POLITICA
Río Negro: suspendieron a un intendente de La Libertad Avanza, acusado de administración fraudulenta y peculado
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El Concejo Deliberante de la localidad de Allen aprobó hoy, por mayoría de seis votos contra tres, la suspensión preventiva del intendente Marcelo Román, referente de La Libertad Avanza (LLA), involucrado en un escándalo de presunta administración fraudulenta y peculado.
La medida, fundamentada en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa penal que enfrenta el mandatario. Mientras dure el apartamiento, el presidente del cuerpo legislativo, Fabián Figueroa (UCR Auténtica), asumirá de forma provisoria el Poder Ejecutivo.
La investigación penal, que tuvo su punto de inflexión el 18 de junio pasado con la formulación de cargos, se centra en el presunto desvío de fondos públicos para beneficio de un tercero. Según la acusación fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025, Román habría autorizado la compra de un teléfono celular por un valor de 479.999 pesos mediante un servicio corporativo a nombre del municipio. Sumando los abonos mensuales, el perjuicio total al erario público asciende a 596.812,38 pesos.
Lo más grave del caso, según la fiscalía, es que el dispositivo fue entregado a Sebastián Ocampo, un empresario de medios local que no posee vínculo contractual ni es agente de la municipalidad. Se alega que Ocampo utilizó el teléfono para “impartir órdenes y directivas” de manera indirecta a los empleados municipales, arrogándose facultades de gestión estatal con un recurso privado. Por este motivo, el empresario también fue imputado como partícipe necesario.
“El delito de partícipe necesario del segundo imputado se configura porque este hombre habría prestado colaboración indispensable para la consumación del ilícito. Puntualmente, porque tenía pleno conocimiento de no ser agente público ni poseía designación oficial alguna y aun así recibió el bien del Estado y lo usó”, describió la fiscal Graciela Echegaray.
Y sumó: “Dicha participación se materializó tanto en la recepción del dispositivo como en un uso activo, interviniendo en la estructura jerárquica municipal”.
En tanto, la justicia de Río Negro ha encuadrado la conducta del intendente bajo los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado (en concurso ideal). El dictamen legal que avaló la suspensión sostiene que la medida es de carácter “higiénico en términos institucionales” y busca resguardar el desarrollo de la investigación, evitando el entorpecimiento en la producción de pruebas, dado que aún restan testimonios de empleados municipales por recolectar.
El dictamen del asesor legal del Concejo Deliberante aclara que la decisión “de ninguna manera vulnera la presunción de inocencia de la que goza el señor intendente municipal”, ya que se trata de una medida preventiva mientras avanza el proceso judicial.
“Un acto anticonstitucional”
Tras conocerse la decisión del Concejo, Román rompió el silencio calificando la medida como un “acto tremendamente avasallador, ilegal y anticonstitucional”. El mandatario sostuvo que se trata de una maniobra basada en “cuestiones partidarias y políticas” para desconocer la soberanía popular.
Román confirmó que ya ha judicializado su suspensión y presentó una denuncia penal por “abuso total de autoridad” contra los concejales que votaron a favor de su apartamiento.
Además, defendió su inocencia asegurando que “cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario” y argumentó que, según su interpretación, la única vía legal para remover a un intendente es a través de un proceso de revocatoria o al finalizar su mandato.
Pese a la ordenanza, el dirigente de La Libertad Avanza manifestó inicialmente su intención de continuar al frente del municipio mientras se resuelven las presentaciones judiciales. Román es actualmente el único intendente libertario en la provincia de Río Negro.
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En un encuentro con rectores, Sergio Massa anticipó una derrota electoral de Javier Milei en 2027 – Nexofin
El exministro Sergio Massa encabezó un encuentro con rectores de casas de altos estudios en la Universidad Nacional de San Martín. Durante el cónclave, el referente del Frente Renovador respaldó los reclamos del sector académico frente al Poder Ejecutivo.
El excandidato presidencial pronosticó una derrota electoral del oficialismo liderado por Javier Milei en los próximos comicios. Al proyectar el escenario político futuro, afirmó que “el año que viene la mayoría de la sociedad le va a dar vuelta la página a esto”.
El dirigente remarcó el rol prioritario del sistema educativo en la estructura social e instó a planificar el retorno de investigadores. Ante las autoridades presentes, señaló: “Tienen que estar preparados” para recuperar a los profesionales emigrados.
Asimismo, defendió la gratuidad de la enseñanza superior como motor de equidad y desarrollo en el país. Durante su discurso, el dirigente enfatizó que “la universidad es la casa” para brindar oportunidades a las familias trabajadoras.
La actividad parlamentaria del dirigente se dio tras su visita a Cristina Kirchner en su domicilio del barrio de Constitución. La exmandataria cumple allí una condena a seis años de prisión dictada por la causa Vialidad.
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El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires repudió la absolución del sindicalista camionero que bloqueó una empresa
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifestó su repudio al fallo de la semana pasada que absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, acusado de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas por, entre otras acciones, bloquear la empresa Rey Distribución SRL, ubicada en San Pedro. La entidad consideró “escandaloso” el criterio jurídico del juez que firmó el fallo, Alejandro Gabriel López.
En un comunicado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó “su rechazo al escandaloso criterio jurídico adoptado por el juez Alejandro Gabriel López, del Tribunal en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, en la sentencia del 14 de octubre de 2026 que absolvió al dirigente del sindicato de camioneros Maximiliano Cabaleyro y a otros seis acusados”.
“El referido magistrado reconoció la existencia del bloqueo por reclamos sindicales que, mediante personas y un colectivo del sindicato, impidió durante cuatro días el ingreso y egreso de los camiones de la empresa. Sin embargo, encuadró arbitrariamente ese bloqueo en el ejercicio legítimo del derecho de huelga y, sobre esa base, descartó su carácter antijurídico”, reprochó la entidad, que preside Fernanda Miérez.
Al rechazar el criterio del juez que absolvió a Cabaleyro, el Colegio recordó que es “ilegal” el “bloqueo extorsivo a una empresa o comercio, aun cuando pudiera haber un reclamo laboral o sindical legítimo”. La entidad subrayó: “Parece insólito tener que recordar que el derecho a manifestarse no es absoluto, por lo que su ejercicio debe desarrollarse dentro del marco legal y respetar los derechos de terceros, en particular el derecho de propiedad, la libertad de comercio y la libre circulación/tránsito”.
“Un precedente como el expuesto debilita el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, condiciones necesarias para la generación de empleo y el desarrollo del país. Por ello, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera indispensable que ese absurdo criterio sea corregido en las instancias judiciales de revisión”, se subrayó en el comunicado del Colegio.
Cabaleyro fue absuelto el miércoles pasado. El fallo se basó en que ejerció el derecho de huelga y que no se acreditó que haya recibido pagos de parte de los empresarios en maniobras de extorsión. Llegó al proceso en prisión domiciliaria y quedó inmediatamente en libertad.
El fallo del juez López derivó en amplios repudios, que incluyeron un pedido de jury que presentó Manuel Passaglia, exintendente de San Nicolás y actual diputado bonaerense. Además, se expresaron contra la decisión judicial numerosas entidades.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) fue una de las instituciones que repudiaron el fallo del juez López. “Ante las decisiones judiciales que se tomaron en la semana, la Sociedad Rural Argentina expresa su preocupación frente a fallos que pueden debilitar el respeto por la ley y los derechos fundamentales. La libre circulación, la libertad de trabajo y el ejercicio de toda actividad lícita son pilares de una sociedad democrática y de una economía que busca desarrollarse. Ningún reclamo puede justificar la violencia, las amenazas, la extorsión ni los bloqueos que impidan el normal funcionamiento de una actividad productiva”, sostuvo la entidad agropecuaria.
La Unión Industrial Argentina (UIA) consideró el fallo “un preocupante retroceso en materia de seguridad jurídica y respeto por los derechos de quienes producen y trabajan en la Argentina”.
La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) consideró que avalar estas prácticas “representa un grave retroceso para la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión, el empleo formal y el desarrollo del país”.
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su “más honda consternación” por la absolución de Cabaleyro. “La impunidad es siempre lamentable y lo es aún más cuando, teniendo los magistrados los elementos correspondientes para hacer justicia, optan por avalar el delito”, se indicó en un comunicado de la entidad.
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Sergio Massa se reunió con rectores de universidades nacionales en medio de la disputa por el financiamiento
El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunió este miércoles con un nutrido grupo de rectores de universidades nacionales en medio de la fuerte disputa entre el sector con el Gobierno por el financiamiento. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Universidad Nacional de San Martín (USAM).
El ex ministro de Economía analizó la situación que atraviesa el sistema universitario argentino a casi una semana de la quinta Marcha Federal Universitaria que se llevó a cabo en el Palacio de Tribunales. Durante la cumbre, se puso el foco en la situación del sector, golpeado por el ajuste en los fondos necesarios para el funcionamiento y por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Justamente, Massa remarcó: “La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante. Todos sabemos lo que representa en términos de movilidad social ascendente en la Argentina, y defenderla es una obligación que tenemos todos como sociedad”.
En esa línea, el exministro de Economía advirtió sobre la pérdida de talento que provocó el ajuste: “Tenemos que recuperar a esos 10 mil docentes y científicos que se fueron del país”. Y planteó: “Tenemos que recuperar la centralidad de la Universidad como modelo de desarrollo”.
La reunión, que contó con la presencia de autoridades de distintas instituciones del sistema universitario, sirvió también para evaluar el impacto institucional de la reducción de fondos. Entre los temas abordados figuraron la difícil situación salarial de docentes y nodocentes, la falta de actualización de las becas estudiantiles y la paralización de las obras de infraestructura que estaban en marcha antes del cambio de gestión. Las cifras expuestas durante el encuentro reflejaron la magnitud del deterioro: desde diciembre de 2023, las universidades nacionales acumularon una caída presupuestaria real del 41,6%, mientras que los salarios del personal docente y no docente perdieron más del 30% de su poder adquisitivo.
El panorama se agrava si se tiene en cuenta el conflicto legal que rodea al financiamiento del sector. Pese a que el Congreso de la Nación sancionó y ratificó con mayoría agravada la Ley 27.795, el Poder Ejecutivo continúa sin aplicarla. Las universidades, a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), recurrieron a la Justicia y obtuvieron una medida cautelar, ratificada por la Corte Suprema, que obliga a actualizar los salarios y las becas. Sin embargo, esa orden judicial tampoco se cumplió.
A ese cuadro se sumó un fallo de primera instancia que declaró inconstitucional el decreto con el que el Ejecutivo frenó la puesta en vigencia de la norma. La sucesión de pronunciamientos judiciales adversos al Gobierno refuerza la posición de las universidades, aunque en la práctica los fondos siguen sin llegar.
La aparición de Massa en el centro del debate universitario no es un hecho aislado. En las últimas semanas, el líder del Frente Renovador intensificó sus actividades partidarias y sus pronunciamientos públicos tras un prolongado período de perfil bajo. A mediados de septiembre, encabezó un acto con más de mil jóvenes militantes de su espacio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde también defendió la educación pública y abogó por un cambio de paradigma económico. “Necesitamos un modelo de desarrollo productivo. Tenemos que defender la industria”, sostuvo en esa oportunidad.
Durante aquella actividad, el ex funcionario reivindicó su participación en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández y aseguró que su decisión de asumir el Ministerio de Economía respondió a la necesidad de evitar un desenlace más crítico. “En el peronismo todos sabemos que el gobierno de Alberto se iba en helicóptero. Decidimos poner el cuerpo y ayudar a que el peronismo termine su mandato”, afirmó ante los presentes.
En el plano partidario, Massa dejó definiciones que marcan su estrategia de cara al proceso electoral. Aunque descartó que sea momento de hablar de candidaturas, reconoció que “se viene una etapa de renovación en el peronismo” y convocó a las nuevas generaciones a tomar protagonismo. “No se trata de seguir a un dirigente, esa etapa se terminó. Llegó el momento de armar algo en conjunto”, expresó.
En paralelo, el dirigente busca posicionarse como un nexo entre los distintos sectores internos del movimiento, en un contexto donde las tensiones entre el ala cercana a Cristina Kirchner y la del gobernador Axel Kicillof continúan latentes.
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En un encuentro con rectores, Sergio Massa anticipó una derrota electoral de Javier Milei en 2027 – Nexofin
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