POLITICA
Una de las acreedoras de Adorni tiene tres propiedades y es beneficiaria de un programa porteño para jubilados
Claudia Sbabo, una de las jubiladas que aparecen como acreedoras de Manuel Adorni en la compra del departamento de Caballito, tiene tres inmuebles a su nombre y figura como beneficiaria de un programa porteño destinado a adultos mayores con haberes inferiores a $600.000. Su inscripción al programa se dio apenas seis meses antes de que le prestara al jefe de Gabinete 100.000 dólares para que adquiriera el inmueble de la calle Miró al 500.
Según datos del Registro de la Propiedad Inmueble a los que accedió , Sbabo cuenta con titularidad registral sobre tres inmuebles. Al momento de conceder el beneficio, el Ministerio de Cultura de la ciudad solo tiene en cuenta el recibo de haberes y no solicita documentación adicional respecto de propiedades a nombre del solicitante u otros ingresos.
“Una de las jubiladas que compraron y le financiaron la casa con una hipoteca [a Adorni], al mismo tiempo que estaba haciendo eso, estaba pidiéndole a la ciudad un pase cultural de $60.000”, reveló el lunes último la legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) en diálogo con LN+.
La jubilada de 64 años figura como una de las beneficiarias del Pase Cultural para adultos mayores, un programa que otorga $60.000 mensuales para gastar en comercios y espacios culturales adheridos. La iniciativa está destinada a jubilados y pensionados mayores de 60 años que vivan en la ciudad y perciban un haber que no supere los $600.000 mensuales sin contar aguinaldo.
Ese monto, equivale -a valores de junio del año pasado, cuando Sbabo accedió al beneficio- a alrededor de dos jubilaciones mínimas sin bono. En el Ministerio de Cultura de la ciudad confirmaron a que para acceder al programa, los beneficiarios deben presentar su último recibo de haberes y DNI.
Según consigna en el Boletín Oficial de la Ciudad, la cartera que conduce Gabriela Ricardes aprobó la nómina del beneficiarios el 12 de junio de 2025. Un mes antes, Sbabo había adquirido junto a Beatriz Viegas -la otra jubilada que figura como acreedora del funcionario nacional- el departamento de Miró al 500 que luego le vendieron a Adorni con una hipoteca.
Como contó , Sbabo y Viegas habían anotado en mayo de 2025 el condominio con el que compraron la propiedad de Caballito a su primer dueño, el exfutbolista Hugo Alberto Morales. Esa compraventa se registró por un valor de 200.000 dólares.
Según el Registro de la Propiedad Inmueble, siete meses después, en noviembre del año pasado, Adorni compró esa propiedad por 230.000 dólares. La mayor parte de esa operación se solventó con una hipoteca de 200.000 dólares que tiene como acreedoras tanto a Viegas como a Sbabo por 100.000 dólares cada una.
Es decir, según se desprende de los documentos, Sbabo accedió al beneficio para jubilados con haberes de hasta $600.000 en el plazo entre que adquirió el departamento de Caballito y se lo vendió a Adorni.
Investigación judicial
La Justicia investiga la compra del departamento de Miró al 500 realizada por Adorni. Ayer, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en esa operación inmobiliaria. Había participado también de la compra de la casa en Indio Cuá Golf Club a nombre de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete.
Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, por el momento, no está previsto citar a las dos jubiladas que figuran como acreedoras del ministro coordinador. Como informó , todo indicaría que el fiscal quiere hacerse primero con los elementos necesarios para determinar si deben presentarse como testigos o partícipes de un posible delito.
Además de su vivienda en Caballito y la casa del country de Exaltación de la Cruz, la familia Adorni cuenta con una propiedad en Parque Chacabuco -cuya titularidad comparten a medias el jefe de Gabinete y su esposa- y un departamento en Parque Avellaneda al que accedió Angeletti a través de un préstamo social del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).
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POLITICA
Desde la confirmación de la visita del Papa, los obispos acentuaron sus críticas por las deudas sociales
Con expresiones muy gráficas y particular intensidad en las últimas semanas, la Iglesia describió el escenario que encontrará el papa León XIV en la visita que lo llevará a Buenos Aires, Córdoba y Luján, a partir del 8 de noviembre. Esa mirada se resume en la crisis del sector de la discapacidad, el avance de la pobreza (dos millones de personas más que hace seis meses), una creciente morosidad y una Argentina dividida por la grieta, “cascoteada” y con “un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal”, según los términos empleados.
El catálogo de preocupaciones se diferencia de diagnósticos anteriores, que se concentraban en llamados a superar la pobreza, el desempleo y la exclusión, como dramas de una realidad global. Los obispos incorporaron ahora, tal vez con mayor énfasis después de la confirmación de la visita del Santo Padre, cuestiones más extremas, que se reflejan en “actitudes y expresiones que lastiman” y en “lenguajes despreciativos, por momentos no exentos de crueldad”, en una crítica expresada ya hace unos meses y que no se limita únicamente al gobierno nacional.
En agosto pasado, la Iglesia porteña rechazó públicamente los “bautismos comunitarios” que habían sido convocados en las redes sociales frente al domicilio de Cristina Kirchner, donde cumple los seis años de prisión domiciliaria.
Voces de la Iglesia entienden que tanto el gobierno de Javier Milei como el Episcopado, desde sus diferencias, “están igualmente interesados en tener la fiesta en paz”. A la vez, la jerarquía episcopal ha tenido especial cuidado en señalar el carácter pastoral de la visita del Papa.
Para el profesor Roberto Bosca, historiador de la Iglesia y director del Centro Universitario Cudes, el propio León XIV “marcará el tono” de la visita. “Va a ser muy claro, especialmente en los temas de la doctrina social de la Iglesia, un punto particularmente picante. Pero ejercerá su oficio de profeta y será crítico sin señalar culpables”, pronosticó el especialista a .
Pese a los acuerdos que permitieron avanzar en la organización del viaje, en esa convivencia entre la Iglesia y el Gobierno se colaron tensiones. Dos días después de confirmada la visita papal, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, trazó un duro diagnóstico social en el santuario de San Cayetano. Advirtió que “la libertad económica no puede ser absoluta” y pidió por los pobres y los endeudados.
En una línea similar, el arzobispo de Mendoza y presidente del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo, fijó posición sobre la morosidad, que impacta principalmente en familias de sectores medios y bajos. “No se puede tener una mirada superficial y decir que no interesa”, dijo Colombo, quien además vinculó el problema de las deudas con las adicciones al juego, otro foco de conflicto.
El último fin de semana, García Cuerva caminó a Luján con cientos de miles de peregrinos y, en una entrevista, describió el país que encontrará el Papa: una Argentina en crisis, dividida por la grieta y en la que “la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”.
Si bien en la Casa Rosada evitaron salir al cruce, hubo una respuesta del libertario Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, quien descalificó al arzobispo en las redes sociales, al expresar que “como católico” estaba “cansado de este tipo”.
La situación social fue también el termómetro que usó el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y jesuita, al resumir a que León XIV encontrará “una Argentina cascoteada, en la que está instalada la maledicencia, que se resiste a buscar qué cosa nos une”. Percibe una sociedad “muy bajoneada, en la que se escucha un lenguaje triunfalista, pero con una realidad muy frágil”.
La Iglesia ya venía exponiendo sus preocupaciones por la situación social, pero la proximidad de la venida del Papa animó a los obispos a pedir un esfuerzo para dejar atrás la grieta y el lenguaje cada vez más agresivo y descalificatorio hacia quienes piensan distinto.
Ya en marzo de este año, el Episcopado pidió evitar la normalización de las agresiones en la política y en las redes sociales, donde proliferan insultos y estigmatizaciones que, incluso, agravian a periodistas. “Del insulto de cada día al que piensa distinto, líbranos, Señor”, pidieron los obispos. Los insistentes llamados apuntan a promover una convivencia política más sana, tender puentes y reconstruir el tejido social.
Mientras el Ministerio de Salud y el área de Pastoral Social acordaron constituir una mesa de diálogo para abordar la crisis de la discapacidad, la Iglesia mantiene su preocupación por el proyecto del presupuesto 2027 enviado al Congreso, cuyos artículos 36 al 41 “podrían afectar de manera sustancial el sistema de derechos de las personas con discapacidad”, se indicó en esa misma reunión.
Además, la Iglesia objetó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que convalidó el DNU 70/2023 del presidente Milei, que habilita la venta sin límites de tierras a extranjeros. La inquietud del Episcopado crece, especialmente, frente a casos de zonas que se encuentran vinculadas con reservas de agua y otros bienes naturales.
Sectores de la Iglesia consultados por expresaron que la venida de León XIV “será muy valiosa y esperanzadora”, si se tienen en cuenta especialmente la enorme participación de jóvenes en la peregrinación a Luján y el clima religioso del acontecimiento que se percibe en diferentes ámbitos.
“Pero no podemos confiarle todo a una visita papal. La mejora de las relaciones sociales y políticas en nuestro país, de las que tanto necesitamos, depende fundamentalmente de los argentinos. Tanto en la Iglesia como en la sociedad el salto de calidad es responsabilidad de cada uno. Lo contrario sería más magia que realidad”, aventuró el director de la revista Criterio, José María Poirier.
Estimó, en ese sentido, que “quizás la Iglesia en la Argentina, como la sociedad toda, tiene que interrogarse sobre su papel y su capacidad para superar las grietas y los conflictos”.
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Santiago Santurio sostuvo que el oficialismo pasó de ser una promesa electoral a exhibir resultados de gestión y planteó que la continuidad del rumbo económico dependerá de consolidar las reformas impulsadas por Javier Milei
El diputado nacional repasó su vínculo con el Presidente desde 2021, defendió el superávit fiscal y respondió sobre las tensiones internas, el vínculo con el PRO, el financiamiento universitario y las demandas por discapacidad.
Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Santurio describió su incorporación al espacio libertario antes de que Javier Milei ingresara al Congreso. “Arranqué con Javier, la primera reunión fue en febrero de 2021”.
El legislador relató que luego se sumó como asesor parlamentario del entonces diputado nacional y que llegó a la Cámara baja tras la asunción presidencial. “Cuando él entró de diputado nacional, yo entré de asesor de él. Cuando asumió la Presidencia, yo entré como diputado”.
Santurio ubicó aquella etapa en un escenario en el que La Libertad Avanza todavía era una fuerza con escasa proyección electoral. “Nos decían: ‘Son un partido barrial, vecinal, no llegan a los tres puntos, a los cuatro, que se baje, que arregle’”.
El diputado recordó que el resultado de Milei en la elección legislativa modificó la expectativa inicial del espacio. “Se dio un batacazo para ser diputado nacional de Javier y apenas asumió Javier, nosotros dijimos: ‘Vamos por la Presidencia’”.
El origen político de Javier Milei
Para Santurio, el actual mandatario tuvo desde el comienzo una posición definida sobre cómo debía producirse un cambio de rumbo. “Javier mismo siempre fue el primer convencido de que para cambiar esto había que hacer algo distinto de lo que se estaba haciendo en ese momento”.
El dirigente de Las Fuerzas del Cielo cuestionó el modelo previo y afirmó que la construcción libertaria se organizó por fuera de las estructuras tradicionales. “Veníamos de un modelo estatista colectivista que no funcionaba en el país”.
También vinculó el crecimiento de La Libertad Avanza con una propuesta diferenciada de las coaliciones que habían gobernado hasta entonces. “Para hacerlo hay que hacerlo desde afuera, con algo distinto, con una propuesta distinta, y así llegamos a la Presidencia”.
Ante las críticas por las expresiones de Milei contra periodistas, Santurio planteó que el Presidente conserva una forma de comunicarse alejada de los códigos habituales de la dirigencia. “Javier es una persona como cualquier otra, habla como hablamos todos”.
El diputado contrapuso esa conducta con la del “político profesional”. “Uno ve al político profesional que te miente de las mejores formas, y al que te dice la verdad a su modo, con su ser genuino”.
Santurio admitió que algunos agravios pueden generar rechazo, aunque sostuvo que Milei confronta de manera directa. “Si te cae mal, te lo va a decir de frente y te va a decir: ‘Mirá, vos me parecés esto’”.
Sobre las acusaciones contra periodistas que realizan análisis críticos de la economía, planteó una diferencia entre informar y promover intereses privados. “Los datos no mienten, pero se puede mentir con los datos”.
El legislador explicó que considera legítima la discusión sobre los indicadores y cuestionó los pronósticos que, según su mirada, anticipan una crisis sin fundamentos. “Hay periodistas que constantemente dicen: ‘El dólar se va a disparar, esto se cae’, y no es que dan una información: dan una opinión sobre el dato o un análisis catastrófico”.
Santurio también se refirió a la discusión dentro del oficialismo sobre la incorporación de dirigentes con experiencia estatal. “Había que, por un lado, entender cómo funciona el Estado y saberlo manejar”.
A la vez, señaló que La Libertad Avanza necesitaba preservar una cuota de renovación frente a los mecanismos tradicionales de la administración pública. “También hay que tener una parte innovadora que venga a romper el esquema que estaba establecido”.
Para explicar esa combinación, recurrió a una comparación sobre la gestión y la estructura política. “Hay que cambiar al cocinero y hay que cambiar la receta, las dos cosas, porque si no va a seguir siendo lo mismo esto”.
El superávit y sostener las reglas económicas
Santurio afirmó que el Gobierno modificó variables que, a su criterio, condicionaban la economía argentina. “Todos ahora hablan del superávit, pero la verdad es que el único que decía que había que tener superávit durante la campaña y que lo logró apenas asumió fue Javier”.
El diputado reconoció que persisten problemas sociales y aludió a los niveles de pobreza. “Que haya uno de cada tres argentinos pobre es muy malo para nosotros”.
Sin embargo, sostuvo que la comparación con el inicio de la gestión muestra una mejora. “Peor es de donde veníamos, que era uno de cada dos”.
En esa línea, aseguró que la administración nacional avanza hacia una recuperación a partir de las decisiones adoptadas desde diciembre de 2023. “Estamos yendo a un lugar mejor”.
Santurio mencionó el proceso de acumulación de divisas y cuestionó que no reciba la misma atención pública que las advertencias sobre la falta de reservas. “Ahora que venimos comprando reservas de manera histórica, no se dice: ‘Che, la verdad, el Gobierno muy bien está comprando reservas’”.
El legislador enumeró medidas del Ejecutivo para responder a la pregunta sobre la tolerancia interna a las críticas. “El Gobierno empezó a comprar reservas, sacó el RIGI, dejó de emitir y bajó la inflación”.
También defendió la capacidad de reacción de la economía frente a shocks externos. “Antes cualquier resfrío te genera una gripe mortal”.
Al hablar de la estrategia política, Santurio sostuvo que Milei evita tomar decisiones según los cambios de opinión que muestran las encuestas. “La política de la encuesta es: ‘Che, la gente ahora piensa que hay que emitir, entonces emitís plata’”.
El diputado asoció esa práctica con una receta que el oficialismo rechaza. “Eso termina generando un remedio que termina siendo peor que la enfermedad”.
Sobre la necesidad de consolidar la gestión en el plano electoral, sostuvo que la continuidad institucional es una condición para atraer inversiones. “Nosotros empezamos a hacer un país con reglas claras y, si Javier gana, se van a consolidar todos los cambios que hizo”.
Santurio dijo que inversores locales y extranjeros consultan por la permanencia de las políticas actuales. “La gran pregunta es: ‘¿Esto va a durar o no?’”.
Para el legislador, esa incertidumbre incide en las decisiones de ahorro e inversión. “Yo quiero que supan que Javier va a gobernar y dijeran: ‘Irme al dólar de vuelta no voy a ser tan tonto, voy a empezar a invertirlo en otras cosas’”.
El diputado describió una secuencia entre orden fiscal, ahorro, inversión, crédito, producción y empleo. “La única manera que nosotros salimos es superávit”.
Frente a las críticas por el impacto de los recortes, remarcó que los problemas acumulados no pueden resolverse en un período breve. “Me gustaría que ya esté todo realizado, que los problemas que tuvimos durante 20 años o más los hayamos solucionado totalmente en tres años”.
Una alianza con el PRO basada en ideas y no en cargos
Consultado sobre el armado electoral de La Libertad Avanza, Santurio sostuvo que el espacio está dispuesto a sumar dirigentes de otros sectores con una condición. “Todos los que defiendan las ideas de la libertad son bienvenidos”.
El diputado descartó que Milei aplique un criterio de pureza ideológica para definir incorporaciones. “Javier siempre fue el último que andaba con un liberalómetro a ver qué tan liberal, qué tanta sangre liberal tenés”.
Santurio ubicó entre los puntos de acuerdo la baja de impuestos, la inserción internacional y el respaldo a un programa económico determinado. “Si vos entendés que hay que bajar impuestos, si entendés que Argentina se tiene que insertar en el mundo, son todos bienvenidos”.
De todos modos, marcó un límite frente a los acuerdos basados solamente en la conveniencia electoral. “Una cosa es juntarnos en base a ideas y a un plan, y otra cosa es hacer un rejunte de personas”.
El diputado sostuvo que esa clase de construcción política genera conflictos posteriores. “El rejunte de personas no funciona, es un problemón”.
Al referirse a los dirigentes que se alejaron de La Libertad Avanza, afirmó que el movimiento conserva una definición ideológica. “Tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer, tenemos una ideología muy clara y una solución muy clara para los argentinos”.
En relación con la provincia de Buenos Aires, donde tiene su base política, planteó que el oficialismo debe ofrecer una respuesta concreta frente a los problemas de seguridad y producción. “La inseguridad la viven sobre todo las personas con menores recursos”.
Santurio sostuvo que la carga tributaria provincial y municipal condiciona a las empresas, en particular al sector industrial. “Ingresos Brutos es un impuesto espantoso”.
El legislador también cuestionó la multiplicación de tasas locales y su impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. “Al que tiene la PyME, pagar al municipio, al Gobierno provincial o nacional es lo mismo: vos tenés que pagar”.
Sobre la eventual competencia interna dentro del oficialismo, Santurio recordó el resultado de la elección presidencial de 2023. “Nosotros le ganamos al círculo rojo en 2023”.
Para el diputado, La Libertad Avanza cuenta ahora con una fortaleza distinta a la que tenía durante la campaña. “Antes éramos una promesa de campaña y somos resultados”.
Al ser consultado por Patricia Bullrich y las versiones sobre su futuro político, Santurio aseguró que la ministra seguirá dentro del armado oficialista. “No tengo ninguna duda que Patricia va a estar adentro, que va a acompañar la candidatura de Javier Milei”.
El dirigente señaló que aún deberán definirse las candidaturas y la forma de competencia en cada distrito. “Hay que ver cómo es el armado político, cómo es el armado de candidaturas y cómo hacemos algo competitivo”.
Santurio también se refirió a Ramiro Marra y defendió la necesidad de que los integrantes del espacio respeten las decisiones orgánicas. “Uno tiene que ser muy ordenado, porque al mal organizado se lo combate con el bien organizado”.
En el tramo final, el diputado respondió sobre las partidas para discapacidad y anticipó un tratamiento legislativo. “Ya tenemos un dictamen favorable en Diputados; la próxima sesión, que la tendremos en breve, será sancionado”.
Respecto del financiamiento universitario, sostuvo que los salarios docentes tuvieron una suba superior a la inflación acumulada desde el comienzo de la gestión. “Hubo un aumento del 223% desde que nosotros somos Gobierno”.
Santurio cuestionó que el Congreso promueva erogaciones sin precisar la fuente de financiamiento. “Vos podés pedirle al Ejecutivo: ‘Triplicá las jubilaciones’, pero ¿de dónde lo gastamos?”.
El diputado afirmó que las decisiones sobre ampliación de partidas deben contemplar el Presupuesto y el equilibrio fiscal. “Como Congreso, lo que deberíamos decir es: ‘Yo voy a aumentar gasto en un lado y voy a recortar en otra’”.
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POLITICA
Piden condenar a diez años de cárcel a un jefe sindical de Camioneros por bloquear una distribuidora en San Pedro
El sindicalista de camioneros Maximiliano Cabaleyro, principal referente en San Nicolás del gremio que lideran Hugo y Pablo Moyano, puede ser condenado a diez años de prisión por bloqueos a la empresa Rey, una distribuidora de la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires.
El miércoles próximo, se conocerá el veredicto en un juicio que comenzó hace dos semanas y en el que la fiscalía solicitó esa pena por los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas por hechos cometidos entre 2017 y 2021.
Se realizó este martes la jornada de alegatos en el juicio contra Cabaleyro, que se desarrolla en el Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás, presidido por Alejandro López. Las fiscales del juicio son María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, quienes solicitaron la pena de diez años de cárcel para el jefe sindical, que está detenido desde 2022 (actualmente, goza del beneficio de prisión domiciliaria). Además, exigieron que se le revoque el arresto domiciliario y que sea inhibido para ejercer cargos públicos. Al momento de ser detenido, Cabaleyro era concejal en San Nicolás por el Frente para la Victoria.
Según consignó el diario local El Norte, las fiscales consideraron probado que el acusado ejerció intimidación y amenazas sobre los empresarios Ariel y Gustavo Rey para recibir pagos porque, de lo contrario, no les permitiría trabajar. Sostuvieron también que se comprobaron los bloqueos utilizados como extorsión y rechazaron que esas medidas hayan sido parte del ejercicio del derecho a huelga.
Rey Distribución SRL (una firma de distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados) sufrió dos bloqueos sindicales en el año 2021. El primero fue el 15 de enero, y el segundo se extendió entre el 22 y el 26 de febrero. Los dueños de la firma hicieron la denuncia por esas dos medidas y afirmaron que sufrían extorsiones de Cabaleyro y otros sindicalistas camioneros desde 2017. En abril de 2022. Cabaleyro fue detenido junto con Fernando Espíndola, integrante del sindicato, que no es juzgado junto al jefe gremial local porque acordó un juicio abreviado con una pena de hasta seis años de prisión.
La abogada de los empresarios es la senadora bonaerense Florencia Arietto (La Libertad Avanza), que solicitó que la pena contra Cabaleyro sea de 15 años, el máximo previsto por los delitos de los que se lo acusa. “No puede pasar que utilicen una herramienta legal para cometer un delito”, dijo Arietto en la audiencia del martes.
Al presentar su alegato, el abogado de Cabaleyro, Mauricio Gugger, afirmó que la causa “no es más que un hecho traído de los pelos, una novela fantástica creada por la familia Rey”. Afirmó que no se pudieron determinar “modo, tiempo y lugar de las amenazas”, y subrayó que hubo testigos que “incurrieron en graves contradicciones”. Para Gugger, la acusación “fue una criminalización de la protesta por parte de la fiscalía”.
El abogado de Cabaleyro indicó, además, que “la única forma de protestar” para los sindicalistas “era estar en la puerta” de la empresa. Argumentó, también, que su defendido no impidió a los dueños de la firma “ingresar, egresar o comerciar en su empresa”. Y remarcó que durante el proceso se mencionó un pago de $500.000 ”que eran parte de una deuda de aportes que existía y el señor Rey lo convirtió en una extorsión para pagar los gastos de un paro».
La abogada Analía González, también parte de la defensa de Cabaleyro, reforzó la postura de Gugger, al referirse a un “audio de una hora y media” que se reprodujo durante el juicio. “En ningún momento se escuchó a Cabaleyro pedir dinero para solucionar la cuestión. Él quería el restablecimiento de [Edgardo] Di Mayo [un empleado que había sido despedido] en su puesto de trabajo y que reconozcan [el pago remunerativo] de horas nocturnas”, aseveró González.
Entre los testigos que declararon en el juicio, estuvo el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar (Partido Justicialista). En la audiencia del viernes pasado, dijo que, en 2022, intentó mediar en el conflicto entre la empresa y el sindicato de camioneros, pero aclaró que no le constaba que los gremialistas hubiesen bloqueado el ingreso a la firma. Ariel Rey es en la actualidad un dirigente político opositor a Salazar. Ganó las elecciones legislativas sampedrinas de 2025, a la cabeza de la boleta de concejales La Libertad Avanza (LLA). Hoy ocupa una banca en el Concejo Deliberante, en un bloque apartado de LLA, denominado “San Pedro Puede”.
Cuando Cabaleyro y Espíndola fueron detenidos, el sindicato de Camioneros protestó con un bloqueo de los accesos a la ciudad de San Nicolás, donde tiene su sede la seccional regional del gremio, que incluye a San Pedro y Ramallo. Por esa medida, que se extendió entre el viernes 8 de abril de 2022 y la noche del domingo 10, se frenó la recolección de residuos y se impidió el ingreso de mercaderías a San Nicolás.
Junto a Cabaleyro, son juzgados seis exempleados de Rey Distribución SRL, por el delito de turbación de la propiedad. La fiscalía pidió para ellos condenas de ejecución condicional. Los empleados llegaron al juicio en libertad; Cabaleyro y Espíndola están en prisión domiciliaria desde hace tres años, luego de un año y medio en la cárcel.
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