El gobierno de Javier Milei presentó sus primeros lineamientos formales de política nuclear y fijó cuatro objetivos para reordenar el sector: generar divisas con exportaciones de alto valor agregado, asegurar energía con bajas emisiones, preservar la capacidad tecnológica nacional y consolidar el liderazgo regional, según un documento de 54 páginas elaborado por la Secretaría de Asuntos Nucleares al que accedió Infobae. Fue difundido el 7 de junio, en el 76° aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

El texto no funciona como un plan operativo con cronogramas ni partidas presupuestarias. Es un marco doctrinario que define qué debe esperarse del sector, por qué el Estado lo sostiene y con qué lógica se tomarán las decisiones.

Ese marco parte de un diagnóstico técnico de las capacidades instaladas y culmina con críticas hacia las gestiones anteriores. “El problema central del sector nuclear argentino dejó de ser de naturaleza técnica con bastante antelación al período presente”, sostiene el documento, que añade que la capacidad de diseño, operación, fabricación y producción “está consolidada”, pero no ocurrió lo mismo con el andamiaje institucional, comercial y de gestión que permita convertirla en industria a escala, exportaciones sostenidas y retorno verificable para el país.

Falencias y dominios

El documento afirma que la Argentina integra el grupo de 15 países que dominan la totalidad del ciclo del combustible nuclear. También recuerda que opera tres centrales de potencia, exporta reactores de investigación, produce radioisótopos médicos y forma cuadros técnicos con reconocimiento internacional.

La Comisión Nacional de Energía Atómica fue creada en mayo de 1950. Ocho años después, el país ya operaba el primer reactor de investigación de América Latina, construido localmente, y desde entonces acumuló capacidades en operación de reactores, fabricación de elementos combustibles, producción de radioisótopos médicos y exportación de reactores de investigación.

Sobre esa trayectoria, los lineamientos formulan una crítica política e institucional. “Lo que el país hizo bien lo sostuvo durante décadas, y lo que hizo mal lo sostuvo también durante décadas”, dice el documento, que resume la asimetría en otra frase: “Argentina ha producido sostenidamente ciencia y técnica nuclear de nivel internacional, pero no ha logrado convertir esa producción en industria de escala equivalente”.

La nueva arquitectura oficial comenzó el 9 de diciembre de 2025, cuando el gobierno de Javier Milei creó la Secretaría de Asuntos Nucleares en la órbita del Ministerio de Economía. Según el comunicado difundido entonces por el Palacio de Hacienda, la estructura fue diseñada para supervisar y coordinar el sector con el objetivo de aportar dinamismo y mayor eficacia a la política pública vinculada a la actividad. El titular del flamante organismo es Federico Ramos Nápoli.

De acuerdo con ese mismo comunicado, la Casa Rosada buscó potenciar una tradición de “75 años de historia” y aprovechar recursos como el uranio para posicionar al país como proveedor estratégico internacional de ese mineral. Seis meses después, los lineamientos identificaron tres rasgos que, a juicio de la secretaría, distinguen a la actividad nuclear del resto de las industrias.

El primero es la densidad tecnológica acumulada: un sector nuclear completo integra física aplicada, ingeniería de materiales, química de procesos, sistemas de control e ingeniería de seguridad.

La segunda es la barrera de entrada elevada: construir capacidad nuclear desde cero requiere inversiones de decenas de miles de millones de dólares y plazos de entre 15 y 25 años. Los países que disponen de recursos financieros pero carecen de trayectoria nuclear no pueden adquirir ese acceso mediante compra simple; quedan estructuralmente condicionados a depender de los pocos que sí poseen las capacidades. Argentina ya está del lado favorable de esa barrera.

La tercera es el carácter de infraestructura crítica de seguridad nacional: la operación nuclear involucra materiales fisionables y compromisos de no proliferación, es decir, no concentrar uranio 235 a nivel militar —esto es, al noventa por ciento para fabricar armas atómicas—, una responsabilidad que el país cumple desde la creación de la CNEA y que únicamente el Estado puede asumir, lo que hace imposible la delegación pura al mercado.

A esas tres características se agrega la posición geopolítica favorable de Argentina: está fuera de las zonas de conflicto que afectan al sector nuclear global, no mantiene tensiones con potencias nucleares y combina capacidad técnica acumulada con estabilidad geopolítica, “una combinación que pocos países del mundo presentan simultáneamente”, según el texto.

Las nueve potencias nucleares que poseen armamento atómico de destrucción masiva son: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) en su informe 2026 asegura que estos estados poseen un inventario global de aproximadamente 12.187 ojivas nucleares. Rusia y Estados Unidos concentran casi el noventa por ciento de ese arsenal.

Exportar tecnología y no subsidiar proyectos inviables

Los “Lineamientos Política Nuclear Argentina 2026” establecen que la política de la Secretaría de Asuntos Nucleares “se ordena en torno a cuatro metas con jerarquía explícita”. Cuando dos entran en tensión, prevalece la de mayor rango.

El primero y más alto es la generación de divisas mediante exportaciones de alto valor agregado. El documento señala que Argentina debe constituirse como un actor clave en la cadena de suministros global de tecnología nuclear, priorizando segmentos donde la oferta mundial está concentrada en pocos proveedores y la demanda proyectada excede la capacidad instalada disponible. Quedan expresamente excluidas de este objetivo la exportación de uranio sin procesamiento —“segmento de bajo margen donde Argentina no presenta ventajas comparativas estructurales”— y los proyectos cuya viabilidad dependa de subsidios cruzados con recursos públicos.

El segundo objetivo es la seguridad energética con bajas emisiones. Las líneas de acción son tres: operar las centrales existentes —Atucha I, Embalse y Atucha II— en condiciones óptimas de disponibilidad técnica y costo operativo; evaluar caso por caso la incorporación de nueva capacidad de generación nuclear bajo el mismo estándar comparativo aplicable a cualquier otra alternativa; y participar de forma informada en el desarrollo global de reactores modulares pequeños, sin precipitar inversiones que la demanda eléctrica argentina no respalde. El texto descarta explícitamente como meta la maximización de la participación nuclear en la matriz eléctrica como fin en sí mismo.

La tercera meta es preservar y desarrollar la capacidad tecnológica nacional mediante la consolidación y modernización del sistema de formación nuclear especializada y su incorporación progresiva a universidades nacionales con tradición en ingeniería.

El cuarto objetivo es el liderazgo regional y el posicionamiento geopolítico: consolidar a Argentina como referencia técnica e institucional del sector nuclear en América Latina y el Caribe, y traducir su pertenencia al grupo de países con capacidad nuclear plena en ventajas concretas de inserción internacional, alianzas estratégicas y participación en los foros multilaterales donde se definen las reglas del sector.

El liderazgo regional, establece el documento, se construye mediante oferta de valor sostenida en el tiempo, no mediante imposición de modelos ni dependencias asimétricas. A nivel global, Argentina ofrece su trayectoria de uso pacífico y cumplimiento riguroso de los regímenes de no proliferación como activo de credibilidad institucional.

El precio del uranio, la IA y la geopolítica

Los lineamientos sitúan esta política en una “cuarta fase” del sector nuclear global iniciada alrededor de 2020. El texto repasa la secuencia marcada por el accidente de Chernobyl en 1986, la hibernación posterior a Fukushima entre 2011 y 2020 y la recesión que llevó el precio del uranio a USD 18 por libra en 2016; diez años después, afirma, ese valor casi se triplicó y hay cerca de 70 unidades adicionales en construcción en el mundo.

El primer factor que explica la oportunidad, según el documento, es la reestructuración de las matrices energéticas. La transición hacia bajas emisiones requiere generación firme y despachable, y la energía nuclear aparece allí como la única opción industrialmente probada a escala global para ese segmento.

El segundo factor es el aumento de la demanda eléctrica asociada a centros de cómputo vinculados con inteligencia artificial. El texto sostiene que esas cargas requieren suministro continuo y altos estándares de confiabilidad, un perfil que se alinea con la generación nuclear y, en particular, con los reactores modulares pequeños aún en proceso de maduración comercial.

El tercero es el reposicionamiento geopolítico de las cadenas del ciclo del combustible. El documento describe una transición desde un mercado optimizado por costo hacia otro segmentado por confiabilidad geopolítica, y señala que capacidades críticas como la conversión y el enriquecimiento estaban concentradas en pocos proveedores, algunos hoy afectados por tensiones políticas que empujan a las economías occidentales a buscar diversificación.

Aunque no los menciona de manera expresa, el propio texto permite identificar a actores como la empresa rusa Rosatom y a Kazajistán por su peso en el abastecimiento global y por el impacto geopolítico derivado de la invasión rusa a Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022. En menor medida, la descripción también remite a la concentración de oferta en China.

El documento agrega dos señales financieras e institucionales del cambio global: el Banco Mundial levantó su prohibición de financiar proyectos nucleares y la Corporación Andina de Fomento estrechó vínculos con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que depende de Naciones Unidas y está conducido por el diplomático argentino Rafael Grossi.

Ingresos claros

La estrategia oficial promueve una convergencia progresiva hacia esquemas de articulación público-privada similares al de CONUAR S.A., una empresa con capital mayoritariamente privado y participación minoritaria de la CNEA que opera desde hace más de cuatro décadas. La conformación accionaria propuesta prevé al socio privado como aportante mayoritario del capital y a la CNEA como socio minoritario que aporta tecnología y personal capacitado.

Los seis principios rectores del documento refuerzan esa lógica. El primero establece que la validación de proyectos debe basarse en criterios comerciales y afirma: “Un proyecto que demuestra factibilidad técnica pero no encuentra cliente no debe entenderse como éxito incompleto sino como costo en sentido económico estricto”.

El segundo sostiene que la autonomía nuclear se demuestra con entregas efectivas y no con declaraciones públicas. “Argentina dejó de necesitar esa retórica en el momento en que adquirió capacidad técnica real”, señala el texto.

El tercer principio indica que la continuidad institucional sin resultados verificables es inercia y no virtud. El cuarto fija que el sector existe para producir, abastecer y exportar, y relega la investigación a un papel legítimo pero subordinado a esa finalidad productiva.

El quinto reconoce al sector privado como socio del Estado en la ejecución sectorial. El sexto impone disciplina fiscal y eficiencia operativa como condiciones obligatorias y no como preferencias programáticas: “La importancia estratégica eleva el estándar de exigencia al que cada proyecto debe responder, dado que las áreas estratégicas requieren mayor rigor en la asignación de recursos y no menor”, sostiene el informe, que explicita que el Gobierno busca que la participación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en proyectos actuales y futuros le genere ingresos claros en lugar de gastos.

Patricia Bullrich cuestionó este jueves las explicaciones que dio el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el crecimiento de su patrimonio y consideró que las inconsistencias detectadas en su declaración jurada exceden un simple error administrativo.

“Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado”, afirmó la titular del bloque de senadores libertarios.

La exministra de Seguridad sostuvo además que será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades en el caso. “Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”, agregó, en declaraciones a La Nación.

Las declaraciones se conocieron luego de que Adorni presentara su declaración jurada para intentar despejar las dudas sobre el incremento de sus bienes. Bullrich había sido una de las primeras dirigentes oficialistas en reclamar públicamente que el funcionario diera explicaciones sobre su situación patrimonial.

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Fue la propia senadora quien, hace poco más de un mes, le pidió al jefe de Gabinete que presentara la documentación “de inmediato”. Antes de hacerlo público, también se lo habría comunicado al presidente Javier Milei e intentó plantear el tema durante una reunión de gabinete.

Los cuestionamientos de la legisladora se suman a otras diferencias que expresó en los últimos meses respecto de decisiones adoptadas por el Gobierno.

Tras reclamar explicaciones por el patrimonio de Adorni, Bullrich participó de una reunión de la comisión de Libertad de Prensa del Senado, presidida por Carolina Moisés. Durante ese encuentro se formularon críticas a las restricciones impuestas al trabajo de los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

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Tiempo después, también manifestó públicamente su desacuerdo con el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli. La senadora explicó entonces que rechazaba esa decisión “por razones de conciencia”.

La candidatura de Michelli había sido objetada por Javier Milei y Karina Milei debido a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Más tarde, Bullrich mantuvo un encuentro con la secretaria general de la Presidencia y finalmente se abstuvo durante la votación del pliego en el Senado. Esa decisión fue interpretada como una señal de distensión entre ambas dirigentes, aunque la postulación terminó siendo aprobada por la Cámara alta.

El miércoles por la noche, durante una entrevista televisiva, el jefe de Gabinete admitió que durante años mantuvo ahorros no declarados junto a su esposa y aseguró que una parte significativa de su patrimonio proviene de inversiones realizadas en bitcoin.

“Invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000”, sostuvo el jefe de Gabinete. También afirmó que esos fondos son la forma de demostrar que su patrimonio fue generado antes de su ingreso a la función pública.

Las explicaciones de Adorni se produjeron en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales y luego de que se conociera la presentación de declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción.

El funcionario reconoció que había omitido declarar parte de sus ahorros y atribuyó esa situación a un error que, según dijo, arrastró durante años. “Hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error”, afirmó. Además, aseguró que abonará “hasta el último impuesto” y las sanciones que eventualmente correspondan.

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Adorni sostuvo que presentó de manera anticipada su declaración jurada correspondiente a 2025 y que también realizó rectificaciones de las presentaciones de 2023 y 2024. Según explicó, al ingresar al Gobierno replicó información patrimonial de años anteriores sin incorporar parte de los ahorros acumulados junto a su esposa.

“Lo que hago es copiar mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que yo había hecho con mi mujer durante toda la vida. Arrastro ese error y lo sigo arrastrando hasta este año”, señaló.

Afirmó, además, que junto a su esposa ahorraron “toda la vida, en negro, como lo ha hecho la mayoría de los argentinos”; e insistió en que todo su patrimonio fue generado durante más de 25 años de actividad privada y antes de asumir funciones en el Estado.

Patricia Bullrich, Manuel Adorni

Luego de meses de especulaciones, críticas y silencio por parte del funcionario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su esperada declaración jurada y argumentó -en una estrategia que generó una catarata de cuestionamientos- que en los años anteriores se olvidó de informar que había ganado miles de dólares invirtiendo en criptomonedas, lo que explicaría su crecimiento patrimonial.

La explicación la hizo el miércoles por la noche, durante una entrevista televisiva en la que volvió a hablar después de mucho tiempo, pero la documentación correspondiente se subió a la página web de la Oficina Anticorrupción recién al día siguiente por la tarde, casi en el momento exacto en el que comenzó el Mundial de Fútbol.

El ministro coordinador planificó su estrategia defensiva en dos partes: por un lado, ordenó las cuentas y trabajó exhaustivamente en sus ingresos y en la justificación de sus bienes y, posteriormente, preparó el mensaje público que iba a transmitir.

Para esto, consultó al asesor presidencial, Santiago Caputo, y a su equipo, quienes se ocuparon del entrenamiento para los medios que ya se estaba analizando como refuerzo de la respuesta jurídica y contable.

Finalmente, Adorni reconoció en LN+ que los más de 300 mil dólares que había conseguido con el trading, entre 2014 y 2018, no los tenía blanqueado “porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro”.

“La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública. Después fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella”, agregó.

A pesar de todo esto, el tema volvió a instalarse con fuerza en la opinión pública y en todo el arco político, que cuestionaron lo dicho por el funcionario y hasta replicaron declaraciones viejas que contradecirían los argumentos. Es decir, Adorni no convenció. A tal punto, que desde el PRO, principal aliado del Gobierno, lanzaron un fuerte tuit que se prestaba a interpretar que estaban reclamando la renuncia del funcionario.

En la previa de la entrevista, que estuvo anunciada desde temprano, trascendió que una vez finalizada los principales integrantes del Gobierno comenzarían a respaldarlo fuertemente en las redes sociales, pero esto no ocurrió.

En el interior del oficialismo aseguran que “no hay constancia de que algo así haya estado previsto ni tampoco que haya pasado algo en particular”, al tiempo que se preguntan “qué podría cambiar” con una acción de ese estilo.

Sin embargo, quien sí salió a hablar, pero no de una forma positiva, fue la senadora Patricia Bullrich, quien nuevamente se diferenció del resto de la cúpula al manifestar que el hecho de que el jefe de Gabinete no haya declarado antes esos bienes “no es un simple erros, sino una omisión ética”.

“Nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Ahora será la Justicia la que tendrá que determinar”, lanzó con firmeza la líder del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, en diálogo con Infobae.

En el entorno de la ex ministra de Seguridad insisten en que no hay “una lógica estratégica y pensada” en este tipo de desmarcaciones, sino que se trata de “algo que es más sencillo, porque ella solo dice lo que piensa de los temas”.

“Puede haber una discusión sobre el tono, pero no sobre el contenido en cuestión. Cuando escuchó la entrevista decidió volver hablar, simplemente, porque Adorni dijo lo que dijo. Hay nuevos elementos y consideró que tenía que volver a opinar de la cuestión”, señalaron.

No obstante, cerca de Bullrich también destacaron que ella “fue más dura que el PRO”, que sacó un comunicado también poniendo en duda las explicaciones del funcionario acusado de enriquecimiento ilícito.

Al respecto, el partido fundado por Mauricio Macri remarcó que “no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo”, porque “eso no tiene ninguna justificación posible“.

El espacio se refería a la exposición que Adorni dio a finales de abril pasado en Diputados, cuando dijo que no había ninguna irregularidad en sus anteriores declaraciones juradas y que el crecimiento de su patrimonio se iba a ver reflejado en la que presentaría este año.

Ahora, el jefe de Gabinete dará un nuevo informe de gestión, esta vez en el Senado, a principios de julio, una decisión que se tomó como forma de ratificar que está firme en el cargo y no va a renunciar, según reconocieron a este medio distintas personas de su círculo de confianza.

Cuando la polémica por su estilo de vida recién había comenzado, en marzo último, la cúpula libertaria pensó en algo similar y le preparó una serie de reuniones con ministros para conversar cuestiones de agenda, a pesar de que varios de ellos ya le habían enviado los informes sobre el rumbo de la administración en sus respectivas áreas.

La idea de ir al Senado se terminó de acordar durante el encuentro de la mesa política, que fue el más extenso desde que se creó, ya que los miembros del grupo comenzaron a llegar a la Casa Rosada a las 13:30 y el último se retiró unos minutos antes de las 17:00.

Como es habitual, asistieron, además del jefe de Gabinete, Caputo y Bullrich, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

El único ausente con aviso fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien adujo que tuvo que viajar en las últimas horas por “asuntos personales”, aunque en otras oportunidades también faltó por distintos motivos.

La reunión se dio con la particularidad de que era el cumpleaños de la senadora, a quien Adorni le llevó una torta. Todos se sacaron una foto que se terminó difundiendo recién a las horas y en la cuenta de la hermana del mandatario nacional, que no suele ser quien comparte esas imágenes.

“Se aclaró ahí todo lo que se tenía que aclarar y hasta le cantaron el feliz cumpleaños”, reveló a Infobae una persona al tanto de lo que se trató en la mesa política.

Por su parte, Bullrich se fue temprano del lugar para continuar con los festejos y también continuar negociando en el Congreso los votos para las reformas que están en carpeta, como la eliminación de las PASO y el Super RIGI, entre otras. La agenda parlamentaria no está yendo al ritmo que el Poder Ejecutivo se había planteado.

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