POLITICA
Río Negro: suspendieron a un intendente de La Libertad Avanza, acusado de administración fraudulenta y peculado
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El Concejo Deliberante de la localidad de Allen aprobó hoy, por mayoría de seis votos contra tres, la suspensión preventiva del intendente Marcelo Román, referente de La Libertad Avanza (LLA), involucrado en un escándalo de presunta administración fraudulenta y peculado.
La medida, fundamentada en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa penal que enfrenta el mandatario. Mientras dure el apartamiento, el presidente del cuerpo legislativo, Fabián Figueroa (UCR Auténtica), asumirá de forma provisoria el Poder Ejecutivo.
La investigación penal, que tuvo su punto de inflexión el 18 de junio pasado con la formulación de cargos, se centra en el presunto desvío de fondos públicos para beneficio de un tercero. Según la acusación fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025, Román habría autorizado la compra de un teléfono celular por un valor de 479.999 pesos mediante un servicio corporativo a nombre del municipio. Sumando los abonos mensuales, el perjuicio total al erario público asciende a 596.812,38 pesos.
Lo más grave del caso, según la fiscalía, es que el dispositivo fue entregado a Sebastián Ocampo, un empresario de medios local que no posee vínculo contractual ni es agente de la municipalidad. Se alega que Ocampo utilizó el teléfono para “impartir órdenes y directivas” de manera indirecta a los empleados municipales, arrogándose facultades de gestión estatal con un recurso privado. Por este motivo, el empresario también fue imputado como partícipe necesario.
“El delito de partícipe necesario del segundo imputado se configura porque este hombre habría prestado colaboración indispensable para la consumación del ilícito. Puntualmente, porque tenía pleno conocimiento de no ser agente público ni poseía designación oficial alguna y aun así recibió el bien del Estado y lo usó”, describió la fiscal Graciela Echegaray.
Y sumó: “Dicha participación se materializó tanto en la recepción del dispositivo como en un uso activo, interviniendo en la estructura jerárquica municipal”.
En tanto, la justicia de Río Negro ha encuadrado la conducta del intendente bajo los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado (en concurso ideal). El dictamen legal que avaló la suspensión sostiene que la medida es de carácter “higiénico en términos institucionales” y busca resguardar el desarrollo de la investigación, evitando el entorpecimiento en la producción de pruebas, dado que aún restan testimonios de empleados municipales por recolectar.
El dictamen del asesor legal del Concejo Deliberante aclara que la decisión “de ninguna manera vulnera la presunción de inocencia de la que goza el señor intendente municipal”, ya que se trata de una medida preventiva mientras avanza el proceso judicial.
“Un acto anticonstitucional”
Tras conocerse la decisión del Concejo, Román rompió el silencio calificando la medida como un “acto tremendamente avasallador, ilegal y anticonstitucional”. El mandatario sostuvo que se trata de una maniobra basada en “cuestiones partidarias y políticas” para desconocer la soberanía popular.
Román confirmó que ya ha judicializado su suspensión y presentó una denuncia penal por “abuso total de autoridad” contra los concejales que votaron a favor de su apartamiento.
Además, defendió su inocencia asegurando que “cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario” y argumentó que, según su interpretación, la única vía legal para remover a un intendente es a través de un proceso de revocatoria o al finalizar su mandato.
Pese a la ordenanza, el dirigente de La Libertad Avanza manifestó inicialmente su intención de continuar al frente del municipio mientras se resuelven las presentaciones judiciales. Román es actualmente el único intendente libertario en la provincia de Río Negro.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: tras la inflación de agosto, el Presidente pidió: “Confíen, porque hay con qué”
La inflación no empezó con cero en agosto. Sin embargo, pese a las sobreexpectativas generadas por el Gobierno, el índice de precios (IPC) del mes mostró una desaceleración frente a la variación de julio y registró un alza de 1,7% gracias al impacto de la baja de los valores estacionales.
De esta manera, logró la marca más baja en lo que va del año. Para encontrar un número por debajo de este registro en la era libertaria, hay que remontarse a junio de 2025, cuando el índice oficial fue de 1,6%. En el acumulado anual, la inflación alcanzó un 21,3%, y sumó 33,5% en doce meses.
POLITICA
El Gobierno oficializó la creación de un nuevo sistema para coordinar la política exterior y reforzar la posición sobre Malvinas
El Gobierno oficializó este viernes la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, que funcionará bajo la órbita de Cancillería y tendrá como objetivo coordinar las actividades internacionales de organismos nacionales que puedan afectar los intereses del país.
La medida fue establecida mediante el Decreto 983/2026, publicado en el Boletín Oficial, e incluye una atención específica sobre cualquier gestión que pueda incidir en el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La decisión establece que los organismos alcanzados deberán informar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto determinadas reuniones, comunicaciones, negociaciones y otras actividades que involucren a autoridades extranjeras, organismos internacionales o sujetos de derecho internacional.
La obligación alcanza, entre otros casos, a las gestiones que puedan fijar o comunicar posiciones oficiales de la Argentina, incidir sobre negociaciones diplomáticas en curso o derivar en acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento, declaraciones conjuntas o cartas de intención.
También deberán notificarse aquellas actividades que puedan generar consecuencias diplomáticas, jurídicas, institucionales o políticas para el país, comprometer los lineamientos de política exterior definidos por el Poder Ejecutivo o afectar directa o indirectamente la posición argentina sobre Malvinas.
El decreto remite al artículo 8°, inciso a), de la Ley 24.156 para determinar los organismos comprendidos. Esa categoría contempla a la Administración Central y los organismos descentralizados, incluidas las instituciones de seguridad social.
Cancillería podrá hacer advertencias sobre las gestiones internacionales
A partir de la información recibida, Cancillería podrá intervenir cuando considere que una actividad puede afectar los lineamientos de política exterior, las relaciones internacionales, negociaciones diplomáticas en curso o intereses internacionales de la Argentina.
En esos casos, el Ministerio estará facultado para formular advertencias y realizar recomendaciones u orientaciones debidamente fundamentadas.
Si la relevancia del tema lo justifica, esas observaciones podrán ser elevadas a la máxima autoridad del organismo involucrado.
Sin embargo, el decreto establece un límite concreto al nuevo sistema: la intervención de Cancillería no implica una aprobación o autorización de la actividad y tampoco reemplaza las facultades que correspondan a cada organismo.
La norma señala además que la coordinación no modificará la dependencia jerárquica, administrativa ni funcional de los funcionarios alcanzados.
Cada organismo deberá designar a una persona como “enlace” con Cancillería, que será responsable de canalizar la información y articular la intervención del Ministerio cuando corresponda.
En situaciones consideradas estratégicas o sensibles, también podrá solicitarse la participación de diplomáticos del Servicio Exterior u otros funcionarios especializados en política exterior.
El Gobierno puso una atención especial sobre las gestiones vinculadas con Malvinas
Uno de los puntos centrales del decreto es la referencia expresa a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno sostuvo que la defensa de los derechos de soberanía exige una acción estatal “coordinada y coherente” para evitar gestiones, declaraciones o posiciones que puedan afectar el reclamo argentino.
Por ese motivo, deberán ser informadas las actividades internacionales que involucren aspectos vinculados con esos territorios o que “pudieran incidir directa o indirectamente en la soberanía argentina”.
El Ejecutivo argumentó además que la creciente interacción de los distintos organismos nacionales con gobiernos extranjeros y entidades internacionales hace necesario fortalecer los mecanismos internos de coordinación para mantener una posición exterior uniforme.
La norma contempla algunas excepciones. Quedan fuera del sistema las gestiones ante organismos financieros internacionales, bancos multilaterales de desarrollo o entidades similares cuando se limiten exclusivamente a cuestiones financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o de ejecución de programas.
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En tanto, la información sometida a regímenes especiales de reserva, confidencialidad o secreto seguirá regulándose por las normas específicas correspondientes.
El decreto fue firmado por Javier Milei, Diego Santilli, Pablo Quirno Magrane, Carlos Alberto Presti y Luis Caputo y entrará en vigencia este sábado.
Javier Milei, Malvinas Argentinas, boletin oficial
Este viernes expira el plazo otorgado a Manuel Adorni para presentar su descargo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El ex jefe de Gabinete ya había obtenido una prórroga de 15 días concedida por el juez Ariel Lijo.
En tribunales estiman que la defensa podría solicitar una nueva postergación para analizar chats y facturas del contratista Matías Tabar. El objetivo es refutar los montos declarados por refacciones inmobiliarias que ascenderían a 245.000 dólares en el country Indio Cuá.
El fiscal Gerardo Pollicita intimó al exfuncionario a responder más de 20 puntos sobre sus movimientos financieros. Entre los aspectos centrales figuran inversiones en criptomonedas, la compra de un departamento en Caballito y gastos familiares en efectivo.
La investigación detectó erogaciones en moneda extranjera que alcanzaron 374.081 dólares, de los cuales el 92,9% fueron abonados en efectivo. Además, la fiscalía señaló una diferencia superior a 43 millones de pesos entre ingresos acreditados y egresos registrados.
La presentación de estas explicaciones constituye una instancia procesal clave previa a una eventual declaración indagatoria. Una vez recibido el informe, la fiscalía evaluará si la documentación y los justificativos presentados resultan suficientes.
La entrada Vence el segundo plazo para que Manuel Adorni brinde las explicaciones sobre su patrimonio se publicó primero en Nexofin.
Declaración Jurada,Enriquecimiento ilícito,Manuel Adorni,Patrimonio
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