La Justicia atraviesa un momento particular. Muchos magistrados de Comodoro Py y lo Penal Económico están molestos con la decisión de la Cámara de Casación que con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña ordenó el envío del expediente a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que remita el mismo al juzgado federal de su jurisdicción, es decir, al juez González Charvay, señalado por los denunciantes como un magistrado “amigo” de la AFA.

“No todos somos lo mismo, es insólito decir que lo Penal Económico no puede investigar una causa de lavado, yo mismo tengo causas de lavado”, dijo molesto a TN un magistrado cuya identidad este medio se reserva. “Se está manchando el nombre de la Justicia en general”, agrega un colega, pero esta vez de Comodoro Py.

En este contexto, el fiscal fiscal general de Casación, Mario Villar prepara un nuevo recurso para intentar revertir la decisión de la Cámara de Casación. Según pudo saber TN, presentará un recurso extraordinario Federal que tiene que ser declarado admisible por la misma sala que intervino, es decir, Borinsky, Barroetaveña y Alejandro Slokar. En caso de que la solicitud sea denegada, Villar tiene decidido ir en queja a la Corte, para intentar que sea el máximo tribunal quien tenga la palabra final sobre quién debe investigar el caso.

En la Justicia dicen que un punto a favor que tiene Villar es que Casación no trató el problema de la competencia territorial sino lo material, es decir, que el lavado de dinero es competencia federal y que por ese motivo debía salir del ámbito de lo Penal y Económico.

“En ese caso sería Rafecas el competente, algo que Villar ya había dicho en un escrito anterior”, aseguran en los tribunales. Para Villar, la decisión de Casación puede considerarse arbitraria (el haber enviado el caso a San Martín para que termine en Charvay), lo que la convierte en causa de admisibilidad del recurso extraordinario.

Hay quienes dicen que Borinsky cometió una contradicción en su última resolución, ya que en mayo había votado en sentido contrario. El juez lo niega. La Cámara de Casación señaló en aquel entonces que no debía sacarle el expediente de la mansión de Pilar a la jueza Straccia. Incluso sostuvo que abrir la contienda atentaba contra la celeridad procesal. ¿Qué pasó entonces? Como sea, para Villar este cambio es otro argumento de arbitrariedad.

¿Qué pasa si los jueces de Casación rechazan el pedido del fiscal, que se producirá antes del 31 de agosto? Recurrirá directamente en queja ante la Corte Suprema de Justicia.

La respuesta de Mariano Borinsky

En diálogo con TN, Mariano Borinsky aseguró que jamás cambió su parecer respecto a las cuestiones de competencia de esta causa. En su primera intervención no habilitó al fiscal sobre el cuestionamiento al trámite de las actuaciones y en la segunda actuación habilitó un planteo constitucional sobre cuál era el juez natural de la causa que debía continuar con la investigación.

“En mi primera intervención, sostuvo que en los problemas de tramite no son susceptibles de que intervenga Casación. Digo que la cuestión de tramite no es federal y no le haga lugar al fiscal. En primera instancia validé a la Cámara de San Martín y a Campana”, le dijo a este medio.

A su vez, agregó: “El delito de lavado de dinero, cuando solo se investiga ese posible delito, es federal, nunca es competente lo Penal y Económico. Además los tres jueces dijimos que es federal”.

Ante la consulta sobre por qué entonces no enviaron el caso al primer juez del expediente, Daniel Rafecas, Borinsky explicó: “Porque las cuestiones de competencia son entre dos, teníamos dos opciones, no había una tercera. Rafecas nunca reclamó el caso”.

Los posibles próximos pasos de Villar

Los que conocen a Villar aseguran que el fiscal sostiene que no puede concebir que esta clase de “arbitrariedades” en la Justicia no tengan un remedio en el sistema. Es que la decisión de Casación realmente sorprendió a propios y extraños.

Leé también: Revelan nuevas fotos que confirman que hubo modificaciones en el vestidor en el que Jesica Cirio se grabó con los fajos de dólares

Hasta acá Ana Lucía Conte y Luciano Nicolás Pantano no explicaron cómo hicieron para comprar una mansión valuada por la Corte en U$S20 millones. Tampoco consta que la Justicia haya posado su mirada hacia los dirigentes de la AFA que podrían estar vinculados con esta propiedad.

Para la Justicia no debería ser tan complejo, a priori, saber quién es el verdadero dueño, en caso de que no sea la jubilada o el monotributista. Se conocieron tarjetas azules de los autos a nombre del hijo del tesorero de la AFA. El destino de la investigación es por ahora una incógnita. Habrá que esperar a conocer las medidas de Charvay.

Leé también: Policías, médicos y familiares: convocan a 14 testigos para declarar en el caso de Facundo Moyano y Candela Arizaga

La discusión se produce después de que la Justicia resolviera que el expediente por la compra de una mansión de 105.000 metros cuadrados en Pilar, donde fueron encontrados 54 vehículos de alta gama, pase al juzgado federal de Campana. La investigación está vinculada con una hipótesis de presunto lavado de activos alrededor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Leé también: La Corte Suprema analizará la cláusula que permite a Gildo Insfrán buscar un noveno mandato en Formosa

Hasta la reciente resolución, la causa permanecía en el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires. El expediente había pasado previamente por el juzgado de Rafecas y luego había generado una disputa de competencia con la Justicia de Campana, hasta quedar radicado en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10.

La defensa de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, integrantes de Real Central SRL, sociedad que figura como propietaria del inmueble, y presuntos testaferros de Pablo Toviggino, había reclamado que la investigación fuera trasladada a Campana. Entre sus argumentos, sostuvo que la competencia territorial debía quedar determinada por el lugar donde está ubicada la propiedad.

Villar, en cambio, había defendido la permanencia del expediente en el fuero Penal Económico porteño. El fiscal había señalado que la investigación no se limitaba a la compra del inmueble de Pilar, sino que apuntaba desde el comienzo a una presunta maniobra de lavado de activos de mayor escala.

Leé también: La fiscalía de Bolivia endureció el pedido de detención contra Fernando Cerimedo por intento de femicidio

En ese planteo había destacado que Real Central SRL tiene su sede social en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que su antecesora, Central Park Drinks SRL. También había señalado que la escritura de compraventa del inmueble fue firmada en un domicilio porteño.

El fiscal había mencionado además distintos puntos de la Ciudad que, de acuerdo con la hipótesis investigada, estarían vinculados con el circuito de fondos bajo análisis. Entre ellos figuran financieras de la avenida Corrientes, un estudio jurídico de la calle Lavalle relacionado con Juan Pablo Beacon y la facturación de Recomi SA. También había mencionado un domicilio ubicado en Montevideo y Quintana como el lugar donde se habría entregado efectivo.

Pablo Toviggino, AFA, AFA (Asociación de Fútbol Argentino)