POLITICA
Una diputada del PRO cuestionó los cambios en discapacidad: “No era lo que veníamos trabajando”

El PRO cuestionó los cambios sobre discapacidad incluidos por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2027 y reclamó un esquema permanente que garantice previsibilidad a las familias y los prestadores. Durante una entrevista en Infobae al Regreso, la diputada nacional Antonela Giampieri sostuvo que el partido continuará acompañando al oficialismo, aunque marcará límites cuando considere que las medidas se apartan de lo acordado.
“El Gobierno Nacional se equivocó al enviar, con el Presupuesto 2027, el texto que abordaba los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó la legisladora. Según explicó, la propuesta oficial se apartaba de un esquema que había sido conversado previamente entre los bloques aliados. “Se equivoca porque va en contra de las personas con discapacidad, va en contra de sus derechos y no era lo que veníamos trabajando”, sostuvo.
Giampieri remarcó que la postura del PRO no implica un quiebre con La Libertad Avanza. “Somos aliados responsables, que acompañamos al Gobierno Nacional en todos los proyectos porque creemos que es así. Y también le marcamos límites cuando no creemos que ese es el camino correcto”, afirmó.
Antonela Giampieri defendió una ley permanente para discapacidad
La diputada cuestionó la continuidad de los esquemas de emergencia y defendió una solución de largo plazo para el sector. “No se puede vivir de emergencia en emergencia ni de parche en parche con la discapacidad”, planteó.
El dictamen de mayoría trabajado en el Congreso incorpora el nomenclador a la ley, de manera que los aranceles que reciben los prestadores tengan un marco establecido. “Lo que hace es que el nomenclador, que es lo que determina el pago de los prestadores y establece un piso, quede en la ley”, explicó.
Además, el proyecto contempla una actualización mensual vinculada con la inflación. “Conseguimos que el nomenclador se actualice todos los meses por inflación para no volver a un sistema que ya lo vimos en el gobierno kirchnerista, donde quedaron desactualizados”, señaló.
Según Giampieri, el proyecto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo contemplaba eliminar esa herramienta. “El Gobierno buscaba eliminar el nomenclador”, afirmó.

La iniciativa también mantiene la prestación y el arancel único y establece, para quienes trabajan, un límite de ingresos equivalente a dos salarios mínimos para acceder a las pensiones. A su vez, incorpora capacitaciones para el personal de los prestadores.
El PRO pidió eliminar el capítulo seis del Presupuesto 2027
Giampieri sostuvo que el bloque del PRO comenzó a trabajar sobre las modificaciones apenas conoció el contenido del Presupuesto y que el dictamen fue construido junto con legisladores de distintos espacios.
“Esto lo construimos entre todos, no es que volvió el Gobierno Nacional a enviar un nuevo proyecto”, sostuvo.
La legisladora señaló que el oficialismo aceptaría eliminar el capítulo seis, que contenía las derogaciones cuestionadas por el PRO. “El capítulo seis, sí, exacto”, respondió al ser consultada sobre ese punto.
Para Giampieri, las diferencias sobre discapacidad no deberían afectar el vínculo general entre los bloques. “Es una interna de ellos que no queremos que salpique a la gente con discapacidad”, afirmó.

El debate general sobre el Presupuesto 2027 continuará en la Cámara de Diputados y, según anticipó la legisladora, las rondas de discusión comenzarán el 13 de octubre.
Giampieri también pidió a los bloques que no acompañaron el dictamen de mayoría que reconsideren su posición. “Le pido a la oposición que hoy no firmó el dictamen de mayoría que pueda ver el cambio y que lo vote”, expresó.
Finalmente, aseguró que el PRO seguirá el cumplimiento de las medidas si el proyecto avanza: “El PRO va a seguir de cerca que el nomenclador se siga actualizando por IPC, que los pagos lleguen y que el cronograma de pagos a los prestadores por la compensación se cumpla”.
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POLITICA
Autos chinos en Argentina: el caso de Noruega reaviva las alertas por espionaje y riesgos para la seguridad nacional

El fuerte crecimiento de las importaciones de automóviles fabricados en China abrió una discusión que excede el mercado automotor argentino y alcanza de manera directa la seguridad nacional. Las advertencias internacionales sobre la posibilidad de que vehículos inteligentes equipados con cámaras, micrófonos, sensores y sistemas de geolocalización se utilicen para recopilar información sensible adquirieron una nueva dimensión después de que militares de Noruega descubrieran que automóviles chinos habían grabado imágenes de bases, movimientos de soldados y códigos de acceso a instalaciones restringidas.
El fenómeno coincidió con una expansión de las compras argentinas de vehículos procedentes del gigante asiático. Según las estadísticas oficiales del INDEC, durante enero y febrero de 2026 se importaron automóviles desde China por USD 309 millones, frente a los USD 53 millones registrados en el mismo período del año anterior. El incremento alcanzó el 480,1%, empujado por unidades con altas prestaciones y precios más bajos que los de fabricación nacional.
La combinación entre el aumento de las importaciones y las alertas internacionales incorporó una nueva dimensión al debate sobre la presencia de tecnología china en la Argentina. Estados Unidos aprobó restricciones por razones de seguridad nacional; Polonia limitó el ingreso de vehículos fabricados en China a instalaciones militares e Israel adoptó medidas similares. Las decisiones estuvieron relacionadas con los riesgos de recopilación de información, transmisión de datos y eventuales intervenciones externas en los sistemas informáticos de los automóviles.
El caso de Noruega fue el antecedente más reciente. Durante un ejercicio militar realizado en septiembre, en las inmediaciones del aeropuerto de Oslo, efectivos de las Fuerzas Armadas utilizaron vehículos alquilados a través de Hertz para trasladarse entre sus domicilios y las instalaciones donde se desarrollaban las actividades de entrenamiento. Entre las unidades contratadas había automóviles de la marca china Deepal, equipados con cámaras y sistemas de grabación.
Los soldados descubrieron que algunos vehículos habían almacenado imágenes de sus movimientos, los recorridos realizados y los procedimientos de ingreso a instalaciones militares. Entre los registros aparecieron incluso los códigos alfanuméricos utilizados para abrir puertas y atravesar barreras de seguridad.
Los vehículos bajo sospecha en Noruega
El teniente Fredrik Blanck, que participó del ejercicio, relató al diario noruego Dagens Næringsliv que el descubrimiento había provocado sorpresa entre los efectivos. Las grabaciones permitían identificar quiénes ingresaban y salían de los automóviles, qué personas eran transportadas, qué recorridos realizaban y cuánto tiempo permanecían en determinados lugares.
Las imágenes fueron eliminadas de los vehículos a los que tuvieron acceso los militares. Sin embargo, quedó abierta una cuestión central: si la información había permanecido almacenada exclusivamente en los automóviles o si también había sido transferida a servidores externos.
El episodio permitió comprobar que los vehículos habían registrado información militar sensible, aunque no se acreditó que esos datos hubieran sido transmitidos a organismos de inteligencia chinos ni que formaran parte de una operación de espionaje. Las autoridades noruegas reconocieron los riesgos asociados a la tecnología, pero evitaron establecer una prohibición general según el país de fabricación de los automóviles.
Los vehículos habían sido contratados en el marco de un acuerdo de alquiler vigente entre junio de 2024 y mayo de 2028. La operación de Hertz en Noruega está vinculada, a través de su estructura societaria, con el conglomerado chino Zhejiang Geely Holding Group, propietario de Volvo Cars. Al menos dos automóviles utilizados durante los ejercicios pertenecían a Deepal, una marca del fabricante chino Changan.
El descubrimiento expuso una vulnerabilidad concreta: tecnologías incorporadas para asistir a los conductores, registrar maniobras o mejorar la seguridad vial también pueden almacenar información sobre instalaciones estratégicas y actividades militares.

La preocupación, sin embargo, había comenzado mucho antes.
En enero de 2025, el Departamento de Comercio de Estados Unidos aprobó una regulación destinada a restringir la importación y comercialización de determinados automóviles conectados que incorporen software o componentes tecnológicos vinculados con empresas de China y Rusia.
La decisión respondió a una evaluación de seguridad nacional sobre los riesgos derivados del acceso extranjero a los sistemas de conectividad y conducción automatizada.
La normativa estableció que, a partir de los modelos 2027, comenzarán a aplicarse restricciones sobre determinados programas informáticos y sobre la comercialización de vehículos conectados por fabricantes alcanzados por la regulación. Las limitaciones relacionadas con componentes físicos de conectividad entrarán en vigor para los modelos 2030, con disposiciones específicas para componentes sin año modelo.
La fundamentación oficial estadounidense identificó expresamente dos amenazas: la extracción de información sensible sobre conductores, propietarios y desplazamientos, y la posibilidad de manipular vehículos a distancia mediante accesos a sus sistemas informáticos.
La preocupación adquirió una dimensión estratégica en el contexto de la competencia tecnológica y geopolítica entre Washington y Beijing. La regulación estadounidense también contempló vehículos fabricados fuera de China que incorporen determinados componentes o programas informáticos desarrollados por empresas sujetas a la jurisdicción china.
El criterio utilizado por las autoridades estadounidenses estuvo relacionado con el origen y el control de las tecnologías, además del lugar donde se fabrican los automóviles.
En febrero de 2026, Polonia avanzó con una decisión preventiva. El jefe del Estado Mayor de sus Fuerzas Armadas, general Wiesław Kukuła, dispuso restricciones al ingreso de automóviles fabricados en China a instalaciones militares protegidas. La medida estuvo vinculada con los riesgos que representan los sensores, las cámaras y los sistemas capaces de registrar sonidos, imágenes y ubicaciones.
Las autoridades polacas también establecieron limitaciones a la conexión de teléfonos militares con los sistemas de entretenimiento y comunicación de esos vehículos. El objetivo fue reducir las posibilidades de que información relacionada con movimientos de personal, actividades militares o instalaciones estratégicas quedara expuesta a accesos externos.
Israel había adoptado medidas semejantes. Durante 2025, sus Fuerzas Armadas establecieron restricciones al ingreso de automóviles chinos a instalaciones militares y comenzaron a revisar la utilización de vehículos de ese origen asignados a oficiales.
Las preocupaciones estuvieron relacionadas con los dispositivos de grabación, los sistemas de conectividad y la posibilidad de que información sensible sobre recorridos, conversaciones o movimientos militares pudiera quedar almacenada fuera del control de las autoridades de defensa.
La aplicación de las restricciones tuvo diferentes alcances. En agosto de 2026 todavía se utilizaban determinados vehículos chinos en dependencias militares israelíes, pese a las medidas adoptadas para reducir los riesgos de seguridad.
Las importaciones desde China crecieron 480,1% durante el primer bimestre
La expansión comercial de los automóviles chinos se produjo en paralelo con una transformación del mercado argentino, impulsada por la incorporación de nuevas marcas, una mayor oferta de vehículos importados y el desarrollo de tecnologías eléctricas e híbridas.
El Decreto 49/2025 estableció un régimen de importación con arancel extrazona del 0 % para determinadas categorías de automóviles eléctricos e híbridos, sujeto a cupos anuales de 50.000 unidades.
Para 2026, la Secretaría de Industria y Comercio asignó 50.000 vehículos correspondientes a 71 modelos de 32 marcas. Del total, 19.280 unidades fueron adjudicadas a terminales automotrices y otras 30.720 a importadores. Las solicitudes presentadas superaron las 160.000 unidades, más del triple del cupo disponible.
De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio de Economía, las convocatorias de 2025 y 2026 permitieron asignar conjuntamente 100.000 vehículos, de los cuales 68.792 ya habían ingresado al territorio argentino, correspondientes a 58 modelos de 29 marcas.
La cifra incluye automóviles de distintos países y no representa exclusivamente importaciones de origen chino. Sin embargo, constituye un indicador de la velocidad con la que se incorporaron nuevos vehículos y tecnologías al mercado argentino.
Las estadísticas oficiales también reflejaron el crecimiento de las motorizaciones alternativas. Durante 2025 se patentaron 25.600 vehículos híbridos y eléctricos, frente a 13.500 durante 2024, lo que representó un incremento del 90 %.
En los primeros siete meses de 2026, los patentamientos de estas tecnologías llegaron a 48.320 unidades, con una suba interanual del 322 %. La participación de los vehículos híbridos y eléctricos en el mercado pasó del 4,4 % al 21,1 % entre los primeros siete meses de 2025 y el mismo período de 2026.
El 72 % de las unidades patentadas durante ese último período correspondió a modelos comprendidos en el régimen especial de importación.
Las marcas chinas también incrementaron su presencia comercial. Según información de mercado difundida por Reuters, durante agosto de 2026 concentraron alrededor del 10 % de las ventas de automóviles y vehículos comerciales livianos, frente a una participación cercana al 2 % hacia fines de 2025.
Entre las compañías que ampliaron su presencia se encuentran BYD, Chery, Geely, GWM y Dongfeng, aunque los vehículos fabricados en China también pueden comercializarse bajo marcas de otros países.
La expansión estuvo acompañada por una oferta de automóviles equipados con cámaras exteriores, sistemas de asistencia a la conducción, sensores, pantallas digitales, conectividad permanente y mecanismos de actualización de software.
Esas tecnologías forman parte del atractivo de los nuevos modelos por sus prestaciones y posibilidades de uso. Al mismo tiempo, son algunos de los dispositivos bajo análisis en las evaluaciones internacionales de seguridad.

La preocupación también apareció en la discusión pública argentina. El asesor presidencial Santiago Caputo advirtió, en una publicación en su cuenta de X, sobre los riesgos que podría representar la expansión de los automóviles inteligentes fabricados en China, tanto por su capacidad para recopilar información como por la posibilidad de que sus sistemas tecnológicos sean intervenidos desde el exterior.
“En las pocas charlas que he dado de manera privada por razones meramente criptográficas siempre destaco el riesgo inherente que implica la invasión de autos inteligentes de origen chino en un escenario global en el que en pocas décadas estaremos frente a un conflicto global con la posibilidad de que alguien desde alguna oficina oscura del PCC decida apagar un tercio del parque automotor argentino. Ni hablar del riesgo de que el auto escuche y transmita audio, vídeo, GPS, etc. La gente que me escucha cree que estoy loco. No lo descarto”, escribió Caputo.
La advertencia expresó una posición personal del asesor presidencial y, hasta el momento, no se tradujo en decisiones del gobierno de Javier Milei ni en modificaciones de la política de importación de vehículos. Tampoco existen pruebas públicas que permitan acreditar que los automóviles chinos comercializados en la Argentina tengan riesgos vinculados a la seguridad nacional.
De todos modos, el trasfondo de estas advertencias también está relacionado con la legislación china en materia de inteligencia.
La Ley Nacional de Inteligencia de China, aprobada en 2017, establece en su artículo 7 que las organizaciones y los ciudadanos deben apoyar, asistir y cooperar legalmente con las actividades de inteligencia del Estado, además de preservar la confidencialidad de esas tareas.
La disposición generó preocupación en distintos países respecto de las obligaciones que podrían alcanzar a empresas tecnológicas sometidas a la jurisdicción china.
La existencia de esa norma no demuestra por sí sola que los fabricantes de automóviles proporcionen información recopilada por sus vehículos a los servicios de inteligencia de Beijing. Tampoco permite establecer que todos los automóviles producidos en China tengan las mismas capacidades de transmisión de datos o que puedan ser intervenidos externamente.
Los riesgos dependen de las características de cada vehículo, sus programas informáticos, la configuración de los sistemas de conectividad, los mecanismos de almacenamiento y las medidas de protección frente a accesos no autorizados.
En esa discusión aparece una cuestión que trasciende el origen de los fabricantes: los automóviles modernos se convirtieron en dispositivos capaces de registrar grandes cantidades de información sobre sus ocupantes, sus desplazamientos y los lugares que recorren.
La experiencia noruega mostró cómo las cámaras y sensores incorporados a vehículos de uso cotidiano podían almacenar información vinculada con actividades de defensa. Las restricciones estadounidenses, polacas e israelíes reflejaron, por su parte, las diferentes respuestas adoptadas frente a los riesgos potenciales de estas tecnologías.
En la Argentina, la homologación de automóviles comprende requisitos técnicos y de seguridad específica para el tránsito establecidos para autorizar su comercialización y circulación. Sin embargo, la normativa pública consultada sobre el régimen especial de importaciones no permitió establecer el alcance de eventuales auditorías específicas sobre sistemas de recopilación de datos, almacenamiento externo de información y mecanismos de acceso remoto.
Tampoco surgió de esa documentación si existen protocolos particulares para el ingreso de vehículos conectados a bases militares, instalaciones de inteligencia u otros establecimientos estratégicos. La falta de información en las normas comerciales examinadas no permite concluir que tales controles sean inexistentes.
La diferencia entre autorizar la circulación de automóviles en el mercado civil y permitir su acceso a instalaciones sensibles constituye uno de los principales aspectos de la discusión internacional.
Los antecedentes de Polonia e Israel mostraron que las restricciones pueden aplicarse a determinados establecimientos militares sin afectar necesariamente la comercialización general de los vehículos. Estados Unidos, en cambio, optó por una regulación más amplia, dirigida a limitar la incorporación de determinadas tecnologías de conectividad vinculadas con países considerados adversarios estratégicos.
La combinación entre el fuerte crecimiento de las importaciones procedentes de China y las alertas internacionales por espionaje incorporó así una nueva cuestión al debate argentino sobre comercio exterior, tecnología y seguridad nacional.
La competencia comercial, los precios y la modernización del parque automotor comenzaron a compartir espacio con interrogantes sobre el control de la información, la protección de instalaciones estratégicas y la dependencia de sistemas tecnológicos desarrollados en el exterior.
En un escenario internacional atravesado por la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, el caso noruego volvió a mostrar que los automóviles inteligentes también pueden convertirse en una fuente de información sensible para la seguridad de los Estados.
Para la Argentina, donde el valor de las importaciones de automóviles desde China se multiplicó casi por seis durante el primer bimestre de 2026, la discusión quedó vinculada con una cuestión concreta: qué mecanismos permiten proteger la información estratégica frente a los riesgos que acompañan la incorporación de vehículos cada vez más conectados.
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