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La Justicia volvió a pedir que citen a Chiqui Tapia para que dé detalles de la liberación de Nahuel Gallo

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El fiscal ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, aseguró este miércoles que se debe citar al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a declarar para que brinde detalles sobre cómo se gestó la liberación del gendarme Nahuel Gallo, que se encontraba preso en Venezuela.

En un primer momento, el fiscal Carlos Stornelli pidió que se cite a Tapia pero el pedido fue rechazado por el juez Sebastián Ramos. Ahora, con este nuevo requerimiento de Agüero Iturbe, deberá resolver la Cámara Federal.

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Meses atrás, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que Gallo recibió una videollamada de Tapia momentos antes de subirse al avión que lo trajo de nuevo a la Argentina. En ese intercambio, el titular de la AFA le confirmó que iba a volver al país.

El presidente de la AFA homenajeó a Nahuel Gallo con una plaqueta y una camiseta con su nombre. (Foto: X / @AFA).

Además, la funcionaria cuestionó el rol de la AFA en la liberación del agente, aunque reconoció su función como medio de negociación. “No lo veo como una apropiación, sino como una necesidad de protagonizar y decir: ‘Lo trajimos nosotros’”, expresó.

Monteoliva contó que Gallo fue trasladado desde la cárcel de El Rodeo I hasta el avión privado con la cara tapada. En ese contexto, explicó que el gendarme recibió el llamado de Tapia cuando estaba a punto abordar el vuelo.

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“Ahí es cuando confirma que era la AFA, porque dos personas en un avión privado que te dicen que te van a llevar a Argentina después de estar un año y tres meses en cautiverio, podés pensar cualquier cosa”, manifestó la titular de la cartera de Seguridad.

Leé también: A 11 años del primer Ni Una Menos, miles de mujeres marcharon por las víctimas de femicidios

Durante ese llamado, Gallo le agradeció a “Chiqui” Tapia por intervenir en su liberación, según dijo la ministra. Además, remarcó que la AFA fue quien negoció su salida de Venezuela, pese a los esfuerzos del Gobierno por concretarlo. “No solo hizo de taxi, fue quien hizo una negociación”, sumó en una entrevista con A24.

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Desde entonces, la Justicia busca determinar en que contexto la AFA negoció con el gobierno de Nicolás Maduro, en ese momento ya a cargo de Delcy Rodríguez.

La denuncia de Nahuel Gallo

Gallo denunció ante la Justicia Federal las torturas que sufrió durante los 448 días que permaneció detenido en Venezuela y aseguró que decidió hablar para exigir justicia.

“Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad”, expresó en sus redes sociales.

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Gallo afirmó que su testimonio busca visibilizar una práctica sistemática. “La verdad es que el régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido”, sostuvo.

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Nuevo estallido interno en el PJ: el kirchnerismo acusó a Kicillof de querer que Cristina Kirchner continúe presa

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La posibilidad de lograr la unidad entre el sector Axel Kicillof y el que conduce Cristina Kirchner es cada vez más difícil. Por momentos, parece imposible. Inviable. Ya no solo se trata de la desconfianza que impera en ese vínculo tortuoso, sino que también está atravesada por acusaciones cada vez más espesas.

Lo que desató el último capítulo de la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires fue la definición que brindó el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, en el canal de streaming Cenital.

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“Se hablaba de un dictamen en octubre (del consejo de Derechos Humanos de la ONU), ojalá que suceda. No soy abogado, entiendo que el dictamen no es vinculante para la justicia argentina. Es una instancia intermedia que tendrá que evaluar la justicia argentina y ojalá que lo haga por la positiva”, sostuvo el funcionario bonaerense.

Al ser consultado por la posibilidad de alienearse a una eventual candidatura de CFK, en el caso de que haya un cambio en su situación judicial, Bianco fue contundente: “No sé. Habrá que discutirlo el año próximo. Nosotros dijimos que este año no se discuten candidaturas. El año que viene veremos cuál es la situación, quién convocó más, quién representa más”.

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La mano derecha de Kicillof dejó en claro que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) será muy cauto en sus movimientos, más allá de si Cristina Kirchner puede ser candidata o no. No cambian la postura. Se definirá el año que viene y se verá, cuando se reúnan todos alrededor de la mesa, quién tiene más espalda para ser el candidato del peronismo.

Las expresiones de Bianco desataron el enojo en el corazón de La Cámpora, que le contestaron a través de las redes sociales. El primero en hacerlo fue el ex senador nacional Martín Doñate, quien hizo un recuento de los motivos por los que es importante lo que diga la ONU y dejó entrever que el funcionario bonaerense pretende que la ex presidenta no quede libre.

“A esta altura, por la responsabilidad que acumulás Carlos Bianco, y con este tipo de posicionamientos tan deleznables, te estás volviendo un gran problema para la unidad nacional que requiere la hora”, sostuvo el dirigente de Río Negro. En ese sentido, agregó: “Se trata de la proscripción y persecución a Cristina, conductora de nuestro movimiento, dos veces presidenta y amada por millones de argentinos, a la que intentaron asesinar y hoy someten a la muerte civil mediante el escarnio mediático y judicial”.

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El mensaje que escribió Facundo Tignanelli en sus redes sociales

Acto seguido a esa definición, Doñate precisó: “Pese a todo eso, Cristina aun conserva un enorme respaldo popular y electoral. Defender su libertad es defender el derecho del pueblo a elegirla. Frente a eso, tu posición pública es, como mínimo, irresponsable e ingrata. Y la porfiada ingratitud, como enseña la secular historia, repta en el subsuelo de la traición y el olvido”. El contenido del mensaje fue extremadamente duro.

“Poner en duda todo esto es un grave daño para la democracia y para el Estado de derecho. Hablamos de compromisos internacionales que la Argentina asumió y debe honrar, aunque sus consecuencias incomoden, y hay dudas jurídicas que dicen más de una posición política que del derecho”, sostuvo el rionegrino respecto a la postura de Bianco sobre si es o no vinculante.

En esa línea, agregó: “La Argentina ya conoció elecciones con el peronismo y sus líderes proscriptos, y quienes ganaron así gobernaron con la legitimidad prestada. Llegar a 2027 con Cristina presa e inhabilitada sería repetir ese simulacro de democracia, con el agravante de que esta vez habría quienes, desde nuestras filas, estarían dispuestos a ser parte de esa coreografía”

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El ex senador nacional Martín Doñate cuestionó con dureza a Carlos Bianco

Otro que apuntó contra Bianco, aunque sin nombrarlo, fue el diputado provincial Facundo Tignanelli, hombre fuerte de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires. “Al final la corte si revisa sus decisiones y revierte los efectos de lo dicho en menos de una semana. Por lo tanto la conclusión política es que los que hablan de “imposibilidad jurídica de participación electoral” son aquellos a los que les conviene que este presa», aseguró.

En el cristinismo están convencidos que Bianco expresó en público lo que Kicillof piensa en privado. Y ellos lo traducen como la conveniencia de que Cristina Kirchner siga presa para que su condición judicial le abra paso a una candidatura presidencial del gobernador bonaerense. En los hechos, el Jefe de Gabinete explicó lo que distintos abogados han dicho en público respecto a la influencia de lo que pueda decir la ONU. El problema es su nombre, su rol y la interna, que genera otra dimensión en sus expresiones.

El clima está caldeado desde ayer, cuando desde un sector del kicillofismo dejaron entrever que no estaba asegurado el acuerdo con el cristinismo para que Máximo Kirchner sea el presidente del congreso en el PJ Bonaerense. La información generó ruido en las arterias del sector de CFK y el enojo empezó a crecer. Sin embargo, Kicillof bajó una orden rápida, dejó sin efecto cualquier especulación y aseguró que el acuerdo se cumplirá tal cuál estaba hablado.

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“Jugó bien Axel ahí”, reconocen en La Cámpora. Un día después, la tensión volvió a aumentar a la máxima expresión y desató un ola de cuestionamientos a Bianco y, en consecuencia, a Kicillof. La interna nunca termina. Y, difícilmente, pueda culminar el año que viene.

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Los detalles de la reunión entre Javier Milei y Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos

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La senadora y jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunió con el presidente Javier Milei durante más de dos horas. El encuentro se produjo en medio de las diferencias que la legisladora manifestó con el Gobierno durante los últimos meses.

“Conversación profunda con el presidente Javier Milei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”, posteó Bullrich en la red social X. La senadora cerró su mensaje con la sigla TMAP, que significa “todo marcha de acuerdo al plan”.

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Por su parte, el mandatario también utilizó las redes sociales para referirse al encuentro con la jefa del bloque de LLA en el Senado. “Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: MAGA”, publicó en Instagram.

Milei y Bullrich se reunieron durante más de dos horas en medio de la tensión (Foto: Reuters)

Además, a comienzos de esta semana, la senadora había participado de la reunión de gabinete que encabezó el Presidente en la Casa Rosada. Al día siguiente, el vocero presidencial, Adrián Ravier, buscó bajar la tensión con la jefa del bloque de LLA en el Senado y sostuvo que la legisladora “apoya la candidatura de Javier Milei para 2027”.

Las diferencias entre Bullrich y el Gobierno

Pese al deterioro de la relación con el Gobierno, Patricia Bullrich conserva un rol central en la negociación de proyectos y en el vínculo con aliados de la Cámara Alta, donde la gestión de Javier Milei necesita ampliar su base para aprobar reformas.

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El episodio que abrió la última escalada fue el Presupuesto 2027 y los cambios sobre Discapacidad. Bullrich aseguró que no había sido informada del contenido de esos artículos pese a integrar la mesa política, cuestionó públicamente la coordinación interna y apuntó contra el Ministerio de Economía por haber enviado modificaciones que no habían sido anticipadas a la conducción parlamentaria.

Las diferencias entre Bullrich y el Gobierno (Foto: REUTERS/Cristina Sille)
Las diferencias entre Bullrich y el Gobierno (Foto: REUTERS/Cristina Sille)

A ese episodio se sumó el video que Bullrich publicó con una canción de Lali Espósito, horas después de sus críticas por Discapacidad. Milei eligió bajar públicamente el tono y sostuvo que no veía un problema en la elección de la artista.

La tensión volvió a crecer con la Ley de Tierras. Bullrich cuestionó la estrategia de avanzar legislativamente mientras continuaba abierta la discusión judicial y planteó que impulsar una ley sin garantizar su aprobación podía terminar debilitando el instrumento que ya tenía el Ejecutivo a través del DNU 70/2023.

Este viernes 9 de octubre, la Corte Suprema suspendió de manera provisoria los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley 26.737, hasta que la Justicia Federal de Bariloche resuelva sobre la legitimación de los demandantes y analice el pedido de una medida cautelar.

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Patricia Bullrich, Javier Milei

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El duro voto en disidencia de Rosenkrantz en el caso por la ley de tierras: del ambiente como “coartada” a su crítica por la reacción al “descontento” social

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El juez Carlos Rosenkrantz se diferenció de sus pares de la Corte Suprema de Justicia al intervenir en un nuevo caso por la ley de tierras e hizo un duro voto en disidencia.

Hoy, el máximo tribunal dictó una medida cautelar “interina” con la que repuso los límites a la venta de superficies a extranjeros. El fallo de hoy fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.

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Fue después de que la acordada de la semana pasada, con la que había puesto en vigencia el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que derogaba la ley de tierras, provocara un fuerte impacto político e institucional. De hecho, la oposición había activado una ofensiva en el Congreso para voltear todo el DNU 70/2023.

Rosenkrantz firmó en disidencia porque consideró que la Corte carecía de competencia para dictar una medida cautelar o interina ante un nuevo planteo realizado por una asociación ambientalista, dos comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, quienes defienden la ley de tierras y reclamaban la inconstitucionalidad del DNU 70/2023.

El juez sostuvo que debía remitirse la causa a la justicia federal de Bariloche sin dictar ninguna medida a fin de que allí se diese trámite a la causa. Entre las razones que esgrimió, Rosenkrantz remarcó que “la mera referencia genérica al medio ambiente no puede convertirse en una coartada para que los jueces dispongan medidas cautelares, siquiera interinas”.

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Además, advirtió que “el descontento que en distintos sectores de la sociedad pudo haber causado la sentencia” de la Corte de la semana pasada, cuando repuso el artículo 154 del DNU 70/23, que eliminaba los límites a la venta de tierras a extranjeros, “no justifica adoptar decisiones que la Constitución y las leyes no permiten”.

“Un proceder así solamente debilitará la confiabilidad del Poder Judicial de la Nación, del que depende su aptitud para resolver de un modo que todos puedan aceptar los conflictos que muchas veces enfrentan a los argentinos”, argumentó Rosenkrantz.

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El juez recordó que la semana pasada la Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata en la causa impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim). El máximo tribunal entendió que el Cecim, que había invocado que estaba en juego la soberanía, no tenía legitimación activa para promover el caso. Y fue muy crítico al advertir a los tribunales inferiores sobre reconocerles capacidad de iniciar acciones colectivas a actores que no tienen esa representatividad.

Rosenkrantz subrayó que en el planteo presentado por Odarda, Árbol de Pie y las comunidades indígenas, los actores alegaron que estaban legitimados en tanto defensores de la soberanía nacional e “invocaron la necesidad de defender la ‘legalidad constitucional’ en su carácter de ciudadanos, el ‘medio ambiente’ y los ‘derechos humanos de los pueblos indígenas’”.

“Ninguno de estos argumentos fue analizado en ‘C.E.C.I.M.’, pues allí este Tribunal sólo revisó la legitimación fundada en la defensa de la soberanía nacional y, sobre esa base, rechazó la demanda”, señaló Rosenkrantz.

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Y continuó: “Esta circunstancia —el rechazo de la pretensión por ausencia de legitimación fundada en un título distinto y no por consideraciones de fondo que pudieran ser comunes a ambas acciones— es lo que justifica remitir esta causa al juzgado de origen a fin de que continúe su trámite ante sus jueces naturales”.

Por otra parte, Rosenkrantz argumentó que la Ley 26.854 rige de manera específica la concesión de medidas cautelares en procesos judiciales donde interviene el Estado Nacional. Aclaró que el artículo 2, inciso 2 de la ley, habilita a un juez incompetente a dictar una medida cautelar únicamente si se acredita la existencia de sectores socialmente vulnerables, la afectación de la vida digna (CADH), la salud, derechos alimentarios o derechos de índole ambiental.

En el caso de Árbol de Pie, remarcó el juez, “esas condiciones no están cumplidas”. Los actores peticionaron la medida cautelar con base exclusiva en el “peligro de violación de la integridad territorial de las comunidades originarias” y el riesgo de que la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023 genere derechos adquiridos de extranjeros sobre grandes extensiones de tierras.

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Como los demandantes no encuadraron su petición dentro de ninguno de los supuestos taxativos contemplados en el artículo 2, inciso 2, de la Ley 26.854, el juez consideró que “no es legalmente posible dictar una medida cautelar en esta oportunidad”.

El juez también cuestionó que la Corte, siendo incompetente, dicte una medida interina en este caso, ya que no existen -dijo- “circunstancias graves y objetivamente impostergables”.

Tampoco encuentra justificación, sostuvo Rosenkrantz, el dictado de una medida cautelar, ni de una interina, en lo dispuesto por el artículo 32 de la ley general del Ambiente. “En la demanda no hay una sola indicación que permita inferir, siquiera mínimamente, que habría un peligro ambiental grave o irreversible que hiciera impostergable la adopción de una medida excepcionalísima. Como se dijo, la medida cautelar solicitada no fue fundada en la protección del ambiente”, puntualizó.

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Por último, el magistrado subrayó que, “por amplio que pudiere ser el criterio con el que corresponda interpretar las reglas procesales en materia ambiental, la mera referencia genérica al medio ambiente no puede convertirse en una coartada para que los jueces dispongan medidas cautelares, siquiera interinas”.

En concreto, según la visión del magistrado, “no corresponde emitir ningún pronunciamiento en esta etapa procesal sencillamente porque este Tribunal carece de competencia para ello”.

“Tomar una decisión en esta causa sin que otro tribunal se haya pronunciado previamente implicaría ejercer una competencia originaria fuera de los supuestos previstos por la Constitución Nacional”, apuntó.

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De esta manera, Rosenkrantz se diferenció de Rosatti, Lorenzetti y los conjueces Barroetaveña y Pérez Curci, y consideró que la causa debía ser remitida, sin dictar cautelar alguna, al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche a fin de que continúe su trámite en esa sede.




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