POLITICA
Viraje en el PJ: el peronismo revisa su relación con la Justicia y disputa los espacios de poder del kirchnerismo

El peronismo ensaya un acercamiento a sectores de la Justicia con los que hasta hace poco se mostraba enfrentado. El viraje se inscribe en una discusión más amplia dentro del PJ, donde distintas vertientes internas empiezan a revisar posiciones que durante años fueron incuestionables bajo la conducción del kirchnerismo. La renovación del Consejo de la Magistratura, prevista para dentro de menos de un mes, amenaza con acelerar esa disputa.
“Estos tipos se quedan”, reconoció a un referente del espacio para explicar el cambio de actitud frente a la Justicia.
La frase funciona como una síntesis del pragmatismo que empieza a imponerse en parte del PJ, que ya no ostenta en el Congreso las mayorías legislativas que le permitían ser un actor con poder de veto. Ahora debe negociar.
El nuevo equilibrio de fuerzas tendrá consecuencias concretas: el PJ podría perder injerencia en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar candidatos para cubrir vacantes judiciales y de intervenir en los procesos de sanción y remoción de jueces. La Libertad Avanza (LLA), en cambio, se fortalecerá.
La fecha límite es el 18 de noviembre. Para entonces, deberán definirse los ocho consejeros que corresponden al Congreso, cuatro por Diputados y cuatro por el Senado. En cada cámara, la fuerza con mayor representación tiene derecho a dos lugares, mientras que las dos minorías siguientes se reparten los restantes. Los candidatos deben ser abogados.
Actualmente, los lugares del peronismo están ocupados por dirigentes identificados con Cristina Kirchner: Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti en el Senado, y Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade en Diputados. Pero el nuevo reparto amenaza con alterar ese predominio.
Los lugares en disputa
La disputa más áspera se anticipa en Diputados, donde el peronismo pasaría de dos representantes a uno. Los aliados de Sergio Massa ya avisaron que darán pelea por ese lugar. También buscan intervenir en la definición referentes del peronismo federal, como el entrerriano Guillermo Michel.
La discusión pone a prueba el peso de Cristina Kirchner dentro de un partido en plena reorganización. ¿Conservará su representación o cederá espacio a otras vertientes del PJ, más predispuestas a aceitar los vínculos judiciales?
En el Senado, en cambio, las negociaciones parecen más encaminadas. Suenan con fuerza Eduardo “Wado” de Pedro y el exgobernador de San Juan Sergio Uñac. Ambos mantienen un vínculo fluido con la expresidenta, pero tienen perfiles más proclives al diálogo que los actuales representantes.
De Pedro es oriundo de Mercedes, al igual que la familia Mahiques, con la que mantiene canales de diálogo. El clan ganó influencia en el entramado judicial desde que Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia de Javier Milei. El senador también fue señalado como uno de los interlocutores del Gobierno durante las negociaciones por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema.
Por entonces, distintas fuentes lo ubicaban en diálogo frecuente con el asesor presidencial Santiago Caputo, aunque desde su entorno siempre negaron que cumpliera ese papel.
Uñac, en tanto, proviene del peronismo federal y gobernó San Juan hasta 2023. Su pragmatismo quedó expuesto recientemente cuando votó a contramano de su bloque la reforma de la ley de glaciares impulsada por el oficialismo.
En el bloque peronista no confirman ni descartan las postulaciones. “No hay nada oficial”, se limitan a señalar. Pero, de concretarse, los reemplazos marcarían un cambio significativo en la forma en que el PJ busca relacionarse con la Justicia.
Ya hubo expresiones concretas en este sentido. Durante este año, el peronismo acompañó buena parte de los pliegos judiciales enviados por el oficialismo y hasta se dividió para facilitar la prórroga de Carlos “Coco” Mahiques −padre del ministro− en la Cámara Federal de Casación Penal.
También respaldó el ascenso a camarista en el fuero Penal Económico de Pablo Yadarola, uno de los jueces que participó del viaje a Lago Escondido en 2022, un episodio que había desatado durísimas críticas del kirchnerismo e impulsado una denuncia.
Esta vez, sin embargo, el PJ optó por acompañarlo. Su rechazo no habría alcanzado para impedir la designación y prefirieron no exhibir impotencia legislativa.
Se impuso, además, una mirada de largo plazo. Sin fuerza para imponer condiciones ni incidir en los nombres, parte del peronismo prefirió acompañar antes que quedar al margen de decisiones judiciales cuyos efectos trascenderán al actual gobierno.
Los libertarios ganan terreno
La renovación también promete reordenar el peso del oficialismo y sus aliados en el Consejo de la Magistratura. LLA conservaría la banca que actualmente ocupa el cordobés Gonzalo Roca por Diputados y sumaría otras dos: una en esa cámara, para la que suena el santafesino Nicolás Mayoraz, y otra en el Senado, donde aparece como candidata la neuquina Nadia Márquez.
Se trata de postulantes fieles a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que apuesta a sumar injerencia en el mundo judicial. Uno de sus principales aliados es el viceministro de Justicia, Santiago Viola, que ocupa la banca por el Poder Ejecutivo en el organismo.
En el bloque libertario aclaran, de todos modos, que las conversaciones siguen abiertas y que todavía no hay definiciones. En Diputados, el cuarto lugar quedaría para las fuerzas aliadas. Álvaro González, de Pro, busca renovar su mandato y negocia el respaldo del radicalismo y de Provincias Unidas.
En el Senado, en cambio, Pro perdería la representación que actualmente ocupa Luis Juez. El último lugar correspondería al radicalismo, donde Eduardo “Peteco” Vischi aspira a renovar su mandato, aunque podría enfrentar una disputa con el bonaerense Maximiliano Abad, que suma influencia en la agenda judicial.
El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 miembros: ocho legisladores, cuatro abogados, cuatro jueces, dos académicos, un representante del Ejecutivo −actualmente el viceministro de Justicia Viola− y el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
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POLITICA
Qué son las colectoras, el sistema que de votación que analiza el gobierno para las elecciones 2027

En su intento por imponer su proyecto de reforma política, el gobierno de Javier Milei propone a sus aliados incluir una modificación al texto original que autoriza a usar el sistema de “colectoras” o “adhesiones”. Se trata de un mecanismo que permite a un candidato presidencial competir con más de una lista de legisladores adosada a la propia.
De ser aprobado, le permitiría al Gobierno ofrecerles a sus aliados la posibilidad de tener una lista propia de candidatos legislativos que esté ligada a la candidatura presidencial del propio Milei. Como el corazón de la reforma es la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la inclusión de las adhesiones dejaría un espacio de diferenciación a los partidos aliados que no quieren diluir su identidad en la boleta de La Libertad Avanza (LLA).
El sistema de colectoras fue prohibido en 2019 a partir de un decreto que firmó Mauricio Macri previo a las elecciones en las que perdió contra Alberto Fernández.
Antes se había usado profusamente. Lo usó, por caso, Cristina Kirchner en 2011 en la provincia de Buenos Aires, cuando su candidatura presidencial a la reelección tuvo dos candidatos distintos a gobernador, Daniel Scioli (por el sello oficial Frente para la Victoria) y Martín Sabbatella (por Nuevo Encuentro).
De otro modo, en 2019 el radical Gerardo Morales presentó su candidatura a gobernador de Jujuy adosada tanto a la lista presidencial de Macri como a la de Sergio Massa. Así ganó la provincia.
Aunque todavía no se presentó el texto definitivo del proyecto, fuentes del oficialismo sostienen que se pondrá un límite de dos listas de adhesión en cada frente principal. Esto se debe a que el sistema debería convivir con la boleta única, cuyo espacio es limitado.
Durante años las colectoras no estaban ni permitidas ni prohibidas por el Código Electoral. Su uso se popularizó después de la crisis de los partidos políticos que significó el estallido de 2001.
La reforma electoral que creó las PASO, después de la derrota kirchnerista en los comicios de mitad de mandato de 2009, abrió la puerta a una regulación de las colectoras. Se hizo en el decreto reglamentario, de 2011, en el que se dispuso que en la formación de alianzas “pueden establecerse acuerdos de adhesiones de boletas de diferentes categorías para las elecciones generales, con otras agrupaciones políticas no integrantes de la alianza”.
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POLITICA
$LIBRA: uno de los imputados busca apartar a la jueza Ledesma y frenar la revisión que podría reactivar la causa

La defensa de Mauricio Novelli pidió apartar a la jueza Ángela Ledesma de la revisión de la causa $LIBRA, después de que la Sala II de la Cámara de Casación —que integra la magistrada— admitió por mayoría revisar los recursos de queja presentados por querellantes que reclaman volver a ser incluidos en el expediente.
El experto en criptomonedas que aparece relacionado con Javier Milei recusó a la magistrada con el argumento de que “su vínculo institucional con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales compromete la garantía de imparcialidad judicial”, porque esa organización intentó ser parte en el expediente.
Si el recurso que debe definir Casación termina por legitimar a los supuestos damnificados, se abriría una vía para discutir el cierre del expediente e intentar reactivar la investigación. Además de Ledesma, la Sala II de Casación Penal está integrada por Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, quienes deberán resolver la solicitud de Novelli.
Actualmente, $LIBRA es un caso cerrado en primera instancia, después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente de la Nación, a su hermana Karina Milei y otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli. El fiscal Eduardo Taiano había dictaminado que no había elementos para sostener la existencia de un delito.
Mientras la Casación tiene pendiente evaluar la reincorporación de los querellantes, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó un escrito ante el juzgado, donde señaló que faltan pruebas para dar concluida la pesquisa, entre ellas reconstruir el recorrido de los fondos y profundizar el análisis de comunicaciones y acuerdos comerciales.
La recusación
El recurso que presentó la defensa de Novelli se concentró en el rol que deberá asumir la jueza Ángela Ledesma dentro de Casación. El planteo sostiene que Ledesma integra el Comité Consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que es parte del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).
Para la defensa, esa relación adquiere relevancia porque ambas organizaciones intentaron participar en la causa $LIBRA como querellantes. Aunque la Justicia rechazó aquel pedido, las entidades continuaron presentando iniciativas vinculadas con el impulso de la acusación.
También señaló a la organización porque cuestionó los sobreseimientos dispuestos en el caso y promovió otras medidas para sostener la investigación.
Uno de los fundamentos expuestos por Daniel Rubinovich, el abogado de Novelli, remite a una publicación difundida por CIPCE el 7 de septiembre de 2026, que llevaba por título “Caso $LIBRA: excluir a las querellas profundiza la impunidad”.
El escrito de la defensa señaló que INECIP y CIPCE realizaron gestiones ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para impulsar la intervención de ese organismo en las incidencias recursivas promovidas por las querellas.
La posición de Novelli es que “existen circunstancias objetivas que comprometen la garantía constitucional de imparcialidad judicial”.
Además, recordó dos antecedentes en los que la propia jueza había pedido no intervenir por su relación con estas organizaciones. El primero ocurrió en 2007, dentro de la causa conocida como Masacre de Pompeya. De acuerdo con el escrito, Ledesma se excusó entonces debido a la preocupación que INECIP había manifestado sobre ese proceso.

Los demás integrantes del tribunal aceptaron aquella excusación. La defensa señaló que la intervención de la entidad en ese expediente era menor que la que ahora atribuye a INECIP y CIPCE dentro de la causa $LIBRA.
El segundo antecedente corresponde a 2011, en la causa “López”. En ese expediente, Ledesma solicitó su inhibición ante la pretensión de CIPCE de actuar como amigo del tribunal.
La defensa remarcó que, si la magistrada consideró que esos vínculos justificaban su apartamiento en casos previos, debería adoptar una decisión similar frente a una actuación que describe como más intensa por parte de las dos organizaciones.
El rol de Novelli en la causa $LIBRA
Mauricio Novelli, trader y organizador del Tech Forum Argentina, fue uno de los once investigados que resultaron sobreseídos en primera instancia. Durante la pesquisa, su nombre quedó asociado a un eventual rol de intermediación entre el entorno de Javier Milei y empresarios del ecosistema cripto, entre ellos Hayden Davis, uno de los impulsores del token.
La causa se originó a partir de denuncias que plantearon que la promoción de $LIBRA por parte de Javier Milei en X habría formado parte de una maniobra coordinada: tras el mensaje presidencial, el token subió con rapidez, atrajo fondos de miles de compradores y luego se desplomó cuando algunas billeteras retiraron liquidez.
Los denunciantes sostuvieron que esa secuencia pudo configurar una estafa y también pidieron investigar posibles delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
POLITICA
El Banco Central identificó otros US$15 millones en la ruta que investiga el dólar blue

Durante menos de cuatro meses de 2023, una agencia de cambio domiciliada en el oeste del conurbano bonaerense movió en efectivo más de US$15 millones. No le vendió dólares a ningún ahorrista. Los compró a otras agencias al precio oficial y se los revendió a otras agencias, en billetes, sin dejar rastro bancario. Para el Banco Central (BCRA), ese circuito “evidentemente tenía por finalidad adquirir divisas a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo”, también conocido como blue.
Así surge de un sumario que el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet, firmó el 27 de octubre pasado y al que accedió . Con este avance, el organismo cerró su accionar contra Mas Divisas SA, una exagencia de cambio con domicilio en Ramos Mejía, indicada como un eslabón más del presunto pasamanos de dólares entre agencias de cambio cuando las restricciones del cepo estaban vigentes.
Los US$15 millones conviven con los al menos US$607 millones que, según un informe judicial, movió el circuito denominado “del dólar blue”. Otros cálculos arrojan una cifra mayor: US$900 millones, estimados en base a otros sumarios del BCRA.
Según este último sumario, entre el 6 de marzo y el 30 de junio de 2023, Mas Divisas compró exactamente US$15.627.166. Los dólares le llegaron de otras cuatro agencias. Y la mayoría de ese dinero terminó en manos de una misma empresa.
“Estas transacciones en pesos y dólares se realizaron en efectivo (…) lo que imposibilitó la trazabilidad bancaria de los fondos involucrados”, consignó el BCRA. Para el organismo, la licencia de Mas Divisas fue usada “como una pantalla o telón legal”.
La agencia, durante el desarrollo del sumario del BCRA, negó las acusaciones. Una representante legal suya presentó una nota con la que defendió su accionar. En un acta de directorio del 3 de enero de 2023 resolvió operar “por movimientos de caja o efectivo”, con el argumento de que los bancos no le abrían cuentas, e invocó el “derecho constitucional de trabajar”. Pese a esto, la explicación no conformó a los investigadores del BCRA.
Por la diferencia entre lo que pagaba y lo que cobraba, la agencia ganó al menos $74,2 millones en esos cuatro meses, según el cálculo del organismo. ARCA también le puso un ojo a la agencia de cambios. Ante el intento de obtener una constancia de inscripción de Mas Divisas ante el fisco, el sistema informa que “posee incumplimientos notificados por falta de presentación de DDJJ”, en alusión a declaraciones juradas.
Una de las contrapartes de Mas Divisas conduce a otros sumarios del BCRA. Ese es el caso de Concordia Inversiones, que según los documentos oficiales otorgó “mutuos” en dólares a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Ese sumario alude a “transferencias en dólares estadounidenses, realizadas a 53 personas humanas” entre el 1° de febrero y el 19 de abril de 2023. Según el detalle, hay sujetos que recibieron más de una transferencia. Hubo 56 movimientos por US$150.000 cada uno, seis de US$125.000, dos de US$110.000, uno de US$130.000 y otro de US$100.000. Todos ellos suman US$9,8 millones.
“Como justificación del origen de los fondos presentaron contratos de mutuos que documentaban préstamos otorgados por la entidad sumariada”, sostiene el sumario contra Concordia Inversiones. Un detalle: la devolución de los montos iba a realizarse en ‘dólar billete’ (sic), tal cual surge del documento del BCRA.
Allí están volcados los nombres y CUIT de los receptores de los mutuos. Un cruce de esa información con documentos comerciales en una base utilizada por bancos permitió observar que de los 53 sujetos, cinco percibieron la AUH y siete son monotributistas.
Estos sumarios exponen las sospechas del BCRA sobre la ruta del rulo financiero, también conocida como la del dólar blue. La entidad monetaria publicó documentos que dan cuenta de supuestas maniobras con montos todavía más elevados.
La documentación del Central incluye operaciones de dinero desde enero de 2022 hasta octubre de 2023. Las páginas analizadas por aluden a investigaciones hechas a Gallo Cambios, Mega Latina, Stema Cambios y Arg Exchange, la casa de cambio de Elías Piccirillo, también conocido como “el rey del dólar blue”.
Por separado, suman ventas que ascienden hasta los US$1371 millones. Sin embargo, al considerar que muchos de los giros fueron cruzados entre estas mismas entidades, la cifra baja a US$900 millones.
Su pérdida de trazabilidad (las casas de cambio recibían pesos, pero no registraban operaciones de venta de dólares) y un “activo mercado paralelo” durante estos años son los indicios que el BCRA utilizó para argumentar el posible desvío de estos millones. Entonces, la Superintendencia a cargo de Curutchet identificó a los proveedores de los dólares y hasta dónde llegan sus rastros.
La cifra total de las investigaciones vinculadas a la ruta del dólar blue varía. Un trabajo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) la estimó en US$607 millones, en base a extracciones en efectivo realizadas por las casas de cambio investigadas por el rulo financiero durante la época del cepo.
“El mecanismo desplegado redundó en la disposición patrimonial por medio de la sustracción del mercado legal de al menos US$607.432.023 a través de extracciones en efectivo, con una ganancia posible ilícita proporcional a la brecha cambiaria vigente -que en este período llegó a superar el 100%- en perjuicio del sistema de la administración de reservas y del destino regulatorio asignado a la adjudicación de divisas al tipo de cambio oficial“, sostuvo la jueza María Servini antes de que las causas por el ”rulo» quedaran concentradas bajo la tutela del juez Ariel Lijo.
Ignacio Grimaldi,Dólar blue,Conforme a
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