A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el gobierno de Javier Milei cuestionó un editorial publicado este martes por LA NACION sobre la crisis salarial de las Fuerzas Armadas. En el comentario editorial se describe la estrechez presupuestaria, así como la situación que lleva a muchos militares a recurrir a otros trabajos para llegar a fin de mes, mientras las unidades se desprenden de edificios y campos que históricamente pertenecieron a las fuerzas. El texto del pronunciamiento, cuyo título es “Dos años de reconstrucción de las Fuerzas Armadas, tras décadas de abandono y desinversión”, es el siguiente:

“Parte de la información publicada por es falsa en sus premisas centrales porque omite el contexto de la herencia recibida, desconoce el marco normativo vigente y presenta como crisis actual lo que es un proceso de reconstrucción ordenado y en marcha.

Los temas que aborda -situación salarial, capital humano, bienestar del personal, obra social, reequipamiento, financiamiento y ordenamiento patrimonial- son prioridades centrales de la política de Defensa del Gobierno del Presidente @JMilei.

Esta situación no puede analizarse de manera aislada: así como el país heredó un caos económico, financiero e institucional sin precedentes, el sistema de Defensa también acumuló años de desinversión y postergación de decisiones estratégicas.

Respecto del patrimonio inmobiliario, se mezclan activos del Ministerio de Defensa con el predio de la Policía Montada, que pertenece a la Policía Federal Argentina (Ministerio de Seguridad Nacional) y es ajeno al ámbito castrense.

Para ordenar este proceso se creó el Plan ARMA, mediante el decreto 314/2026. Cuando se vendan bienes que no pertenecen a las Fuerzas Armadas, el 10% se destinará a Defensa. Cuando se trate de bienes propios, el porcentaje que se reinvertirá en las Fuerzas Armadas aumenta hasta el 70%.

En gestiones anteriores, esos recursos ingresaban al Tesoro sin afectación directa a la cartera de Defensa. Ahora existe un mecanismo que los devuelve al sistema y financia capacidades concretas.

Sobre los salarios, el Presidente Milei es consciente de que existe una deuda histórica con las Fuerzas Armadas, tal como expresó el pasado 2 de abril. La recuperación salarial acompaña el proceso de reconstrucción y debe desarrollarse de manera responsable y sostenible.

En esa línea, el decreto 473/2026 incorporó el suplemento por título al régimen de haberes militares, una medida histórica y estructural que reconoce formación académica acreditada y normaliza la situación del personal militar con otros ámbitos de la Administración Pública.

Respecto de la obra social, la creación de OSFA reemplazó el esquema anterior para ordenar el sistema heredado, regularizar pagos y avanzar hacia una cobertura más moderna, sustentable y federal.

Al referirse al reequipamiento, el caso de los Super Étendard corresponde a una adquisición de 2017 y no puede utilizarse como parámetro del proceso actual. Este Gobierno inició su mandato en diciembre de 2023.

En esta etapa se avanzó con hechos concretos: se adquirió el sistema de armas F-16, aeronaves P-3C Orión, vehículos blindados Stryker 8×8, camiones Unimog U4000, helicópteros Bell 407, aeronaves Beechcraft TC-12B Hurón, radares 3D, vehículos aéreos no tripulados, conectividad satelital y modernización del TAM 2C.

Además, es incorrecto afirmar que los racionamientos están suspendidos, ya que dicha prestación se encuentra en proceso de recuperación sostenida desde 2024.

Después de décadas de abandono y desinversión, la reconstrucción de las Fuerzas Armadas no se resuelve con diagnósticos parciales. Se resuelve con personal reconocido, financiamiento previsible y planificación de largo plazo.

Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei y el ministro teniente general Carlos Presti, el Gobierno Nacional está ordenando lo heredado y avanzando con una gestión seria, transparente y orientada a fortalecer a las Fuerzas Armadas para la defensa de la patria”.

La Justicia dispuso realizar una inspección ocular en la quinta de San Vicente que pertenece a Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora, para comprobar que el vestidor con fajos de dólares que se ve en los videos grabados por Jesica Cirio es efectivamente de esa residencia.

El fiscal federal Sergio Mola le pidió al juez Luis Armella varias medidas de prueba en la causa contra Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Además, tras allanar la casa de Cirio en el piso 18 de Ortega y Gasset 1661, de Palermo, el fiscal pidió más medidas que incluyen peritajes a celulares, tablets y pendrives; la valuación de dos relojes de alta gama Patek Philippe y monedas de oro halladas en la vivienda de la conductora de TV.

También se requirió la inspección ocular, que el juez indicó que se realice en la fecha que disponga la fiscalía.

El fiscal Mola quiere llevar a esa inspección, para que participe del trámite, a un perito en criminalística, pues la idea es determinar si ese lugar fue alterado o se modificó mediante alguna reforma en la eventualidad de que no concuerden las imágenes con la realidad.

Allí, esa casona del barrio cerrado Fincas de San Vicente, que es objeto de la investigación, pues convivieron allí Cirio e Insaurralde, interesa a la Justicia además por la manera en que se adquirieron los terrenos donde está ubicada y por el modo en que se pagaron las refacciones realizadas en el edificio.

Ni Insaurralde ni su exmujer viven allí, pues ella se separó y se volvió a casar y el exjefe de Gabinete de Axel Kicillof vive en su histórica casa del centro de Banfield.

Otra de las dudas es cuánto dinero había en el vestidor, por lo que se determinó realizar una estimación con ingenieros que calculen el monto. Se habla de que sumarían unos 10 millones de dólares.

Mola pidió también la declaración testimonial del contador de Insaurralde, de personas allegadas a la entonces pareja que pudieran reconocer los lugares de la casa que se ven en las grabaciones y, entre otras, la del periodista Diego Cabot de , que publicó los videos el pasado fin de semana.

Ahora Cirio vive en la calle Ortega y Gasset 1661, donde la policía allanó y encontró además una tablet, pendrives y dispositivos que mandó a analizar.

Lo que quiere la fiscalía es extraer y resguardar los correos electrónicos, servicios de mensajería como WhatsApp, mensajería interna, documentación digital, registros de navegación e imágenes de los dispositivos secuestrados.

Son un iPad, dos tablets Samsung, tres pendrives encontrados en el dormitorio y otro en su Jeep Compass.

Mola busca conversaciones, transferencias, registros contables o material audiovisual, especialmente los archivos de video con los dólares, que vinculen a los investigados con las maniobras de lavado de activos o incremento patrimonial injustificado.

Además ordenó realizar un peritaje urgente para la preservación de las imágenes de las cámaras de seguridad internas del departamento, almacenadas en seis tarjetas de memoria.

Buscan los investigadores reconstruir los registros fílmicos internos del inmueble de los últimos meses, individualizar a las personas que ingresaron o egresaron del departamento y constatar si existió transporte de bolsos, dinero, materiales sospechosos o maniobras de ocultamiento antes de que llegara la Gendarmería al lugar.

Además, el fiscal pidió determinar el valor real de los bienes incautados. Por ejemplo, los tres relojes de alta gama Patek Philippe hallados dentro de un estuche de cuero en la caja de seguridad de la habitación, otros dos de color dorado y uno de color plateado; monedas de oro y joyas.

También se encontraron 13.500 dólares, pesos uruguayos, dólares de Singapur, yuanes chinos, dólares de Hong Kong, dólares de Nueva Zelanda, rupias, reales brasileños y pesos mexicanos.

Los investigadores buscan determinar, por los números de los billetes de dólares, su trazabilidad; es decir, de qué banco salieron.

Asimismo, se ordenó una pericia interdisciplinaria contando con el apoyo de profesionales especializados en informática, contabilidad, ingeniería, criminalística y toda otra disciplina que resulte necesaria para determinar cuánta plata revelan los videos.

Y se determine si las imágenes fueron modificadas o si hay cortes, uniones, superposiciones o alteraciones.

Las tareas se encomendarán a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico para la Investigación Penal (DATIP), que depende de la Procuración General de la Nación.

A su vez, el juez Armella ordenó que declaren dos empleadas de Cirio de su departamento y la realización de los peritajes mencionados.