POLITICA
Un exministro de Alberto Fernández declaró como testigo y respaldó un decreto que complicó al expresidente
El exministro de Economía Martín Guzmán respaldó en la Justicia el decreto de Alberto Fernández que obligó a las dependencias del Estado a asegurarse con Nación Seguros, empresa del Estado vinculada al Banco Nación.
Guzmán declaró este miércoles en la causa que investiga presuntas irregularidades en esas contrataciones, un expediente en el que Fernández sigue imputado.
El exfuncionario, uno de los pocos que respondía a Fernández, defendió la “racionalidad” del decreto, destinado, dijo, a proteger los intereses del Estado ante eventuales catástrofes.
Guzmán no se refirió, sin embargo, a la intermediación que en aquellas contrataciones ejercieron los brokers, uno de ellos, Héctor Martínez Sosa, íntimamente ligado a Fernández.
El testimonio de Guzmán fue solicitado por la defensa del expresidente, liderada por la abogada Mariana Barbitta, quien recibió al exministro en los tribunales.
En su declaración, Guzmán argumentó que, en caso de un “shock sistémico”, cualquier aseguradora privada no podría estar en condiciones de cubrir los daños, que deberían ser afrontados por el Estado.
“Con este decreto, el Estado le paga al propio Estado, se autoasegura”, afirmó Guzmán, alejado hoy de la función pública. “Era positivo, la política pública era positiva, porque defendía los intereses del Estado Nacional”, sostuvo.
El exministro, que recibió preguntas solo de la abogada del expresidente, no hizo alusiones a la participación de los brokers, cuyos servicios, en un mercado reducido a una sola opción, quedaron bajo la lupa de la Justicia.
Uno de los intermediarios favorecidos fue Martínez Sosa, amigo de Fernández y marido de la entonces secretaria presidencial, María Cantero. El negocio del broker Martínez Sosa creció exponencialmente en esos años, tal como quedó plasmado en el expediente.
La situación de Fernández en esta causa fue sinuosa. Fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con su cargo, acusado de haber favorecido a una persona de su más estrecha cercanía.
El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal, pero el fiscal de esa instancia, Jose Agüero Iturbe, no había sostenido la acusación de Carlos Rívolo y dijo que había que seguir investigando.
A partir de ese dictamen, la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal, revocó el procesamiento y luego se ordenó la falta de mérito del expresidente, que sigue siendo investigado en primera instancia.
El decreto
El decreto sobre el que gira la participación de Fernández es el 823/2021. Dispuso que las dependencias y organismos del Estado nacional debían contratar sus seguros con Nación Seguros S.A.
“Nunca me hubieran llevado un decreto a la firma si no estaba todo el proceso realizado en forma correcta”, dijo Guzmán, al defender el trámite administrativo que precedió al dictado de la medida.
Sin embargo, Fernández podría haber tenido todavía un rol todavía más activo en la supuesta maniobra. Algunos elementos en el expediente sugieren que Cantero, su secretaria, oficiaba de nexo entre él y su marido, el broker Martínez Sosa.
En uno de los chats recabados en el expediente, la mujer se quejó ante Fernández afirmando que estaban “sacándole Cancillería a Hecky [el apodo de Martínez Sosa] y nombrando a otro productor”.
“Ya me ocupo”, le contestó Fernández. Unos días después, Cantero le informó a su marido que Fernández le había dicho que ya había hablado con el ministro del área, Santiago Cafiero. Y Martínez Sosa terminó conservando el negocio.
Federico González del Solar,Conforme a
El fiscal federal Fernando Domínguez pidió este miércoles llamar a indagatoria a José Luis Espert por presunto lavado de dinero. El exdiputado de La Libertad Avanza es investigado por sus lazos con el empresario Fred Machado, involucrado en una causa por narcotráfico y recientemente condenado en Estados Unidos por fraude y lavado.
Según pudo saber TN, la Fiscalía a cargo de Domínguez sostiene que, para darle licitud a los fondos que recibió de Fred Machado, Espert compró un BMW, un Lexus e hizo pagos a un fideicomiso llamado Dunas.
En ese contexto, el fiscal también incluyó en la indagatoria a la sociedad comercial del exlegislador, Varianza SA, por informes contables falsos para justificar el origen del dinero.
A su vez, también fue presentado un pedido de indagatoria para Mariano Cosentino, el contador de Espert. El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli deberá resolver los pedidos.
La investigación sobre Espert por lavado de dinero
La causa que tiene como protagonista al exprimer candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires gira alrededor de su relación con Federico “Fred” Machado. El empresario, quien financió y brindó apoyo a Espert en su primera candidatura presidencial en 2019, era investigado por maniobras ligadas al narcotráfico y en mayo admitió ante la Justicia norteamericana haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero.
De acuerdo al expediente, uno de los principales argumentos del fiscal para investigar a Espert es una transferencia de US$200.000 que Machado envió al exdiputado en 2020.
Según explicó públicamente tras estallar el escándalo, el dinero correspondía a un contrato de consultoría con Machado para asistirlo en una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa versión.
La duda radica en que Espert nunca viajó a ese país, las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no se encontraban operativas y tampoco existen evidencias concretas de que haya realizado tareas profesionales relacionadas con ese acuerdo.
Noticia que está siendo actualizada.-
José Luis Espert, fiscalía
POLITICA
El mensaje “político” de la CGT por el triunfo de la Selección: “Cuidemos el trabajo argentino”
La CGT se hizo eco este miércoles del contundente triunfo de la Selección Argentina en la primera fecha del Mundial 2026 y publicó un spot en el que llamó a “cuidar el trabajo y la industria nacional”, en momentos en que se profundizan los reclamos contra la reglamentación de la reforma laboral dispuesta por el Gobierno.
El cosecretario general de la central obrera Jorge Sola, que comparte la conducción con Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, publicó en sus redes sociales un spot en el que la organización pide “cuidar el trabajo argentino”, en medio de la euforia por la victoria ante Argelia por 3-0.
“Esta camiseta es vieja. Tan vieja que vio a (Diego) Maradona levantar una Copa del Mundo. Sobrevivió a mudanzas, lavados a mano. Sin embargo, acá está: no se rompió ni se destiñó. Esta camiseta es argentina y se hizo acá: alguien cortó la tela, hubo una costurera, un operario textual. Alguien alineó las franjas, coció el escudo. Antes de esa persona hubo otras: fabricaron el hilo, tiñeron el algodón y diseñaron el molde”, dice el relato del video.
Y agrega: “Esta camiseta dio empleo, sostuvo talleres y movió la industria nacional. Las camisetas siguen existiendo, pero muchas ya no se hacen acá. Llegan del exterior, vienen en contenedores. El escudo es el mismo, el precio a veces más bajo; lo que no está en todas es el trabajo argentino. Ese trabajo que deberíamos defender con la misma fuerza con la que defendemos la celeste y blanca de la mano de (Lionel) Messi”.
“Ojalá que, junto a las glorias de la Selección, podamos gritar los goles transpirando nuevamente una camiseta 100 por ciento industria argentina”, cierra el video, con imágenes de hinchas en momentos de festejos y con una música de tango de fondo.
El video, firmado por la CGT, cierra con el siguiente mensaje: “Cuidemos lo nuestro. Todavía estamos a tiempo. Cuidemos el trabajo argentino”.
Los reclamos
A principios de mes, la central obrera había rechazado la puesta en marcha de la reforma laboral dispuesta por el Poder Ejecutivo, al afirmar que “la libertad sindical no se reglamenta por decreto” y que “no es facultad de ningún gobierno sustituir el debate democrático”.
También llevó ese planteo, junto a las dos CTA, a la cumbre de la Organización Social del Trabajo (OIT), donde las tres centrales se unieron para denunciar al Gobierno.
Ante esa platea, el propio Sola expuso en representación de las tres centrales obreras y denunció “graves incumplimientos a las normas internacionales del trabajo” por parte de la gestión de Javier Milei.
“Lo que hoy traemos a examen no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios; es la denuncia formal del desmantelamiento sistemático de un modelo democrático de gobernanza del trabajo que nos tomó décadas construir y que el actual Gobierno nacional está demoliendo desde diciembre de 2023″, planteó Sola.
La presión de Moyano
Por fuera de la órbita de la CGT, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, arremetió el martes último contra el jefe de gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y dijo que “la patada en el orto se la tenían que haber pegado hace tiempo”.
Al reaparecer en un encuentro gremial, Moyano aprovechó su vuelta al ruedo para presionar a la CGT para que active un plan de lucha contra la gestión de Milei.
“Han tenido tres estrategias, de las cuales dos le fallaron, por lo que queda la calle”, dijo el camionero sobre la hoja de ruta que trazó la central obrera en el Congreso y por vía judicial.
Además, calificó de “traidores” a los legisladores del PJ que votaron la reforma laboral y cuestionó que “hoy la gente no se ve representada por ningún candidato del peronismo”.
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POLITICA
El oficialismo firma el dictamen y habilita el debate por el pago a los holdouts en Diputados
El Gobierno logró que el oficialismo avance en Diputados en el tratamiento del proyecto de ley para pagarles a los holdouts que ya cuenta con media sanción del Senado.
En un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia, los diputados del oficialismo y de los bloques aliados dictaminaron de manera positiva sobre los acuerdos de conciliación con Bainbridge ltd. y otros acreedores como Attestor Value Master Fund.
El dictamen obtuvo 42 firmas y con eso quedó listo para llevarlo al recinto en la Cámara de Diputados la próxima semana.
En el plenario expuso sobre el proyecto el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Ignacio Stampalija: «Creemos que son acuerdos muy beneficiosos porque implican una reducción sustancial sobre las acreencias que tenían los acreedores“.
“Esto produce la finalización de estos juicios, que son los principales holdouts que quedaban con litigios activos, y esto elimina riesgos de embargos, etc.”, agregó. Junto a él se encontraba Sebastián Amerio, procurador del Tesoro de la Nación.
El titular de la Comisión de Presupuesto, el libertario Bertie Benegas Lynch, señaló que el acuerdo que se buscará aprobar en el recinto de la Cámara baja implica el pago de USD 362 millones. Además, que la causa que se podría reestablecer sin el acuerdo podría implicar embargos sobre acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
El sitio especializado El Parlamentario explicó que los legisladores del oficialismo señalaron que existía cierto apuro para aprobar este acuerdo, ya que vence el próximo 30 de junio y sin la aprobación total de ambas Cámaras se reactiva el proceso judicial. “Si no se aprueba el acuerdo conciliatorio, podría caerse”, advirtió el titular de Presupuesto y Hacienda.
El bloque de Unión por la Patria presentó objeciones respecto del acuerdo y cuestionó que a su juicio no estaba desgranada “la composición del pago”.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz cuestionó la falta de información y transparencia del gobierno nacional en el tratamiento del proyecto de ley y advirtió que el oficialismo impulsa el pago con “demasiado apuro”, sin brindar al Congreso los elementos necesarios para evaluar la conveniencia de la operación para el Estado argentino.
Uno de los principales cuestionamientos que expresó Tolosa Paz y que quedó en el dictamen de Unión por la Patria radica en la ausencia de información que permita determinar si el acuerdo respeta el principio de equidad respecto de los acreedores que participaron de los canjes de deuda de 2005 y 2010. En ese sentido, remarcó que el expediente no aporta datos suficientes sobre el precio de adquisición de los títulos, la rentabilidad obtenida por los fondos litigantes ni la composición económica de los pagos acordados.
“Traen un expediente y se toman el tupé de cambiar los anexos como si fuesen papelitos de colores. Estamos hablando de más de 171 millones de dólares y no han explicado cómo se conforma ese pago“, afirmó.
Además, la diputada y varios de sus colegas reclamaron la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en la Cámara de Diputados para que brinde precisiones sobre la operación y el rumbo del endeudamiento público. «Desde que es ministro, jamás vino a explicar ni el rumbo económico ni cada vez que toma deuda o viene a pagarle a los holdouts“, sostuvo.
Ante el requerimiento de UP, el funcionario nacional precisó que Bainbridge tiene una sola sentencia por 96 millones de dólares y el acuerdo de pago prevé un pago de 66 millones, de ahí que se hable de un ahorro del 30%. En el caso de Attestor, son varias sentencias por 460 millones de dólares, aproximadamente. Este grupo de acreedores embargó fondos depositados en Estados Unidos por USD 300 millones para cobrar su sentencia.
Luis Caputo,José García Hamilton,Juan Ignacio Stampalija
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