El país informó una contracción económica de 3.8% en 2025 y una tasa oficial de desempleo de 1.7%, según datos oficiales analizados por Martí Noticias. El medio señaló que la lectura conjunta de ambos indicadores requiere considerar los criterios con los que las autoridades clasifican a las personas ocupadas, desempleadas y fuera de la población económicamente activa.

La falta de una medición pública sobre pobreza y el aplazamiento del censo también condicionan el análisis de la situación económica y social de Cuba. La disponibilidad de registros, las definiciones metodológicas y el acceso limitado a información independiente inciden en la comparación de los datos con los de otros países.

La CEPAL proyectó una caída de 10.3% del PIB cubano para 2026

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó que el producto interno bruto cubano caerá 10.3% en 2026. El Centro de Estudios de la Economía Cubana, vinculado al oficialismo, calculó una contracción de 5% para 2025 y consideró optimista la previsión estatal de un crecimiento de 1% para el año siguiente.

El organismo regional publicó a comienzos de mes el informe Evolución macroeconómica de Cuba en 2025 y perspectivas para 2026. El documento reúne indicadores de actividad económica, inflación, déficit fiscal, cuenta corriente y empleo. Su principal cuadro macroeconómico precisa que fue elaborado a partir de cifras oficiales.

La presencia de indicadores cubanos en las bases de Naciones Unidas, la CEPAL o el Banco Mundial no significa necesariamente que hayan sido producidos o auditados fuera de la isla. Esas instituciones combinan estadísticas nacionales con estimaciones, proyecciones demográficas y métodos de armonización, aunque su capacidad para ajustar los resultados depende de la calidad de la información disponible.

La tasa oficial de desocupación fue de 1.7% al cierre de 2025. En ese mismo período, Brasil registró una tasa anual de 5.6%; Chile, de 8.6%; Uruguay, de 7.5%; y República Dominicana, de 5.0%.

El promedio de desempleo de América Latina y el Caribe se ubicó cerca de 5.3% en 2025, luego de alcanzar 5.8% en 2024, de acuerdo con la CEPAL. La diferencia con el indicador cubano no permite determinar por sí sola el alcance de esa cifra, ya que la comparación depende de las definiciones aplicadas para medir el empleo y la desocupación.

“El problema puede estar en la definición que ellos opten”, dijo el economista cubanoamericano Carlos Martínez a ADN Cuba, en referencia a la medición de la tasa de desempleo. El especialista señaló que los criterios utilizados para clasificar a la población pueden modificar el resultado final.

Martí Noticias también recogió referencias oficiales a las personas que permanecen fuera del estudio y del empleo. Las autoridades cubanas han reconocido la existencia de ese grupo, aunque no precisaron cuántas personas lo integran.

Durante una sesión de la Asamblea Nacional, celebrada en junio de 2026, el primer ministro Manuel Marrero Cruz afirmó que “uno de los problemas serios que tenemos” es la cantidad de personas desvinculadas de ambas actividades. El funcionario planteó reforzar la incorporación de adolescentes y jóvenes a la educación y facilitar la preparación de quienes estén en condiciones de trabajar.

Cuba no dispone de una medición oficial de pobreza comparable

Un estudio de la CEPAL sobre la economía cubana indicó que no existían estadísticas oficiales sobre la incidencia de la pobreza en el país. El organismo regional reúne indicadores monetarios, de pobreza extrema, multidimensionales y de distribución de ingresos para buena parte de América Latina, pero Cuba no cuenta con una serie pública equivalente.

El Banco Mundial tampoco presenta datos sobre pobreza en Cuba que puedan homologarse con las mediciones utilizadas en gran parte de la región. Esa ausencia limita el seguimiento de los ingresos y las condiciones materiales de los hogares mediante parámetros comparables.

Martínez sostuvo ante ADN Cuba que la desigualdad dejó de medirse desde la década de 1990. El economista afirmó que la falta de registros públicos condiciona el trabajo de quienes buscan analizar la situación social de la isla.

“Cualquier investigador que quiera dedicarse a trabajar sobre el tema de Cuba va a encontrar que cualquier idea […] va a estar limitada única y exclusivamente por la falta de datos”, afirmó Martínez al portal. El planteamiento se refiere a la disponibilidad de información y no incluye una estimación sobre el nivel de pobreza o desigualdad.

La inflación plantea otra dificultad por la coexistencia de mercados estatales, privados e informales, junto con distintas formas de acceder a divisas. Los precios pueden variar según el canal de compra, una condición que añade complejidad a la elaboración de un índice representativo del consumo de los hogares.

La CEPAL consignó una inflación interanual de 14.1% en diciembre de 2025. La Oficina Nacional de Estadística e Información informó un nivel de 14.07% y proyectó una cifra cercana al 27% para 2026.

“A día de hoy, incluso nosotros los economistas tenemos muchas preguntas sobre cómo ellos miden la inflación”, declaró Martínez a ADN Cuba. El especialista mencionó la falta de información pública sobre encuestas, productos incluidos, mecanismos de recolección y manuales metodológicos.

La clasificación de muertes al nacer afecta la tasa infantil

La forma en que se registra un fallecimiento ocurrido durante o después del parto puede modificar la tasa de mortalidad infantil. Si un niño nace vivo y muere después, el caso integra las estadísticas de muertes de menores de un año; si se registra como muerte fetal, queda fuera de ese indicador.

Un estudio publicado en 2018 por la revista académica Health Policy and Planning analizó la relación entre muertes fetales tardías y muertes neonatales tempranas. En los países incluidos en la investigación, esa relación oscilaba entre 1.04 y 3.03, mientras que en Cuba alcanzó el valor de seis.

Los autores consideraron que esa estructura era compatible con una posible reclasificación de recién nacidos fallecidos como muertes fetales. El trabajo también vinculó esa diferencia con la existencia de incentivos para cumplir objetivos sanitarios fijados por las autoridades.

“En Cuba esas cifras están manipuladas”, declaró el doctor Manuel Guerra a DIARIO DE CUBA. El médico ejerció como residente de Ginecobstetricia en Cuba hasta 2022 y vive exiliado en Estados Unidos.

Guerra explicó al diario digital que un bebé que respira después del nacimiento pasa a las estadísticas de mortalidad infantil y no a las de muerte fetal. “Son cosas que se comentan tras bastidores. A mí me cuesta hablar de esto”, añadió.

En 2025, la denuncia de un médico emigrado generó una polémica sobre un caso ocurrido en un hospital de Villa Clara. Según ese testimonio, una doctora recibió cuestionamientos luego de practicar una cesárea de urgencia para salvar a un bebé.

La denuncia indicó que, durante una reunión, le habrían advertido a la médica que el bebé debía morir dentro del útero porque una muerte posterior incrementaría el indicador. El relato no incluyó una cifra sobre la cantidad de casos de ese tipo.

La tasa oficial cubana de mortalidad infantil fue de 7.1 muertes por cada 1,000 nacidos vivos en 2024. Estados Unidos registró 5.52 muertes por cada 1,000 nacidos vivos ese mismo año, según los datos finales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Para 2025, las autoridades cubanas comunicaron una tasa preliminar de 9.9 por cada 1,000 nacidos vivos. En junio, el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba había mantenido históricamente una mortalidad infantil capaz de competir con la de los países más desarrollados y que, pese al deterioro reciente, seguía siendo competitiva a nivel internacional.

El censo pendiente condiciona las proyecciones demográficas

La emigración incide en la estimación de la población, la composición por edades, la natalidad y la fuerza laboral. Para buena parte de sus cálculos demográficos, la CEPAL utiliza proyecciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía y de la División de Población de Naciones Unidas.

Cuba informó una población de 9,748,532 habitantes al cierre de 2024. El demógrafo cubano Juan Carlos Albizu-Campos estimó que la población efectiva podía estar por debajo de los nueve millones si se consideran los nacimientos, las defunciones y el saldo migratorio.

El Censo de Población y Viviendas estaba previsto inicialmente para 2022. Las autoridades lo aplazaron hasta comienzos de 2025 por razones económicas y por dificultades asociadas a la crisis de combustible.

En agosto de 2026, autoridades provinciales describieron el operativo como una tarea todavía preparatoria. El registro previo se limitaba al número de residentes y a la identificación del jefe de cada hogar.

México entregó en mayo de 2023 8,000 tabletas a la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía destinaron los equipos a captar y procesar información censal, además de brindar capacitación técnica a funcionarios cubanos.

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Anthropic, the artificial intelligence company behind the Claude chatbot, has pushed for greater government regulation of AI in ways that echo elements of the Washington playbook employed by convicted fraudster Sam Bankman-Fried during his time as a cryptocurrency entrepreneur, a review of public records shows.

Both Anthropic and Bankman-Fried poured millions of dollars into Washington influence campaigns while publicly arguing that government rules were needed to make their respective industries safer, although the money flowed through notably different channels. Critics in both industries have accused them of using regulation to strengthen their competitive positions. Bankman-Fried’s political operation later became part of a criminal case involving illegal campaign contributions, while Anthropic’s spending has consisted of disclosed lobbying and advocacy efforts.

Anthropic, for its part, denies this characterization. Bankman-Fried, meanwhile, later said his public posture on regulation was essentially «just PR» in a social media direct-message exchange published days after FTX collapsed.

Anthropic has been pushing Washington to put guardrails around the fast-moving AI industry, warning that increasingly powerful models could pose serious national security and public safety risks. CEO Dario Amodei has called for mandatory testing and auditing of advanced models, while the company has spent millions lobbying policymakers and backing groups that support tougher AI rules.

WHITE HOUSE MEETS AI FIRM ANTHROPIC AMID POLITICAL TENSIONS, PENTAGON DISPUTE

The push comes as Anthropic is increasingly engaging with a Trump administration that has made rapid AI development and U.S. dominance in the technology a major priority, warning that falling behind could carry economic and national security consequences. Amodei joined other major tech executives at the White House on Sept. 29, where they signed a voluntary agreement outlining safety standards for companies developing powerful AI systems.

Before being convicted of fraud, Bankman-Fried lobbied Washington for a regulatory system for crypto led by the Commodity Futures Trading Commission, presenting it as necessary to protect customers and bring clarity to the industry. He was a prominent supporter of the Digital Commodities Consumer Protection Act (DCCPA), legislation that would have created such a framework — with campaign finance records showing that he cut checks to the bill’s sponsors in the Senate.

At the time, some crypto advocates opposed the DCCPA as overly favorable to centralized exchanges such as FTX. Prosecutors later alleged that Bankman-Fried and his co-conspirators flooded the political system with tens of millions of dollars in illegal contributions as part of an effort to increase FTX’s influence in Washington and help advance favorable legislation.

Bankman-Fried justified his efforts on the grounds that public safety was at stake, using similar rhetoric to that employed by Anthropic in its quest to regulate AI development.

«We need regulatory oversight and customer protection,» he said on social media weeks before FTX collapsed. Testifying before Congress, he argued that crypto regulation should provide «system safety and soundness.»

GOP LAWMAKERS SMELL SOMETHING ELSE BEHIND BIG TECH’S AI DOOMSDAY WARNINGS: ‘SOMETHING ELSE GOING ON’

Anthropic has also pursued a lobbying strategy that calls for government regulation, warning lawmakers that advanced AI poses serious national security and public safety risks.

Amodei told the Senate Judiciary Committee in 2023 that AI poses «extraordinarily grave threats to U.S. national security» and called for a mandatory «testing and auditing regime» with the power to block deployment of models found unsafe.

«Do you guys remember what Sam Bankman-Fried was doing when he was caught red-handed? Aggressively lobbying Washington to ban his competitors,» Brian Chau, the founder of a news platform that leverages AI to aid in investigations, said in response to a piece written by Amodei calling for federal AI regulation. «The apple doesn’t fall far from the tree.»

Anthropic’s pro-safety rhetoric, much like Bankman-Fried’s, is backed by large amounts of cash. The firm has spent close to $7 million on lobbying efforts from 2025 through the middle of 2026, per federal disclosures, and has set aside $40 million to Public First Action, a 501(c)(4) tied to the super PAC Public First, which is being spent to advance pro-regulation talking points.

«Anthropic is running a sophisticated regulatory capture strategy based on fear-mongering. It is principally responsible for the regulatory frenzy that is damaging the startup ecosystem,» former Trump administration AI advisor David Sacks posted to X in October 2025, responding to Anthropic’s strategy.

DAVID MARCUS: BIG TECH INVENTED AI DOOMSDAY TO DUCK REAL LIFE PROBLEMS

Much like some crypto advocates argued that the Bankman-Fried-backed DCCPA would have harmed his smaller competitors, Anthropic has been accused of supporting bills, namely California’s SB 53, that allegedly would harm less established AI labs.

In the face of criticism, Anthropic has maintained that its commitment to public safety is genuine and pushed back against claims that its legislative activity is disadvantageous to smaller competitors.

«Some have suggested that we are somehow interested in harming the startup ecosystem. Startups are among our most important customers,» Amodei wrote in October 2025, noting that SB 53 exempted companies with gross revenues below $500 million. While labs with revenue below the threshold are partially exempted, lower-income firms that use a certain amount of computational resources are still subject to transparency requirements under SB 53.

Brian Chau, founder and CEO of the AI-assisted investigative publication Effort News, has also compared Anthropic’s public messaging about unreleased models to Bankman-Fried’s messaging as FTX unraveled.

«I remember when FTX was going down SBF would make up a new cope narrative every week and all the FTX stans would instantly believe him,» Chau wrote in response to an article about an unreleased Anthropic model.

Anthropic and representatives for Bankman-Fried did not respond to multiple requests for comment when reached by Digital.

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La violencia ha dejado cuatro muertes en el inicio de octubre en Panamá, después de que septiembre cerrara con 44 personas asesinadas.

El primer fin de semana de octubre registra un homicidio en el corregimiento de la 24 de Diciembre, un hombre herido de gravedad en Colón y tres muertes de menores en San Joaquín, Monterrico y La Chorrera.

Las circunstancias de los fallecimientos de los menores de edad aún cuentan con escasa información oficial.

El homicidio del hombre ocurrió durante la tarde del sábado en el sector de Altos del Ángel, en el área de Nuevo Tocumen.

La víctima se encontraba dentro de su vehículo cuando varios sujetos llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones.

El individuo murió en el sitio tras el ataque, y la información inicial no precisa la identidad de la víctima ni los posibles motivos de la agresión.

El hecho se produjo después de un mes que dejó 44 muertes vinculadas a la violencia en Panamá. Esa cifra expuso la continuidad de los ataques con armas de fuego en distintas zonas del país.

Otro hombre en la provincia de Colón sufrió heridas graves luego de que un pistolero le disparara en la comunidad del Valle de San Judas Tadeo.

El agresor escapó durante la noche tras perpetrar el ataque, y las personas que auxiliaron a la víctima la trasladaron a la sala de urgencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde recibió atención médica.

Las autoridades también investigan los fallecimientos de tres menores ocurridas en San Joaquín, Monterrico y la Loma de Guadalupe, esta última en el distrito de La Chorrera, Panamá Oeste.

Los datos conocidos hasta ahora muestran que se trata de hechos con circunstancias distintas y que parte de la información todavía permanece bajo verificación.

El caso ocurrido en La Chorrera involucró a un niño de cuatro años. Según la información preliminar, el menor jugaba entre las divisiones de los cuartos mientras su madre se bañaba.

En ese momento, el niño presuntamente quedó enredado de manera accidental con una soga que utilizaban para tender ropa. Los peritos continúan con las diligencias para determinar las circunstancias precisas del fallecimiento.

El periodista Raúl Vega informó a través de su red social que la investigación busca establecer cómo ocurrió el hecho que afectó a la comunidad de la Loma de Guadalupe. La versión disponible no atribuye responsabilidades ni adelanta conclusiones sobre el caso.

De los otros dos fallecimientos de menores, las autoridades ofrecieron pocos detalles. Se conoce que el caso de Monterrico estuvo relacionado con un disparo y ocurrió en las cercanías de una cancha de fútbol.

La falta de información adicional impide establecer por ahora las circunstancias en las que se produjeron ambos hechos. Tampoco se difundieron datos sobre la edad o identidad de las víctimas.

En Panamá las estadísticas oficiales citadas por distintos medios señalan que el país terminó 2025 con 593 homicidios a nivel nacional.

El número mantiene la preocupación por la criminalidad violenta y el impacto de las armas de fuego.

Los datos describen un escenario marcado por disputas entre bandas, conflictos personales y otros episodios de violencia letal. Estas situaciones forman parte de un problema sostenido de seguridad pública.

La Policía Nacional informó que en lo que del 2026 ha decomisado 2.293 armas de fuego en operativos y acciones preventivas desarrolladas en el país.

El registro incluye 967 pistolas, 546 fusiles y 316 revólveres.

El desglose también contempla 155 escopetas, 102 rifles, 99 armas tipo pellet, tres mini Uzi, dos subametralladoras y un arma tipo niple. La institución presentó esos resultados como parte de sus estrategias contra los hechos delictivos.

Las operaciones policiales permitieron además la captura de 48.407 personas por delitos y faltas. De ese total, 31.538 correspondieron a personas requeridas mediante oficio.

La entidad registró además 302 capturas por homicidio, 13.985 por faltas administrativas, 2.272 por microtráfico y 310 por delitos relacionados con narcotráfico.

En otro balance, la institución indicó que incautó 19.390 paquetes de presunta sustancia ilícita y 2.191 armas de fuego. Las cifras reflejan la magnitud de las operaciones desplegadas mientras continúan las investigaciones por los hechos ocurridos al inicio de octubre.

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