Mientras el gobierno argentino anunció que intimará al Reino Unido a dar por finalizada la explotación petrolera Sea Lion en la cuenca de las Malvinas y que llevará el reclamo a estrados internacionales, en Chile se despertó un debate sobre el rol que debe cumplir ese país en el conflicto por la soberanía de las islas.

La Argentina denunció vuelos ilegales sobre espacio aéreo nacional, que unen Puerto Argentino con Punta Arenas. Sin embargo, los isleños dijeron que se trató de un solo vuelo, un chárter que trasladó a 80 personas, entre ellos empresarios y emprendedores, a Chile a un encuentro comercial que se realizó en el Hotel Cabo de Hornos, el Punta Arenas Business Showroom, organizado esta vez junto a la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC).

La presión de la oposición y los medios de Chile no se hizo esperar, por lo que altos funcionarios de la administración del presidente José Antonio Kast salieron a ratificar de forma contundente el derecho de su país a mantener vínculos logísticos y de negocios directos con el archipiélago.

Así lo había señalado días atrás el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, que si bien dijo que su país apoya el reclamo argentino sobre las Malvinas, afirmó al mismo tiempo que no se pueden desconocer “200 años de soberanía en las islas de un país amigo” y que se debe respetar la “voluntad e interés” de los isleños, reconociendo la autodeterminación que, como principio, rechaza la Argentina.

El ministro Barros también arremetió contra el Decreto 256 emitido por la Argentina en 2010, que exige permisos previos a los buques que navegan hacia las islas frente a las costas del mar austral, acusando que esa norma afecta negativamente a la Región de Magallanes al limitar “el acceso, la oportunidad de negocios”, y advirtió que “recién ahora va a haber un cambio en esa materia”.

En la misma línea se pronunció Máximo Pavez, subsecretario de Interior chileno: “Desde el año 1992, Chile ha ratificado el apoyo a la reclamación argentina sobre las Malvinas y que eso tiene que perseguirse l derecho internacional, pacíficamente. No obstante, la posición del Gobierno es que nuestros ciudadanos pueden realizar cualquier actividad económica y comercial desde nuestros puertos mientras se ajusten a la legislación vigente”.

La de Pavez fue una de las tantas declaraciones que cruzaron la agenda política del país trasandino en las últimas 48 horas, luego de que se conociera que los isleños visitaron Punta Arenas y participaron de un encuentro de intercambio comercial, donde se anunció que la empresa naviera Eastern Islands comenzará a trazar una ruta marítima frecuente entre Puerto Argentino y Punta Arenas, con la posibilidad de extender ese recorrido hasta los puertos de San Antonio y Valparaíso. El primer viaje está pautado para los primeros días de noviembre.

El debate se agitó tanto que el gobierno del presidente José Antonio Kast tuvo que salir a ordenar el discurso y a responder requisitorias parlamentarias producto de los cuestionamientos internos que se desataron en Chile en las últimas horas. De hecho, el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, fue interpelado por la reciente adhesión del país al Escudo de las Américas, liderado por el presidente de EE.UU., Donald Trump. En medio del debate apareció la cuestión Malvinas, y el rol que debía cumplir Chile con respecto a su relación con el Reino Unido y los pobladores de las Islas.

El choque entre los dichos de Barros Tocornal y del canciller Pérez Mackenna alimentó la polémica en el país trasandino con la oposición al gobierno de Kast. “En todos los sentidos la política exterior de Chile es confusa”, afirmó el diputado socialista Nelson Venegas, quien habló también de una “descoordinación evidente” en el oficialismo. “Nos están involucrando en un problema que no es nuestro”, afirmó, en relación a la disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

Carlos Bianchi, un diputado independiente de la Región de Magallanes, por su parte, se mostró en favor de la posición del ministro Barros Tocornal y contra las explicaciones del canciller chileno. “Me hubiese gustado que hubiese sido al revés, que sea el propio ministro de Relaciones Exteriores el que hubiese dado la opinión que hizo el ministro de Defensa”, afirmó.

En la interpelación al canciller chileno también estuvo presente, refrescada en la palabra de algunos legisladores, la posición de su par argentino, Pablo Quirno, que señaló en medios argentinos: “Palabra de presidente mata palabra de ministro. Ya está, se acabó ahí”. Quirno aludió a los compromisos asumidos el pasado 3 de septiembre, cuando Milei y Kast firmaron una declaración conjunta en el Palacio de La Moneda, están por encima de los dichos del ministro de Defensa.

Aquel día, Milei ratificó ante Kast los tratados que señalan que el Estrecho de Magallanes es jurisdicción soberana exclusiva de Chile. El chileno, por su parte, manifestó la necesidad de que el Reino Unido reanude las negociaciones por las Malvinas. Finalmente, la Argentina indicó que “se valorarán los esfuerzos del gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros, que son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Ese mismo día, Punta Arenas anunció la ruta marítima con las Islas a través de la compañia chilena Eastern Islands.

En el Senado, el canciller chileno ratificó el apoyo al reclamo de soberanía argentino. Pero se desató un fuerte debate sobre cómo llevar adelante ese rol de reconocimiento soberano siendo parte interesada comercialmente.

El canciller Quirno había dicho horas antes: “Tenemos acuerdos vigentes con Chile y esperamos que respeten esos tratados como lo hacemos nosotros”. Además, remarcó: “Todo lo que sea apoyo logístico para explotación de recursos naturales no se va a hacer desde Chile”.

Por el contrario, la postura de la Casa de la Moneda estuvo a cargo del subsecretario Pavez, que dijo: “La posición del Gobierno es que nuestros ciudadanos pueden realizar cualquier actividad económica y comercial desde nuestros puertos, eso está consagrado en la Constitución Política de la República y, por lo tanto, no hay ninguna contradicción”.

Así, desde el mismo gobierno de Kast se puso en duda no solo el cumplimiento del compromiso asumido en la Declaración del Mercosur de 2011, que obliga a los Estados miembros y asociados a no brindar apoyo ni facilitación portuaria a las islas mientras el Reino Unido se niegue a discutir sobre su soberanía, sino también la validez del documento conjunto firmado por Kast y Milei en La Moneda el 3 de septiembre, donde Argentina dejó asentado que valoraba los esfuerzos de Chile para “evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada”. Algo que, según la mirada argentina, no se cumplió en estas últimas 48 horas en el encuentro comercial de Punta Arenas.

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli tiene sobre su escritorio un pedido para procesar al expresidente de Arsat Facundo Leal y a otras nueve personas por el presunto direccionamiento de contratos de la empresa satelital y de fibra óptica del Estado a favor de Argentina Logistic Services SA (ALS), la firma que tenía a su cargo el depósito de San Fernando del que se robó material estratégico de la Red Federal de Fibra Óptica.

El requerimiento, al que accedió , lo firmaron el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el fiscal Sergio Rodríguez.

Para los fiscales, las explicaciones que dieron los acusados “son vanos intentos de mejorar la situación procesal” y la prueba reunida alcanza “con una carga probatoria pocas veces vista”.

Los fiscales pidieron la prisión preventiva para Leal, que ya está procesado con prisión preventiva en otro expediente, por las drogas halladas en su casa durante los allanamientos por esta causa. En esos operativos, además, se encontraron casi 2,5 millones de dólares.

Según el dictamen, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024, funcionarios de Arsat y directivos de ALS articularon “un acuerdo venal” para que la empresa privada ganara 12 contratos irregulares de fletes, transporte, grúas y el alquiler del depósito.

ALS cobró de Arsat 1.695.667 dólares y 32.210.287 de pesos, montos que los fiscales consideran un perjuicio para el Estado.

El 1° de noviembre de 2020, el intermediario Santiago Pando le pidió al empresario Diego Padilla, de ALS, que llamara “con urgencia” a Gerardo Boschin, entonces subgerente de Compras de Arsat y cercano a Leal.

El 21 de diciembre, tras una reunión en la sede de Arsat, Padilla le escribió a su colaboradora Sofía Varela Vizgarra: “Viene todo perfecto. […] Tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos”.

Para los fiscales, “los muchachos” eran los funcionarios.

El 14 de mayo de 2021, antes de cualquier trámite formal, ALS alquiló por 36 meses el predio de San Fernando. El contrato lo firmó Gastón Padilla, hermano de Diego. Ese mismo día, según la acusación, Varela Vizgarra creó una casilla de correo a nombre de Tradelog, una empresa que luego aparecería como supuesta competidora en la compulsa de precios y que ante la Justicia negó haber cotizado.

La nueva prueba, secuestrada en un allanamiento a Arsat del 28 de mayo pasado, refuerza la hipótesis de una competencia simulada. Las tres ofertas del depósito, de ALS, Tradelog y Transportes Padilla (la firma familiar de los Padilla), ingresaron el 10 de septiembre de 2021 en un lapso de 43 minutos. Los tres PDF registran en sus metadatos como autor a la propia ALS.

Además, los archivos de las competidoras figuran modificados por última vez por “Alvarez Juan Antonio”, el comprador de Arsat que cursó las invitaciones. Es decir que se simuló la compulsa de precios.

El dictamen cruza los chats con los pagos de Arsat. El 12 de mayo de 2022 la empresa estatal le pagó a ALS facturas por alquiler, ingresos y egresos del depósito y mudanza. Cuatro días después, Fernando Paredes, presidente de ALS, le escribió a Padilla: “Hoy vimos todo con Sofi. El jueves vamos a Arsat para darle 6 mil dólares a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo”. Para los fiscales, los rubros coinciden con los recién cobrados.

El 2 de marzo de 2022, Padilla le había pedido a Paredes plata “para llevarle a Arsat”, y aclaraba: “Solo del depósito le tendríamos que dar 22.000”.

Paredes le contestó que había disponibles 15.000 dólares de operaciones y otros 15.000 por tres meses de depósito, y aclaró: “Esto es para Pando por negocio Arsat”.

Los fiscales sostienen que la distinción entre ambas cuentas desarma la defensa de que todo el dinero era una comisión para el intermediario.

Leal alegó que no hay “una sola constancia” de su intervención y que la responsabilidad penal no puede derivarse de su cargo.

Los fiscales argumentaron, en cambio, que en octubre de 2021, Pando le escribió a Padilla: “Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas […] Que inventes”. Al día siguiente, Boschin avisó que el expediente estaba “a la firma de Facu”.

Ya como gerente general, Leal autorizó en noviembre de 2022 el inicio de la contratación directa para prorrogar el depósito y firmó en diciembre la adjudicación por 133.944.749 de pesos.

En 2024 fue designado responsable de Compliance de Arsat. En noviembre de ese año, con la causa ya abierta, le preguntó a Boschin por ALS, identificó a Padilla como “tu amigo”, advirtió que se había “ido de boca en la fiscalía”.

Para los fiscales, que el encargado de velar por la integridad fuera “uno de los principales protagonistas” revela “el grado de institucionalización” de la corrupción en Arsat.

El análisis de antenas de celulares ubica a Leal, Boschin, Padilla y Pando en el entorno de la estación terrena de Benavídez en jornadas clave, y corrobora un encuentro en el café Havanna de La Recova en octubre de 2024.

Los testigos también complican al exfuncionario. Su chofer, Tomás Scalera Juárez, y sus dos asistentes describieron que Pando visitaba a Leal a menudo, solo y que mantenían un trato de amigos.

El chofer reconoció a Padilla como alguien que “se juntaba con Leal en el rulero”. Y contó que en febrero de 2026 Leal le encargó llevar a Mendoza dos valijas que “pesaban un montón”. Ante una foto, reconoció una de ellas por una raspadura: era la valija en la que se encontró una gran cantidad de dinero.

Para Boschin y para Pablo Pagani, subgerente de Logística y cuñado de Leal, los fiscales pidieron procesamiento sin prisión preventiva por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles, cohecho pasivo e incumplimiento de deberes.

Para Navarro y Álvarez pidieron lo mismo, pero sin cohecho. Diego Padilla y Paredes quedarían procesados como autores de cohecho activo. Varela Vizgarra y Pando, como partícipes necesarios. Gastón Padilla, como partícipe de la administración fraudulenta. ALS SA sería procesada en los términos de la ley de responsabilidad penal empresaria. También se pidieron embargos. En sus descargos, los acusados negaron los hechos.