ECONOMIA
Una audiencia en Washington podría tener impacto en el status comercial del país con EEUU y en el intercambio con China
El próximo martes 7 de abril tendrá lugar en Washington, en el ámbito de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés), que encabeza Jamieson Greer, una audiencia que podría alterar el volumen y contenido del comercio y las relaciones económicas que Argentina tiene con Estados Unidos y con China.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dio de baja los “aranceles recíprocos” que había impuesto la administración Trump, que reaccionó aplicando una serie de medidas arancelarias basadas en la “Sección 122” del arsenal de herramientas del Ejecutivo, cuya vigencia máxima es de 150 días y expira el 24 de julio.
El 2 de junio pasado el USTR incluyó a Argentina en un grupo de 54 países que a su juicio “han fallado en imponer y efectivamente hacer cumplir (enforce) la prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzado”, lo cual, argumentó, “impone cargas y restricciones sobre el comercio de Estados Unidos”.
Ya entonces el gobierno de Trump presentó un documento titulado Acts, Policies, and Practices of Various Economies Related to the Failure to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor y llamó a las partes interesadas a presentar informes, que serán ventilados para tomar la decisión final, que se debería anunciar antes del 24 de julio.
Argentina integra esa lista junto a países como Angola, Australia, Brasil, Chile, China, Colombia, Uruguay, Rusia, Arabia, Corea del Sur, Suiza y hasta su propia “madre patria”, el Reino Unido. El USTR agregó otros 6 países que sí tienen medidas contra la importación de bienes producidos con trabajo forzado, pero no las aplican con suficiente rigor: Washington incluyó a a sus propios socios del T-MEC, Canadá y México, además de a la Unión Europea, Ecuador, Indonesia y Pakistán.
El gobierno de Trump presentó un documento titulado Acts, Policies, and Practices of Various Economies Related to the Failure to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor
Sobre Argentina el documento del USTR dice que el gobierno de Javier Milei se comprometió, bajo el acuerdo bilateral firmado en noviembre, a prohibir el comercio en bienes hechos con trabajo forzado, pero -al menos hasta principios de junio- eso no había sucedido.
¿Qué es esperable en términos de las acciones que puede llegar a tomar Estados Unidos?, le preguntó Infobae a Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).
— “Las herramientas que tiene el gobierno americano para establecer aranceles diferenciales es bastante amplia. En particular, la sección 301 que se aplica en caso de prácticas injustas para con Estados Unidos. En el caso de Argentina, el argumento que no se ha hecho suficiente para impedir que ingresen bienes de países donde sí hay trabajo forzoso. Y propone un 10% de arancel adicional. Hay otro listado en que están la India, Brasil, en que el arancel adicional sería 12,5%, sobre los que la audiencia será el (lunes) 6 de julio. En el caso de Brasil hay temas relacionados con comercio digital, servicios de pago electrónico, aranceles preferenciales y acceso al mercado de etanol. Y hay un montón de otras cuestiones sobre las que Estados Unidos podría aplicar un arancel del 25 por ciento.
— ¿Esto puede referirse a cuestiones como el trabajo forzado de la etnia uigur en la provincia de Xinjiang o al trabajo forzado en buques de pesca chino de aguas distantes?
— Si, muy probablemente ese es el tema. Entendamos que esto también se aplica a socios comerciales como Canadá y México
— Argentina firmó en noviembre pasado un acuerdo de comercio e inversiones con EEUU. ¿Puede llegar a afectarlo?
— Esto es independiente de eso. Los aranceles que se discutían ahí eran los aranceles recíprocos, que no se aplican más. Esto es una acción específica en función de ciertos actos o políticas que los países señalados por el USTR supuestamente aplican.
— ¿Cuál es entonces, más allá de lo político, el significado comercial o económico del acuerdo firmado en noviembre?
— Entendemos que no tiene sustentación jurídica, porque el gran compromiso por parte de Estados Unidos era la no aplicación de estos aranceles, que la Corte Suprema de EEUU dio de baja. Es una concesión que no existe más, quedó vacía de contenido.
Landa dijo, además, que el acuerdo incluía rebajas recíprocas y que tampoco Argentina lo está ejecutando en los términos acordados.
La preocupación de Estados Unidos es la competencia desleal por parte de China. Hay varias aristas, pero no es solo con nosotros (Landa)
“Hay otros compromisos, en permisos y temas de simplificación que el gobierno argentino ya estaba llevando adelante y se están cumpliendo, pero el acuerdo perdió relevancia en materia de rebajas arancelarias y difícilmente la recupere en este contexto. Es un instrumento político. La preocupación de Estados Unidos es la competencia desleal por parte de China. Hay varias aristas, pero no es solo con nosotros. EEUU también está revisando también cómo va a seguir con el T-MEC (el acuerdo con Canadá y México). Argentina tenía una cantidad de rebajas que hacer que abarcaban una porción importante de exportaciones de EEUU y que no se llevó adelante, porque hubiera sido conflictivo, por la aplicación del principio Nación Más Favorecida a otros socios comerciales, salvo que se trate de un Acuerdo de Libre Comercio, que no es el caso”.
Landa consideró “una hipótesis razonable” que las objeciones del USTR a Argentina vayan en línea con las que una comisión del Congreso de Estados Unidos ya hizo a China por el uso de trabajo forzado o semi-esclavo en la producción de bienes que ofrecen las plataformas Temu y Shein y también en su flota de pesca “de aguas distantes”.
Ambos temas fueron objeto de sendos informes condenatorios del “Comité Selecto” bicameral (6 senadores y 6 diputados) y bilateral (6 legisladores republicanos y 6 demócratas), cuyas portadas se ven abajo. A fin de 2025 esta Comisión emitió un crítico informe sobre el “impacto chino” en EEUU y terceros mercados en el que acusó a China de “confinar a los mercados emergentes a eslabones menores de la cadena de valor” vía la participación de entidades y empresas estatales orientadas y subsidiadas por el Estado.
Al respecto, el presidente de la CERA destacó que mientras en 2014 el porcentaje de “entidades” chinas operando a pérdida (ergo, subsidiadas) no llegaba al 12% del total, en 2024 la proporción rozaba el 23%, lo que a su vez -remarcaba- “causa un daño importante a las industrias de otros países”.
El tema del “trabajo forzado” se liga a otro muy sensible para Estados Unidos: la violación de marcas y propiedad intelectual, donde también se apunta a las plataformas chinas Shein y Temu que además lo hacen, dice el informe bicameral, “en violación de la Uyghur Forced Labor Prevention Act contra el uso de mano de obra forzada”.
En ese punto, se hace referencia explícita a la represión china a la minoría uigur en la provincia de Xinjiang, donde se llega a sugerir la existencia de “campos de reeducación política” con miradores, cámaras de seguridad y altos muros y líneas de alambrados, por donde pasaron al menos un millón de personas, hecho que Washington liga a prácticas de “genocidio” y la ONU consideró “posibles crímenes de lesa humanidad”.
El gobierno de Milei no parece haber sido muy receptivo a las sugerencias de Washington: en los primeros cinco meses de 2026 la importación de bienes vía Courier (de los que se presume que buena parte provienen de las plataformas chinas denunciadas por EEUU, aunque el Indec no hace precisiones al respecto) sumó USD 518 millones, 113,2% más que en igual lapso de 2025.
Un informe de la consultora Analytica en base a datos oficiales precisó que cambios regulatorios introducidos por el gobierno de Milei ampliaron el límite de compra a USD 3.000 por envío y a USD 400 la franquicia para importar bienes pagando solo IVA, “lo que redujo costos y aceleró los tiempos de entrega”.
Cambios regulatorios introducidos por el gobierno de Milei ampliaron el límite de compra a USD 3.000 por envío y a USD 400 la franquicia para importar bienes pagando solo IVA (Analytica)
Para tener idea de la dinámica de este canal comercial -que al Gobierno le sirve para que bajen ciertos precios, como indumentaria, calzado, juguetes y ciertos productos electrónicos- en 2024 las importaciones vía Courier habían sumado USD 239 millones y en 2025 rozaron los USD 900 millones, cifra que será largamente superada este año.
En cuanto a lo que Estados Unidos llamó la “ofensiva china” en materia de pesca, el informe del comité bicameral del Congreso de EEUU acusa a China de ser “la única nación que utiliza su flota de pesca de aguas distantes como extensión de sus fuerzas de seguridad marítima oficiales”, cita al respecto un análisis de la Oficina de Inteligencia Naval de EEUU, estima la flota china entre 2.000 y 16.000 embarcaciones si se incluyen naves vinculadas a milicias y con banderas extranjeras y precisa que entre 2022 y 2024 registró más de 110 millones de horas de actividad en aguas de 90 países.
La dimensión económica, agrega, afecta de manera directa a Sudamérica y estima que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) genera en América Central y del Sur hasta USD 2.300 millones en daño económico incluyendo cerca de USD 500 millones en recaudación fiscal no percibida por los países afectados, principalmente Ecuador, Perú, Chile y la Argentina.
Una investigación reciente documentó además que la flota china de aguas distantes no solo pesca al borde de la Zona Económica Exclusiva Argentina, en la llamada “Milla 201”, sino que empresas chinas, algunas de ellas con antecedentes de pesca ilegal y propiedad de o asociadas a empresas estatales del gigante asiático, son dueñas de 53 de los 84 buques “poteros”, especializados en la pesca de calamar, que pescan con bandera argentina y dentro del Mar Argentino y lo hacen en un marco de “competencia desleal” pues disfrutan de subsidios y beneficios fiscales del Estado chino.
La ventaja ya considerable de detentar más del 63% de la flota que pesca calamar localmente podría ampliarse a raíz de la reciente resolución del Consejo Federal Pesquero (CFP) de licitar 18 nuevos permisos para ampliar la flota potera autorizada a operar dentro de la Zona Económica Exclusiva.
La decisión generó suspicacias y resistencias en el sector pesquero, en especial de las empresas con epicentro en el puerto de Mar del Plata, y denuncias anónimas sobre la acción de “personajes ajenos al sector” que solicitan “contribuciones” por los permisos a conceder.
El argumento de la ampliación de la flota es que en los 90 y hasta principios de este siglo hubo hasta 150 buques poteros operando en el Mar Argentino, lo cual sugiere que ampliar la flota es factible y mejoraría en decenas de miles de toneladas y en varios centenares de millones de dólares la captura. Pero quienes se oponen sostienen el escaso sustento científico de la medida y que la comparación es engañosa, pues los buques de entonces tenían bodegas de hasta 600 toneladas, los 18 a agregar lo harían con bodegas de 1.000 toneladas o más, lo que redundaría en un gran aumento del llamado “esfuerzo pesquero”, a riesgo biológico de agotar la pesquería.
La decisión de licitar 18 nuevos permisos a “poteros” se respaldó en un breve informe del director nacional de investigaciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, Otto Whöler, que en una entrevista con Revista Puerto, una publicación especializada, se refirió también a la presión que sobre la pesquería influyen la flota (mayormente china) que opera en la “Milla 201″ y los buques que pescan con licencia de Malvinas, ocupada por Inglaterra.
Según el funcionario, 18 nuevos poteros son “un número muy acotado, comparado con los 350 que hay afuera, más otros 150 arrastreros que pescan calamar y que este año pescaron mucho más que los poteros en la Milla 201. Y si le sumamos las 105 licencias que da Malvinas para explotar solamente el stock Sudpatagónico, no es nada. Lo que queremos hacer (…) es aumentar al menos un poco la tasa de captura. Malvinas está pescando con 105 buques poteros sobre un solo stock, el Sudpatagónico. Nosotros tenemos 84 barcos para pescar tres stocks, que son el Desovante de Verano, el Sudpatagónico y el Bonaerense Norpatagónico.
Argentina, dijo el funcionario, “tiene que asumir un liderazgo en el manejo del calamar del Atlántico Sur (…) tenemos una flota muy disminuida respecto al resto de los actores (…) todos los años vemos el problema, las capturas que ocurren fuera de nuestra Zona Económica Exclusiva y lo único que hacemos es asombrarnos de lo que ocurre ahí, pero no ejercemos ningún tipo de acción”.
En sentido opuesto, el sindicato de Conductores Navales (Siconara) envió una nota al titular del Consejo Federal Pesquero (CFP), Antonio López Cazorla en la que dice que la clave del volumen de pesca de calamar es la masa biológica anual y no el número de barcos. Cita al respecto que la flota potera congeladora “llegó a su máximo de 98 unidades en 2003 y obtuvo 127.031 toneladas” pero que “con solo 89 buques en 2006 se alcanzó el récord histórico de 260.907 toneladas”.
La ampliación de la flota de calamar, detrás de la cual muchos temen venga un nuevo aumento de la presencia de empresas chinas, es además vista como un anticipo de la “cuotificación” de la pesca de langostino
Detrás de la ampliación de la flota de calamar muchos temen venta un nuevo aumento de la presencia de empresas chinas. Además, muchos ven la medida como un anticipo de la “cuotificación” de la pesca de langostino, la especie más importante por valor total de exportación.
Varias pesqueras marplatenses también enviaron una nota a López Cazorla para que detenga ese proceso “hasta tanto no se aclaren adecuadamente los motivos por los cuales existen personas fuera del Consejo que se están reuniendo con distintos armadores para notificarles cuánta cuota de langostino le tocaría a cada buque o empresa o cuál sería el criterio de asignación que estipularía una eventual normativa”. Y preguntan “si esas personas, consultoras y/o estudios (…) están actuando en nombre del CFP”.
En la posición opuesta, las empresas de buques “tangoneros” congeladores (esto es, que pescan langostino y lo procesan a bordo) están a favor de cuotificar, porque -alegan- así lo manda la ley y porque ordenaría el subsector, a partir de la distribución de los volúmenes de Captura Máxima Permisible (CMP) que cada año fije el Inidep en base a campañas de investigación y criterios científicos.
Detrás de las sospechas de irregularidades, asoma una certeza: gracias a los subsidios y el margen económico que tienen, las firmas mejor posicionadas para aportar 18 nuevos “poteros” son chinas, porque amén de la ventaja de los subsidios del estado chino pueden disponer, en poco tiempo, de buques a satisfacción de quienes evalúen las ofertas, sea que estas se decida por criterios técnico-científicos o por el nivel de “efectividades conducentes”.
Un experto que sigue la pesca marina y participó en estudios financiados por ONG internacionales de denuncia de las prácticas pesqueras chinas, incluido el uso de trabajo semi-esclavo, comentó a Infobae que si bien la embajada de EEUU en Buenos Aires convenció al gobierno argentino de excluir del aumento de la flota de pesca de calamar a empresas estatales, la licitación en curso no incluye el requisito de identificación de los “beneficiarios finales”, esto es, los verdaderos dueños, que suelen ser de ojos rasgados y contar con el apoyo de Beijing.
Del otro lado de la presión norteamericana para disminuir la presencia e influencia china en Argentina están los datos, que siguen dándole muy favorables a la potencia asiática.
Por una parte, el Banco Central está negociando la renovación del canje de monedas con su par de China, que vence en agosto y aporta unos USD 19.000 millones de las “reservas brutas” del BCRA.
Además, precisa un estudio que el economista Ricardo Carciofi expuso ante el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), hasta ahora las compras a China han sido funcionales a los objetivos del Gobierno, que desde 2024 y sobre todo en 2025 avanzó en la apertura comercial y desmontó mecanismos no arancelarios (medidas antidumping, control de importaciones) para contener la inflación.
El gigante asiático, dice la investigación, fue “el país que más aumentó su participación en todo el espectro del menú importador: bienes de capital, insumos y artículos de consumo, incluyendo las compras por plataforma”.
En 2025, precisa, las importaciones provenientes de China crecieron 54,9% respecto a 2024, ritmo que duplica el de las importaciones totales y deja muy atrás el aumento de las compras a otros socios comerciales: Brasil, EEUU y Europa, como muestra el gráfico de arriba. Ante esa situación, destaca, “el Gobierno ha elegido no confrontar y ha renunciado a poner en práctica mecanismos de defensa comercial”.
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ECONOMIA
Dólar hoy en vivo: a cuánto se operaron todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 24 de julio
Mínima baja para el dólar blue
El dólar blue cedió cinco pesos o 0,3% en el día, a 1.545 pesos. En la última semana el blue avanzó 15 pesos o 1 por ciento. Esta cotización tocó un récord intradiario en los 1.560 pesos el jueves.
¿A cuánto cerró el dólar en banco?
El dólar al público subió diez pesos o 0,7%, a $1.520 para la venta en el Banco Nación, también un máximo nominal, por encima de los $1.515 del 22 de octubre, récord anterior, en el final de la escalada cambiaria durante las elecciones de medio término de 2025.
El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.518,86 para la venta y $1.468,03, por encima del máximo anterior que promedió $1.518,74 el 21 de octubre de 2025.
Récord para el dólar mayorista
Con un monto negociado de USD 463,4 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió ocho pesos o 0,5%, a $1.497, un nuevo máximo nominal. En julio el tipo de cambio oficial anota un alza 15 pesos o 1 por ciento.
El dólar sube a $1.515 en el Banco Nación
El precio minorista del dólar gana cinco pesos o 0,3% este viernes, a $1.515 en el Banco Nación, un máximo desde el 24 de octubre. El dólar blue cae cinco pesos o 0,3%, a $1.545 para la venta.
¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público ces ofrecido a $1.510 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.510,80 para la venta y $1.459,89 para la compra.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, analizó la política cambiaria y aseguró que si bien considera completamente descartada la posibilidad de un salto cambiario abrupto como lo que sucedieron en otras épocas, “es un posibilidad” que en los próximos meses el dólar llegue a $1.700 o $1.800, a la vez que destacó que hay un contexto de tranquilidad cambiaria.
El BCRA compró USD 45 millones
El BCRA volvió a intervenir este jueves con compras en el mercado oficial por USD 45 millones (el 11% de la oferta), mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad descontaron USD 352 millones, a USD 48.684 millones, por el impacto sobre los activos del descenso del oro (-2,4%) a USD 4.052,80 la onza.
El dólar subió por segundo día y los financieros tocaron máximos en nueve meses
La divisa al púbico ganó cinco pesos, detrás del alza del mayorista, a $1.489, con USD 400 millones negociados en el mercado. El “contado con liqui” avanzó a $1.585 en un día negativo para los activos bursátiles
Agregar Infobae en
El monto negociado en el mercado mayorista alcanzó este jueves los USD 408,5 millones, una cifra discreta en comparación a los más de USD 800 millones diarios operados en el primer tramo de julio. Con una oferta moderada, el dólar mayorista volvió a subir: esta vez ganó seis pesos o 0,4%, a $1.489, para regresar al nivel del 7 de julio.
El dólar blue interrumpió la racha alcista
El dólar blue bajó cinco pesos el jueves, a $1.555 para la venta, después de cuatro días seguidos al alza, tras haber tocado por la tarde un récord nominal en los 1.560 pesos En 2026 el dólar informal sube 20 pesos o 1,3 por ciento.
El cambio de mes traerá aparejada otra modificación en los valores establecidos para el mercado residencial locativo. Al margen de la desaceleración que ocurre en distintos nichos de la economía, los alquileres volverán a pegar otro salto en el inicio de agosto y con ajustes según el tipo de contrato acordado. Las subas para arrancar el octavo mes del año irán desde un 6,7% para los esquemas trimestrales pegados a la inflación hasta el 31,5% anual para quienes mantienen tratos establecidos bajo el esquema de la ley de alquileres que derogó el Gobierno. Vale señalar que, en el contexto de la geografía porteña, los contratos presentaron una suba acumulada del 15,7% a lo largo del primer semestre de este año.
El tenor de los ajustes que tendrán lugar durante el inminente agosto fue acercado a iProfesional por distintos expertos y representantes de inmobiliarias. En línea con eso, aquellos inquilinos que continúan con contratos firmados anuales bajo la derogada ley 27.551 iniciarán el mes con incrementos del 31,5 por ciento.
Dicha cifra sale del Índice de Contratos de Locación que calcula el Banco Central (BCRA) mezclando inflación con salarios. Si bien a primera vista el número se observa contundente, puesto en perspectiva representa uno de los saltos anuales más moderados que se recuerdan desde que se aprobó aquella norma.
En cambio, los convenios armados bajo la Ley 27.737, esos que se firmaron en la breve ventana de fines de 2023 con la fórmula Casa Propia, llegan al reajuste semestral con una suba superior al 35 por ciento.
Diferente es la historia para la montaña de contratos que se cerraron tras el DNU 70/2023. Ahí mandó el pacto libre y la enorme mayoría se inclinó por revisiones cada tres o cuatro meses.
En este segmento, las locaciones que ajustan de forma trimestral por el IPC del INDEC se van a mover un 6,7%, mientras que las que toman como referencia el ICL para ese mismo período escalan al 8,9 por ciento. En tanto, para quienes cerraron esquemas de actualización cuatrimestral, los retoques del mes oscilarán entre el 11,5 y el 13 por ciento.
Cuánto habrá que pagar de un mes a otro
Al momento de pagar, el salto en pesos deja al descubierto las diferencias abismales entre un régimen y otro.
Si en julio un particular pagaba 350.000 pesos por un departamento con la ley vieja, el aumento será contundente: en agosto la cuota subirá a $460.320 de un solo saque. El dato positivo en ese caso está en que ese número no se volverá a mover hasta agosto del año que viene.
En los contratos semestrales de Casa Propia, un alquiler de 400.000 pesos saltará directamente a 540.240 pesos y se mantendrá en ese rango hasta después del verano.
Y para los del DNU con retoque trimestral por inflación, un departamento de $500.000 se irá a 533.700 por los próximos tres meses.
A todas las cuentas hay que sumarles el impacto de las expensas, empujadas por la paritaria del SUTERH y una quita de subsidios a los servicios comunes que complica a los consorcios porteño.
La mirada de las inmobiliarias
Al margen de que agosto iniciará con nuevas subas, desde el entorno de entidades como la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios señalan que los «retoques» generarán un impacto menor en los bolsillos respecto de otros años.
«Ver aumentos por debajo del 7% trimestral saca el fantasma de los desalojos y frena la rotación de inquilinos. El mercado se acomodó a la fuerza porque nadie quiere tener la propiedad vacía», dijo a iProfesional un experto de la actividad inmobiliaria.
En tanto, agentes cercanos al Colegio Profesional Inmobiliario porteño sostienen que el 31,5% anual es «una bendición comparado» con las tres cifras que se pagaban hace un tiempo.
Ranking de precios en Capital Federal
En cuanto a las cotizaciones vigentes en Capital Federal, la brecha de precios entre barrios sigue siendo enorme.
En el segmento de la oferta residencial premium, Puerto Madero se consolidó una vez más al frente de la nómina de barrios más costosos, registrando un valor medio de publicación de $1.260.640 mensuales.
De acuerdo a plataformas como Zonaprop, el podio del sector de valores más altos de la Ciudad se completa con Núñez, donde un alquiler mensual promedió los $980.640, y Palermo, con una cotización referencial de 956.700 pesos.
En la vereda opuesta, la zona sur y los márgenes de la Capital Federal concentran las alternativas más accesibles para los inquilinos. El barrio de Villa Lugano continúa posicionándose como la opción más económica de todo el distrito, exhibiendo un precio promedio de $658.410 por mes.
Muy cerca de estos niveles mínimos se ubican los barrios de Nueva Pompeya, con contratos que promedian los $701.646 mensuales, y Versalles, que completó la lista de las publicaciones más bajas con un valor medio de $702.814 mensuales.
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ECONOMIA
Cuáles son las 10 obras de infraestructura que, en el marco del RIGI, buscan destrabar cuellos de botella en la producción y las exportaciones
Los proyectos de infraestructura ocupan un lugar central en el debate económico desde hace años. Rutas, gasoductos, la red eléctrica y la hidrovía forman parte de un conjunto de temas que, según distintos análisis, condicionan la capacidad de producción y de comercio exterior del país. En ese marco, avanza en distintas etapas de ejecución un conjunto de obras energéticas, viales, ferroviarias y fluviales que, en un horizonte de cinco años, podría modificar la forma en que Argentina produce, transporta y exporta.
La mayoría de estas iniciativas comparte un mismo rasgo: son financiadas con capital privado, en varios casos bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el esquema que el Gobierno nacional impulsó para atraer desembolsos de gran escala en sectores estratégicos.
En otros casos, son obras internacionales desarrolladas en gran medida por los países vecinos, pero que tendrán impacto directo en la economía argentina. Los montos comprometidos, tomados de manera individual, van desde USD 800 millones hasta USD 50.000 millones, según el proyecto.
Obras energéticas, viales, ferroviarias y fluviales podrían, en un horizonte de cinco años, modificar la forma en que Argentina produce, transporta y exporta
Más allá de la magnitud de cada inversión, lo que las vuelve relevantes es el tipo de restricción que buscan resolver: la escasez de divisas y los costos logísticos que, durante años, condicionaron la competitividad de la economía.
El bloque energético concentra la mayor parte de la inversión proyectada y también los plazos más cortos de ejecución. La ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Moreno, a cargo de Transportadora de Gas del Sur (TGS), fue incorporada al RIGI a través de la Resolución 676/2026 y demandará una inversión de USD 550 millones. La obra prevé instalar 95.400 HP ISO de potencia de compresión entre Tratayén, en Neuquén, y Salliqueló, en Buenos Aires, con el objetivo de sumar 12 millones de metros cúbicos diarios de gas al anillo bonaerense antes del invierno de 2027.
Según el Ministerio de Economía, ese volumen adicional permitirá abastecer a usuarios residenciales, industrias y plantas de generación eléctrica a un costo menor que el del gas natural licuado importado. De hecho, la cartera económica destacó que se trata del regreso del capital privado al financiamiento y la venta de capacidad de transporte de gas entre privados, algo que no ocurría hacía más de veinte años.
El Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) ya superó la mitad de su ejecución. Se trata de una traza de 437 kilómetros que conectará Añelo, en Neuquén, con la terminal portuaria de Punta Colorada, en Río Negro, con capacidad para transportar 550.000 barriles diarios hacia 2027. La obra, impulsada por un consorcio liderado por YPF e integrado por Vista, Pan American Energy, Chevron, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol y Pampa Energía, demandará una inversión total de USD 3.000 millones. Para financiarla se utilizó un préstamo sindicado de USD 2.000 millones que fue distinguido como el mayor crédito comercial para infraestructura en la historia argentina y uno de los cinco financiamientos más grandes del sector de petróleo y gas en América Latina.
El proyecto energético de mayor escala, sin embargo, es Argentina LNG, el desarrollo de YPF para producir y exportar gas natural licuado. Según explicó el presidente de la petrolera, Horacio Marín, la inversión total ascenderá a USD 50.000 millones, de los cuales USD 30.000 millones se ejecutarán en los primeros cuatro años. La iniciativa contempla llevar gas de Vaca Muerta hasta un puerto sobre el Atlántico, en Río Negro, para licuarlo en dos unidades flotantes con capacidad de 6 millones de toneladas anuales cada una.
La inversión total ascenderá a USD 50.000 millones, de los cuales USD 30.000 millones se ejecutarán en los primeros cuatro años (Marín)
La meta inicial es alcanzar 12 millones de toneladas de GNL por año hacia 2030, con exportaciones que podrían llegar a los USD 14.000 millones anuales. El proyecto contempla además una expansión a 18 millones de toneladas anuales, lo que elevaría las ventas externas hasta USD 20.000 millones al año.
YPF avanzó también en acuerdos con las petroleras Eni y XRG, que se sumarán al segmento de producción del proyecto con una participación del 32% cada una, mientras la compañía argentina conservará el 36 por ciento.
A esa oferta de GNL se suma el Gasoducto San Matías, la obra de USD 1.300 millones que unirá Neuquén con el Golfo San Matías, en Río Negro, incorporada al RIGI en junio. El ducto abastecerá al proyecto Southern Energy (SESA), integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, que contempla dos unidades flotantes de licuefacción, Hilli Episeyo y Esperanza, con capacidad conjunta de 6 millones de toneladas anuales.
Según el Ministerio de Economía, el gasoducto habilitará ventas externas por unos USD 2.500 millones anuales, mientras que el consorcio proyectó exportaciones totales de hasta USD 20.000 millones entre 2027 y 2035.
Otro grupo de obras apunta a reducir distancias con los mercados internacionales. Una de ellas es el Corredor Bioceánico Capricornio, una traza de 2.400 kilómetros que atraviesa Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, con un costo estimado de USD 10.000 millones, pensada para competir con el Canal de Panamá como alternativa de conexión entre el Atlántico y el Pacífico. El tramo argentino, que une Salta con Jujuy, es el que registra mayor atraso en su ejecución respecto del resto del trazado regional.
Con un objetivo similar, aunque orientado al transporte ferroviario, avanza el proyecto del Tren Trasandino, con una inversión prevista de USD 9.600 millones a cargo de un consorcio integrado por la chilena Beler S.A. y la singapurense International Nusantara Investment. La obra contempla un túnel ferroviario de 54 kilómetros entre Uspallata y la ciudad chilena de Los Andes, una doble vía electrificada de 420 kilómetros, un centro modal de cargas en Longotoma y un puerto submarino de aguas profundas en la comuna de La Ligua, pensado especialmente para exportar granos de Argentina, Brasil y otros países de la región hacia Asia.
El cambio de modelo permitirá además la extinción de los contratos vigentes y el cierre de la empresa estatal Corredores Viales S.A. (Caputo)
El tercer eje de conectividad externa pasa por la vía fluvial. El Gobierno nacional adjudicó la concesión de la Vía Navegable Troncal, la hidrovía Paraná-Paraguay, al consorcio formado por la belga Jan De Nul y Servimagnus, que conformaron la sociedad Vía Navegable Argentina (VNA).
La firma tendrá a cargo la operación, el mantenimiento y la modernización del corredor fluvial durante los próximos 25 años, con inversión privada, equipamiento propio y tecnología de última generación.
El resto de las obras está orientado a mejorar la circulación de bienes y energía dentro del país. El esquema de Corredores Viales fue reemplazado por la Red Federal de Concesiones (RFC), un plan que prevé licitar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales bajo un esquema de inversión totalmente privada.
Según dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, alrededor del 80% del tránsito nacional circula por los corredores incluidos en ese esquema. El cambio de modelo permitirá además la extinción de los contratos vigentes y el cierre de la empresa estatal Corredores Viales S.A., que en 2023 había generado un resultado negativo superior a $142.000 millones, lo que representaría un ahorro fiscal estimado en USD 6.100 millones.
El proceso avanza en tres etapas: la primera ya fue licitada, la segunda incluye tramos de las rutas nacionales 7, 8, 9, 33, 35, 36, 188 y 193 en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis, con ofertas económicas abiertas en julio, y la tercera abarca más de 3.900 kilómetros distribuidos en ocho corredores, con ofertas presentadas en mayo.
En el segmento eléctrico, el Gobierno lanzó un programa de obras por USD 6.600 millones enmarcado en el Plan Nacional de Transporte Eléctrico, destinado a evitar cortes de suministro. El mismo contempla 17 proyectos financiados y ejecutados íntegramente por empresas privadas bajo un esquema de concesión.
Las obras se solventarán mediante un concepto adicional en las tarifas de los usuarios beneficiados, una vez que las líneas estén en funcionamiento
Las obras se solventarán mediante un concepto adicional en las tarifas de los usuarios beneficiados, una vez que las líneas estén en funcionamiento. Entre los proyectos figuran refuerzos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), líneas de 500 kV que conectarán Puerto Madryn con Bahía Blanca y otras que unirán Mendoza con Buenos Aires, además de interconexiones internacionales con Bolivia y Paraguay y una vinculación eléctrica entre Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El décimo proyecto corresponde al transporte ferroviario de cargas. En el Gobierno afirman que la publicación de los pliegos para privatizar el Belgrano Cargas y Logística está próxima a concretarse, con un plazo de 90 días para que las empresas interesadas se presenten y la adjudicación prevista para fin de año o comienzos de 2027. El proceso incluirá las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, y habilitará la posibilidad de que un mismo grupo empresario se presente por la totalidad de la red.
La compañía Ferromex, del Grupo México, es la principal candidata extranjera y ya delineó un plan de inversiones de hasta USD 3.000 millones para modernizar las líneas. El objetivo declarado es revertir la baja densidad de carga, los altos costos fijos y el deterioro de la infraestructura ferroviaria, en un esquema en el que las obras estatales previstas rondan los USD 800 millones y la venta del material rodante cubriría algo más de la mitad de ese monto.
Para el economista Sebastián Laza, este conjunto de obras permitiría aprovechar mejor sectores en los que Argentina tiene una ventaja comparativa, como la energía, el agro y la minería. En un primer momento, sostuvo, los beneficios se concentrarán en esas actividades y en la construcción, la metalmecánica, el transporte y los servicios asociados.
Sin embargo, Laza planteó que, si las obras logran aumentar las exportaciones, generar más divisas y bajar los costos logísticos y energéticos, el efecto terminará alcanzando al resto de la economía, en la medida en que mejora la capacidad del país para crecer sin chocar de manera permanente con la restricción de dólares.
En la medida en que mejora la capacidad del país para crecer sin chocar de manera permanente con la restricción de dólares (Laza)
José Vargas, economista y director de Evaluecon, consideró que estos proyectos tienen el potencial de producir un cambio estructural en la economía argentina, porque apuntan a uno de sus problemas históricos: las restricciones de infraestructura que limitan la producción, las exportaciones y la competitividad.
Vargas destacó que “mientras en el corto plazo el beneficio aparece sectorizado, en el mediano y largo plazo puede extenderse a toda la actividad productiva”.
Ambos economistas coincidieron en que la concreción de estas obras depende, en gran medida, de la estabilidad macroeconómica. Laza remarcó que se trata de inversiones que se recuperan en muchos años, por lo que requieren inflación baja, equilibrio fiscal, acceso al financiamiento y reglas cambiarias, impositivas y regulatorias estables, y cierta continuidad política.
Vargas planteó, que el capital privado invierte en la medida en que percibe que podrá recuperar esa inversión en un contexto estable y con baja incertidumbre. La estabilidad macroeconómica, aclaró, no garantiza por sí sola la concreción de las inversiones, pero constituye una condición necesaria para que los proyectos se desarrollen y logren sostenerse en el tiempo.
La estabilidad macroeconómica, aclaró, no garantiza por sí sola la concreción de las inversiones, pero constituye una condición necesaria para que los proyectos se desarrollen (Vargas)
De cara a los próximos años, la combinación de estas diez obras ubica a la energía como el sector con mayor volumen de inversión comprometida, con Argentina LNG a la cabeza de un conjunto que, entre gas, petróleo y electricidad, supera ampliamente los USD 60.000 millones proyectados para lo que resta de la década.
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