Aunque el Congreso permanece cerrado por receso de invierno, el Gobierno ya está analizando la forma de destrabar uno de los proyectos prioritarios que tiene en carpeta, la reforma política, que pretende cambiar el sistema electoral en el país, por lo que se vuelve una definición clave de cara a las negociaciones por las eventuales alianzas en las provincias.

En un principio, el oficialismo nacional planteó la eliminación definitiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una idea que mantienen desde el inicio de la gestión.

Sin embargo, incluso antes del freno legislativo por las vacaciones, y ante la falta de votos de los aliados, La Libertad Avanza aceptó estudiar otras alternativas para evitar así que todo el proyecto se cayera.

Quien llevó adelante las conversaciones fue la jefa del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich, aunque con la intervención del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El martes, “El Colo” recibió en la Casa Rosada a Juan Pablo Valdés, mandatario de Corrientes, una de las provincias con las que, a pesar de haberlo intentado, no se llegó a un acuerdo electoral en 2025.

En aquel entonces, el antecesor del actual gobernador, Gustavo Valdés, se negó a competir que cualquier otro candidato que no fuera su hermano, por lo que los libertarios decidieron ir por afuera y terminaron siendo duramente derrotados.

Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en su rol de titular del partido, tendrá sus propios encuentros políticos en los próximos días.

La funcionaria viajará la semana que viene a Chaco para verse con uno de sus históricos aliados, Leandro Zdero, y es probable que también a Raúl Jalil en Catamarca y a al senador Gerardo Zamora en Santiago del Estero.

“Falta mucho para la definición de las listas y de las alianzas. Hay que ver primero si va a haber PASO o no, entre muchos otros factores que van a influir”, reconocía ante Infobae uno de los armadores de LLA.

En este sentido, en el oficialismo remarcan que “el único objetivo real para el 2027 es que el Presidente consiga su reelección y todo lo que se haga va a ser para eso”.

En lo que respecta al Congreso, las autoridades nacionales reconocen que hay un retraso en las reformas, pero sostienen que “lo más importante es blindar todas las medidas económicas y el proyecto en general”.

”Hay un total de 13 gobernadores que tienen relación buena con nosotros. Yo los conozco y sé que no se van a tirar si no ven que hay agua en la pileta”, remarcó una fuente de Casa Rosada.

Para el entorno de Milei, los mandatarios locales “están viendo que hay una posibilidad, que hay un Presidente que en sus provincias está bien”.

De hecho, a pesar de los informes negativos de algunas consultoras y organismos, como el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, en el entorno presidencial confían en que el sello de La Libertad Avanza sigue fuerte.

“A nosotros nos da que está estable. Hubo una caída con el tema de Adorni, pero se mantuvo ahí. Nunca estuvo tan mal como algunos decían ni tan bien como marcaban otros. Está estable“, argumenta uno de los estrategas.

Para el equipo que diseña los planes de comunicación, “especialmente cuando medís una gestión durante un periodo largo de tiempo, para poder entender cómo se comporta la sociedad, hay que ver todo el panorama”.

“A veces hay picos para arriba o para abajo, pero vos lo que vas observando es cómo se comporta la serie histórica”, remarcan.

Aunque en Balcarce 50 se muestran confiados y fuertes, varios de los gobernadores aseguran que las negociaciones por los eventuales acuerdos electorales no es algo que los vaya a condicionar para apoyar los proyectos de ley que quiere la Nación.

El tema de las PASO es un ejemplo de ello, ya que muchos no están de acuerdo con que se eliminen, principalmente porque quieren dirimir sus internas locales sin tener que decidir apoyar solamente a un candidato presidencial.

“No hemos tenido respuesta hasta el momento”, respondió un mandatario aliado que propuso implementar las “listas colectoras” para solucionar el conflicto.

De acuerdo con lo que precisaron en Balcarce 50, las alternativas que ahora están sobre la mesa es que, en lugar de eliminar las primarias, únicamente se suspendan en el 2027.

Otra opción es aceptar la idea de la PAS, que impulsa el PRO, entre otros espacios, para que dejen de ser obligatorias y pasen a ser optativas, con comicios en los que compitan los partidos que tienen más de una boleta.

Todos estos escenarios debatirá la mesa política libertaria cuando vuelva a reunirse, luego de que se suspendiera el encuentro de este martes debido a que un de sus principales integrantes, Karina Milei, estaba de viaje en Perú, como parte de la comitiva que acompañó al Presidente en el acto de asunción de Keiko Fujimori.

Tras el receso invernal, el Congreso volverá a funcionar el 6 de agosto, para cuando el Gobierno pretende convocar a una mega sesión para tratar varias de las reformas que ya fueron enviadas.

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Con el Gobierno abocado a impulsar una serie de reformas económicas, el tratamiento de la reforma electoral continúa frenado mientras la Casa Rosada negocia con las provincias qué hacer con uno de sus puntos centrales: la eliminación de las PASO.

“Todavía falta”, respondieron en Balcarce 50 ante las consultas sobre el estado del proyecto oficialista, que en muchos despachos consideran clave para la reelección de Javier Milei.

Pese a la relevancia atribuida a la norma, pasaron más de tres meses desde su envío al Congreso y todavía está lejos de discutirse en el recinto. “Hoy lo más importante son todas las reformas económicas que se están presentando, lo otro se va cocinando al costado”, remarcó a TN una voz oficial.

Esa amplia lista incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que será presentada este jueves en cadena nacional por Javier Milei y su equipo económico; la ley para introducir cambios a Inocencia Fiscal enviada al Congreso la semana pasada; el paquete de inviolabilidad de la propiedad privada; la modificación al régimen de Zona Fría para eliminar subsidios a las tarifas de gas en varias provincias; y, más adelante, la iniciativa para incorporar el shutdown (apagón) del Estado cuando se agota el Presupuesto nacional.

Sin embargo, el lento avance de la reforma electoral se explica principalmente por la falta de apoyos en las cámaras legislativas. Para reunir las voluntades necesarias, la Casa Rosada continúa las conversaciones con los gobernadores de todos los espacios -salvo el kirchnerismo más duro-.

En ese sentido, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, viajarán la próxima semana a Chaco y se reunirán con el mandatario local, el radical Leandro Zdero. Por esas fechas, el ministro coordinador también recibirá en Balcarce 50 a los gobernadores peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero).

Para destrabar la reforma, bloqueada principalmente por la resistencia de los aliados a eliminar las primarias, el Gobierno todavía analiza múltiples vías de acción: desde la implementación de listas colectoras, hasta ir por una suspensión de las PASO —como en 2025— o convertirlas en opcionales.

Esa discusión está directamente vinculada con el escenario electoral del próximo año y los potenciales esquemas de alianzas, pero en el Gobierno insisten en que falta mucho para tomar ese tipo de definiciones. “Lo mas importante hoy es blindar todas las medidas y el proyecto económico, que necesitan del apoyo de la política en el Congreso”, remarcaron desde Casa Rosada a este medio.

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En sus cálculos, el oficialismo apuesta a contar con el apoyo de 13 gobernadores con los que mantienen buenas relaciones, como se demostró con su presencia en la asunción de Diego Santilli y en el acto por el 9 de julio en Tucumán.

“Los gobernadores no vienen si ven que no hay agua en la pileta. Evidentemente creen que hay una posibilidad (de una reelección de Javier Milei) y que el Gobierno mide bien en sus provincias”, enfatizó una fuente gubernamental. Así, el oficialismo mantiene abierta la discusión electoral mientras se propone avanzar con su agenda económica en el Parlamento.

Gobierno, reforma electoral, PASO

Mediante una resolución publicada en Boletín Oficial, el Gobierno busca darle mayor transparencia al uso de los fondos del Estado para todos aquellas jurisdicciones y entidades que dependan del Poder Ejecutivo Nacional. Es por ello que endureció los límites al uso de efectivo y cheques en el sistema de Fondos Rotatorios del Estado nacional.

Al mismo tiempo, extendió el período de medición del cumplimiento de esas restricciones, que hasta ahora se realizaba cada tres meses.

La reciente medida, firmada por el secretario de Hacienda, modificó la resolución 276/2018 y estableció que los organismos públicos habilitados para el uso de Tarjetas de Compra Corporativas del Banco de la Nación Argentina deberán reducir el peso de los pagos en efectivo y cheque al 20% del total de sus transacciones por Fondo Rotatorio, dentro de los primeros 180 días corridos desde que recibieron esa habilitación. Pasado ese plazo, el techo cae al 10% y debe mantenerse en ese nivel o por debajo de él.

Desde 2017, la Secretaría, bajo la órbita del Ministerio de Economía, impulsó la adopción de tarjetas prepagas corporativas como herramienta para reemplazar gradualmente los pagos físicos. Un año después, la normativa que se modifica a partir de esta publicación estableció metas trimestrales y sanciones para los organismos que no las cumplieran. La nueva norma extiende ese período de evaluación a seis meses —con revisiones intermedias trimestrales— y reduce los techos permitidos.

Las sanciones para quienes incumplan los límites también fueron actualizadas. Si la diferencia entre el nivel máximo permitido y el uso real de efectivo y cheque es igual o superior a 25 puntos porcentuales, la Tesorería General de la Nación recortará en un 40% el pago de las órdenes de reposición del Fondo Rotatorio o la cuota de pago diaria correspondiente. Si esa diferencia es menor a 25 puntos porcentuales, la reducción será del 20%. Esas restricciones se mantendrán hasta que el organismo alcance los niveles exigidos.

La decisión se sustenta en los datos recogidos por la Tesorería General de la Nación, que verificó desde la entrada en vigor de la resolución de 2018 una evolución sostenida hacia el uso de medios electrónicos. Esa tendencia fue la que llevó a la Secretaría de Hacienda a considerar que el sistema ya está en condiciones de soportar metas más estrictas.

Incluso, en el texto elaborado en aquel entonces remarcó la importancia de «consolidar la sustitución de los medios de pago físicos por aquellos que posibiliten la trazabilidad, acrecentando los niveles de transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos». Esta premisa se sostiene en la actualidad.

El régimen de Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas es el mecanismo de excepción que utilizan las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional para afrontar gastos urgentes que no pueden tramitarse por el circuito ordinario de órdenes de pago.

Qué cambia

La resolución de 2018 había fijado los primeros topes concretos para ese proceso de sustitución. Los organismos que ya contaban con tarjetas corporativas habilitadas debían alcanzar una relación de uso de efectivo y cheque no mayor al 30% del total de sus pagos por Fondo Rotatorio en una primera etapa, y luego reducir ese porcentaje al 20% tras 180 días corridos desde la primera medición. El cumplimiento de esos niveles se controlaba cada tres meses.

La nueva norma endurece ese esquema en forma directa. Elimina el umbral inicial del 30% y fija desde el primer momento un tope del 20% para el uso combinado de efectivo y cheque. Luego de otros 180 días, ese límite baja al 10%, y los organismos deben mantenerse en ese nivel o por debajo de manera permanente. La lógica de fondo es la misma que viene sosteniendo el Estado desde 2017: forzar el uso de la tarjeta corporativa como medio de pago dominante, dejando el efectivo y el cheque como recursos residuales y de última instancia.

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