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El Gobierno redefine su estrategia electoral por el caso Adorni y Patricia Bullrich gana terreno en el armado con miras a 2027

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El Gobierno redefine su estrategia electoral por el impacto del caso Manuel Adorni y Patricia Bullrich gana terreno como posible candidata a vicepresidenta de Javier Milei en 2027. En la Casa Rosada reconocen que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado logró sentarse en la mesa chica del oficialismo y aumentar su poder de negociación en medio de las tensiones internas, la presión legislativa y la necesidad de sostener las reformas en el Congreso.

Vamos a tener que arreglar con Patricia. Internamente todos lo saben”, expresan en Nación. La frase resume un cambio de clima dentro del oficialismo: la senadora pasó de ser un factor incómodo para el karinismo a convertirse en una dirigente difícil de excluir del diseño electoral. En Balcarce 50 admiten que Bullrich acumuló autonomía, volumen público y capacidad para condicionar la agenda parlamentaria, sobre todo después de sus diferencias con el Gobierno por el caso Adorni y por el pliego de María Verónica Michelli.

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En el Ejecutivo reconocen que la idea inicial de Karina Milei era que la senadora neuquina Nadia Márquez pudiera integrar la fórmula presidencial como candidata a vicepresidenta el año que viene. Ese plan perdió fuerza en medio del nuevo escenario político. En la Casa Rosada admiten ahora que Bullrich volvió a aparecer como una opción que algunos sectores ven con buenos ojos para acompañar a Milei en la boleta nacional.

El cambio también impacta en la estrategia porteña. Hasta hace pocos días, en el entorno de Karina Milei insistían con que Bullrich debía competir por la Ciudad de Buenos Aires para ordenar su rol dentro del oficialismo y despejar cualquier expectativa de candidatura nacional. Esa idea ahora pierde fuerza. En algunos despachos incluso contemplan la posibilidad de reabrir una negociación con el PRO en la Ciudad, una alternativa que hasta ahora era resistida por el armado karinista.

La discusión tiene una consecuencia directa sobre Pilar Ramírez. Si Bullrich finalmente integra la fórmula presidencial y deja su banca en el Senado, la legisladora porteña asumiría como senadora suplente. En Balcarce 50 remarcan que Ramírez es la principal armadora de Karina Milei en la Ciudad, pero en distintos sectores del oficialismo reconocen que no creen que tenga todavía un nivel de conocimiento público suficiente como para encabezar una pelea por la Jefatura de Gobierno.

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Patricia Bullrich gana terreno interno como posible candidata a vicepresidenta de Javier Milei (Foto: Casa Rosada).

En paralelo, hay funcionarios que empujan el nombre de Martín Menem como eventual candidato a vicepresidente. La posibilidad aparece en conversaciones de la mesa política, pero incluso quienes la mencionan admiten que el plan para el presidente de la Cámara de Diputados es de largo plazo. “La apuesta de Karina es que Martín sea el sucesor de Milei”, advierten en sectores neutrales de la interna oficialista. Por eso, en ese espacio creen que exponerlo ahora en una fórmula podría no ser la jugada más conveniente.

La lógica de Bullrich es distinta. En su entorno reconocen que la senadora se posiciona como posible candidata presidencial si Milei no compite por la reelección. “Si no es él, va a estar ella”, agregan cerca de la exministra de Seguridad. Bajo esa lectura, sus últimos movimientos buscan sostener una doble condición: permanecer dentro del oficialismo, pero despegarse de los costos más altos de la gestión cuando considera que pueden afectar su capital político.

Leé también: En medio de la crisis por Adorni, Milei se mostrará con Karina y Caputo en el acto por el Día de la Bandera

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Esa estrategia se vio en dos episodios recientes. Bullrich tomó distancia de Adorni después de sus explicaciones patrimoniales, al hablar de una “omisión ética”, y también marcó una diferencia con el Gobierno en la votación del pliego de Michelli. En la Casa Rosada lo leyeron como un gesto de autonomía que incomodó a Karina Milei, pero también como una señal de que la senadora no está dispuesta a quedar pegada a decisiones que puedan erosionar su proyección hacia 2027.

El caso Adorni aceleró ese reordenamiento. En el Gobierno reconocen que atraviesan un momento de debilidad frente a aliados y gobernadores. Las explicaciones del jefe de Gabinete, la falta de respaldo público del Gabinete y el silencio de buena parte de la estructura digital libertaria complicaron la defensa política del ministro coordinador y dejaron a la Casa Rosada con menos margen para imponer condiciones en las negociaciones electorales.

Milei, de todos modos, mantiene la decisión de sostener a Adorni. En el Ejecutivo aseguran que el jefe de Gabinete volverá a mostrarse públicamente con el Presidente este sábado en Rosario, durante el acto por el Día de la Bandera. La foto será leída como una nueva señal de respaldo institucional, aunque en Balcarce 50 todavía admiten dudas internas sobre la conveniencia de exponerlo en un acto público después de semanas de desgaste.

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Manuel Adorni, Jorge Macri y Javier Milei en el acto central por el 44° aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (Foto: Reuters - Agustín Marcarian).
Manuel Adorni, Jorge Macri y Javier Milei en el acto central por el 44° aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (Foto: Reuters – Agustín Marcarian).

La Casa Rosada también prepara una “contraofensiva” para el informe de gestión que Adorni debe presentar el 2 de julio en el Senado. La intención es que el jefe de Gabinete llegue a esa instancia con una estrategia más ordenada, responda cuestionamientos y busque revertir parte del impacto político de sus declaraciones. En el Gobierno creen que la presentación puede servir para desactivar la presión opositora, aunque admiten que dependerá del clima parlamentario y de la postura de los aliados.

El plan que sí sigue en pie es el de Diego Santilli como candidato a gobernador bonaerense. En la Casa Rosada lo consideran la opción más consolidada para competir en la provincia de Buenos Aires si no hay sorpresas en los próximos meses. Santilli, además, quedó al frente de una agenda clave para el oficialismo: negociar con gobernadores, ordenar reclamos de gestión y sostener los votos necesarios para avanzar con la reforma electoral y otros proyectos.

Leé también: El Gobierno busca mostrar unidad en medio de la tensión por el futuro político de Adorni

La negociación con mandatarios provinciales será central para sostener el programa legislativo hasta marzo. El Gobierno busca acuerdos de competencia y gobernabilidad con gobernadores dialoguistas, más allá de si finalmente comparten boleta con La Libertad Avanza o compiten por separado en sus distritos. En Balcarce 50 necesitan votos para el Súper RIGI, la ley de lobby, la reforma electoral, cambios en Inocencia Fiscal, desregulación y una promesa de discusión tributaria para aplicar en 2028.

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En ese tablero, Bullrich aparece como una pieza cada vez más difícil de ordenar. Para el karinismo, su eventual candidatura porteña permitía contenerla territorialmente y dejar libre la discusión por la vicepresidencia. Pero la crisis de Adorni, la tensión con aliados y la necesidad de mostrar unidad la devolvieron al centro del esquema nacional.

La redefinición electoral todavía está abierta, pero el diagnóstico interno cambió. El Gobierno admite que el caso Adorni alteró los planes originales, fortaleció la capacidad de negociación de Bullrich y obligó a revisar la estrategia en la Ciudad, la fórmula presidencial y los acuerdos con gobernadores. En la Casa Rosada intentan sostener la idea de control político, pero en los hechos el armado de 2027 empezó a ordenarse bajo una premisa menos cómoda para el oficialismo.

Gobierno, Manuel Adorni, Patricia Bullrich

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Frente al departamento de Adorni, Barrios de Pie montó un operativo de recolección de firmas para pedir su salida

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El movimiento social Barrios de Pie, enrolado en el PJ, activó hoy una protesta frente a una de las propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y pidió su despido del Gobierno. Lo hizo con un despliegue que incluyó la recolección de firmas para empujar la salida del funcionario y la instalación de una olla popular en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, donde el ministro coordinador tiene un departamento.

La protesta estuvo custodiada por efectivos de la Policía Federal y se instaló sobre la calle, donde una cocinera sirvió porciones de guiso en recipientes plásticos. Detrás de ella, otras mujeres con sus delantales de cocina completaron la escena, con carteles y una bandera de Barrios de Pie.

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Además de la mesa en la que se ofreció la comida, se juntaron firmas que, según los organizadores de la manifestación, presentarán ante el Congreso para exigir la salida de Adorni del Gobierno.

Una mujer firma la planilla de adhesiones al pedido de remoción de AdorniBarrios de Pie

“Juntamos cientos de firmas durante la jornada y la recepción de los vecinos fue muy positiva. Mucha gente se acercó a conversar, a expresar su preocupación por la situación del país y a acompañar nuestro reclamo. Incluso muchos vecinos y vecinas del barrio de Adorni se solidarizaron con la iniciativa y coincidieron en que están atravesando dificultades económicas muy similares a las que vivimos en los barrios populares”, afirmó Norma Morales, referente de Barrios de Pie y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), presente en la protesta, en diálogo con .

El cordón de la Policía Federal, frente al departamento de AdorniRicardo Pristupluk

“La campaña va a continuar en los próximos días y se extenderá a todo el país. Este fin de semana, vamos a instalar mesas de recolección de firmas en plazas, barrios y espacios comunitarios para que más vecinos y vecinas puedan sumarse a esta iniciativa. Queremos que sea una campaña federal, con participación de ciudadanos de todo el país”, añadió Morales, que subrayó: “Nos llamó la atención que muchos vecinos nos contaran que les cuesta llegar a fin de mes, pagar los servicios, afrontar los alquileres o sostener a sus familias. La crisis ya no distingue barrios. Hay un malestar muy grande por la situación económica y por la falta de respuestas del Gobierno”.

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Los manifestantes de Barrios de Pie (un movimiento social que comulga con el peronismo) portaban carteles con mensajes contra el jefe de Gabinete, apuntado por sus gastos y bienes que omitió blanquear, situación que intentó revertir hace una semana, cuando presentó su declaración jurada. Algunas de las consignas contra el funcionario que se vieron en la protesta fueron: “Con el departamento de Adorni, le pagamos el sueldo a casi 3000 trabajadoras por mes” y “Las vacaciones de Adorni y su familia en Aruba valen lo mismo que 154 cocineras”.

La protesta de Barrios de Pie frente a la casa de AdorniRicardo Pristupluk

Desde que estalló el escándalo por los bienes no declarados de Adorni, distintas protestas se sucedieron frente a sus propiedades en Caballito y en el distrito bonaerense de Exaltación de la Cruz (donde tiene una casa en el barrio privado Indio Cua). El 31 de marzo, la jornada de protesta fue doble, con la UTEP en el country (para reclamar contra el cierre del plan Volver al Trabajo) y militantes de izquierda y agrupaciones universitarias frente al departamento de Caballito (para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario). El 14 de abril, Barrios de Pie se manifestó contra el funcionario, en otra jornada de ollas populares.




el ministro coordinador,Manuel Adorni,Conforme a,,Choque en el Congreso. La oposición quiere evitar que prospere la intervención de la oficina que audita el costo de las leyes,,Caso $LIBRA. Novelli pide excluir a los inversores que impulsan la investigación y sostiene que no hubo estafa,,Análisis. Lo que logró y lo que perdió Milei,Manuel Adorni,,Adorni fue invitado. Javier Milei convocó a todo el gabinete a compartir una foto en el Día de la Bandera, en Rosario,,Hace ocho días. Milei se recluyó y no tuvo actividades públicas desde la entrevista en la que Adorni admitió haber ocultado bienes,,Alfil de Macri. Fernando de Andreis suma presión sobre Adorni: «Lo ideal es que se vaya hoy»

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Expertos y ONG criticaron la reforma del proceso de selección de los jueces de la Corte y advirtieron por falta de transparencia y control público

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La Corte Suprema de Justicia argentina

La reforma del sistema de selección de jueces de la Corte Suprema y otras autoridades judiciales que oficializó el Gobierno nacional sumó cuestionamientos de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, que advirtieron que los cambios representan un retroceso en materia de transparencia, participación ciudadana y diversidad en la integración del máximo tribunal.

Las críticas apuntaron al decreto 467/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, que modificó los decretos 222 y 588 de 2003. La norma eliminó la instancia que permitía a ciudadanos, universidades, asociaciones y organizaciones presentar observaciones o impugnaciones a las candidaturas antes de que fueran remitidas al Senado. La iniciativa también suprimió las referencias a la necesidad de contemplar criterios de igualdad de género, especialidad y procedencia geográfica al momento de proponer integrantes para la Corte Suprema.

Los cuestionamientos fueron expresados en un documento conjunto firmado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la campaña GQUAL. Las entidades sostuvieron que la reforma implica “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género y, por ende, también para la calidad de nuestra democracia”. Además, señalaron que los cambios “debilitan los estándares sobre acceso igualitario a los cargos judiciales y reducen los espacios de escrutinio público sobre algunas de las decisiones más importantes de nuestro sistema institucional”.

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En ese contexto, Clara Lucarella, coordinadora del Programa de Democracia de ACIJ, afirmó que “los aportes realizados por distintos sectores en el último proceso de designación de jueces de la Corte Suprema reflejaron que existe un interés y movilización en torno a estos temas”. Agregó: “Eliminar la posibilidad de que la ciudadanía pueda participar en el marco de las designaciones judiciales implica un obstáculo para el ejercicio del escrutinio público y un retroceso que daña la calidad de nuestra democracia”.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia junto al titular de la cartera, Juan Bautista Mahiques

La reforma había sido anticipada por el Gobierno con el argumento de acelerar los procesos de cobertura de vacantes y reducir etapas administrativas. La Casa Rosada también sostuvo que la participación ciudadana continúa garantizada durante el trámite legislativo en el Senado, que conserva la atribución constitucional de prestar acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, las organizaciones rechazaron esa interpretación y señalaron que la instancia eliminada tenía una finalidad distinta. “La intervención de la ciudadanía en la etapa inicial permite aportar información, formular observaciones y enriquecer la evaluación que realiza el propio Poder Ejecutivo”, indicaron. A su entender, eso podía “influenciar su propuesta y conducir al Presidente a enviar otra”.

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Ese mecanismo había sido establecido hace más de dos décadas por los decretos 222 y 588 de 2003, impulsados durante la presidencia de Néstor Kirchner. Las normas incorporaron estándares de transparencia y participación ciudadana para los procesos de selección de jueces de la Corte Suprema, magistrados, fiscales y defensores públicos.

Uno de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la modificación fue la necesidad de agilizar los nombramientos. Sin embargo, las organizaciones sostuvieron que el mecanismo eliminado demandaba menos de dos meses y que ese plazo resultaba “más que razonable” frente a los tiempos que suelen insumir las vacantes judiciales en la Argentina. “No caben dudas de que los beneficios de la participación son aquí mayores que sus costos de tiempo”, señalaron.

Otro de los aspectos cuestionados por las organizaciones fue la eliminación de los criterios vinculados con la igualdad de género y la diversidad para la integración de la Corte Suprema. Según el documento, la medida “obstaculiza la integración de un tribunal con perfiles diversos y distintas trayectorias, que sea más representativo de nuestra comunidad, y atenta contra el deber estatal de asegurar la igualdad de género en el acceso a los cargos públicos”.

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Las entidades también cuestionaron uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno. “La afirmación del Poder Ejecutivo de que esos criterios no se encuentran expresamente previstos en la Constitución Nacional no es correcta”, señalaron. También recordaron que el derecho a la igualdad en la participación pública y política está reconocido en distintos tratados internacionales incorporados al bloque constitucional.

Las organizaciones vincularon la reforma con antecedentes recientes relacionados con las vacantes en el máximo tribunal. Recordaron que durante los últimos años distintas entidades formularon objeciones a las candidaturas impulsadas por el Poder Ejecutivo, tanto por los perfiles de los postulantes como por la ausencia de paridad de género en la Corte.

En el documento, señalaron que esas observaciones fueron presentadas justamente a través de los mecanismos de participación previstos por el decreto 222/03 y recordaron que posteriormente el Gobierno avanzó con designaciones por decreto. “Que la respuesta institucional frente a esa experiencia sea reducir los espacios de participación y los criterios de diversidad constituye una señal preocupante de cara al futuro”, afirmaron.

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En el cierre del comunicado, las entidades reivindicaron el valor de los mecanismos de control ciudadano. “La participación ciudadana robustece la calidad de las decisiones y la rendición de cuentas, mientras que la diversidad dota de mayor legitimidad a nuestro sistema de justicia”, sostuvieron. Y concluyeron con una advertencia: “La designación de las autoridades judiciales es una de las decisiones de mayor trascendencia en nuestro país, y como tal, requiere de mayores controles, no de menos. En definitiva, son esas personas las que decidirán sobre nuestros derechos”.

Corte suprema

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Un exministro de Alberto Fernández declaró como testigo y respaldó un decreto que complicó al expresidente

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El exministro de Economía Martín Guzmán respaldó en la Justicia el decreto de Alberto Fernández que obligó a las dependencias del Estado a asegurarse con Nación Seguros, empresa del Estado vinculada al Banco Nación.

Guzmán declaró este miércoles en la causa que investiga presuntas irregularidades en esas contrataciones, un expediente en el que Fernández sigue imputado.

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El exfuncionario, uno de los pocos que respondía a Fernández, defendió la “racionalidad” del decreto, destinado, dijo, a proteger los intereses del Estado ante eventuales catástrofes.

Guzmán no se refirió, sin embargo, a la intermediación que en aquellas contrataciones ejercieron los brokers, uno de ellos, Héctor Martínez Sosa, íntimamente ligado a Fernández.

El testimonio de Guzmán fue solicitado por la defensa del expresidente, liderada por la abogada Mariana Barbitta, quien recibió al exministro en los tribunales.

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El exministro Martín Guzmán en Comodoro Py

En su declaración, Guzmán argumentó que, en caso de un “shock sistémico”, cualquier aseguradora privada no podría estar en condiciones de cubrir los daños, que deberían ser afrontados por el Estado.

“Con este decreto, el Estado le paga al propio Estado, se autoasegura”, afirmó Guzmán, alejado hoy de la función pública. “Era positivo, la política pública era positiva, porque defendía los intereses del Estado Nacional”, sostuvo.

El exministro, que recibió preguntas solo de la abogada del expresidente, no hizo alusiones a la participación de los brokers, cuyos servicios, en un mercado reducido a una sola opción, quedaron bajo la lupa de la Justicia.

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Alberto Fernández y Héctor Martínez Sosa

Uno de los intermediarios favorecidos fue Martínez Sosa, amigo de Fernández y marido de la entonces secretaria presidencial, María Cantero. El negocio del broker Martínez Sosa creció exponencialmente en esos años, tal como quedó plasmado en el expediente.

La situación de Fernández en esta causa fue sinuosa. Fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con su cargo, acusado de haber favorecido a una persona de su más estrecha cercanía.

El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal, pero el fiscal de esa instancia, Jose Agüero Iturbe, no había sostenido la acusación de Carlos Rívolo y dijo que había que seguir investigando.

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A partir de ese dictamen, la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal, revocó el procesamiento y luego se ordenó la falta de mérito del expresidente, que sigue siendo investigado en primera instancia.

El decreto

El decreto sobre el que gira la participación de Fernández es el 823/2021. Dispuso que las dependencias y organismos del Estado nacional debían contratar sus seguros con Nación Seguros S.A.

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“Nunca me hubieran llevado un decreto a la firma si no estaba todo el proceso realizado en forma correcta”, dijo Guzmán, al defender el trámite administrativo que precedió al dictado de la medida.

Sin embargo, Fernández podría haber tenido todavía un rol todavía más activo en la supuesta maniobra. Algunos elementos en el expediente sugieren que Cantero, su secretaria, oficiaba de nexo entre él y su marido, el broker Martínez Sosa.

En uno de los chats recabados en el expediente, la mujer se quejó ante Fernández afirmando que estaban “sacándole Cancillería a Hecky [el apodo de Martínez Sosa] y nombrando a otro productor”.

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“Ya me ocupo”, le contestó Fernández. Unos días después, Cantero le informó a su marido que Fernández le había dicho que ya había hablado con el ministro del área, Santiago Cafiero. Y Martínez Sosa terminó conservando el negocio.




Federico González del Solar,Conforme a

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