POLITICA
El gobierno de Axel Kicillof acordó con los gremios docentes un aumento salarial del 7%

Tras semanas de tensión paritaria, con un paro provincial de por medio y una oferta rechazada de plano, el gobierno de la provincia de Buenos Aires cerró este miércoles un nuevo acuerdo salarial con los gremios docentes y el personal de la Ley 10430: un aumento del 7% escalonado, con un 5% a aplicarse en julio y un 2% adicional en agosto, ambos calculados sobre los haberes de junio.
La firma se produjo con el respaldo de la mayoría de las asociaciones sindicales convocadas a la mesa de negociación y pone fin, al menos por ahora, al conflicto que tensó la relación entre el Ejecutivo bonaerense y los trabajadores estatales durante las últimas semanas.
El acuerdo llega después de que la negociación tocara un piso el 3 de julio, cuando el gobierno ofreció un incremento del 2,5% y los gremios que integran el Frente de Unidad Docente —SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y UDA— lo rechazaron sin siquiera someterlo a consulta de las bases. Aquella reunión virtual, convocada de manera extraordinaria, no arrojó ningún acuerdo y quedó en cuarto intermedio sin fecha de reanudación confirmada. La distancia entre lo que el Estado provincial estaba dispuesto a ofrecer y lo que los sindicatos consideraban aceptable era, en ese momento, considerable.
El cierre de esta nueva paritaria no es un hecho aislado: se produce en un clima en el que los docentes bonaerenses habían realizado, días antes de aquella reunión fallida, el primer paro de alcance estrictamente provincial en seis años de gestión de Kicillof. La medida de fuerza, que los propios gremios estimaron con un 95% de acatamiento, marcó un punto de inflexión en la dinámica del conflicto y aceleró los tiempos de la negociación.
El ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, valoró el resultado alcanzado: “Estamos muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales. Valoramos el trabajo de las y los trabajadores de la Provincia, que son quienes garantizan la seguridad, la educación, la salud, y todos los derechos y servicios que el Estado provincial provee a las y los bonaerenses, por eso desde la gestión del gobernador Axel Kicillof hacemos un enorme esfuerzo en materia salarial mientras seguimos mejorando de forma constante las condiciones laborales del Estado provincial».

Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, subrayó el alcance de lo acordado más allá de los números: “Este acuerdo tiene un fuerte valor político porque fue una propuesta integral. No solo dio respuesta a las condiciones salariales, sino que también incorporó avances fundamentales para las y los docentes y las y los estatales en materia de derechos y condiciones laborales. Demuestra que, con diálogo, negociación colectiva y decisión política, es posible ampliar derechos. Ese es el camino que sostiene el Gobierno de la provincia de Buenos Aires: poner a las y los trabajadores en el centro de las políticas públicas.»
El rechazo a la oferta del 2,5% y el paro que aceleró la negociación
El 1 de julio, los gremios del Frente de Unidad Docente llevaron adelante una huelga en las escuelas públicas bonaerenses que, según sus propias estimaciones, alcanzó un 95% de acatamiento. Fue la primera medida de fuerza de alcance exclusivamente provincial desde que Kicillof asumió la gobernación. La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Liliana Olivera, la describió como “contundente en toda la provincia” y señaló que la protesta respondía tanto a la falta de recomposición salarial como a la situación de violencia en las escuelas.

Olivera fue precisa respecto de la posición de los sindicatos frente al aumento: “Empatarle a la inflación es perder porque hemos tenido una inflación del 2,1%; pero el índice de alimentos fue del 2,5% y el de servicios del 2,6%”. La dirigente explicó que el objetivo de la FEB era obtener un incremento por encima del IPC, dado que la pérdida de poder adquisitivo afectaba de manera directa la economía de cada trabajador.
Dos días después del paro, el Ejecutivo provincial convocó de urgencia a una reunión virtual en la que ofreció el 2,5% mencionado. Los gremios del Frente de Unidad Docente lo rechazaron sin consulta a las bases y la mesa quedó en suspenso. Desde el gobierno reconocieron las limitaciones del contexto: “No hay manera de hacer frente al costo de vida. A eso se suma el ahogamiento financiero a la provincia, que hace cada día más difícil dar una respuesta integral como estamos acostumbrados a dar. Pero vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para mejorar la negociación”, señalaron fuentes oficiales.
Qué incluye el acuerdo para el sector docente
Más allá del incremento salarial, el acuerdo para los trabajadores de la educación incorpora una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso hacia el personal docente. El texto busca fortalecer las herramientas de prevención y abordaje de estas situaciones, con especial atención a los casos graves o complejos, que a partir de ahora serán tratados en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad. El Estado provincial también reforzará las acciones que le corresponden en este marco.
La problemática de la violencia escolar había sido uno de los ejes del conflicto previo. Olivera había advertido que en las dos semanas anteriores al paro se registraron entre seis y siete casos graves en distintos distritos, y que los docentes eran agredidos tanto por padres como por alumnos. “El docente no está cuidado para nada. Ningún trabajador es golpeado en su ámbito de trabajo”, señaló la dirigente de la FEB.
El acuerdo también contempla la creación de la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, con materiales gráficos, videos y piezas de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, junto con acuerdos de convivencia y corresponsabilidad entre la escuela y las familias.
Detalles del acuerdo para el personal de la Ley 10430
Para los trabajadores comprendidos en la Ley 10430, el acuerdo va más allá del ajuste salarial. El texto contempla el pase a planta permanente del personal ingresado entre 2024 y 2025, una medida de estabilidad laboral que afecta a una franja de empleados estatales incorporados durante los últimos dos años.
A eso se suma la modificación de los procesos de selección para cargos jerárquicos, con el objetivo de actualizar y transparentar los mecanismos de acceso a posiciones de conducción dentro del Estado provincial.
El acuerdo prevé además la conformación de mesas técnicas para dar continuidad a la discusión de los convenios colectivos de trabajo, la carrera administrativa y otros temas pendientes de resolución en el ámbito de la negociación colectiva con este sector del empleo público bonaerense.
POLITICA
Desplazaron a Darío Genua de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, desplazó este martes a Darío Genua de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. La salida dejó vacante un cargo con influencia sobre organismos científicos, tecnológicos y de telecomunicaciones, mientras la Casa Rosada define al reemplazante.
La salida fue una decisión directa de Santilli, atribuyeron diversas fuentes del entorno oficialista. Después de ser notificado, Genua presentó la renuncia. En la estructura actual, el jefe de Gabinete ya tiene una terminal propia dentro de esa dependencia, el subsecretario de Ciencia y Tecnología, José Luis Acevedo.
De esta forma, la secretaría conserva bajo su órbita al Conicet, el organismo con mayor dotación de toda la Administración Pública Nacional, con 25.805 personas, según el último recuento del INDEC. También siguen en esa estructura la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Centro Nacional de Ciberseguridad y la empresa VENG.
Cambios en el control de organismos
El movimiento se produjo después de una serie de cambios que ya habían reducido el peso político de la secretaría. Por decreto, el Ente Nacional de Comunicaciones pasó a depender en forma directa de la Jefatura de Gabinete, mientras que Arsat y el Correo Oficial quedaron bajo la órbita del vicejefe del Interior Gustavo Coria, hombre de confianza de Santilli.
Ese mismo reordenamiento incluyó a la Agencia de Acceso a la Información Pública, que también quedó bajo control directo del jefe de Gabinete. En paralelo, la única empresa pública que seguirá controlando la secretaría es VENG, dedicada al desarrollo de tecnología para el acceso al espacio.

La decisión impacta además en el equilibrio interno del oficialismo. Genua respondía políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo, pero mantenía diferencias de larga data con Santilli, y en distintos sectores del Gobierno coincidían en que esa relación no tenía margen de continuidad.
El recambio no tiene reemplazante confirmado. En Balcarce 50 descuentan que el sucesor será alguien alineado con Santilli y con aval de Karina Milei, aunque la definición seguía en debate.
Una salida que se venía gestando
La posibilidad de su salida circulaba desde hacía semanas, aunque la decisión política de remover a Genua ya estaba tomada, pero que aún no se había hecho efectiva por la dificultad de acordar un reemplazo para un área de interés estratégico.
Infobae consignó que dentro del Gobierno circularon versiones sobre reuniones entre Santilli, Caputo y otros funcionarios para coordinar el recambio, aunque desde otros sectores de la Casa Rosada rechazaban esos trascendidos. La explicación que daban entonces era que la demora respondía a una cuestión de “tiempos” y a la búsqueda de un candidato con el perfil necesario para conducir la secretaría.
Genua había asumido formalmente en junio de 2024 y su salida se produjo en medio de una reestructuración impulsada desde la Jefatura de Gabinete. El área mantiene facultades sobre instituciones centrales para la política científica nacional, entre ellas la CONAE, el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Conicet.

Genua, quien había reemplazado a Alejandro Cosentino, tiene un recorrido profesional alejado del mundo científico-tecnológico. Es licenciado en Administración de Empresas por la UCA y transitó cargos en gobiernos de distinto signo político.
Fue director de Telecom Argentina por el Estado entre 2015 y 2018. Más tarde, entre 2019 y diciembre de 2023, ocupó un cargo de peso en la intendencia de Pilar durante la gestión del kirchnerista Federico Achával.
En ese período en Pilar estuvo al frente de la secretaría de Economía e Ingresos Públicos del municipio del norte del conurbano bonaerense. Ese paso lo vinculó políticamente con el Frente de Todos.
Pese a que Achával fue reelegido y atraviesa su segundo mandato, Genua dejó esa gestión y pasó a trabajar con Juan Martín Ozores, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
POLITICA
El camino en el Congreso del paquete de reformas económicas que anunció Milei: los proyectos oficiales y el ingreso por Diputados

El presidente Javier Milei anunció por cadena nacional un paquete de reformas económicas que en las próximas horas el Ejecutivo deberá enviar al Congreso: se trata de una nueva carta orgánica del Banco Central, un proyecto de “grillete fiscal” para evitar un presupuesto deficitario, así como una ley para reformar el mercado de capitales y otra para los seguros.
El mandatario presentó en su exposición los lineamientos conceptuales de las cuatro iniciativas parlamentarias, pero aún se desconoce la letra chica de cada una. Tras la cadena nacional, la Casa Rosada formalizará el envío de cada proyecto a la Cámara de Diputados, que preside el libertario Martín Menem.
Una vez que los proyectos ingresan por mesa de entrada, comienza el derrotero parlamentario en sí, que contempla una serie de instancias clave antes de su sanción definitiva. Dada la transversalidad de las leyes, se descuenta que el oficialismo hará su “giro” a distintas comisiones especializadas: al menos la de Presupuesto y Hacienda —hoy encabezada por el diputado libertario Bertie Benegas Lynch— y Legislación General —conducida por el oficialista Santiago Santurio—.
Las leyes que enviará el Gobierno al Congreso
Sin conocer aún los detalles de cada iniciativa, Milei anunció que el paquete de reformas económicas contempla cuatro iniciativas distintas.
La primera es la reforma del Banco Central que contempla restringir su misión a la de “preservar el valor de la moneda”. La iniciativa también contempla una prohibición al Tesoro Nacional, las provincias y los municipios, y a la compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario.
La nueva carta orgánica estipula que el presidente del Banco Central y al directorio solo podrá ser removidos con dos tercios de los votos de ambas cámaras del Congreso (Senado y Diputados). Este cambio es significativo porque actualmente el titular del BCRA, Santiago Bausili, está designado en comisión: su nombramiento no fue aún aprobado por el Senado, que nombra dicho cargo por seis años.
Un último punto del proyecto prevé restringir pagos de dividendos “por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez” y eliminar lo que Milei llamó “la estafa de las letras intransferibles.”
La segunda ley que Milei presentó fue la de “Grillete fiscal”, que contempla si el resultado fiscal es deficitario entrará en vigencia automática un shutdown estatal que solo garantizará los servicios básicos: salud, defensa, educación y asistencia social y previsional.
La ley de Mercado de capitales que propone el Gobierno buscará desregular el mercado de capitales y la ley de Mercado de seguros permitirá que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa.
El derrotero parlamentario
No hay plazos formales para que las leyes se debatan en primera instancia en las comisiones, pero el oficialismo buscará apurar su tratamiento, sobre todo porque en septiembre se abre otro frente parlamentario clave: el Presupuesto del próximo año. Por ley, el Poder Ejecutivo debe enviar el proyecto de Presupuesto al Congreso antes del 15 de septiembre de cada año. La iniciativa de gastos públicos también es discutida en el ámbito de la comisión especializada, aunque suele votarse hacia fin de año o incluso en sesiones extraordinarias en el verano. Además en el Congeso el oficialismo tiene otros tema de peso en agenda: la denominada ley de “inocencia fiscal” y la ley de Propiedad Privada, que aún no pudo avanzar en el Senado.
También se desconoce formalmente si el paquete de leyes económicas serán cuatro leyes separadas o una misma reforma económica integral. En todo caso, en el ámbito de comisiones el Gobierno enviará a funcionarios para defender los cambios.
Sin tener mayoría propia, La Libertad Avanza buscará acordar la letra final de cada ley con sus aliados habituales: el PRO, la UCR y fuerzas provinciales. Eso quiere decir que las iniciativas de leyes puede sufrir modificaciones. Recién con una mayoría de firmas en las comisiones las leyes pueden ser giradas para su votación en el recinto de la cámara.
Para lograr la media sanción LLA necesita la mayoría de los votos. Tras su aprobación, las leyes tienen que ser giradas al Senado para su sanción definitiva. Si en la Cámara alta se incorporan modificaciones a los textos aprobados en Diputados, las iniciativas tienen que volver a su cámara de origen para la sanción definitiva.
Así, el calendario parlamentarios del Gobierno depende de distintas variables: el ritmo de la negociación con los bloques dialoguistas —claves para garantizar el quórum y una mayoría cómoda— y la agenda de sesiones que definan sus espadas, desde Martín Menem en Diputados a Patricia Bullrich en el Senado, pasando por la negociación que pueda entablar el propio jefe de Gabinete, Diego Santilli. La aspiración máxima del Gobierno es terminar el año con las reformas aprobadas. “Confío en que el Congreso acompañe las reformas que cambiarán a la Argentina para siempre”, enfatizó Milei en su cadena nacional.
Banco Central, Javier Milei, Congreso
POLITICA
La reforma de la Carta Orgánica del BCRA entrará por Diputados y el Gobierno buscará aprobarla en agosto

El presidente Javier Milei anunció formalmente este jueves a través de una cadena nacional que enviará al Congreso un proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central para dotarlo de mayor autonomía. El Presidente también anunció otra iniciativa, denominada “Grillete Fiscal”, que “apagará” (shutdown) parte del Estado si el resultado fiscal es deficitario durante varios meses consecutivos, y adelantó reformas estructurales en el mercado de capitales y el régimen de seguros.
Según señalaron fuentes de La Libertad Avanza a Infobae, todas estas iniciativas ingresarán al Congreso por la Cámara de Diputados. El oficialismo ya planea una o dos sesiones durante el mes de agosto en las que se tratarán la ampliación de la Inocencia Fiscal, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que enfrenta un futuro incierto en el Senado por las dudas de bloques y gobernadores aliados a apoyar la ley que elimina los límites para la venta de tierras a extranjeros.
En tanto que el flamante proyecto de Grillete Fiscal y las reformas del mercado de capitales y los seguros quedarán para “más adelante”. “Estos proyectos tienen una secuencia, pero están todos interconectadas”, explicó Milei durante la cadena nacional.
“Pueden ser dos sesiones, el 19 y el 26 de agosto, o una mega sesión, pero todo va a depender de lo que pase la semana que viene en el Senado (el jueves se debatirá la Inviolabilidad de la Propiedad Privada)”, explicaron desde bloque oficialista en Diputados. De hecho, este martes el titular de la Cámara baja, Martín Menem, se reunirá con jefes de bloques dialoguistas para negociar el cronograma legislativo y también para abrir el juego a que los aliados incluyan proyectos propios en las próximas sesiones.

“La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política. La inflación acumulada desde 1935, cuando se creó el BCRA, es una cifra de 20 dígitos. Más de 12 trillones por ciento de inflación”, dijo Milei para defender su proyecto.
En principio, la idea de dotar al Banco Central de una mayor autonomía goza de cierto consenso entre los bloques aliados, lo que facilitará la negociación para el Gobierno. Tanto el PRO, como la UCR y la Coalición Cívica han presentado proyectos en el pasado, durante gobiernos peronistas, para ponerle un límite a la financiación del Tesoro vía emisión monetaria (algunos todavía tienen estado parlamentario).
“Celebro el anuncio del Presidente sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Desde 2022 vengo insistiendo en este camino y presenté un proyecto que aborda exactamente estos puntos. Hoy el Gobierno avanza en la dirección correcta: fortalecer reglas para dar previsibilidad”, publicó el radical Lisandro Nieri, cercano al gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

Sin embargo, todos los consultados por este medio aclararon que primero debían leer la letra chica del proyecto y hasta adelantaron algunas críticas en base al discurso de Milei. “Milei propone mayorías agravadas de dos tercios para la remoción de los miembros del directorio, pero no exige esa misma mayoría, u otra calificada, para su designación”, el diputado Maximiliano Ferraro, de la CC. Según explicó el propio Milei, se necesitarán dos tercios del Senado y de Diputados para el desplazamiento del presidente de la entidad y de los miembros del directorio, lo cual tornará extremadamente difícil su remoción tras un cambio de gobierno. No obstante, el Gobierno actual no tuvo que reunir ese amplio consenso político para designar a Santiago Bausili.
“Lo que quiere es dejar a sus funcionarios amigos más allá de su mandato, sin el mínimo intento de construir los consensos necesarios para eso”, argumentó el presidente de la Coalición Cívica a nivel nacional. Por otro lado, propuso completar la reforma de Milei con otras iniciativas: “No alcanza solo con reformar la Carta Orgánica si no se le ponen límites a los DNU y se modifica la Ley 26.122. De lo contrario, cualquier gobierno, actual o futuro, podrá revertir estos cambios con la sola firma del Presidente y sus ministros, tal como se ha hecho antes para intervenir el Banco Central o disponer de sus reservas. Si realmente quieren blindar la independencia del BCRA, hay que limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo y fortalecer la capacidad del Congreso para declarar la invalidez y/o nulidad de los DNU”.

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque Provincias Unidas señalaron que es probable que la iniciativa del Gobierno tenga un apoyo mayoritario. Aunque en el ecléctico bloque donde pisan fuertes los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) también aclararon que esperarán a conocer la letra chica del borrador.
Con esta base de apoyos, si el oficialismo logra sostener su alianza estratégica con los gobernadores de Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, San Juan, Santa Cruz y Neuquén, o con al menos la mitad de ellos, tendrá el camino despejado para la media sanción en Diputados.
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