En la semana de la Marcha Federal de Salud, la oposición en la provincia de Buenos Aires y el gobierno provincial volvieron a poner en debate el funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). A los pedidos de informes que se giran en tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado bonaerense, se le sumó el reclamo por la presencia del presidente del organismo, Homero Giles, en la Legislatura o, en su defecto, del ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak; quién en las últimas horas se refirió al tema y además explicó que IOMA no escapa a la situación generalizada de las obras sociales producto del desfinanciamiento del gobierno nacional y, en instancia superior, al programa económico de la administración Milei.

Este jueves, diputados y senadores provinciales de La Libertad Avanza fueron hasta el edificio central de IOMA en La Plata y presentaron en la mesa de entrada un escrito consultando sobre la actual crisis y exigiendo información sobre la deuda, cobertura y situación de los afiliados. En esa nota, dejada en mesa de entrada, hay consultas sobre deuda con prestadores, interrupción de servicios, reclamos judiciales, situación de discapacidad, salud mental, copagos, convenios médicos y ejecución presupuestaria, entre otros puntos. Además, el informe reúne proyectos de ley, pedidos de informes y resoluciones vinculadas a la crisis de la obra social, presentados tanto en el Senado como en Diputados durante los últimos períodos legislativos.

El tema no es nuevo. El diputado por el PRO Fernando Rovello fue uno de los primeros legisladores que presentó distintas iniciativas al respecto. A principios de 2024 pidió la interpelación de Giles. No consiguió los votos necesarios. Ahora forma parte de un grupo de legisladores que semanas atrás volvieron a pedir lo mismo. El proyecto pidiendo la presencia del titular de IOMA en Diputados lleva las firmas de Diego Garciarena, Silvina Vaccarezza y Matías Civale (UCR+Cambio Federal), Andrés De Leo (Coalición Cívica) y Alejandro Rabinovich (PRO). Fue luego de la medida de fuerza que llevó adelante la Agremiación Médica Platense y el reclamo que los cuidadores que prestan servicio a través de IOMA llevaron hasta la puerta de la gobernación provincial.

“Hace 6 años que gobiernan la Provincia y los afiliados al IOMA sufren falta de cobertura , deterioro y abandono total; las deudas del Instituto con los municipios vienen incrementándose desde hace tiempo y la falta de gestión y voluntad política para resolver estructuralmente que la obra social funcione no existe”, planteó Rovello ante la consulta de este medio. El día de la apertura de sesiones, Rovello le planteó el tema a Kicillof cuando lo recibió en el marco de la comisión de recibimiento en Diputados.

Días atrás también se presentó un proyecto para crear una comisión bicameral de seguimiento del funcionamiento de IOMA. La propuesta, impulsada por la legisladora, Priscila Minnaard tendrá por objeto fiscalizar el estado prestacional, financiero y administrativo del IOMA, auditar la transparencia en el manejo de sus recursos y proponer planes de normalización para garantizar el derecho a la salud de sus afiliados. Además plantea que ni la presidencia ni la secretaría de dicha bicameral sea ocupada por un legislador del mismo espacio político que el Ejecutivo actual.

Cualquier pedido de interpelación o solicitud de informe por este tema debe tratarse en la comisión de Salud Pública. Este viernes se conocieron la integración y conducciones de las comisiones en Diputados. En la Cámara baja, Salud, quedó para el legislador del peronismo, Martín Rodríguez, ex número 2 de PAMI, durante el gobierno del Frente de Todos. Rodríguez, al igual de Giles y Kreplak, forman parte de La Cámpora.

En la administración bonaerense reconocen que el IOMA, -que posee al año 2025 2.132.113 afiliados- entre obligatorios y voluntarios, tuvo que aumentar su nivel de presentación ante la “caída” del resto de las obras sociales o prepagas. La migración la aducen principalmente al programa económico de Milei. Es uno de los factores que estresaron la capacidad de respuesta de la obra social de los empleados públicos bonaerenses y municipales. Tras la Marcha Federal de Salud, el ministro Kreplak planteó que “frente a una crisis sanitaria cada vez más profunda, la única respuesta que encuentran es atacar al IOMA y politizar la discusión para no hablar de los problemas reales que atraviesa todo el sistema de salud”. El integrante del Gabinete de Kicillof sostuvo que el sistema sanitario argentino “atraviesa una situación crítica como consecuencia directa de las políticas económicas impulsadas por el gobierno nacional” y advirtió que “todos los sectores están siendo afectados: hospitales públicos, obras sociales, clínicas privadas, trabajadores de la salud, jubilados y pacientes”.

En 2024, Kreplak brindó un informe ante los senadores y diputados provinciales. Semanas atrás se cumplieron dos años de ese encuentro. Lo recordó el senador Marcelo Leguizamón (Hechos). Si bien reconoció la presencia en ese momento de Kreplak -“fue de los pocos ministros del gobierno de Kicillof que vino a la Legislatura”, dijo- planteó que en ese momento se había acordado una reunión con Giles “que jamás ocurrió”.

“Lo que sucede con el IOMA no excede a la situación que atraviesa el conjunto de las obras sociales y del sistema de seguridad social argentino. La diferencia es que, aun en este contexto, el IOMA sigue aumentando prestaciones y sosteniendo la cobertura”, refutó Kreplak. La oposición buscará que el ministro o Giles comparezcan a la Legislatura

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El Gobierno apercibió a la Superliga Profesional del Fútbol Argentino y la intimó a entregar documentación en un plazo de 10 días hábiles administrativos. La medida fue dictada por la Inspección General de Justicia el 20 de mayo, en el marco de la veeduría informativa dispuesta por el Ministerio de Justicia para revisar documentación societaria, contable y financiera vinculada al funcionamiento de la entidad.

La sanción es leve en términos jurídicos: se trata de un apercibimiento con publicación íntegra a cargo de la Superliga en un diario de mayor circulación nacional, no de una multa ni de una intervención. Sin embargo, el movimiento no es menor en términos administrativos y políticos, porque la IGJ dejó asentado que la entidad incumplió el requerimiento de los veedores y dificultó las tareas de fiscalización.

La resolución, firmada por el inspector general Alejandro Ramírez, ordena además que la Superliga permita el acceso a la documentación requerida por el veedor designado. El organismo advirtió que, si la entidad no cumple dentro del nuevo plazo, podrá avanzar con sanciones mayores. En el oficialismo leen ese punto como la base para sostener una escalada administrativa si persiste la falta de colaboración.

La decisión se da mientras el Ejecutivo mantiene en pausa nuevos pasos contra la AFA, a la espera de una definición de la Justicia civil. En Nación sostienen que la entidad que conduce Claudio Tapia presentó una apelación contra la veeduría y que el recurso fue concedido por la Cámara, por lo que prefieren aguardar ese pronunciamiento antes de avanzar con apercibimientos o medidas compulsivas.

El escenario de la Superliga es distinto. Según consta en la resolución, el veedor Diego Coste se presentó el 7 de mayo en la sede social inscripta de la entidad, ubicada en Olga Cossettini 771, piso 4, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí fue recibido por la abogada Candelaria Moirano, quien no permitió la compulsa de la documentación e información requerida.

En esa visita, Coste dejó un requerimiento formal y otorgó un plazo de cinco días hábiles para que la entidad aportara la información en soporte digital o indicara la modalidad en que sería entregada. La IGJ sostuvo que, vencido ese plazo, no había constancia de contestación ni pedido de ampliación. Por eso consideró acreditado el incumplimiento del requerimiento y avanzó con el apercibimiento.

La veeduría fue dispuesta por la Resolución Ministerial 188/2026 por un plazo de 180 días hábiles. El expediente se inició para relevar documentación presentada por la Superliga ante la falta de contestación de vistas vinculadas con los balances correspondientes a los ejercicios económicos 2020 a 2024. La IGJ también busca compulsar decisiones económicas y financieras adoptadas por sus órganos sociales en relación con la AFA y verificar posibles inconsistencias entre el objeto social de la entidad y la actividad efectivamente desplegada.

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La resolución también explicita el alcance de la tarea del veedor. Entre los objetivos figuran analizar estados contables y financieros de 2017 a 2025, con apertura amplia de cuentas y partidas, identificar actos que pudieran implicar violaciones a la ley, al estatuto o a los reglamentos de la entidad, y recabar cualquier otra información necesaria para el ejercicio del control estatal. Ese punto muestra que la ofensiva no se limita al último balance, sino que apunta a reconstruir el funcionamiento económico de la Superliga en relación con el fútbol argentino.

En el Ministerio de Justicia distinguen ese expediente del frente abierto con la AFA. La conducción de Tapia viene resistiendo la veeduría y mantiene judicializada la discusión sobre las facultades de control del Gobierno nacional. La Casa Rosada busca evitar una medida que pueda ser objetada por prematura mientras la Cámara Civil no se pronuncie, pero al mismo tiempo sostiene la presión sobre el costado documental de la investigación.

La Ley 22.315 habilita a la IGJ a sancionar a asociaciones civiles, fundaciones y entidades que no provean información, entreguen datos falsos, infrinjan obligaciones legales o estatutarias, o dificulten el ejercicio de las funciones de fiscalización del organismo. El esquema sancionatorio incluye apercibimientos, publicación a cargo del infractor y multas.

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