POLITICA
Fentanilo mortal: la Justicia habilitó a revisar el derecho de la familia de un fallecido a ser querellante
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal le abrió la puerta a una familia que quiere querellar en la causa por el fentanilo contaminado de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA, aunque el caso de su familiar no corresponde a los lotes adulterados investigados por el Juzgado Federal N° 3 de La Plata.
El tribunal, integrado por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hizo lugar al recurso de queja presentado por la familia y ordenó que se tramite el recurso de casación con audiencia oral y pública. La familia pretende que se investigue si la muerte de su ser querido pudo haberse vinculado al fentanilo contaminado. El Juzgado Federal N° 3 había rechazado su pedido de constituirse como querellante al comprobar que al paciente se le administró un lote diferente a los adulterados y que, además, falleció antes de que el Hospital Italiano de La Plata adquiriera las partidas contaminadas.
La causa principal se inició en mayo de 2025 a partir de una denuncia formulada por la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) ante la División Delitos Contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina (PFA). El Hospital Italiano de La Plata había detectado ese mes un brote de infecciones respiratorias graves en pacientes internados en terapia intensiva. Al rastrear el foco infeccioso, el personal de farmacia y microbiología del nosocomio descubrió que todas las personas afectadas tenían en común una sola medicación: el fentanilo de la marca HLB Pharma. Las muestras tomadas de las ampollas en circulación arrojaron resultado positivo para las bacterias Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia mannitolilytica, cuya identidad genómica y molecular fue luego confirmada por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS Malbrán) al cotejarlas con aislamientos obtenidos de los hemocultivos de los pacientes.
Los ensayos de esterilidad realizados sobre las muestras de museo del laboratorio establecieron que la contaminación afectó los lotes 31202 y 31244, producidos entre el 17 y el 27 de diciembre de 2024 en la planta de Laboratorios Ramallo SA, elaborador exclusivo de la firma HLB Pharma Group SA, y liberados al mercado los días 4 y 6 de enero de 2025, respectivamente.
Desde ese momento, el medicamento adulterado recorrió el circuito sanitario a través de droguerías mayoristas y minoristas hasta llegar a 43 establecimientos de salud distribuidos en cinco provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los imputados procesados en la causa, caratulada “García, Ariel Fernando y otros s/ Infracción Art. 201 bis”, son 13. El juez Kreplak los acusa de los presuntos delitos de “adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de, al menos, setenta (90) personas así como en las lesiones gravísimas de, al menos, dos personas y graves de, al menos, cuarenta y un (41) personas, en concurso ideal con el delito de lesiones leves de, al menos, una (1) persona”. La escala penal sería, si se mantiene la calificación, de 10 a 35 años.
Ariel Fernando García, señalado como propietario real del conglomerado empresarial, y Javier Martín Tchukrán, quien se desempeñaba como Director General de ambos laboratorios, encabezan el listado de procesados. Los completan Diego Hernán García, hermano de Ariel y también con injerencia directa en la operatoria cotidiana; Nilda Furfaro, vicepresidenta y accionista de HLB Pharma Group; José Antonio Maiorano, Director Técnico de HLB; Carolina Ansaldi, Directora Técnica de Laboratorios Ramallo; María Victoria García, Gerenta de Gestión de Calidad; Wilson Daniel Pons, Jefe de Control de Calidad; Adriana Iúdica, Subjefa de Control de Calidad; Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, Jefa de Garantía de Calidad; Rocío del Cielo Garay, Supervisora de Control de Calidad; Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, a cargo de la Gerencia de Producción y Mantenimiento; y Eduardo Darchuk, Jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen.
Para determinar ese universo de víctimas, el juzgado diseñó una metodología propia ante las dificultades derivadas de la ausencia de trazabilidad intrahospitalaria del fármaco y de la falta de secuenciación genética en la mayoría de los casos. A partir del rastreo de facturas y remitos, se identificaron todos los establecimientos que recibieron el lote 31202, se requirieron las historias clínicas de los pacientes a quienes se administraron cinco o más ampollas —umbral fijado como dosis suficiente para provocar el contagio— y se compararon los perfiles fenotípicos de las bacterias aisladas con los de las cepas halladas en las ampollas contaminadas. El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) realizó seis juntas médicas entre octubre de 2025 y abril de 2026 para evaluar cada caso.
La resolución del 13 de mayo dejó en claro que el número real de afectados supera con creces los casos imputados, dado que en muchos pacientes no se practicaron cultivos, las muestras biológicas fueron descartadas tras el fallecimiento o la tecnología disponible en los nosocomios no permitió identificar correctamente las cepas bacterianas. El propio fallo advierte que la cifra total no podrá reconstruirse por razones ajenas a la instrucción judicial.
El esquema implementado por el juzgado de Kreplak fue arduo, pero efectivo. El resultado mostró que de 10.539 pacientes que recibieron fentanilo en el período de sospecha, solo 1.307 superaban el umbral de cinco ampollas; de ellos, 1.043 tenían cultivos realizados; 1.030 contaban con informe bacteriológico; 437 presentaban rescate de las bacterias investigadas; 158 tenían un perfil fenotípico compatible; y 134 cumplían el requisito de muestra tomada en sitio estéril. El caso que pretende ser querellante no estaría incluido en este listado.
El proceso productivo del fentanilo adulterado estuvo marcado por deficiencias que el INAME había advertido en una inspección no programada realizada el 28 de noviembre de 2024, apenas veinte días antes del inicio de la campaña de fabricación. Las observaciones incluyeron incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) para soluciones parenterales de pequeño volumen, irregularidades en los registros de producción y controles de calidad que, según determinaron los peritos, tornaban imposible garantizar la esterilidad del producto.
La decisión de la Sala IV de la Casación no modifica la plataforma fáctica de la investigación a cargo del juez Kreplak, que se circunscribe exclusivamente a los lotes 31202 y 31244. Si tras la audiencia oral la familia lograra ser admitida como querellante, la investigación del caso de su familiar debería tramitarse en una causa separada, puesto que los hechos que alega son anteriores a la adquisición de las partidas contaminadas por el Hospital Italiano de La Plata y corresponden a un lote distinto al objeto del proceso.
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POLITICA
Javier Milei participará del acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Este viernes, el presidente Javier Milei encabezará la comitiva oficial que asistirá al acto central en conmemoración por el 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Como resultado del acto terrorista que fue perpetrado el 18 de julio de 1994, se registró una cifra de 85 personas muertas.
De acuerdo con la convocatoria anunciada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el acto se realizará a partir de las 09:30 horas. El punto de encuentro será en la esquina de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede reconstruida de la mutual judía.
La conmemoración, que tradicionalmente tiene lugar el 18 de julio, fue adelantada este año al viernes 17 en respeto a la celebración del Shabat. Según acordó la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas, este año el lema será: “Hoy no podemos perder, la memoria”.
Está previsto que el mandatario se presente alrededor de las 09:45 horas. Además, estaría en compañía de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich.
Según la información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, el evento formal comenzará a las 09:53 horas con el sonido de la sirena que recuerda el minuto exacto de la explosión ocurrida hace más de tres décadas. A partir de ahí, se daría inicio a los discursos, que tendrán como foco el reclamo por justicia y la falta de condenas hacia los responsables.
A 32 años del atentado que destruyó con coche bomba el edificio de Pasteur y provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos, la causa judicial sigue sin condenados. Sin embargo, a finales de marzo, el gobierno de Milei reforzó el reclamo por justicia luego de que se oficializara la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) como “organización terrorista”.
La medida había sido anunciada por medio de un comunicado de la Oficina del Presidente, en donde dispusieron la inclusión de la CGRI en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET). Asimismo, le atribuyeron la autoría de los dos ataques contra la comunidad judia registrados en la década de los 90.
En 1992, la Embajada de Israel en Argentina fue atacada y dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos. Dos años después, en 1994, un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) provocó 85 muertos y más de 300 heridos.
Luego de una extensa investigación judicial, se determinó que “ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”.
Junto con la inclusión de la CGRI en el RePET, también se habían formalizado las alertas rojas de Interpol que pesan sobre el actual titular de la Guardia, Ahmad Vahidi, y varios ciudadanos iraníes. “El Presidente Javier Milei espera que esta decisión salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas, y reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo”, sostuvieron en el comunicado.
La decisión del Gobierno tuvo lugar en un contexto internacional que estuvo marcado por la escalada militar en Medio Oriente, debido a que se habían reportado varios enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel. Paralelamente, respondió a revalidar las causas judiciales abiertas en Argentina y al reclamo histórico de justicia por los atentados.
Desde que la Guardia Revolucionaria fue incluida en el listado oficial, se aplicó un congelamiento de activos, la prohibición de operar en el sistema financiero argentino y la posibilidad de profundizar investigaciones sobre eventuales vínculos locales. Además, fortaleció los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia.
Por último, en el comunicado oficial, las autoridades ratificaron que la decisión apuntaba a que “la República Argentina vuelva a alinearse con la civilización occidental, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”.
POLITICA
Los Cuadernos de las Coimas: contadores ratificaron coincidencias entre movimientos de dinero de las empresas y pagos a funcionarios kirchneristas
Al declarar este martes como testigos en el juicio oral de los Cuadernos de las Coimas, otro grupo de contadores de la ex-AFIP reconoció coincidencias entre movimientos de dinero de los empresarios investigados y presuntos pagos a funcionarios del kirchnerismo.
Martín Ruiz y Adriana Mabel Rodríguez, inspectores del organismos recaudador, ratificaron ante el Tribunal Oral Federal 7 el trabajo que, por orden de la Justicia, realizaron durante la instrucción de la causa, investigando a las empresas cuyos dueños o directivos afrontan hoy el juicio por el presunto pago de coimas.
La contadora Abal Ruiz analizó las operaciones de la empresa Panedile, de la familia Dragonetti, y de Helport SA, dirigida por Juan Manuel Collazo y parte de Corporación América.
En el informe que realizó y hoy ratificó ante el Tribunal, detectó que el empresario Hugo Dragonetti compró US$313.500 el 1 de junio de 2009. La operación cobra relieve en la causa porque el día y la cifra coinciden con uno de los pagos realizados a funcionarios, según la información que aportó en su declaración como arrepentido Ernesto Clarens, señalado como uno de los intermediarios financieros del matrimonio Kirchner.
Dragonetti también declaró como imputado colaborador. Al igual que otros empresarios que reconocieron haber pagado sobornos, sostuvo que las entregas respondían a presiones para que el Gobierno liberara los pagos por obras públicas. “Si no se pagaba, no se cobraba”, dijo.
De acuerdo con la acusación del fiscal Carlos Stornelli, sostenida en el juicio por Fabiana León y Nicolás Codromaz, los US$313.500 y otros pagos tenían como destinatarios finales a la entonces presidenta Cristina Kirchner, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y al exsecretario de Obras Públicas José López.
“Nosotros actuamos como auxiliares de la Justicia”, describió Abal Ruiz sobre su labor, basada en parte de informes que le fueron sumnistrados desde la Justicia. “Se trató de información que nos vino del juzgado y de otras circularizaciones bancarias. Tuvimos que buscar pagos de algunas empresas”, explicó.
Rodríguez, en tanto, declaró sobre un informe referido a BTU, la firma del empresario Carlos Mundin. La contadora detectó que la compañía recibió dos acreditaciones bancarias por casi $10 millones en octubre de 2010 y que, semanas después, realizó dos extracciones por un total de $8.526.375, equivalentes entonces a unos 2 millones de dólares.
Esas operaciones fueron contemporáneas a dos reuniones que Mundin mantuvo con Roberto Baratta, señalado como uno de los recaudadores de la maniobra, según las anotaciones realizadas por su chofer, Oscar Centeno.
La defensa de Baratta orientó sus preguntas a intentar mostrar que no existía nexo causal entre ambos hechos, pero la contadora contrapuso que ella no sugería algún tipo de conexión. “Describo los hechos con la información recolectada. Hay un movimiento de fondos que coincide con la fecha de esa reunión”, contestó la mujer, respecto a un encuentro de Mundin con Baratta, el 15 de octubre de 2010.
Al ratificar el informe que había elaborado años atrás, Rodríguez señaló además que BTU compró más de US$7 millones entre 2008 y 2010, de acuerdo con las operaciones registradas ante el Banco Central. Sostuvo que se desconocía el destino final de ese dinero y que las operaciones no habían sido reflejadas en los estados contables de la empresa correspondientes a esos años.
Este tramo del juicio oral, en el que declaran contadores de la AFIP, busca reforzar la hipótesis central de la acusación, construida en buena medida a partir de las declaraciones de los empresarios y otros implicados que se acogieron al régimen del arrepentido.
Los testimonios son de contadores y exfuncionarios de la AFIP que, durante la instrucción de la causa, analizaron la documentación impositiva, contable y bancaria de las empresas investigada y observaron presuntas irregularidades.
En la audiencia pasada una contadora de la ex-AFIP señaló que Miguel Marcelino Aznar, presidente y director de la empresa, realizó retiros bancarios por más de US$11 millones entre 2009 y 2011.
Aznar, cuya firma aparece en la acusación como una de las empresas relevantes en el reparto de la obra pública, también admitió como imputado colaborador haber pagado sobornos.
En muchos casos, los contadores que a pedido del juez Claudio Bonadio elaboraron los informes que hoy se ventilan en el juicio acabaron desplazados de sus cargos o siendo relocalizados a una función de menor jerarquía durante el ultimo gobierno kirchnerista.
El juicio oral se reanudará el martes 28 de julio, tras la feria judicial que inicia este viernes y se extiende por dos semanas.
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El Gobierno evalúa declarar asueto o feriado para después de la final del Mundial entre Argentina y España. En Nación aseguran que la posibilidad “está en evaluación” y la vinculan con los preparativos del operativo de recibimiento de los jugadores de la Selección argentina, “con el resultado que sea”.
El Ejecutivo trabaja sobre distintos escenarios de llegada, traslado y seguridad, aunque todavía espera una definición del plantel y de la AFA. En despachos oficiales sostienen que la medida administrativa dependerá de la fecha de regreso, del lugar de arribo y del esquema de celebración que finalmente acepten los jugadores.
La Casa Rosada mira como antecedente directo lo que ocurrió después del Mundial de Qatar 2022. En aquel caso, la Argentina ganó la final el domingo 18 de diciembre y el gobierno de Alberto Fernández declaró feriado nacional para el martes 20, dos días después, en coincidencia con el regreso de la Selección al país y los festejos previstos con los hinchas.
En Balcarce 50 remarcan que esa experiencia funciona como referencia, pero no como molde cerrado. El Decreto 842/2022 declaró feriado nacional para que el pueblo argentino pudiera festejar con la Selección el título obtenido en Qatar, instruyó a los organismos a sostener servicios esenciales y exceptuó a bancos, entidades financieras y AFIP, que debieron prestar servicios hasta las 12.
El Gobierno todavía no definió si, en caso de avanzar, utilizaría la figura de feriado nacional o un asueto administrativo. La diferencia no es menor: el feriado alcanza de manera más amplia a la actividad pública y privada, mientras que el asueto puede limitarse a la administración pública nacional o a determinados organismos.
El Ejecutivo activó contactos con la Ciudad de Buenos Aires para coordinar un eventual operativo de recibimiento. En Nación trabajan sobre la posibilidad de una celebración en Plaza de Mayo o en las inmediaciones de la Casa Rosada, pero remarcan que todo dependerá de la decisión de los jugadores.
La Casa Rosada también deberá coordinar el movimiento en aeropuertos a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Todavía no está definido si el plantel llegará por Ezeiza o por Aeroparque, una variable central para ordenar cortes, corredores de circulación, puntos de concentración y traslados.
Leé también: La Casa Rosada activó contactos con la Ciudad para coordinar un operativo ante un eventual recibimiento de la Selección
En Balcarce 50 explican que, si la delegación llega por Ezeiza o atraviesa municipios del conurbano, será necesaria una coordinación con la Policía bonaerense. En la provincia de Buenos Aires aseguran que todavía no fueron contactados formalmente, pero remarcan que pondrán “todo a disposición”, como ocurrió en el recibimiento de 2022.
El Gobierno también incorporó a la Secretaría de Inteligencia de Estado al análisis de escenarios. La SIDE participa de la preparación preventiva del operativo, con foco en posibles concentraciones masivas, riesgos de desborde, puntos sensibles y coordinación entre jurisdicciones.
El Ejecutivo sostiene que aún debe resolver cómo formalizará el ofrecimiento a la Selección. “No está previsto enviar una carta. Se está definiendo”, expresan en Nación sobre el contacto con la AFA, en un contexto atravesado por la mala relación entre el oficialismo y Claudio “Chiqui” Tapia.
La Casa Rosada mantiene tensiones con la conducción de la AFA por la causa de ARCA y por los intentos oficiales de avanzar con controles y veedores sobre la asociación. En el Gobierno reconocen que no hay canales fluidos con Tapia, pero buscan separar esa disputa del operativo de seguridad y del eventual recibimiento.
Aseguran que Milei mantiene la decisión de poner a disposición la Casa Rosada si los jugadores quieren saludar desde el balcón. La instrucción política es que, en ese caso, la sede quede vacía de funcionarios y con presencia exclusiva del personal de Casa Militar.
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El Gobierno quiere evitar que la escena sea leída como una apropiación política del recorrido de la Selección. Milei ya sostuvo que no habrá figuras políticas en la foto y que el festejo, si se concreta, debe quedar en manos del plantel y de los hinchas.
El Ejecutivo sabe que el eventual asueto o feriado también tendrá impacto sobre la agenda de gestión. La semana posterior a la final coincide con el intento oficial de retomar la actividad legislativa después del receso, con proyectos como Inocencia Fiscal, la reforma del Banco Central, Zona Fría, reforma electoral y Propiedad Privada en carpeta.
La Casa Rosada quiere llegar a la final con los escenarios preparados, pero sin anticipar una decisión administrativa antes de conocer el resultado deportivo, la fecha de regreso y la voluntad del plantel. Por ahora, la definición oficial es una sola: el asueto o feriado “está en evaluación” y será parte del diseño más amplio para ordenar la vuelta de la Selección al país.
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