calcularse bajo el criterio de «indemnización». Ordenó un pago inicial de 9.544.355 libras (13.000.000 de dólares) para el 28 de agosto y se negó a establecer un límite máximo para el total de las costas.

El juez tomó esta decisión debido a la «excepcional amplitud» y «gravedad» de las acusaciones formuladas por las celebridades -las cuales «carecían de una base probatoria adecuada»- y por no haber retirado alegaciones que ya no podían sostenerse legítimamente.

Associated Newspapers, la empresa editora del Daily Mail, reclamaba inicialmente a Harry el pago de 111.767,50 libras esterlinas en concepto de costas individuales.

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El seguro de defensa jurídica de los famosos solo cubre hasta 16,2 millones de libras, lo que deja un posible déficit de 18 millones de libras respecto a la suma total exigida por la editorial.

Dicha cifra no incluye los propios gastos legales de los famosos, estimados en al menos 20 millones de libras. Aunque es posible que sus abogados los representaran, al menos en parte, bajo la modalidad de honorarios condicionados al éxito del caso (*no win, no fee*).

Nicholas Bacon KC, representante de los famosos en una audiencia sobre costas celebrada el mes pasado, afirmó que sería «muy grave» si el grupo de siete personas tuviera que abonar las costas de la editorial bajo el régimen de indemnidad total (*indemnity basis*), ya que ello podría dejarlos sin cobertura de seguro suficiente.

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Bacon señaló que cada uno de los famosos había contratado un seguro jurídico de 2,7 millones de libras -sumando un total de 16,2 millones- basándose en las resoluciones judiciales previas sobre costas.

«El duque de Sussex presentó esta demanda de buena fe. El tribunal aceptó sus pruebas, pero en última instancia, dichas pruebas resultaron insuficientes para acreditar su reclamación», dijo el abogado,

Las pruebas

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Nicklin criticó a los abogados de Harry por seguir basándose en una supuesta declaración testimonial de un investigador privado, llamado Gavin Burrows. En ellas este parecía admitir haber hackeado teléfonos móviles, intervenido líneas fijas y obtenido información mediante engaños (*blagging*) por encargo de Associated. Burrows declaró ante el tribunal que dicha declaración era «falsa» y negó haber trabajado para Associated.

El juez también destacó el papel de Evan Harris, exdiputado liberal-demócrata , que pasó a ser director ejecutivo de *Hacked Off*, una campaña a favor de la reforma de la prensa, encabezada por Hugh Grant, ex pareja de Hurley.

El editorial del Daily Mail se dispone a «ir a la yugular» por la factura legal del caso del príncipe Harry.

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Associated Newspapers declaró en un comunicado: «La sentencia del juez Nicklin constituye una crítica demoledora a un intento de destruir un periódico y la reputación de sus periodistas, editores y directivos”.

La palabra del juez

Nicklin declaró en una resolución escrita de 44 páginas: «Se trató de un litigio concebido y planteado con un alcance injustificadamente amplio. Salvo contadas excepciones, fue especulativo desde su origen y se basó sustancialmente en inferencias”.

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«Se mantuvieron acusaciones graves -incluidas algunas que implicaban una conducta delictiva- durante un periodo prolongado, en circunstancias en las que la base probatoria de muchas de ellas era insuficiente», insistió.

El juez calificó el reclamo de Associated por 34,4 millones de libras en concepto de costas judiciales como «excepcionalmente elevada» y «en gran medida sin justificar». Señaló que la justificación de dicho aumento «se examinará durante la fase de tasación de costas».

«Determinar si dichas costas son recuperables, y en qué medida, será competencia del juez encargado de la tasación, si no se llega a un acuerdo sobre las mismas», afirmó Nicklin.

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Es posible que Associated deba afrontar años de audiencias judiciales para recuperar las costas del proceso.

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Los bloqueos por el alza de combustibles dejan seis agentes heridos y varios arrestos en Guatemala

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La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que seis agentes resultaron heridos durante el desalojo de un bloqueo el viernes 11 de septiembre, en el kilómetro 168 de la ruta a Cuyotenango, Suchitepéquez, en una jornada de protestas contra el aumento de los combustibles que también dejó vehículos incendiados en Zacapa y cortes en varios departamentos de Guatemala.

Un cierre continuaba activo el sábado 12 de septiembre a las 06:45 en el kilómetro 225 de la ruta departamental QUE-03, en la aldea Santo Domingo, Colomba Costa Cuca. El bloqueo había comenzado cuatro minutos antes, afectaba ambos sentidos de circulación y era el único punto cerrado en el reporte matutino de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial); las demás rutas figuraban habilitadas.

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El policía Ronal Gavino Morales Chávez sufrió un disparo en el estómago y fue trasladado en helicóptero a un centro asistencial de la Ciudad de Guatemala, después de ser estabilizado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Mazatenango. Los otros cinco efectivos padecieron lesiones por explosiones de morteros, el impacto de una piedra en el cráneo y golpes en distintas partes del cuerpo.

La corporación indicó que sus Fuerzas Antidisturbios despejaron más del 90% de los puntos bloqueados en el país. El despliegue respondió a una orden de la Corte de Constitucionalidad para liberar las rutas con apoyo del Ministerio de Gobernación y el Ejército.

La jornada de bloqueos en Guatemala dejó seis agentes heridos, varios arrestos y un vehículo incendiado en Zacapa tras protestas por el alza de los combustibles. (Amilcar Montejo)

Dos focos de conflicto en Zacapa y Villa Nueva

Los incidentes persistían al cierre de la jornada en sectores de Zacapa y Villa Nueva, donde la PNC afirmó haber detectado la presencia de pandillas y estructuras del crimen organizado dentro de las manifestaciones. La institución acusó a esos grupos de usar a mujeres, adultos mayores y niños como escudos humanos.

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La fuerza de seguridad solicitó la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la Nación para proteger las garantías de los menores y las mujeres presentes en las zonas de conflicto. También pidió a los habitantes de los lugares donde continuaban los enfrentamientos que permanecieran en sus hogares mientras avanzaba el operativo.

“Atentar contra la paz en presencia de la niñez guatemalteca es un acto criminal que no quedará impune”, advirtió la policía. La institución requirió denuncias anónimas sobre actividades delictivas, instigación o presencia de personas infiltradas.

La PNC señaló que, con base en el artículo 257 del Código Procesal Penal, detendría en flagrancia a quienes obstruyeran las vías. Los vehículos y camiones utilizados deliberadamente para bloquear carreteras serían puestos a disposición de los tribunales para su comiso.

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“Los promotores e instigadores de estos ataques violentos están debidamente perfilados e individualizados y enfrentarán todo el peso de la ley”, sostuvo la corporación.

Durante el operativo en Cuyotenango, las autoridades detuvieron a Armando Constancia Martínez, a quien le decomisaron piedras, hondas, morteros y otros objetos presuntamente utilizados para agredir a los agentes. El arresto se sumó a cuatro capturas previas por disturbios en San Miguel Petapa y Suchitepéquez.

En la zona cinco de Mixco, sobre la calzada San Juan, agentes de la comisaría 16 arrestaron a Juan “N”, de 44 años, y Joseline “N”, de 29, cuando arrojaban objetos contundentes contra policías que buscaban despejar la cuarta avenida.

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Otros dos hombres fueron capturados en el kilómetro 19,5 de la ruta al Pacífico. William “N”, de 33 años, y Hugo “N”, de 28, estaban en un bloqueo que reunía a 150 personas, donde también se registró el lanzamiento de piedras contra los efectivos de seguridad.

La presencia policial fue reforzada en la colonia Bethania, el Anillo Periférico, Villa Nueva, la ruta al Atlántico y los sectores de Río Hondo y Zacapa, que concentraron algunos de los cierres más prolongados.

Camiones incendiados y reclamo de estado de excepción

La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga condenó los hechos de violencia, vandalismo y destrucción registrados durante las protestas, con especial referencia a la quema de vehículos y camiones de transporte pesado en la aldea Santa Cruz, en el kilómetro 124 de Zacapa.

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“El derecho a manifestar nunca puede convertirse en una licencia para delinquir”, expresó la organización. El gremio sostuvo que ninguna causa justifica la destrucción de propiedad privada, las agresiones contra trabajadores ni la interrupción forzada de las principales vías de comunicación.

La cámara exigió al Gobierno de Guatemala el restablecimiento inmediato del orden y de la libre circulación en la carretera CA-9 y en todos los sectores afectados por bloqueos violentos. También reclamó al Ministerio Público una persecución penal inmediata contra los responsables materiales e intelectuales de la destrucción, los incendios de vehículos y las amenazas contra transportistas.

“Solicitamos respetuosamente, pero con absoluta firmeza”, al presidente que evalúe declarar un estado de excepción en los municipios donde la violencia haya superado la capacidad ordinaria de las autoridades, planteó el gremio.

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Las movilizaciones surgieron después de que el Congreso de la República aprobara, con trámite de urgencia nacional, un decreto que establece precios máximos de referencia para el diésel y las gasolinas, además de un fondo de compensación para los importadores. Diversos sectores del transporte consideran insuficiente la medida frente al aumento de los combustibles registrado en los últimos meses.

Policía Nacional Civil,detención,seguridad pública

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Blue state governor’s pardon of convicted felon torpedos a major Supreme Court immigration fight

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

The Supreme Court will no longer hear an oral argument for a case centered on bond rights for noncitizens detained for lengthy periods, ruling the case moot after New York Democratic Gov. Kathy Hochul pardoned a lawfully present Dominican citizen, who pleaded guilty to second-degree assault.

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Hochul pardoned Keisy Guerrero Mariano, who is identified in court documents as «Keisy GM,» in late August, effectively killing the Trump administration’s appeal to the Supreme Court arguing that noncitizens, including those with green card status, do not have a legal right to a bond hearing for a prolonged detention if they have committed crimes that are grounds for mandatory deportation.

Hochul, who is staunchly opposed to President Donald Trump’s immigration enforcement crackdown, issued the pardon for Mariano just as the brief was due.

FEDERAL APPEALS COURT COMPARES TRUMP MIGRANT DETENTION POLICY TO JAPANESE AMERICAN INTERNMENT

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FILE – New York Democratic Gov. Kathy Hochul pardoned Keisy Guerrero Mariano in late August. (Adam Gray/Bloomberg via Getty Images)

Solicitor General John Sauer agreed Friday that Genalo v. Black is now moot, but said the Trump administration will seek an «alternative vehicle» to challenge the Second Circuit’s 2024 ruling that prolonged immigration detention can trigger a constitutional right to a bond hearing.

Sauer said the administration intends to find another case through which the Supreme Court can resolve the issue during its 2026-27 term.

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The lawsuit centered on the challenges of plaintiffs Carol Williams Black, a Jamaican national with lawful standing, and Mariano — both convicted criminals detained by ICE.

APPEALS COURT BLOCKS TRUMP ADMIN FROM HOLDING MIGRANTS WITHOUT BOND FOR OVER 90 DAYS

Mariano was first arrested by Immigration and Customs Enforcement officers in 2020 over a 2015 second-degree assault conviction for which he served time, making him eligible for deportation.

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He spent nearly two years in ICE detention, but was released in 2022 due to a nationwide injunction that required the release of detainees because of COVID-19 health risks.

Prior to his release, Judge John P. Cronan of the U.S. District Court for the Southern District of New York denied Mariano’s habeas corpus request in November 2021.

ICE agents

FILE – Mariano was released in 2022 after spending nearly two years in ICE detention. (Getty Images)

But in May 2024, the Second Circuit overruled Cronan’s decision, ruling that the government must grant noncitizens a bond hearing once detention becomes «unreasonably long.» Failure to do so, the court ruled, would violate the Fifth Amendment’s due process clause.

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The case was appealed to the Supreme Court, which agreed to hear the case June 15; however, the high court ruled Black’s case moot because he had left the United States and filed a court declaration that he would not be returning to the country.

Black was convicted in New York in 2000 of sexually abusing a minor under the age of 11.

ICE-Detains-Immigrants-in-New-York-Court-House

FILE – Following an appeal, the Second Circuit ruled the government must grant noncitizens a bond hearing once detention becomes «unreasonably long.» (Dominic Gwinn/Middle East Images/AFP via Getty Images)

DHS BLASTS MINNESOTA BOARD FOR UNANIMOUSLY PARDONING ILLEGAL IMMIGRANT CONVICTED OF 3 ASSAULTS

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Hochul’s decision to issue a pardon to Mariano has garnered fierce criticism from legal experts.

«Pretty wild to fully pardon an aggravated felon to (1) stop the felon from getting deported and (2) stop the Supreme Court from ruling on an issue. (Especially as this litigation has been going on for years),» Eric Wessan, Iowa’s solicitor general, posted on X.

He praised Sauer’s decision to fight back on the Second Circuit’s ruling.

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«I wonder how many non-American felons Governors like Hochul will choose to fully pardon and free to avoid them facing consequences for their actions,» Wessan added.

Fox News Digital reached out to Hochul’s office for comment.

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Abdul El-Sayed touts ‘whole a–’ medical credentials while defending sex changes for children

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

Michigan Democratic U.S. Senate candidate Abdul El-Sayed said the government should not restrict sex changes, arguing that «whole a–» doctors like himself should be allowed to make their own determinations for patients’ treatment plans.

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The remarks came during El-Sayed’s Friday rally held at Michigan State University, during which the former Detroit Health Department head responded to a student’s question about protecting sex changes. Since launching his campaign, El-Sayed has flaunted that he is a «physician» and, if elected, he would be the first doctor to serve as a Democratic senator in 50 years. However, Fox News Digital previously reported El-Sayed has never held a medical license in Michigan or New York.

«I went to a whole a– medical school, everybody I graduated with also went to whole a– medical school,» El-Sayed said. «And then… they went to whole a– residency. Right? And some of them went to whole a– fellowship. They took whole a– exams to provide whole a– healthcare.»

DEM SENATE HOPEFUL’S ‘PHYSICIAN’ CAMPAIGN PITCH UNDER FIRE AFTER LICENSE RECORDS REVEAL KEY GAPS

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Abdul El-Sayed answers a question during a press conference at the Michigan Democratic Party State Endorsement Convention in Detroit on April 19, 2026. El-Sayed has never held a medical license in Michigan or New York. (Jose Juarez/AP Photo)

«They are the experts that a patient wants to see when they seek care,» El-Sayed continued. «And the decision about what healthcare is necessary ought to be held between a patient — and or their parents if they’re under the age of 18 — and their doctor. That’s it.»

The remarks come as the Trump administration has made major strides in restricting minors’ access to «sex-rejecting» procedures, which include hormone therapy and surgeries.

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Earlier this week, the Justice Department announced that Mount Sinai had joined other hospitals, like Texas Children’s Hospital, the Cleveland Clinic Foundation and Connecticut Children’s Hospital, to halt sex change procedures for children after reaching an agreement with the Trump administration.

MEDICAID ENDS FUNDING FOR CHILD SEX-CHANGE PROCEDURES AS TRUMP ADMIN SLAMS ‘EXPERIMENTAL’ TREATMENTS

El-Sayed has made the promise of «Medicare-for-all» — government-run healthcare — as the major selling point of his campaign; he said that even though the government will be covering the bill, it needs to stay out of the doctor’s decisions about a patient’s treatment plan.

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«I don’t think the government gets to have a say about what healthcare is provided in what circumstances and why,» El-Sayed said. «And to me, that is the standard on which we decide how we make healthcare decisions.»

THE MEDICARE FOR ALL TRADE-OFFS SOCIALISTS AREN’T TALKING ABOUT, ACCORDING TO EXPERTS

A protester holds a sign in support of sex changes for transgender children outside the U.S. Supreme Court Building in Washington, DC, on June 18, 2025.

A protester holds a sign in support of sex changes for transgender children outside the U.S. Supreme Court in Washington, D.C., on June 18, 2025. (Anna Moneymaker/Getty Images)

«Not what the government says you can or can’t do, but what a patient and/or their parent, if they’re under 18, and their provider to decide. That’s the most important thing,» El-Sayed continued. «And there’s a lot of disinformation about us, what we’re talking about, when we talk about reproductive rights and when we’re talking about healthcare for the trans folks. But, in the end, the place where the rubber meets the rope is in that clinical room between a patient and a provider, and that to me is the center we should engage on.»

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El-Sayed argued that Republicans agree with his belief that treatment decisions should be between a patient and their doctor, pointing to the Right to Try Act, which allows terminally ill patients to try experimental drug treatments that aren’t yet approved by the Food and Drug Administration after they have exhausted all other treatment options.

«Because conservatives fought for a very long time for this legislation called ‘Right to Try’ legislation, which is the idea that the government couldn’t tell you [that] you couldn’t have a certain medication,» El-Sayed said.

TRUMP ADMINISTRATION PROBE COULD UPEND WIDELY USED TRANSGENDER YOUTH TREATMENT GUIDELINES

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A transgender rights supporter holds a sign while standing outside the Supreme Court during a rally.

A transgender rights supporter takes part in a rally outside the U.S. Supreme Court as the justices hear arguments in a case on transgender health rights in Washington, D.C., on Dec. 4, 2024. (Kevin Dietsch/Getty Images)

«So they agree that the decision about healthcare ought to be between the person and their provider. That’s it. So let’s use that standard, and keep to that standard, and make sure the government doesn’t have the ability to tell you what you can or cannot do with your own life,» El-Sayed said.

However, the research on the efficacy of treating individuals with gender dysphoria by allowing them to change sexes with «cross-sex» hormones and puberty blockers is limited.

The World Professional Association for Transgender Health, whose guidelines are used by leading medical associations like the American Academy of Peditatrics, is currently facing a lawsuit from the Federal Trade Commission stemming from allegations that its guidelines misled parents about the «medical consensus and medical necessity, as well as the safety and effectiveness» of sex change procedures.

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The FTC has accused WPATH of failing to disclose the side effects associated with some procedures, such as patients experiencing incontinence, erectile pain, mood disturbances, pelvic pain and vaginal pain stemming from «cross-sex» hormones.

Meanwhile, countries that have socialized medicine have put restrictions in place for minors seeking sex changes. In England, the National Health Service put a pause on «cross-sex» hormones for 16- and 17-year-olds in March after finding research was «really weak» to support it.

The country already had a ban in place restricting children under 16 years old from taking sex-change hormones.

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El-Sayed’s office did not immediately respond to Fox News Digital’s request for comment regarding his medical credentials.

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