El Gobierno cerró este jueves una nueva paritaria para los trabajadores de la administración pública nacional con una mejora acumulada del 6,64% para el período junio-agosto y un bono remunerativo de $50.000 el mes próximo, pero el incremento otorgado volvió a dividir a los sindicatos: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) lo aceptó y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó al considerar que consolida la pérdida salarial en el sector público.

Según datos difundidos por ATE, en el período paritario anterior los aumentos salariales sumaron 21%, mientras que la inflación acumulada en el mismo lapso fue de 33,2%. Para el gremio, esa brecha de 12,2 puntos explica su rechazo a una oferta que, además, no incluye mecanismos de recuperación ni actualización automática frente a los precios.

El entendimiento corresponde a la apertura del período paritario junio de 2026-mayo de 2027 del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06. La propuesta oficial fija incrementos del 2,4% desde el 1° de junio, del 2,2% a partir del 1° de julio y del 1,9% desde el 1° de agosto, además del pago por única vez de $50.000 durante ese último mes.

UPCN resolvió aceptar la oferta y firmar el acuerdo salarial presentado por el Gobierno. Con esa decisión, el aumento acumulado del 6,64% quedó formalmente homologado para el próximo trimestre y pasa a ser la referencia para cientos de miles de trabajadores estatales alcanzados por el convenio nacional.

Desde el oficialismo sostienen que el esquema busca acompañar la evolución de los precios en un escenario de desaceleración de la inflación mensual respecto de los niveles de los primeros meses de la gestión libertaria.

Por su parte, ATE rechazó de plano la propuesta oficial y cuestionó tanto los porcentajes como la falta de una recomposición por la pérdida acumulada del poder adquisitivo.

“No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste”, expresó el secretario general de ATE Nacional Rodolfo Aguiar apenas finalizada la reunión paritaria. Luego agregó que la oferta “es insuficiente, perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo”.

Según ATE, la propuesta tampoco incorpora mecanismos automáticos de actualización frente a la inflación. “El Gobierno viola la buena fe que debe existir en las negociaciones y que está garantizada por la ley”, afirmó Aguiar.

Antes de la audiencia, el gremio había reclamado una suma fija de $400.000 para todos los trabajadores estatales, aumentos por encima de la inflación y una cláusula de actualización automática para resguardar los ingresos ante la suba de precios.

“Es imperiosa la necesidad de que se otorgue una suma fija para recomponer rápidamente los ingresos más bajos de la administración. La pérdida de poder adquisitivo de los sueldos públicos no tiene precedentes cercanos”, había señalado Aguiar durante la convocatoria a la negociación.

ATE sostuvo que ninguna de sus demandas encontró respuesta en la oferta oficial. Entre esos planteos, el sindicato incluyó la reapertura de todos los convenios colectivos del sector público, la reactivación del Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral (FOPECAP), la derogación de la Ley 27.802 de reforma laboral y el cese de los despidos en el Estado.

Para el sindicato, la discusión salarial actual no puede separarse del deterioro acumulado de los ingresos. Según ATE, la pérdida de poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei supera el 40%.

“Desde que asumió hasta ahora, Milei le confiscó 12 millones de pesos en promedio a cada uno de los estatales”, afirmó Aguiar tras conocerse el resultado de la negociación. El dirigente también sostuvo que la nueva oferta salarial “coloca cada vez más lejos la posibilidad de lograr un entendimiento” y advirtió que la decisión oficial “acelera la conflictividad en el Estado”.

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la declaración indagatoria de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al considerar que existen elementos para sospechar que omitió y falseó información en sus declaraciones juradas patrimoniales durante su paso por el Ministerio de Defensa.

En su presentación ante el juez federal Daniel Rafecas, el fiscal sostuvo que el actual diputado bonaerense habría ocultado sumas de dinero, cuentas bancarias y otros datos patrimoniales que estaba obligado a informar.

Además, puso el foco en las sucesivas rectificaciones que el funcionario realizó una vez iniciada la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Según detalló Marijuan, Francisco Adorni presentó tres declaraciones juradas originales: la inicial de 2024, fechada el 15 de febrero de ese año; la declaración anual de 2024, presentada el 31 de julio de 2025; y la declaración de baja de 2025, fechada el 21 de enero de 2026. Todas habían sido presentadas antes del comienzo de la causa.

Sin embargo, el fiscal remarcó que, una vez iniciada la investigación, el funcionario presentó “al menos dos rectificativas diferentes” para cada una de esas declaraciones.

Las rectificaciones que presentó Francisco Adorni

En la declaración inicial de 2024, el hermano del jefe de Gabinete incorporó el 15 de mayo de este año un millón de pesos en efectivo que no había informado originalmente.

Cinco días después volvió a rectificar el documento y agregó que su esposa poseía una tarjeta de crédito Visa que tampoco figuraba en la presentación inicial.

También hubo modificaciones sobre la declaración patrimonial anual de 2024. En una primera rectificación, Adorni corrigió la valuación de su inmueble en City Bell, redujo los montos de sus deudas declaradas y agregó dinero en efectivo por un millón de pesos al inicio del año y dos millones de pesos al cierre. Asimismo, incorporó el detalle de ingresos y gastos que no había consignado en la declaración original.

Cinco días después presentó una segunda rectificativa, en la que agregó ingresos laborales de su cónyuge correspondientes a distintos períodos de 2024.

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Las modificaciones también alcanzaron a la declaración de baja de 2025. En ese caso, el legislador corrigió la valuación de su vivienda y de sus vehículos e informó que había omitido declarar dinero en efectivo por $24,5 millones. Según indicó en esa presentación, $21 millones de ese monto correspondían a una herencia.

Posteriormente, el 20 de mayo volvió a modificar esa declaración e incorporó datos sobre la participación de su esposa en la titularidad de un Jeep Renegade y nuevos ingresos laborales de ella.

Marijuan también hizo hincapié en nuevas rectificaciones presentadas el 8 de junio ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Allí, Adorni incorporó cuentas bancarias y tarjetas de crédito que, de acuerdo con la documentación, ya existían al momento de las declaraciones originales y tampoco habían sido incluidas en las rectificaciones de mayo.

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De acuerdo con el fiscal, en las nuevas presentaciones el funcionario informó que poseía cajas de ahorro en pesos y dólares y una cuenta corriente en el Banco Provincia. Además, declaró que al cierre de 2024 tenía cinco cuentas bancarias y una tarjeta de crédito Visa.

En relación con el patrimonio de su esposa, también agregó nuevas tarjetas de crédito, un fondo de inversión y varias cuentas bancarias que no habían sido consignadas previamente.

Para Marijuan, las pruebas reunidas “permiten sospechar” que Francisco Adorni “insertó datos falsos y omitió declarar bienes que por ley debía incluir” en sus declaraciones juradas anual de 2024 y de baja de 2025, con la finalidad de “falsear su patrimonio y ocultar datos del debido control”.

Por qué Marijuan descartó que las omisiones fueran errores

El fiscal subrayó especialmente que el acusado es contador público y posee una trayectoria profesional vinculada precisamente al control y la registración de información patrimonial.

Recordó que ocupó cargos jerárquicos en el Ministerio de Defensa, fue auditor interno titular de esa cartera y presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares.

También destacó que Adorni cuenta con un posgrado en Administración Financiera y Control del Sector Público y acumula veinte años de antigüedad como perito contador en el Consejo de la Magistratura bonaerense, donde desarrolló tareas de liquidación, registración contable y confección de declaraciones juradas.

Por ese motivo, Marijuan afirmó que “de modo alguno podía desconocer la relevancia e implicancias de la inclusión de datos correctos” en las declaraciones juradas ni “olvidarse o equivocarse” en la incorporación o modificación de bienes y pasivos.

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En la misma línea, concluyó que un profesional con esa formación y experiencia “de modo alguno podría haber desconocido o errado en la confección” de esos documentos y sostuvo que los elementos reunidos muestran que se trata de “un experto en la materia”.

Francisco Adorni, Manuel Adorni, Guillermo Marijuán

el respaldo,Nuevas medidas del fiscal. Indaga sobre las operaciones de Adorni con criptomonedas y una compra de blanquería por $8 millones,Axel Kicillof,Pablo Moyano,La Plata,Conforme a,,Fondos para un aliado. El Gobierno le adelantó a Entre Ríos un pago de coparticipación por $150.000 millones,,En noviembre. Confirman una gira del papa León XIV por Sudamérica e incluiría un paso por la Argentina,,Senado. El oficialismo gana tiempo para Adorni, pero sigue la presión para removerlo,Axel Kicillof,,Interna del PJ. Una legisladora cercana a Kicillof cuestionó a Cristina Kirchner y dijo que está «bastante equivocada»,,Reclamo a Kicillof. Se tensa la pelea por fondos para municipios bonaerenses y hay pedidos de ayuda para pagar aguinaldos,,»Es mucha plata». Kicillof opinó sobre el caso Adorni y habló de “pendrives” para la provincia