INTERNACIONAL
Un camión con vegetales ocultaba 1.277 kilos de presunta metanfetamina valuados en más de USD 25 millones
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó que incautó 1.277 kilogramos de presunta metanfetamina, con un valor estimado de USD 25,167 millones, en la instalación de carga del Puente Internacional de Pharr, Texas. El hallazgo se produjo el 8 de septiembre, cuando un camión procedente de Reynosa, México, intentó ingresar a Estados Unidos con un cargamento declarado como repollo, tomatillo y cilantro, según el comunicado oficial de CBP difundido el 14 de septiembre de 2026.
La revisión incluyó un escaneo no intrusivo, la intervención de una unidad canina y una inspección física del remolque. Los oficiales extrajeron 1.164 paquetes con una sustancia que la agencia identificó de forma preliminar como metanfetamina. La Oficina de Operaciones de Campo confiscó tanto los narcóticos como el vehículo, de acuerdo con la información difundida por CBP.
El caso pasó a manos de agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), que iniciaron una investigación penal. La autoridad no informó sobre personas detenidas, posibles imputaciones, empresas vinculadas al traslado ni el destino final de la carga, según el parte oficial de CBP.
¿Cuánta metanfetamina incautó CBP en el Puente Internacional de Pharr?
La agencia estadounidense reportó la incautación de 2.815,30 libras de presunta metanfetamina, equivalentes a 1.277 kilogramos. La droga estaba distribuida en 1.164 paquetes, ocultos dentro de un envío comercial que había sido manifestado ante las autoridades como una carga de hortalizas y vegetales frescos, de acuerdo con CBP.
La valuación oficial del cargamento fue de USD 25.167.000. Esa cifra corresponde a una estimación elaborada por la autoridad fronteriza y se incluyó en el comunicado difundido tras el decomiso. CBP no precisó qué método utilizó para calcular ese monto ni detalló si la valuación responde a precios mayoristas, minoristas o a otro criterio empleado por la agencia.
La sustancia fue presentada como “presunta metanfetamina”, una fórmula habitual en los comunicados de la autoridad estadounidense antes de que se conozcan eventuales peritajes de laboratorio o actuaciones judiciales. El informe de CBP no indicó si los paquetes ya fueron sometidos a análisis químicos ni si existieron pruebas complementarias sobre su composición.
La cantidad decomisada equivale a más de una tonelada de droga. El peso informado por CBP permite dimensionar el volumen del cargamento, que fue detectado dentro de un transporte comercial en uno de los pasos fronterizos habilitados para el movimiento de mercancías entre México y Estados Unidos.
¿Dónde y cuándo fue el decomiso de droga en Pharr, Texas?
El operativo ocurrió el 8 de septiembre en el área de carga del Puente Internacional de Pharr, una instalación fronteriza ubicada en Texas. El vehículo había partido de Reynosa, ciudad mexicana situada frente al sur de ese estado estadounidense, según la información proporcionada por CBP.
La agencia publicó el comunicado seis días después, el lunes 14 de septiembre de 2026. El parte identifica el lugar como la instalación de carga del puente internacional y señala que la intervención estuvo a cargo de oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo, el área de CBP encargada de los controles en los puertos de entrada.
El reporte no informó la hora de llegada del camión, el tiempo que demandó la inspección ni el carril por el que ingresó el vehículo. Tampoco especificó si el transporte estaba registrado a nombre de una empresa mexicana, estadounidense o de otra jurisdicción, según la información pública de CBP.
La autoridad sí indicó que se trataba de un tractor con remolque. Esa descripción identifica a un vehículo de transporte de carga compuesto por una unidad motriz y un acoplado, aunque el comunicado no brindó datos sobre la marca, la matrícula ni las condiciones del compartimento donde se hallaron los paquetes.
¿Cómo detectaron la presunta metanfetamina oculta entre repollo, tomatillo y cilantro?
El camión fue enviado a una segunda revisión después de su llegada a la instalación de carga. Según CBP, los oficiales aplicaron una inspección con tecnología no intrusiva, un procedimiento que permite examinar la estructura y el contenido de un vehículo sin necesidad de descargarlo por completo en la primera instancia.
La revisión también incluyó la participación de un equipo canino. El comunicado no explicó si la señal de los perros detectores motivó la inspección física o si esa medida se adoptó a partir de los resultados del escaneo. La agencia tampoco divulgó cómo estaban distribuidos los paquetes dentro del envío declarado como productos agrícolas, de acuerdo con CBP.
La inspección física permitió retirar los 1.164 paquetes del remolque. La autoridad no describió el tipo de envoltorio, los mecanismos de ocultamiento ni si la droga estaba mezclada con las cajas de repollo, tomatillo y cilantro o situada en sectores separados de la carga, según el parte oficial.
La combinación de escaneo, controles caninos y revisión manual forma parte de la secuencia detallada por CBP para este caso. El comunicado no atribuye el hallazgo a un único método ni informa qué elemento resultó decisivo para identificar la presencia de la sustancia en el transporte.
¿Qué autoridades investigan la incautación de USD 25 millones en Pharr?
La Oficina de Operaciones de Campo de CBP confiscó la droga y el vehículo utilizado en el traslado. Después del decomiso, agentes especiales de HSI iniciaron una investigación penal, según el comunicado difundido por la autoridad fronteriza estadounidense.
El parte oficial no menciona el nombre del conductor, si fue detenido o si quedó a disposición de autoridades federales. Tampoco identifica a posibles acompañantes, propietarios del camión, exportadores, importadores o intermediarios que pudieran estar vinculados con la documentación comercial del envío, de acuerdo con CBP.
La investigación deberá establecer la procedencia de la sustancia, el destino previsto del cargamento y las responsabilidades penales que pudieran corresponder. Esos datos no fueron divulgados en el anuncio inicial y podrían depender de actuaciones posteriores de HSI y de las autoridades judiciales competentes, según CBP.
Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada Hidalgo/Pharr/Anzalduas, dijo que la incautación fue resultado de la experiencia y los procedimientos aplicados por los oficiales durante la inspección del camión. “Las habilidades y la experiencia de nuestros oficiales de CBP continúan a la vista mientras desmantelan otro cargamento masivo de narcóticos ilícitos”, afirmó en el comunicado oficial.
¿Qué cambia para los transportistas que cruzan por el Puente Internacional de Pharr?
El comunicado no anuncia modificaciones en las reglas de ingreso de camiones comerciales ni nuevas medidas operativas para las empresas que utilizan el Puente Internacional de Pharr. Las normas, los controles documentales y los procedimientos de revisión continúan bajo la autoridad de CBP, según la información disponible en el parte oficial.
El caso confirma que los vehículos con cargas declaradas como productos agrícolas pueden ser derivados a inspecciones secundarias. La autoridad informó que el camión procedente de Reynosa fue sometido a escaneo, control canino y revisión física antes de que se concretara la incautación, de acuerdo con CBP.
Para los operadores de transporte y comercio exterior, el expediente todavía no incorpora datos sobre posibles incumplimientos documentales, irregularidades aduaneras específicas o responsabilidades empresariales. La agencia tampoco comunicó restricciones sobre mercancías agrícolas, rutas determinadas o compañías vinculadas con el vehículo inspeccionado.
La siguiente etapa dependerá de la investigación penal abierta por HSI. Por ahora, permanecen bajo custodia federal el camión y los 1.164 paquetes incautados, mientras las autoridades determinan si existen personas u organizaciones relacionadas con el traslado detectado el 8 de septiembre, según CBP.
Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, es una creadora de contenido, influencer y activista cristiana nacida en La Habana en 2005. La joven ganó notoriedad en Instagram y Facebook por videos en los que abordó los apagones, la escasez y las restricciones a las libertades en Cuba.
Sus críticas al sistema político cubano derivaron en presiones institucionales, conflictos en su entorno cotidiano y una causa judicial. El Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este la declaró culpable junto a su madre, Caridad Silvente, y les impuso una sanción de dos años de limitación de libertad.
La causa comenzó después de que ambas grabaran a un suboficial del Ministerio del Interior que acudió vestido de civil a su vivienda, en el reparto Alamar, para entregar una citación de la Seguridad del Estado. Las imágenes se difundieron en redes sociales y el agente presentó una querella por una presunta vulneración de su intimidad.
La medida restrictiva condiciona los desplazamientos y la actividad pública de madre e hija. Sus representantes legales evalúan los recursos de apelación, mientras organizaciones de derechos humanos, colectivos de prensa independiente y misiones diplomáticas acreditadas en Cuba siguen el caso.
De los videos de humor a las denuncias sobre la realidad cubana
La actividad de Anna Bensi en las plataformas digitales comenzó con contenidos de humor, música y situaciones cotidianas vinculadas a la vida de los jóvenes cubanos. En esa primera etapa, sus publicaciones no se concentraban en asuntos políticos, sino que buscaban retratar experiencias cercanas a su generación.
La joven completó su formación académica, aunque decidió no ejercer formalmente en el sector laboral estatal. Según el relato, tomó esa decisión ante las limitaciones salariales y estructurales de la isla.
Con el paso del tiempo, las dificultades de la vida cotidiana cambiaron el sentido de sus videos. Los apagones crónicos, la escasez generalizada y la falta de libertades pasaron a ocupar el centro de sus publicaciones, que comenzaron a difundirse entre miles de usuarios dentro y fuera de Cuba.
Desde su habitación, Anna Bensi grabó reflexiones directas e incisivas. Para ordenar sus mensajes, utilizaba guiones escritos a mano con los que buscaba visibilizar la realidad de otros jóvenes cubanos.
Sus perfiles crecieron hasta superar las decenas de miles de seguidores. La creadora de contenido dejó atrás el registro de entretenimiento y se convirtió en una voz crítica frente a la situación política y social del país.
La activista calificó abiertamente al sistema de gobierno cubano como una dictadura y defendió la realización de elecciones libres en Cuba. Esa postura la situó bajo la atención de los mecanismos de control estatal y de la Seguridad del Estado.
La presión alcanzó su lugar de trabajo. Los órganos de seguridad contactaron a sus superiores para indagar sobre los videos que publicaba, una situación que llevó a la joven a renunciar de forma voluntaria para proteger a las personas de su entorno laboral.
El hostigamiento, según lo relatado, también afectó su vida diaria. Anna Bensi reportó cortes constantes de internet y llamadas de advertencia, además de tensiones con vecinas afines a estructuras gubernamentales que la amenazaron con denunciarla por cuestiones menores durante las crisis energéticas.
La visita de un suboficial en Alamar derivó en una querella
El episodio que abrió el proceso judicial ocurrió en Alamar, dentro del municipio de La Habana del Este. Un suboficial del Ministerio del Interior se presentó vestido de civil en la casa de Anna Bensi con la intención de entregar una citación formal de la Seguridad del Estado.
Ante la llegada del agente, la joven y Caridad Silvente decidieron registrar la situación con sus teléfonos celulares. La grabación buscaba documentar lo ocurrido y resguardar su seguridad durante la visita.
Luego, madre e hija difundieron las imágenes en las redes sociales. El funcionario presentó una querella y argumentó que el contenido vulneraba su intimidad y podía exponer su identidad.
El caso se vinculó con normas que sancionan la difusión digital de contenidos que involucran a funcionarios. La denuncia avanzó hasta el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, donde se realizó el juicio contra ambas.
La jornada judicial estuvo acompañada por un fuerte despliegue policial y restricciones de conectividad en los alrededores del tribunal. El proceso también reunió muestras de respaldo ciudadano hacia la joven y su madre.
Cerca de treinta representantes de asociaciones religiosas y pastores asistieron para acompañarlas. Los grupos presentes entonaron cánticos de fe y consignas de apoyo antes de que Anna Bensi ingresara a la sala.
La presencia religiosa tuvo un significado especial por la identificación pública de la joven con el cristianismo. Su caso concentró el respaldo de una comunidad que siguió de cerca tanto su actividad digital como las consecuencias que enfrentó por ella.
Antes de la audiencia, Anna Bensi expresó dudas sobre la imparcialidad del juicio. “No va a ser justo el juicio, pero yo tengo un Dios justo”, declaró ante los medios independientes.
La activista añadió que esperaba que triunfara la verdad. También reiteró su deseo de que Cuba fuera “un país libre con elecciones democráticas”, una posición que había mantenido en sus publicaciones y declaraciones públicas.
La condena restringe su actividad mientras estudian una apelación
El tribunal emitió un fallo oral que declaró culpables a Anna Bensi y a Caridad Silvente. Durante el proceso, la fiscalía y la defensa discutieron la aplicación de medidas de privación de libertad o de arresto domiciliario.
La resolución estableció una sanción de dos años de limitación de libertad para ambas. La medida restringe sus movimientos y condiciona el desarrollo de actividades públicas.
Los representantes legales de la joven y su madre analizan los recursos de apelación pertinentes. Esas gestiones definirán los próximos pasos dentro de un expediente que mantiene atención pública dentro y fuera de la isla.
La causa recibió seguimiento de misiones diplomáticas acreditadas en Cuba, entre ellas la Embajada de Estados Unidos. Organizaciones internacionales de derechos humanos y colectivos de prensa independiente también observaron el desarrollo del proceso.
Para diversos analistas y observadores sociopolíticos, el expediente ejemplifica el uso del aparato penal para disuadir las expresiones de protesta digital. La causa se inscribe, según esas interpretaciones, en un escenario donde jóvenes cubanos utilizan las redes sociales como espacio para expresar críticas frente al poder estatal.
La historia de Anna Bensi quedó vinculada a esa forma de activismo. Sus videos comenzaron con humor, música y escenas cotidianas, pero su posterior contenido político la llevó a enfrentar presiones laborales, advertencias, una querella y una condena judicial junto a su madre.
NEWYou can now listen to Fox News articles!
The U.S. military in Okinawa, Japan, is beginning an operational pause for 48 hours, prohibiting off-base liberty and ordering training after a Marine was arrested on suspicion of killing and robbing a woman.
Lt. Gen. Benjamin Watson, Okinawa Area Coordinator and commander of III Marine Expeditionary Force, said in a letter on Tuesday that incidents like this «demand we pause for reflection» and that serving on the island «comes with responsibility.»
«We speak often about standards and discipline. Standards are what we expect, and my standards are clear: be accountable for your actions; do the right thing, especially when no one is looking; and always be guided by our core values that govern our conduct at every rank,» he wrote.
«We live, work, and socialize alongside the people of Okinawa; their home is our home. Every interaction with our neighbors either builds or undermines the trust that is essential to our team. When that trust is damaged, it affects the strength of our alliance and the security of this region. Accordingly, we will take time to think hard about discipline, standards and our alliance responsibilities,» Watson added.
THAI RESORT CITY CRACKS DOWN ON PROSTITUTION AHEAD OF USS ABRAHAM LINCOLN ARRIVAL
U.S. MV-22 Osprey transport aircraft are parked at Marine Corps Air Station Futenma in Ginowan, on the main island of the Okinawa archipelago, southern Japan, on Tuesday, Feb. 18, 2025. (AP Photo/Hiro Komae)
The arrest of the Marine has sparked protests against the heavy American military presence on the southern Japanese island and concerns over military-related crime.
Japanese officials have also lodged a formal protest with the U.S. government. Foreign Minister Toshimitsu Motegi summoned U.S. Ambassador George Glass and called for cooperation with the investigation, stricter discipline among U.S. personnel and measures to prevent similar incidents.
The killing could complicate Prime Minister Sanae Takaichi’s push to both strengthen the Japanese military on Okinawa and work more closely with the U.S. military to deter China.
The pause in operations will last from Wednesday through Friday, during which no «off-base liberty» or alcohol will be allowed. Restricting troops from leaving military bases and interacting with the local community is a common response by military leaders to major crime incidents.
Service members will receive training on standards, discipline and «our responsibilities as members of the Okinawan community,» Watson said.
«This Period of Training will include discussions on liberty policy, enforcement mechanisms, alcohol awareness, Okinawan culture, and alliance responsibilities. Every member of this force must understand that individual conduct has consequences,» he said.
After the training, which will begin on Friday, troops will transition into a 30-day «Period of Reflection.»
NAVY SAILOR SENTENCED TO 44 YEARS FOR STRANGLING FELLOW SERVICEMEMBER IN VIRGINIA BARRACKS ROOM
Devin Jacob Ballard, a U.S. Marine who has been in custody in connection with the alleged robbery and murder of a woman on Japan’s southern island of Okinawa, is sent to the Naha prosecutors’ office in Japan, Monday, Oct. 5, 2026. (Kotaro Ueda/Kyodo News via AP)
During this period, Watson said there will be «restrictions on liberty» to remind all military personnel that «liberty is a privilege and a collective responsibility.» These restrictions will include a curfew and enhanced supervision.
«Liberty is a mission, and like any other mission it requires discipline, trust and teamwork to complete it successfully,» he said. «Take care of your teammates. Hold one another accountable. Live up to the high standards that come with the uniform you wear.»
Okinawa prefectural police said they arrested Lance Cpl. Devin Jacob Ballard, 20, who is stationed at Futenma Air Station, on suspicion of strangling Anna Yagi, 39, at a hotel in the island’s capital city of Naha early Saturday and stealing her wallet and backpack.
Ballard has denied the allegations.
Security camera footage showed a man entering the hotel with the woman and later leaving alone.
A person looking out at the U.S. Marine Corps Air Station Futenma from Kakazutakadai Park in Ginowan, Okinawa prefecture. (PHILIP FONG/AFP via Getty Images)
Ballard was arrested after a patrolling officer spotted him walking later on Saturday in an entertainment district in Okinawa City, about 15 miles northeast of Naha. His shaved head and the tattoos on his arms matched those of the man seen in security footage, Kyodo News agency reported.
People in Okinawa have long opposed the heavy U.S. military presence on the island, although some have acknowledged its strategic benefit due to what is seen as a growing threat from China.
Okinawa was under U.S. occupation from World War II until 1972. Now, the U.S. population on the island is nearly 80,000, with nearly 30,000 being active duty troops from all four branches of the armed forces. The Marines make up most of the service members on the island.
A rise in crime linked to U.S. military-related personnel has led to renewed protests on the island. The number of criminal cases involving U.S. military-related personnel rose from about 40 in 2020 to 101 in 2025, according to Okinawa prefectural police.
After three U.S. service members raped a 12-year-old girl in 1995, huge crowds protested the U.S. military presence on Okinawa. There was also frustration over a U.S. service member’s rape of a teenage girl in 2024 and the delayed disclosure of the case.
The Associated Press contributed to this report.
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INTERNACIONAL
Foreign adversaries running ‘psyop’ to fuel anti-AI and anti-data center movement, war official says
A top official at the Department of War discussed how artificial intelligence is playing a role in war readiness strategy, and said foreign adversaries are carrying out «psyop» operations to fuel the anti-data center and anti-artificial intelligence movement across the U.S.
During an interview with Digital in the White House, Under Secretary of War for Research and Engineering Emil Michael warned that the movement to decrease production for artificial intelligence infrastructure is being pushed by America’s adversaries.
«It is natural from a propaganda standpoint that your adversary, who doesn’t want you to be developing super intelligence ahead of them, is going to try to psyop your population into believing that. And to some degree, it’s worked. And I think that’s why you see the president push back and say, ‘no, this is a good thing,’» he said.
CRUZ SAYS WINNING AI RACE AGAINST CHINA IS ‘SINGLE MOST IMPORTANT ECONOMIC QUESTION’ FOR AMERICA
Data center production has been at the center of debate ahead of the midterm elections, with lawmakers taking near-partisan stances as to whether developments should continue. Michael referred to data centers as the «electricity that fuels the superintelligence revolution,» and explained that continued production of facilities are a crucial part of ensuring the U.S. maintains the lead in the artificial intelligence race.
Protests have popped up across the country against data centers and artificial intelligence advancements in general, with some lawmakers raising questions about the role that foreign influence plays in the demonstrations.
DATA CENTERS COULD BE THE SLEEPER ISSUE OF THE 2026 MIDTERM ELECTIONS
«It’s the same reason we saw Middle Eastern countries paying for anti-fracking movements,» Sen. Ted Cruz, R-Texas, told Digital in an interview last month. «Because if they can convince America, ‘Don’t develop your oil and gas, just buy it from us,’ well, that’s great for them and terrible for us.
«The same is true on data centers. If they can convince Americans, ‘You don’t want data centers here, you want to just rely on the Chinese for AI,’ that’s great for China, and it’s terrible for America.»
CHINA ‘THROWING GASOLINE ON THE FIRE’ IN AI DATA CENTERS RACE, SAY LAWMAKERS
Michael echoed some of Cruz’s concerns about foreign influence, though he did not specifically name China as the culprit.
Lawmakers have raised questions about hundreds of millions of dollars that American-born communist tech tycoon Neville Roy Singham pumped into nonprofits and organizations that are now among the leading organizations fighting data center development throughout the country. Recipients of Singham’s largesse include the Party for Socialism and Liberation and the ANSWER Coalition, both self-described pro-China communist groups.
HOUSE PANEL TO PROBE FOREIGN ‘TROJAN HORSES’ AS SINGHAM SCRUTINY WIDENS
Last month, activists from both groups carried signs in a Chapel Hill, N.C., protest, merging anti-Trump sentiments with support for communist Cuba and opposition to data centers and AI development, including the message, «SHUT IT DOWN!»
Singham, a 72-year-old American who sold his tech company for $785 million in 2017 and now lives in Shanghai, is known to fund pro-Chinese Communist Party groups that operate in the U.S. He has funneled $278 million into the broad network of nonprofits since 2017, according to a Digital investigation.
MARXIST ORGANIZER LEADS CAMPAIGN AGAINST VIRGINIA AI DATA CENTER AS FOREIGN INFLUENCE CONCERNS MOUNT
The Party for Socialism and Liberation Boston, a 501(c)(3) nonprofit whose national chapter regularly partners with and supports the Singham network, posted to social media in July openly opposing data centers, saying the control of AI and data centers is in the hands of billionaires.
«Workers are rising up across the country in a growing movement against the tech billionaires – from fights against data centers in hundreds of cities, to labor organizing at the world’s biggest tech corporations,» the post read.
As for how the Department of War utilizes artificial intelligence, Michael told Digital that usage has skyrocketed since Secretary Pete Hegseth assumed the cabinet role, growing from roughly 70,000 users out of a 3.5 million-person workforce to approximately 1.7 million today.
He explained that the Department of War is deploying artificial intelligence across three main areas: enterprise operations, warfighting and intelligence.
«We have incredible vignettes and stories about how people took 200 hours of work and combined it down to two hours,» he added. «They can see what we have as assets. They can see what the adversary has as assets – they can time things better, they write quicker, they can consolidate orders quicker.»
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