POLITICA
¿Cristina libre? La expresidenta no fue condenada por sus ideas
Un año después de la condena firme a Cristina Fernández de Kirchner todavía escuchamos el mismo argumento: la condenaron por defender a los pobres. La condenaron por ampliar derechos. La condenaron por enfrentarse a los poderes económicos. La condenaron por representar un proyecto político popular.
Aun sin compartir la base de la premisa, la pregunta es inevitable.
Si eso fuera cierto, ¿por qué la sentencia habla de licitaciones y no de asignaciones universales? ¿Por qué habla de contratos de obra pública y no de jubilaciones? ¿Por qué habla de direccionamiento de fondos, sobreprecios y administración fraudulenta, y no de derechos humanos, universidades o políticas sociales?
La respuesta es simple: porque Cristina Kirchner no fue condenada por sus ideas.
Fue condenada por hechos. Y esa diferencia importa.
Porque cuando se afirma que la condenaron por defender a los pobres, lo que en realidad se está diciendo es algo mucho más grave: que las políticas sociales otorgan una especie de inmunidad moral frente a la corrupción.
Como si un gobierno pudiera apropiarse de recursos públicos siempre que al mismo tiempo impulsara medidas que una parte de la sociedad considera valiosas.
Como si la Justicia debiera evaluar simpatías ideológicas antes que conductas.
Como si los delitos dejaran de ser delitos cuando los comete alguien que piensa como nosotros.
La sentencia de la Corte Suprema no evaluó un modelo económico. Tampoco juzgó una identidad política. Lo que hizo fue confirmar, después de años de investigación y revisión judicial, que existió una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Los hechos están ampliamente documentados: transferencias discrecionales de fondos públicos, adjudicaciones e irregularidades contractuales, sobreprecios, obras inconclusas y una estructura de beneficios direccionados. Todo ello fue analizado por distintos jueces y tribunales que arribaron a la misma conclusión.
Por eso resulta llamativo que algunos sigan discutiendo las motivaciones de los jueces en lugar de discutir las pruebas.
Hay, entonces, que actualizar alguna información:
1. El 10 de junio de 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación por unanimidad dictó la sentencia condenando a Cristina Fernández de Kirchner y otros por delitos contra la administración pública (delitos de corrupción). Una semana después se dispuso su detención domiciliaria por tener más de 70 años.
2. El inicio de la investigación tuvo lugar después de la presentación de una denuncia basada en un informe de auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad en 2016. Existían denuncias previas que no habían encontrado un sustento probatorio suficiente o bien, la decisión política de los jueces había sido cajonearlas.
3. Para llegar a ese fallo, existieron múltiples instancias previas y la intervención de muchos magistrados, jueces y fiscales que siempre arribaron a la misma conclusión: la responsabilidad penal de CFK y otros en perjuicio del estado. El juez Ercolini dictó el procesamiento y el juicio oral y público se inició en el 2019. La sentencia del Tribunal Oral Federal 2 es de diciembre 2022, condenando a 6 años de prisión por administración fraudulenta. La sala IV de la Cámara de Casación Penal ratificó la condena con más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en noviembre de 2024. Presentado un recurso extraordinario ante la Corte, el máximo tribunal dictó sentencia definitiva hace un año.
4. El delito es haber causado un perjuicio deliberado y probado a la administración pública del que participaron una decena de personas. Se impuso además el decomiso de los bienes por el valor de $ 684.990.350.139,56. (Si, casi Seiscientos ochenta y cinco mil millones de pesos, aproximadamente 500 millones de dólares). Se estableció la responsabilidad solidaria de todos los condenados y la ejecución de 111 inmuebles y activos financieros.
5. Pruebas encontradas: Decretos del Poder Ejecutivo para transferir fondos de manera discrecional a la Provincia de Santa Cruz desde donde se direccionaban a las empresas de Lázaro Báez. 80% de las obras fueron adjudicadas a las empresas del grupo Báez. Irregularidades en los contratos. Sobreprecios. Obras pagadas sin terminar. Prórrogas injustificadas.
6. Más pruebas: Vínculos comerciales y personales entre la Familia Kirchner y Lázaro Báez. El devenido empresario era un funcionario de banco hasta mayo de 2003 cuando, al llegar Néstor Kirchner al Gobierno forma una empresa constructora (sin tener antecedentes), Austral Construcciones, desde la cual y con maniobras ilegales fue adquiriendo otras empresas para armar competencia simulada e influir sobre los precios de las licitaciones.
7. Otra prueba: El mensaje ordenando “limpiar todo: paralizar obras, despedir personal, pagar saldos”. Con el cambio de gobierno y el inicio de las investigaciones, se abandonaron las obras y se vaciaron las empresas dejando deudas, trabajadores en la calle y contratos sin cumplir.
8. El decomiso de bienes incluye inmuebles de miles de hectáreas, hoteles, departamentos y varios millones de dólares depositados a nombre de Florencia Kirchner por cesión de su madre. Nunca esa fortuna pudo haber tenido un origen legal.
9. El artículo 36 de la Constitución Nacional establece un alto rango de sanción para la corrupción, asimilando el delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento, con los golpes de estado, y le impone siempre como pena accesoria la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos.
10. Todos los tribunales intervinientes rechazaron los argumentos políticos de la defensa, que nunca pudo probar inocencia, descartando lawfare, persecución política o proscripción.
El juzgamiento no ha recaído sobre las políticas de su gobierno, sino sobre el uso de los recursos públicos durante 12 años para enriquecimiento personal y, en este caso (que no es el único) del amigo Lázaro Báez ( sobre quien guardo mi profunda convicción de su condición de testaferro de la fortuna familiar de los Kirchner).
Aparece entonces una cuestión más profunda.
Durante demasiado tiempo en la Argentina se instaló la idea de que la corrupción era una preocupación secundaria frente a los grandes objetivos políticos. Que primero había que preguntarse quién gobernaba y recién después cómo gobernaba.
Esa lógica terminó produciendo una peligrosa tolerancia social.
Muchos argentinos llegaron a convencerse de que podían mirar para otro lado frente a la corrupción siempre que compartieran las banderas del gobierno de turno. Una afirmación que se instaló con tanta firmeza que aún condiciona hoy la valoración social sobre el gobierno actual.
Los derechos sociales y la corrupción no son conceptos compatibles. Como no lo es la baja de la inflación o el equilibrio fiscal.
La corrupción desvía recursos que deberían destinarse precisamente a esos derechos que se dice defender. Menos hospitales. Menos escuelas. Menos rutas. Menos viviendas. Menos oportunidades.
Por eso la verdadera contradicción no está entre justicia social y condena judicial.
La verdadera contradicción está entre invocar a los sectores más vulnerables mientras se tolera que una parte de los recursos públicos termine beneficiando a grupos privilegiados cercanos al poder. O al poder mismo.
Un año después de la condena, con todos los elementos sobre la mesa, la discusión ya no es jurídica. La Justicia habló. La discusión es moral y política.
¿Estamos dispuestos a aceptar que la corrupción debe ser condenada aun cuando el corrupto defienda las causas que compartimos? Tal vez sea el desafío más complejo de nuestra democracia.
Margarita Stolbizer,LA NACION,Política
POLITICA
El oficialismo firma el dictamen y habilita el debate por el pago a los holdouts en Diputados
El Gobierno logró que el oficialismo avance en Diputados en el tratamiento del proyecto de ley para pagarles a los holdouts que ya cuenta con media sanción del Senado.
En un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia, los diputados del oficialismo y de los bloques aliados dictaminaron de manera positiva sobre los acuerdos de conciliación con Bainbridge ltd. y otros acreedores como Attestor Value Master Fund.
El dictamen obtuvo 42 firmas y con eso quedó listo para llevarlo al recinto en la Cámara de Diputados la próxima semana.
En el plenario expuso sobre el proyecto el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Ignacio Stampalija: «Creemos que son acuerdos muy beneficiosos porque implican una reducción sustancial sobre las acreencias que tenían los acreedores“.
“Esto produce la finalización de estos juicios, que son los principales holdouts que quedaban con litigios activos, y esto elimina riesgos de embargos, etc.”, agregó. Junto a él se encontraba Sebastián Amerio, procurador del Tesoro de la Nación.
El titular de la Comisión de Presupuesto, el libertario Bertie Benegas Lynch, señaló que el acuerdo que se buscará aprobar en el recinto de la Cámara baja implica el pago de USD 362 millones. Además, que la causa que se podría reestablecer sin el acuerdo podría implicar embargos sobre acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
El sitio especializado El Parlamentario explicó que los legisladores del oficialismo señalaron que existía cierto apuro para aprobar este acuerdo, ya que vence el próximo 30 de junio y sin la aprobación total de ambas Cámaras se reactiva el proceso judicial. “Si no se aprueba el acuerdo conciliatorio, podría caerse”, advirtió el titular de Presupuesto y Hacienda.
El bloque de Unión por la Patria presentó objeciones respecto del acuerdo y cuestionó que a su juicio no estaba desgranada “la composición del pago”.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz cuestionó la falta de información y transparencia del gobierno nacional en el tratamiento del proyecto de ley y advirtió que el oficialismo impulsa el pago con “demasiado apuro”, sin brindar al Congreso los elementos necesarios para evaluar la conveniencia de la operación para el Estado argentino.
Uno de los principales cuestionamientos que expresó Tolosa Paz y que quedó en el dictamen de Unión por la Patria radica en la ausencia de información que permita determinar si el acuerdo respeta el principio de equidad respecto de los acreedores que participaron de los canjes de deuda de 2005 y 2010. En ese sentido, remarcó que el expediente no aporta datos suficientes sobre el precio de adquisición de los títulos, la rentabilidad obtenida por los fondos litigantes ni la composición económica de los pagos acordados.
“Traen un expediente y se toman el tupé de cambiar los anexos como si fuesen papelitos de colores. Estamos hablando de más de 171 millones de dólares y no han explicado cómo se conforma ese pago“, afirmó.
Además, la diputada y varios de sus colegas reclamaron la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en la Cámara de Diputados para que brinde precisiones sobre la operación y el rumbo del endeudamiento público. «Desde que es ministro, jamás vino a explicar ni el rumbo económico ni cada vez que toma deuda o viene a pagarle a los holdouts“, sostuvo.
Ante el requerimiento de UP, el funcionario nacional precisó que Bainbridge tiene una sola sentencia por 96 millones de dólares y el acuerdo de pago prevé un pago de 66 millones, de ahí que se hable de un ahorro del 30%. En el caso de Attestor, son varias sentencias por 460 millones de dólares, aproximadamente. Este grupo de acreedores embargó fondos depositados en Estados Unidos por USD 300 millones para cobrar su sentencia.
Luis Caputo,José García Hamilton,Juan Ignacio Stampalija
POLITICA
Frente al departamento de Adorni, Barrios de Pie montó un operativo de recolección de firmas para pedir su salida
El movimiento social Barrios de Pie, enrolado en el PJ, activó hoy una protesta frente a una de las propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y pidió su despido del Gobierno. Lo hizo con un despliegue que incluyó la recolección de firmas para empujar la salida del funcionario y la instalación de una olla popular en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, donde el ministro coordinador tiene un departamento.
La protesta estuvo custodiada por efectivos de la Policía Federal y se instaló sobre la calle, donde una cocinera sirvió porciones de guiso en recipientes plásticos. Detrás de ella, otras mujeres con sus delantales de cocina completaron la escena, con carteles y una bandera de Barrios de Pie.
Además de la mesa en la que se ofreció la comida, se juntaron firmas que, según los organizadores de la manifestación, presentarán ante el Congreso para exigir la salida de Adorni del Gobierno.
“Juntamos cientos de firmas durante la jornada y la recepción de los vecinos fue muy positiva. Mucha gente se acercó a conversar, a expresar su preocupación por la situación del país y a acompañar nuestro reclamo. Incluso muchos vecinos y vecinas del barrio de Adorni se solidarizaron con la iniciativa y coincidieron en que están atravesando dificultades económicas muy similares a las que vivimos en los barrios populares”, afirmó Norma Morales, referente de Barrios de Pie y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), presente en la protesta, en diálogo con .
“La campaña va a continuar en los próximos días y se extenderá a todo el país. Este fin de semana, vamos a instalar mesas de recolección de firmas en plazas, barrios y espacios comunitarios para que más vecinos y vecinas puedan sumarse a esta iniciativa. Queremos que sea una campaña federal, con participación de ciudadanos de todo el país”, añadió Morales, que subrayó: “Nos llamó la atención que muchos vecinos nos contaran que les cuesta llegar a fin de mes, pagar los servicios, afrontar los alquileres o sostener a sus familias. La crisis ya no distingue barrios. Hay un malestar muy grande por la situación económica y por la falta de respuestas del Gobierno”.
Los manifestantes de Barrios de Pie (un movimiento social que comulga con el peronismo) portaban carteles con mensajes contra el jefe de Gabinete, apuntado por sus gastos y bienes que omitió blanquear, situación que intentó revertir hace una semana, cuando presentó su declaración jurada. Algunas de las consignas contra el funcionario que se vieron en la protesta fueron: “Con el departamento de Adorni, le pagamos el sueldo a casi 3000 trabajadoras por mes” y “Las vacaciones de Adorni y su familia en Aruba valen lo mismo que 154 cocineras”.
Desde que estalló el escándalo por los bienes no declarados de Adorni, distintas protestas se sucedieron frente a sus propiedades en Caballito y en el distrito bonaerense de Exaltación de la Cruz (donde tiene una casa en el barrio privado Indio Cua). El 31 de marzo, la jornada de protesta fue doble, con la UTEP en el country (para reclamar contra el cierre del plan Volver al Trabajo) y militantes de izquierda y agrupaciones universitarias frente al departamento de Caballito (para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario). El 14 de abril, Barrios de Pie se manifestó contra el funcionario, en otra jornada de ollas populares.
el ministro coordinador,Manuel Adorni,Conforme a,,Choque en el Congreso. La oposición quiere evitar que prospere la intervención de la oficina que audita el costo de las leyes,,Caso $LIBRA. Novelli pide excluir a los inversores que impulsan la investigación y sostiene que no hubo estafa,,Análisis. Lo que logró y lo que perdió Milei,Manuel Adorni,,Adorni fue invitado. Javier Milei convocó a todo el gabinete a compartir una foto en el Día de la Bandera, en Rosario,,Hace ocho días. Milei se recluyó y no tuvo actividades públicas desde la entrevista en la que Adorni admitió haber ocultado bienes,,Alfil de Macri. Fernando de Andreis suma presión sobre Adorni: «Lo ideal es que se vaya hoy»
POLITICA
Expertos y ONG criticaron la reforma del proceso de selección de los jueces de la Corte y advirtieron por falta de transparencia y control público
La reforma del sistema de selección de jueces de la Corte Suprema y otras autoridades judiciales que oficializó el Gobierno nacional sumó cuestionamientos de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, que advirtieron que los cambios representan un retroceso en materia de transparencia, participación ciudadana y diversidad en la integración del máximo tribunal.
Las críticas apuntaron al decreto 467/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, que modificó los decretos 222 y 588 de 2003. La norma eliminó la instancia que permitía a ciudadanos, universidades, asociaciones y organizaciones presentar observaciones o impugnaciones a las candidaturas antes de que fueran remitidas al Senado. La iniciativa también suprimió las referencias a la necesidad de contemplar criterios de igualdad de género, especialidad y procedencia geográfica al momento de proponer integrantes para la Corte Suprema.
Los cuestionamientos fueron expresados en un documento conjunto firmado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la campaña GQUAL. Las entidades sostuvieron que la reforma implica “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género y, por ende, también para la calidad de nuestra democracia”. Además, señalaron que los cambios “debilitan los estándares sobre acceso igualitario a los cargos judiciales y reducen los espacios de escrutinio público sobre algunas de las decisiones más importantes de nuestro sistema institucional”.
En ese contexto, Clara Lucarella, coordinadora del Programa de Democracia de ACIJ, afirmó que “los aportes realizados por distintos sectores en el último proceso de designación de jueces de la Corte Suprema reflejaron que existe un interés y movilización en torno a estos temas”. Agregó: “Eliminar la posibilidad de que la ciudadanía pueda participar en el marco de las designaciones judiciales implica un obstáculo para el ejercicio del escrutinio público y un retroceso que daña la calidad de nuestra democracia”.
La reforma había sido anticipada por el Gobierno con el argumento de acelerar los procesos de cobertura de vacantes y reducir etapas administrativas. La Casa Rosada también sostuvo que la participación ciudadana continúa garantizada durante el trámite legislativo en el Senado, que conserva la atribución constitucional de prestar acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, las organizaciones rechazaron esa interpretación y señalaron que la instancia eliminada tenía una finalidad distinta. “La intervención de la ciudadanía en la etapa inicial permite aportar información, formular observaciones y enriquecer la evaluación que realiza el propio Poder Ejecutivo”, indicaron. A su entender, eso podía “influenciar su propuesta y conducir al Presidente a enviar otra”.
Ese mecanismo había sido establecido hace más de dos décadas por los decretos 222 y 588 de 2003, impulsados durante la presidencia de Néstor Kirchner. Las normas incorporaron estándares de transparencia y participación ciudadana para los procesos de selección de jueces de la Corte Suprema, magistrados, fiscales y defensores públicos.
Uno de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la modificación fue la necesidad de agilizar los nombramientos. Sin embargo, las organizaciones sostuvieron que el mecanismo eliminado demandaba menos de dos meses y que ese plazo resultaba “más que razonable” frente a los tiempos que suelen insumir las vacantes judiciales en la Argentina. “No caben dudas de que los beneficios de la participación son aquí mayores que sus costos de tiempo”, señalaron.
Otro de los aspectos cuestionados por las organizaciones fue la eliminación de los criterios vinculados con la igualdad de género y la diversidad para la integración de la Corte Suprema. Según el documento, la medida “obstaculiza la integración de un tribunal con perfiles diversos y distintas trayectorias, que sea más representativo de nuestra comunidad, y atenta contra el deber estatal de asegurar la igualdad de género en el acceso a los cargos públicos”.
Las entidades también cuestionaron uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno. “La afirmación del Poder Ejecutivo de que esos criterios no se encuentran expresamente previstos en la Constitución Nacional no es correcta”, señalaron. También recordaron que el derecho a la igualdad en la participación pública y política está reconocido en distintos tratados internacionales incorporados al bloque constitucional.
Las organizaciones vincularon la reforma con antecedentes recientes relacionados con las vacantes en el máximo tribunal. Recordaron que durante los últimos años distintas entidades formularon objeciones a las candidaturas impulsadas por el Poder Ejecutivo, tanto por los perfiles de los postulantes como por la ausencia de paridad de género en la Corte.
En el documento, señalaron que esas observaciones fueron presentadas justamente a través de los mecanismos de participación previstos por el decreto 222/03 y recordaron que posteriormente el Gobierno avanzó con designaciones por decreto. “Que la respuesta institucional frente a esa experiencia sea reducir los espacios de participación y los criterios de diversidad constituye una señal preocupante de cara al futuro”, afirmaron.
En el cierre del comunicado, las entidades reivindicaron el valor de los mecanismos de control ciudadano. “La participación ciudadana robustece la calidad de las decisiones y la rendición de cuentas, mientras que la diversidad dota de mayor legitimidad a nuestro sistema de justicia”, sostuvieron. Y concluyeron con una advertencia: “La designación de las autoridades judiciales es una de las decisiones de mayor trascendencia en nuestro país, y como tal, requiere de mayores controles, no de menos. En definitiva, son esas personas las que decidirán sobre nuestros derechos”.
Corte suprema
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