POLITICA
Un fiscal acusará “arbitrariedad” en el traslado de la causa de la mansión de Pilar a Campana y podría llegar a la Corte
La Justicia atraviesa un momento particular. Muchos magistrados de Comodoro Py y lo Penal Económico están molestos con la decisión de la Cámara de Casación que con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña ordenó el envío del expediente a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que remita el mismo al juzgado federal de su jurisdicción, es decir, al juez González Charvay, señalado por los denunciantes como un magistrado “amigo” de la AFA.
“No todos somos lo mismo, es insólito decir que lo Penal Económico no puede investigar una causa de lavado, yo mismo tengo causas de lavado”, dijo molesto a TN un magistrado cuya identidad este medio se reserva. “Se está manchando el nombre de la Justicia en general”, agrega un colega, pero esta vez de Comodoro Py.
En este contexto, el fiscal fiscal general de Casación, Mario Villar prepara un nuevo recurso para intentar revertir la decisión de la Cámara de Casación. Según pudo saber TN, presentará un recurso extraordinario Federal que tiene que ser declarado admisible por la misma sala que intervino, es decir, Borinsky, Barroetaveña y Alejandro Slokar. En caso de que la solicitud sea denegada, Villar tiene decidido ir en queja a la Corte, para intentar que sea el máximo tribunal quien tenga la palabra final sobre quién debe investigar el caso.
En la Justicia dicen que un punto a favor que tiene Villar es que Casación no trató el problema de la competencia territorial sino lo material, es decir, que el lavado de dinero es competencia federal y que por ese motivo debía salir del ámbito de lo Penal y Económico.
“En ese caso sería Rafecas el competente, algo que Villar ya había dicho en un escrito anterior”, aseguran en los tribunales. Para Villar, la decisión de Casación puede considerarse arbitraria (el haber enviado el caso a San Martín para que termine en Charvay), lo que la convierte en causa de admisibilidad del recurso extraordinario.
Hay quienes dicen que Borinsky cometió una contradicción en su última resolución, ya que en mayo había votado en sentido contrario. El juez lo niega. La Cámara de Casación señaló en aquel entonces que no debía sacarle el expediente de la mansión de Pilar a la jueza Straccia. Incluso sostuvo que abrir la contienda atentaba contra la celeridad procesal. ¿Qué pasó entonces? Como sea, para Villar este cambio es otro argumento de arbitrariedad.
¿Qué pasa si los jueces de Casación rechazan el pedido del fiscal, que se producirá antes del 31 de agosto? Recurrirá directamente en queja ante la Corte Suprema de Justicia.
La respuesta de Mariano Borinsky
En diálogo con TN, Mariano Borinsky aseguró que jamás cambió su parecer respecto a las cuestiones de competencia de esta causa. En su primera intervención no habilitó al fiscal sobre el cuestionamiento al trámite de las actuaciones y en la segunda actuación habilitó un planteo constitucional sobre cuál era el juez natural de la causa que debía continuar con la investigación.
“En mi primera intervención, sostuvo que en los problemas de tramite no son susceptibles de que intervenga Casación. Digo que la cuestión de tramite no es federal y no le haga lugar al fiscal. En primera instancia validé a la Cámara de San Martín y a Campana”, le dijo a este medio.
A su vez, agregó: “El delito de lavado de dinero, cuando solo se investiga ese posible delito, es federal, nunca es competente lo Penal y Económico. Además los tres jueces dijimos que es federal”.
Ante la consulta sobre por qué entonces no enviaron el caso al primer juez del expediente, Daniel Rafecas, Borinsky explicó: “Porque las cuestiones de competencia son entre dos, teníamos dos opciones, no había una tercera. Rafecas nunca reclamó el caso”.
Los posibles próximos pasos de Villar
Los que conocen a Villar aseguran que el fiscal sostiene que no puede concebir que esta clase de “arbitrariedades” en la Justicia no tengan un remedio en el sistema. Es que la decisión de Casación realmente sorprendió a propios y extraños.
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Hasta acá Ana Lucía Conte y Luciano Nicolás Pantano no explicaron cómo hicieron para comprar una mansión valuada por la Corte en U$S20 millones. Tampoco consta que la Justicia haya posado su mirada hacia los dirigentes de la AFA que podrían estar vinculados con esta propiedad.
Para la Justicia no debería ser tan complejo, a priori, saber quién es el verdadero dueño, en caso de que no sea la jubilada o el monotributista. Se conocieron tarjetas azules de los autos a nombre del hijo del tesorero de la AFA. El destino de la investigación es por ahora una incógnita. Habrá que esperar a conocer las medidas de Charvay.
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La discusión se produce después de que la Justicia resolviera que el expediente por la compra de una mansión de 105.000 metros cuadrados en Pilar, donde fueron encontrados 54 vehículos de alta gama, pase al juzgado federal de Campana. La investigación está vinculada con una hipótesis de presunto lavado de activos alrededor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
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Hasta la reciente resolución, la causa permanecía en el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires. El expediente había pasado previamente por el juzgado de Rafecas y luego había generado una disputa de competencia con la Justicia de Campana, hasta quedar radicado en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10.
La defensa de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, integrantes de Real Central SRL, sociedad que figura como propietaria del inmueble, y presuntos testaferros de Pablo Toviggino, había reclamado que la investigación fuera trasladada a Campana. Entre sus argumentos, sostuvo que la competencia territorial debía quedar determinada por el lugar donde está ubicada la propiedad.
Villar, en cambio, había defendido la permanencia del expediente en el fuero Penal Económico porteño. El fiscal había señalado que la investigación no se limitaba a la compra del inmueble de Pilar, sino que apuntaba desde el comienzo a una presunta maniobra de lavado de activos de mayor escala.
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En ese planteo había destacado que Real Central SRL tiene su sede social en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que su antecesora, Central Park Drinks SRL. También había señalado que la escritura de compraventa del inmueble fue firmada en un domicilio porteño.
El fiscal había mencionado además distintos puntos de la Ciudad que, de acuerdo con la hipótesis investigada, estarían vinculados con el circuito de fondos bajo análisis. Entre ellos figuran financieras de la avenida Corrientes, un estudio jurídico de la calle Lavalle relacionado con Juan Pablo Beacon y la facturación de Recomi SA. También había mencionado un domicilio ubicado en Montevideo y Quintana como el lugar donde se habría entregado efectivo.
Pablo Toviggino, AFA, AFA (Asociación de Fútbol Argentino)
POLITICA
Máximo Kirchner fue demorado en un puesto limítrofe de San Luis porque su vehículo tenía pedido de captura
El diputado nacional Máximo Kirchner (Partido Justicialista) fue demorado en el puesto limítrofe de la localidad de Justo Daract, en el ingreso a la provincia de San Luis, por circular en un vehículo marca Honda que figuraba con pedido de secuestro en el marco de la causa Hotesur, en la que está procesado y próximo a ir a juicio. Debió aguardar a la vera de la ruta 7 más de dos horas, hasta que lo dejaron continuar viaje, a bordo del mismo vehículo, camino a San Juan, donde realizará actividades políticas.
Según consta en el primer parte de la Policía de San Luis difundido tras el hecho, al que accedió , pasadas las 14 de este miércoles, Kirchner fue demorado luego de que “se activara el Anillo Digital Federal por un pedido de secuestro emitido mediante un oficio judicial federal”.
El diputado viajaba por la ruta 7 a bordo de un Honda CR-V a su nombre, que figuraba en el oficio vinculado a la causa caratulada “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/Info. Art. 303 del CP”. Se dirigía a la provincia de San Juan, donde mañana tiene previstas actividades políticas junto al senador y exgobernador de esa provincia Sergio Uñac.
La policía provincial informó, horas más tarde, que el diputado pudo continuar su trayecto a bordo del vehículo. “Se pone en conocimiento que, por disposición de la Justicia Federal, personal policial de Justo Daract, dio cumplimiento al requerimiento solicitado por la Justicia Federal del vehículo demorado, otorgando el mismo en carácter de depositario judicial a su propietario, quien continuó su trayecto”, se indicó en el parte, que se difundió horas después del primer comunicado policial que daba cuenta de la demora en la ruta.
“El procedimiento se llevó a cabo a partir de una alerta recibida a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) debido a que San Luis forma parte del Anillo Federal de Seguridad, el cual depende del Ministerio de Seguridad de la Nación”, se completó en el parte policial
El líder de La Cámpora difundió un comunicado en el que explicó lo sucedido. “Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente, para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros. Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema, en la ciudad de Buenos Aires y autopistas bonaerenses. Recientemente lo hice cuando fuimos a La Rioja y a Mar del Plata. En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez [Julián] Ercolini, de Comodoro Py. También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que por supuesto dio negativo”, resumió el diputado.
“Como siempre hice, esperé a disposición de la policía provincial y de la Justicia para que aclaren el entuerto. Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje”, completó Kirchner.
“Mientras rematan el país, la policía, la Justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos. No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco. Mañana nos vemos en San Juan”, subrayó Máximo Kirchner.
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El Reino Unido rechazó el arbitraje internacional que pide la Argentina por la explotación en las islas Malvinas
Reino Unido rechazó el arbitraje internacional que pide la Argentina para frenar la explotación petrolera en las islas Malvinas y calificó la acción como un intento deliberado de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.
“El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, escribió la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.
Para la funcionaria británica, la decisión del país de iniciar un arbitraje constituye “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las Islas”.
Además, aseguró que las actividades relacionadas con hidrocarburos en el territorio están reguladas por la legislación británica de las Malvinas y que se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional”.
Por otro lado, indicó que esta semana el gobierno inglés le manifestó al canciller Pablo Quirno que “los esfuerzos por obstaculizar la actividad económica lícita en las Islas no constituyen actos de una relación internacional responsables”.
“Son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno. Este comportamiento plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”, afirmó.
Asimismo, ratificó que Reino Unido continuará estando “codo a codo” con el gobierno inglés de Malvinas y con sus habitantes. “Defenderemos firmemente sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro. Como ha dejado claro el primer ministro, nuestro apoyo es inquebrantable”, cerró.
El arbitraje que pidió el Gobierno
Mediante un comunicado, el Gobierno anunció el pasado lunes el inicio de una gestión para comenzar un arbitraje con el objetivo de “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación”.
“La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina”, afirmó.
En su cuenta personal de X, Milei compartió el mensaje y aseguró que si en dos semanas Reino Unido no frenaba la explotación ilegítima, el país iba a recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, un órgano independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas.
Según su página oficial, el Tribunal está compuesto por 21 miembros “independientes”, elegidos entre personas de “reconocida reputación por su imparcialidad e integridad, y de competencia comprobada en el ámbito del derecho del mar” y cuenta con “jurisdicción sobre cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del convenio”.
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Ley de Tierras: la CGT repudió el fallo de la Corte Suprema y le exigió a Diputados que rechace el DNU de Milei
La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió este miércoles el fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023 y reclamó a la Cámara de Diputados que rechace el decreto del presidente Javier Milei, después de que el Senado avanzó en ese sentido.
La central obrera se refirió así al fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU. La Corte consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que inició la causa, no tenía legitimación para impulsar la demanda.
El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación, sino que, al dejar sin efecto el fallo de la Cámara, volvió a quedar vigente el artículo del DNU que eliminó la Ley 26.737 y, con ella, las restricciones que regían para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
“Expresamos nuestro más enérgico repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia”, planteó el Consejo Directivo Nacional de la CGT en un comunicado. Para la organización sindical, la decisión judicial eliminó límites destinados a preservar el dominio nacional sobre el territorio.
La CGT vinculó el fallo con la pelea que atravesó el Congreso
En su pronunciamiento, la CGT refirió que las movilizaciones realizadas en las últimas semanas contra los cambios en el régimen de tierras reflejaron una presión social y política que frenó el intento del oficialismo por flexibilizar las restricciones en el Congreso y contrapuso ese escenario con lo ocurrido ahora en la Justicia.
“Lo que no pudieron imponer mediante el debate parlamentario, ahora vuelve a abrirse camino por una decisión del máximo tribunal”, cuestionó la central obrera.
La organización sindical afirmó además que el fallo “atenta contra la soberanía nacional” porque, según expresó, deja la tierra, el agua y otros recursos estratégicos “a merced del capital extranjero”. También cuestionó el papel de la Corte porque “atenta contra la división de poderes” y sostuvo que la resolución desconoce el rechazo expresado durante las protestas. “Un Poder Judicial que debería ser contrapeso termina convalidando en los hechos la voluntad del Poder Ejecutivo”, denunció.
Como solución, la conducción cegetista pidió que el conflicto se resuelva en terreno parlamentario y que la Cámara Baja avance contra el DNU 70/2023 y complete el rechazo legislativo que ya impulsó el Senado.
“La tierra argentina es patrimonio de nuestro pueblo y forma parte inseparable de un proyecto de Nación con producción, trabajo, desarrollo y soberanía”, afirmó la CGT. Y cerró el comunicado con un rechazo a cualquier intento de “extranjerización indiscriminada” del territorio y un reclamo para que las instituciones respeten la voluntad expresada en las calles. “Nuestra soberanía no se negocia”, advirtió.
CGT, ley de tierras, DNU
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