INTERNACIONAL
Un matrimonio volvió de trabajar y encontró a sus hijos asesinados: el caso sin resolver de la familia Tan
El 6 de enero de 1979, Singapur quedó conmocionado por un crimen que, décadas después, todavía sigue sin resolverse. Esa mañana, Tan Kuen Chai y su esposa Lee Mei Ying salieron de su departamento en el barrio de Geylang Bahru para trabajar, como hacían todos los días. Ambos manejaban un micro escolar y debían comenzar temprano su jornada.
Antes de irse, dejaron durmiendo a sus cuatro hijos pequeños. Horas más tarde, al volver a la casa, encontraron una escena aterradora: los chicos habían sido asesinados de manera brutal.
Las víctimas eran Tan Kok Peng, de 10 años; Tan Kok Hin, de 8; Tan Kok Soon, de 6; y Tan Chin Nee, de apenas 5 años, la única nena de la familia. Los tres mayores asistían a la escuela primaria Bendemeer Road, mientras que la menor iba a un jardín de infantes.
Según la reconstrucción de los investigadores, los padres dejaron el departamento cerca de las 6:35 de la mañana. Poco después, Mei Ying intentó llamar por teléfono para despertar a los chicos, algo que hacía con frecuencia. Sin embargo, nadie respondió.
Preocupada, la mujer le pidió a un vecino que golpeara la puerta del departamento para ver si los nenes seguían durmiendo. El hombre fue hasta el lugar, pero tampoco obtuvo respuesta.
Una imagen del matrimonio Tan luego del crimen de sus hijos. (Foto: SPH)
Si bien comenzaron a inquietarse, los padres siguieron trabajando hasta regresar a la casa después de las 10:00. Fue entonces cuando descubrieron una escena de horror: los cuerpos de los cuatro chicos estaban en el baño del departamento, acostado boca arriba y apilados uno encima del otro.
Un ataque brutal
El crimen no solo impactó por la edad de las víctimas, sino por la brutalidad con la cual fue cometido. De acuerdo con los informes policiales, todos los chicos tenían múltiples heridas provocadas por armas blancas. Cada uno había recibido al menos 20 puñaladas.
El mayor de los hermanos, Kok Peng, presentaba lesiones defensivas y el brazo derecho casi amputado, por lo que los peritos sospecharon que intentó defenderse o proteger a los demás durante el violento episodio. La menor, Chin Nee, tenía varios cortes en la cara.
Rápidamente, los investigadores concluyeron que no se había tratado de un robo, ya que no había señales de ingreso forzado y no faltaba ningún objeto de valor en el departamento. Además, no había signos de desorden, lo que reforzó la teoría de que el atacante había actuado con un objetivo específico.
La policía también determinó que el crimen había sido planificado. Las armas utilizadas nunca fueron encontradas, aunque se cree que el asesino usó un machete y otro cuchillo o daga. Aun así, la escena dejó algunos rastros inquietantes, como el hallazgo de manchas de sangre en la bacha de la cocina. Por ello, se sospechó que el asesino se lavó antes de escapar.
Nunca se supo quién asesinó a los cuatro chicos ni el motivo. (Foto: SPH)
Otro detalle clave fue que Kok Peng tenía mechones de pelo atrapados en una de sus manos. Para la policía, eso indicaba que el chico probablemente había forcejeado con el asesino. Sin embargo, las limitaciones tecnológicas de la época impidieron avanzar demasiado con esa evidencia.
Por otra parte, los peritos también remarcaron la ausencia de ruidos durante el hecho. A pesar de que los departamentos de ese barrio estaban muy cerca entre sí y las paredes eran delgadas, ningún vecino escuchó gritos ni forecejos.
En esa línea, surgió un testimonio clave: un taxista informó a la policía que, cerca de las 8:00 de esa mañana, un joven de unos 20 años subió a su vehículo cerca del bloque 58. Según el conductor, el hombre tenía manchas de sangre en el lado izquierdo de su cuerpo y, al bajar, el chofer notó que llevaba un objeto punzante que golpeó contra la puerta del auto. Si bien este testigo ayudó a realizar un identikit, el sospechoso nunca fue localizado.
Una carta escalofriante
La investigación quedó en manos del Departamento de Investigación Criminal de Singapur. Durante semanas, los agentes interrogaron a más de cien personas entre vecinos, conocidos y personas cercanas a la familia. A pesar de eso, nunca lograron identificar a un sospechoso concreto.
Con el paso de los días, la principal hipótesis comenzó a apuntar a una venganza personal. La teoría cobró todavía más fuerza dos semanas después de los asesinatos, cuando la familia recibió una carta para el Año Nuevo chino firmada por alguien que decía ser “el asesino”.
La tarjeta mostraba imágenes de chicos felices jugando y tenía escrito un mensaje: “Ahora no puedes tener más descendencia, ja-ja-ja”. La frase hacía referencia a que Mei Ying se había sometido a una ligadura de trompas después del nacimiento de su hija menor.
El padre de las víctimas luego de enterarse de la tragedia. (Foto: SPH)
Para los investigadores, ese detalle era fundamental, ya que quien había enviado el mensaje conocía información íntima de la familia que no era pública. Además, la carta utilizaba los apodos personales de los padres, “Ah Chai” y “Ah Eng”, algo que reforzó la sospecha de que era alguien cercano a la familia Tan.
A pesar de estas pistas, la policía nunca pudo rastrear su origen ni identificar a la persona que la había enviado.
Entre los cientos de interrogados, la policía puso bajo la lupa a un amigo de la familia, a quien los chicos llamaban “Tío” de manera cariñosa. Este hombre solía visitar la casa con frecuencia para usar el teléfono y participar en apuestas de lotería con el padre.
Incluso, fue sometido a una rueda de reconocimiento frente a un vecino que afirmó haber visto a un hombre caminar por el pasillo del edificio la mañana del crimen. Sin embargo, tras dos semanas de detención, fue liberado por falta de pruebas contundentes.
Un misterio que sigue sin respuestas
El crimen provocó una enorme conmoción en Singapur y generó temor entre los vecinos del barrio de Geylang Bahru. Durante semanas, el caso fue el tema principal de los diarios locales y se convirtió en uno de los episodios criminales más impactantes de la historia del país. Los cuatro hermanos fueron enterrados juntos. (Foto: Enanyang)
Los cuatro chicos fueron enterrados un día después de los asesinatos en el cementerio de Choa Chu Kang. Junto a ellos, la familia colocó algunos de sus juguetes favoritos, mochilas escolares y libros de estudio.
Leé también: Un triángulo amoroso y un crimen brutal: el caso de la ciclista asesinada por la novia de su amigo
Después de la tragedia, los padres dejaron el negocio del transporte escolar y comenzaron una nueva vida trabajando en una empresa dedicada a fabricar materiales de PVC. Años más tarde, Mei Ying logró revertir la esterilización y volvió a tener un hijo.
Singapur, Asesinato, hijos
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A Massachusetts federal judge has once again blocked the Trump administration from ending Temporary Protected Status (TPS) for Somalia, issuing a new administrative stay after plaintiffs rewrote their lawsuit around constitutional claims just days after a federal appeals court threw out similar stays terminating TPS for Ethiopia and South Sudan.
U.S. District Judge Allison Burroughs, appointed by former President Barack Obama, issued the administrative stay Friday after African Communities Together and other plaintiffs filed an amended complaint alleging the Trump administration violated the Fifth Amendment by terminating Somalia’s TPS designation based on racial and national-origin discrimination.
The plaintiffs filed an amended complaint and emergency motion on Thursday in a renewed bid to keep Somalia’s TPS protections alive after the Supreme Court’s June ruling in Mullin v. Doe sharply limited lower courts’ ability to block TPS terminations.
Burroughs’ latest order has intensified growing criticism over whether district judges are using administrative stays to work around higher court rulings. It comes just days after the U.S. Court of Appeals for the First Circuit reversed similar administrative stays issued by U.S. District Judges Brian Murphy and Patti Saris, who had temporarily delayed the Trump administration’s TPS terminations for Ethiopia and South Sudan.
LIBERAL COURT STUNS WITH RULING THAT HANDS TRUMP MAJOR IMMIGRATION WIN
A side-by-side photo of protesters demonstrating against the Trump administration’s immigration policies, and a photo of U.S. President Donald Trump signing executive orders at the White House. The Supreme Court will hear oral arguments Thursday, May 14, in a case involving birthright citizenship in the U.S. Photos via Getty Images (Getty Images)
The First Circuit based its rulings on the Supreme Court’s Mullin decision, which ruled lower courts generally cannot block TPS terminations based on non-constitutional claims.
The latest order drew an immediate rebuke from DHS General Counsel James Percival, who accused Burroughs of continuing a pattern of judicial obstruction.
«Judge Allison Burroughs just entered yet another order preventing the termination of Somalia TPS. There is no serious debate about what is going on in these cases — defiance, obstruction, and delay,» Percival wrote on X.
Iowa Solicitor General Eric Wessan argued Burroughs’ order improperly grants emergency relief despite what he described as legally deficient claims.
«I looked at the amended complaint in the Somalia TPS case,» Wessan wrote on X. «The district judge has entered a novel ‘administrative stay’ to sort out the claims. She has declared the TPS termination ‘void’ for now, while deciding whether any of the claims can justify a more permanent pause.»
DHS EVISCERATES MEDIA FOR ‘ABSOLUTE ABSURDITY’ OVER CONCERN ABOUT ‘WORST OF THE WORST’ ACTIVIST JUDGES LIST
Wessan argued that the order «turns the law upside down,» writing that four of the lawsuit’s five claims are foreclosed by the Supreme Court’s decision in Mullin and describing the remaining claim as «frivolous.»
«Even if this was a fresh lawsuit without the baggage, the claims cannot justify any relief– much less meet the high bar for interim relief,» Wessan wrote. «This is very bad. I hope that, with time to review, Judge Burroughs vacates her administrative stay to allow the correct status quo to continue.»
The plaintiffs contend, however, that their amended complaint presents a fundamentally different case than those recently rejected by the First Circuit.
BIDEN JUDGE BLOCKING ETHIOPIAN DEPORTATIONS DESPITE SCOTUS RULING CLASHED WITH ICE BEFORE
The amended lawsuit argues the Department of Homeland Security’s decision to revoke Somalia’s TPS designation was predetermined, pointing to President Donald Trump’s November 2025 Truth Social post announcing the end of TPS months before DHS had completed the review process. Plaintiffs argue that deprived Somali TPS holders of the fair process guaranteed by the Fifth Amendment’s Due Process Clause because the decision had effectively already been made before the agency completed the review required by law.
The complaint also alleges the administration violated the Fifth Amendment’s Equal Protection guarantee by targeting Somali nationals based on race and national origin. It cites Trump’s past remarks describing Somali immigrants as «criminals,» «gang members,» and «low IQ,» as well as his statements that he doesn’t «want them in our country» and to «send them back.»
President Donald Trump announcing the establishing of the first ever self-deportation program which incentivizes illegal migrants to voluntarily leave the country. (@realDonaldTrump via Truth Social)
«These statements evince the Administration’s racist and xenophobic motivations to exclude Somali people from the country. At the same time, the Administration has expressed preferences for white immigrants as ‘nice’ and welcome in the U.S. and created protections for white Afrikaner refugees from South Africa,» the plaintiffs wrote.
Burroughs has presided over the Somalia TPS litigation since earlier this year. On March 13, she initially entered an administrative stay preventing the Somalia TPS termination from taking effect while the litigation proceeded.
Fox News Digital reached out to African Communities Together for comment.
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INTERNACIONAL
El Colegio de Abogados de Guatemala expresa preocupación por la violencia tras el desalojo de Juana Santiago Chel, en Nebaj
El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala expresó este sábado su preocupación por la violencia desatada tras el desalojo judicial de Juana Santiago Chel en Santa María Nebaj, Quiché, un operativo ejecutado el 30 de julio que derivó en el incendio de la vivienda de la jueza que emitió la orden y en la apertura de una investigación penal por parte del Ministerio Público.
El caso se originó en una disputa familiar por un inmueble. Uno de los hijos de Santiago Chel promovió el proceso que concluyó con la orden de desocupación, y la ejecución de esa resolución provocó una reacción violenta entre pobladores de la comunidad.
Según reportes de medios locales, los habitantes incendiaron la vivienda de la jueza responsable de la orden. También fue detenido un vecino que intentó auxiliar a la adulta mayor, un hecho que elevó la tensión en el municipio.
El Ministerio Público aclaró que no participó en la planificación ni en la ejecución del operativo, pero confirmó que abrió pesquisas al conocer posibles acciones delictivas vinculadas al procedimiento. La investigación incluye tanto lo ocurrido durante el desalojo como los hechos posteriores en la comunidad, entre ellos los eventos en los que se vio involucrada Santiago Chel y cualquier otra conducta que pueda derivar en responsabilidades penales.
En el Comunicado No. 15/2026, fechado el 1 de agosto de 2026, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala manifestó solidaridad con las personas, familias, profesionales, autoridades y comunidades afectadas en su integridad, seguridad, patrimonio o tranquilidad. La institución rechazó el uso excesivo de la fuerza en el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con desalojos y sostuvo que en esos procedimientos debe prevalecer el respeto al debido proceso, los derechos humanos y la dignidad de todas las personas involucradas.
El documento advirtió que ningún profesional, funcionario, autoridad comunitaria o ciudadano debe ser objeto de amenazas, intimidaciones, agresiones o represalias por el ejercicio legítimo de sus funciones o derechos. También remarcó que cualquier inconformidad con una resolución judicial debe canalizarse por los mecanismos legales correspondientes.
“La violencia, las agresiones y la destrucción de bienes no constituyen medios legítimos para resolver controversias”, señaló el comunicado. El colegio pidió a las autoridades competentes investigar los hechos de manera pronta, objetiva, imparcial y transparente, sin prejuzgar ni estigmatizar a personas o comunidades, con garantía de presunción de inocencia y derecho de defensa.
La entidad también exhortó a instituciones públicas, autoridades indígenas, autoridades locales y organizaciones comunitarias a fortalecer el diálogo y los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos. El llamado incluyó promover una relación respetuosa entre la jurisdicción ordinaria, las formas propias de organización comunitaria y el marco constitucional vigente.
El abogado Gabriel Guzmán Matón, defensor de Santiago Chel, informó a Infobae que presentó acciones legales contra la Policía Nacional Civil, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la jueza de Primera Instancia que autorizó el desalojo. El jurista identificó a la funcionaria como Ada Madaí López Morales, jueza pluripersonal de Primera Instancia Civil.
Guzmán Matón señaló que las principales denuncias contra la jueza son por prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. También afirmó: “Ella jamás se presentó a ninguno de los lanzamientos en contra de mi clienta”.
El abogado sostuvo además que esta era la séptima ocasión en que Santiago Chel iba a ser desalojada de su vivienda. En las ocasiones anteriores, agregó, la mujer había logrado frenar el procedimiento mediante acciones legales.
En otra parte del caso, el texto señala que la jornada en Santa María Nebaj cambió de forma abrupta cuando las fuerzas de seguridad ejecutaron la orden judicial de desocupación en la casa de la adulta mayor, a quien el mismo material identifica en un tramo como de 72 años y en otro como de 77 años. La orden, según vecinos y autoridades locales citados en el relato, fue tramitada por su hijo Pedro Santiago López.
Las imágenes y transmisiones en vivo de medios locales mostraron que el operativo estuvo marcado por el uso de fuerza que dejó las pertenencias de la mujer en la calle. En esos registros también se observa cómo la hija de la anciana fue cargada por agentes de la Policía Nacional Civil cuando opuso resistencia al desalojo.
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El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con más ataques contra Irán en un momento en que Washington presiona para que se reabra el estrecho de Ormuz.
Kuwait afirmó horas después el sábado que respondió a una nueva ronda de ataques con drones procedentes de Irán, y un petrolero fue impactado en la estratégica vía marítima.
En declaraciones a reporteros durante una reunión con miembros de su gobierno en el retiro presidencial de Camp David, en Maryland, Trump dijo el viernes que “sólo queremos ganar” en Irán y dio a entender que esperaba que las medidas militares del Pentágono continúen por algún tiempo.
Afirmó que Estados Unidos golpeará a la República Islámica “muy duro” hasta que ya no puedan más.
Más tarde, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, volvió a manifestar la frustración del gobierno estadounidense, acusando a Teherán de haber firmado un memorando de entendimiento con Washington para una tregua el mes pasado, que rápidamente “incumplió, disparando contra barcos comerciales y matando a soldados estadounidenses”.
“El presidente Trump no se va a quedar de brazos cruzados y permitir que se produzca este comportamiento terrorista”, apuntó Leavitt en un comunicado el viernes por la noche. “Irán seguirá pagando hasta que se sienten a la mesa de una forma que el Trump considere significativa”.
El sábado, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió nuevas alertas de seguridad para que los estadounidenses en 10 países de la región extremen las precauciones debido al aumento de las tensiones con Irán.
Las advertencias -que abarcan Bahréin, Israel, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos- instaron a los ciudadanos estadounidenses a prepararse ante la posibilidad de cancelaciones de vuelos, cierres temporales del espacio aéreo y otras interrupciones de viaje.
El ejército de Kuwait informó el sábado que sus fuerzas estaban respondiendo a ataques con drones, que formaban parte de la campaña de agresión de Irán al país.
En un comunicado, el mayor general Saud Abdulaziz Al-Otaibi, portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, indicó que los aviones no tripulados impactaron “varias instalaciones vitales”, incluida una estructura gubernamental en el norte del país. Añadió que no hubo víctimas.
La Marina británica señaló el sábado que un petrolero fue alcanzado y que hubo otra explosión cerca de otra embarcación en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Omán. No se reportaron víctimas en ninguno de los incidentes, agregó. La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico, explicó que un proyectil de origen desconocido impactó el viernes en el buque a 11 millas náuticas al noreste de Lima, Omán. El ataque dañó la sala de máquinas de la embarcación.
Según la agencia, el sábado se reportó y una explosión cerca de otro petrolero que navegaba a 21 millas náuticas al noroeste de la ciudad de Khasab.
Irán ha atacado repetidamente a buques que intentan transitar por el estrecho de Ormuz sin su autorización como parte de su conflicto en curso con Estados Unidos.
Los hutíes obligaron a ocho barcos saudíes a desviar su ruta desde el estrecho de Bab el-Mandeb después que los rebeldes respaldados por Irán anunciaran un bloqueo a la navegación saudí en ese punto. El general de brigada Yahya Saree, portavoz militar de los hutíes, indicó en un comunicado el viernes que las embarcaciones cambiaron de rumbo hacia el cabo de Buena Esperanza, rodeando África, para evitar el bloqueo.
En el sur de Líbano, fuerzas israelíes provocaron explosiones el viernes para destruir una red de túneles subterráneos bajo el castillo de Beaufort, construido por los cruzados, que Israel afirma que había sido utilizada por miembros del grupo político-paramilitar Hezbollah como centro de mando. El castillo del siglo XII, también conocido como Al-Shaqif, fue tomado por fuerzas israelíes en mayo. Recientemente fue añadido a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO pese a las objeciones de Israel.
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