POLITICA
Las tres variables económicas que monitorea Milei para que mayo vuelva a mostrar una inflación a la baja
La semana política dejó una secuencia intensa de episodios que combinaron conflicto universitario, tensión parlamentaria, reacomodamientos internos en el oficialismo y una noticia económica que el Gobierno necesitaba con urgencia: la desaceleración de la inflación.
En ese escenario, Javier Milei volvió a apostar por la confrontación como estrategia central, mientras la oposición ensaya movimientos todavía desordenados y el clima electoral empieza a tomar temperatura, aunque falte más de un año para las presidenciales de 2027.
La Marcha Federal Universitaria del martes puso en el centro de la escena uno de los temas más sensibles para la sociedad argentina: el financiamiento de la educación pública. La movilización reunió a rectores, docentes, estudiantes, sindicatos y dirigentes de casi todo el arco político en Plaza de Mayo. La presencia de sectores tan diversos volvió a mostrar que la universidad sigue siendo un tema transversal, incluso entre votantes de Milei. El acceso a la educación superior continúa asociado al ascenso social y a esa vieja idea del m’hijo el dotor que atraviesa buena parte de la cultura argentina.
Sin embargo, el Gobierno decidió confrontar. La Casa Rosada aprovechó la presencia partidaria y sindical para presentar la movilización como una protesta política contra el Presidente. Milei reposteó mensajes que calificaban la marcha como “desestabilizadora” y “opositora”.
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El desenlace era previsible. Los rectores volvieron a reclamar más presupuesto y el oficialismo ratificó que no cederá. Las universidades denuncian un ataque deliberado, mientras Milei insiste en exigir mayor transparencia en el uso de los fondos públicos.
La situación remite inevitablemente a la marcha universitaria de 2024, que reunió a unas 500 mil personas. Aun así, Milei atravesó aquel conflicto sin daños políticos significativos y luego ganó las elecciones legislativas de 2025. Esta vez el contexto es distinto: 2026 no es un año electoral, pero el Presidente atraviesa un momento de caída en su popularidad. De todos modos, en la Casa Rosada creen que el escenario todavía puede modificarse porque faltan 17 meses para las elecciones presidenciales y Milei apuesta a que la recuperación económica recomponga el humor social. Por eso eligió profundizar la polarización antes que buscar puntos de acuerdo.
El alivio que esperaba la Casa Rosada
La principal noticia favorable para el Gobierno llegó desde la economía. El Indec informó que la inflación de abril fue de 2,6%, ocho décimas menos que la registrada en marzo (3,4%).
La desaceleración se explicó, en parte, porque el rubro educación perdió fuerza tras el fuerte impacto que había tenido en marzo: pasó de aumentos cercanos a 12% a alrededor de 4%. También ayudó la menor suba de alimentos, que cerró abril en torno a 1,5%.
El dato representó un alivio importante para el oficialismo después de diez meses consecutivos sin bajar. Para evitar sobresaltos en mayo, el Gobierno tomó además algunas medidas puntuales. YPF aumentó los combustibles apenas un 1% para los próximos 45 días y el Ministerio de Economía decidió postergar hasta noviembre el traslado a tarifas del mayor costo del gas importado por Enarsa.
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Las consultoras privadas ya proyectan una nueva desaceleración inflacionaria para mayo. María Castiglioni, de C&T, sostiene que el promedio de las últimas cuatro semanas ronda 2,2%. Nuevamente, educación y alimentos aparecen como factores de contención, mientras los combustibles también tendrán menor impacto luego de las fuertes subas acumuladas entre marzo y abril.
En ese contexto, Milei intentó exhibir cierta empatía social. Partió de la idea de que, después del triunfo electoral de Manuel Adorni el año pasado, la oposición impulsó “un golpe de Estado” y un ataque especulativo que obligó al Gobierno a endurecer medidas económicas. “Yo entiendo que la gente se sienta mal porque cayó la actividad y el salario”, reconoció el Presidente.
Aun así, el consumo continúa mostrando debilidad, con excepción del canal digital. La utilización de la capacidad instalada industrial mejoró 5%, pero la compra de yerba cayó 2,2% y el consumo de carne descendió cinco kilos.
La oposición no logró avanzar contra Adorni
En paralelo, la oposición intentó avanzar en Diputados contra Manuel Adorni. Un sector opositor convocó a una sesión especial para emplazar a dos comisiones y avanzar con un pedido de interpelación parlamentaria al jefe de Gabinete. En el entorno presidencial interpretan la ofensiva como un intento de golpear directamente el núcleo político de Milei. Según esa lectura, si logran desplazar a Adorni luego buscarán avanzar sobre el propio Presidente.
Sin embargo, la oposición no consiguió reunir el quórum necesario y pidió postergar la discusión hasta el miércoles próximo. Hasta ahora, Unión por la Patria se había mantenido al margen con la idea de dejar que el Gobierno siguiera pagando el costo político de sostener a Adorni. Pero la semana próxima sí acompañará el avance opositor. La respuesta del oficialismo fue convocar una sesión ordinaria en un horario diferente al de la sesión especial.
El Senado, mientras tanto, avanzó con otra agenda. La Cámara alta aprobó por amplia mayoría —50 votos— el pedido de Carlos Mahiques para continuar otros cinco años como camarista de Casación Federal. El magistrado, padre del actual ministro de Justicia, acumula medio siglo dentro del Poder Judicial. Además, comenzaron a aprobarse pliegos de jueces y camaristas enviados por el Ejecutivo para cubrir vacantes. Los senadores del interior habían frenado esos nombramientos hasta obtener lugares para candidatos propios en la justicia federal de sus provincias. Finalmente, hubo acuerdo.
Bullrich, Karina y el anticipo de la campaña
Mientras tanto, la campaña política empieza a hacer “pretemporada”. Patricia Bullrich enfrenta una tarea compleja en el Senado. Karina Milei le exige avanzar con la derogación de las PASO, aunque dentro del oficialismo admiten que será difícil porque buena parte de la oposición necesita sostener las primarias para ordenar sus internas.
Bullrich, además, viene de marcarle la cancha a Adorni con reclamos vinculados a transparencia. La semana pasada le pidió públicamente que presentara de inmediato su declaración jurada, algo que el jefe de Gabinete recién hará en los próximos días.
Los hermanos Milei eligieron no confrontar directamente con la senadora. El malestar inicial de Karina Milei fue reemplazado por una serie de recorridas políticas junto a Pilar Ramírez, una de las dirigentes más cercanas a la secretaria general de la Presidencia. En el oficialismo reconocen que Bullrich mantiene buena imagen, conserva un caudal importante de votos y tiene capacidad para detectar rápidamente el humor social.
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La discusión porteña aparece hoy como el principal escenario de ese movimiento. Con Adorni cada vez más relegado electoralmente, Bullrich podría convertirse finalmente en candidata en la Ciudad de Buenos Aires.
En ese marco difundió un video con tono de campaña en el que comparó los subtes porteños con los de Santiago de Chile y reclamó modernización y ampliación de la red. El mensaje quedó flotando como una interpelación indirecta: “¿Jorge Macri o Javier Milei?”. El jefe de Gobierno respondió que coincide con ese diagnóstico y aseguró que trabaja justamente en la modernización del sistema. Milei eligió no responder y Bullrich volvió a exhibir autonomía política.
Del otro lado del tablero, Axel Kicillof encabezó un acto en La Plata donde parte de la militancia lo recibió al grito de “Presidente”. Pero también aparecieron los límites internos del peronismo: algunos sectores reclamaron “Cristina libre”, recordándole al gobernador que todavía enfrenta tensiones dentro de su propio espacio. Sergio Uñac, conocedor de esas disputas, intervino para señalar que ni él ni Kicillof son ”candidatos naturales” y defendió la idea de resolver liderazgos mediante elecciones internas.
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Mauricio Macri, por su parte, ya se mueve como un candidato potencial y volvió a encabezar otra actividad del “Próximo Paso Tour”, con la intención de instalar que el PRO puede representar una superación de Milei. La distancia política entre ambos espacios ya resulta inocultable. En la Casa Rosada creen que Macri busca fortalecerse para negociar; en el PRO aseguran tener ambiciones más grandes.
Todo ese clima político probablemente entre en pausa en menos de un mes, cuando comience el Mundial. Después, el escenario volverá a reordenarse. Para Milei, el principal desafío seguirá siendo el mismo: sostener la desaceleración de la inflación y lograr que la mejora económica llegue finalmente al bolsillo.
Javier Milei, Inflación
POLITICA
La CGT debatió un nuevo paro general y una movilización contra Milei, pero no puso ninguna fecha
La CGT anticipó que hará un nuevo paro general, el quinto desde que Javier Milei es presidente, junto con una marcha a nivel nacional, pero no puso fecha, aunque se estima que la convocatoria se realizará una vez que finalice el Mundial. La postura, comunicada por uno de sus triunviros, Jorge Sola, fue el resultado de una reunión de más de cuatro horas que mantuvieron los secretarios generales que integran el consejo directivo de la central obrera.
“Se decidió, tras un largo debate, la iniciación de un plan de acción conjunto con las otras centrales de trabajadores para ir construyendo en el tiempo un paro nacional junto con una marcha federal”, dijo Sola al cabo del encuentro.
La CGT enmarcará la medida de fuerza en “el reclamo al Gobierno que va en contra del mundo del trabajo, las instituciones gremiales, las prestaciones de salud, los jubilados, las universidades, la educación y de aquellos que tienen discapacidad”, enumeró Sola.
La cumbre tuvo lugar en el cuarto piso de la sede obrera de Azopardo 802, donde concurrieron los otros triunviros Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), junto con Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Sergio Romero (UDA), Julio Piumato (Judiciales), Rodolfo Daer (exAlimentación) y Juan Carlos Schmid (CATT), entre otros.
En cambio, no estuvieron por cuestiones de agenda Héctor Daer (FATSA) ni Juan Pablo Brey (Aeronavegantes).
Sin finalmente dar anuncios públicos sobre concretar en el camino “acciones de fuerza escalonadas por sector” —como había trascendido en la previa— y omitir la posibilidad “de un paro por 36 horas”, la CGT llegó a este encuentro con un horizonte sinuoso tras la derrota parlamentaria por la aprobación de la reforma laboral y el debilitamiento del frente judicial para frenar la aplicación de los artículos más sensibles, sumado a pases de factura cruzados con el kirchnerismo duro.
“Tenemos una mirada absolutamente crítica hacia la audiencia del (Juzgado) Contencioso Administrativo, que todavía está demorando tomar decisiones de fondo respecto de los pedidos de inconstitucionalidad que hemos hecho con muchos artículos de la reforma laboral”, indicó Sola. Como contracara, calificó de “auspiciosa la resolución de asistencia que tomó la Corte Suprema respecto de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario”.
En ese marco, el Ministerio de Capital Humano ya puja por la renegociación masiva de los convenios colectivos a partir de la pérdida de vigencia que el oficialismo atribuye a esos acuerdos tras la implementación del cambio del concepto de la ultraactividad que establece la nueva normativa.
En la jornada tampoco hubo representación de gremialistas ligados al kirchnerismo (como La Bancaria y SMATA), que días atrás -por el cumplimiento del primer año de la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad- habían participado de un acto frente al departamento de la expresidenta en San José 1111, donde se escucharon críticas solapadas ante la negativa de la CGT de alinearse orgánicamente detrás de la causa “Cristina libre”.
Durante la conferencia, por otro lado, Sola destacó la participación en la última cumbre de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Ginebra, Suiza, en la cual la central obrera asentó su rechazo contra la reforma laboral.
En cuanto a los otros sectores distanciados de la actual conducción obrera, tampoco estuvo la UTA —el sindicato de los colectiveros que lidera Roberto Fernández— ya que no forma parte del consejo directivo; ni fue parte Gastronómicos, aunque hubo aliados de la tropa que le responde a su secretario general Luis Barrionuevo, como son los gremios de Maestranza, Viajantes (AVVA) y Carga y Descarga. En tanto, como representante de La Fraternidad participó Sebastián Maturano, secretario gremial del gremio de los ferroviarios e hijo del titular Omar Maturano.
En la CGT reconocen que para garantizar la efectividad de un cese total de actividades dependen de UTA y La Fraternidad, hoy sin capacidad para adherir a una medida de fuerza de esa magnitud. Al margen de que mantienen una relación distante con la actual cúpula cegetista, tanto el gremio de los colectiveros como el de los ferroviarios atraviesan conflictos propios, sanciones económicas y dependencias subsidiarias.
Al respecto, Sola detalló que ante la OIT también se rechazaron esas multas y la intervención de la UOM por 180 días, luego de que Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anulara por presuntas irregularidades la elección nacional en la que Abel Furlán había sido reelecto.
Manuel Casado,Conforme a
POLITICA
Ley de Financiamiento: las universidades celebraron el fallo de la Corte que obliga al Gobierno a actualizar becas y salarios
El titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, celebró este jueves el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la cautelar presentada por las casas de estudio para exigir el cumplimiento de dos puntos clave de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Es muy importante no solo para la comunidad universitaria del país, sino para las instituciones de la Nación esto que acaba de suceder. Y pone en evidencia lo relevante que es ser consecuentes en el camino, firmes, responsables, serios, para defender algo que tanto bien le hace a la Argentina”, enfatizó Bartolacci a través de un video en sus redes sociales.
Y agregó: “Mi agradecimiento a la comunidad universitaria, a la sociedad en su conjunto que nos sotuvo hasta acá, y la convocatoria a seguir. Es un paso más, no llegamos a ningún lado. A seguir trabajando por la universidad que queremos”.
El fallo del máximo tribunal obliga al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario que giraban alrededor de la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles. Según explicaron a TN autoridades universitarias, la norma establece un aumento salarial de entre un 25% y 30%.
El acuerdo previo al fallo y la disputa judicial que continúa
La cifra se suma al 24,3% que el Gobierno ya había acordado con las universidades a inicios de junio, lo cual elevaría la actualización total alrededor del 50%. A su vez, el Ejecutivo había dispuesto un incremento del 20% los gastos de funcionamiento y ampliar las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000.
Sin embargo, el fallo de la Corte no resolvió el reclamo de fondo sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento, sino que únicamente pidió aplicar la cautelar mientras avanza el proceso judicial. Allí, es la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal quien debe determinar si habilita el reclamo completo de las casas de estudio por la aplicación de la ley o no.
El Gobierno, por su parte, había congelado la ejecución de la norma con el argumento de que esta no disponía de dónde sacar los fondos para instrumentarla. Según la Casa Rosada, el proyecto implicaba un impacto fiscal estimado en unos $2,5 billones de pesos, una cifra que consideraban “impagable”.
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En ese contexto, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, festejó la decisión del máximo tribunal y sostuvo que el Poder Ejecutivo debe cumplir la ley. “Fue un camino largo y difícil. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena”, subrayó.
Por su parte, el senador radical Maximiliano Abad consideró que “el fallo es un paso importante” y le reclamó al Estado que “gire los fondos para salarios, becas y funcionamiento de las universidades públicas”.
universidades, Corte Suprema, Gobierno
POLITICA
Fuerte emplazamiento de la Justicia: reclama al juez de Campana que envíe de manera “muy urgente” la causa de la mansión de la AFA
La Justicia volvió a propinarle un nuevo revés a los supuestos testaferros del tesorero de la AFA Pablo Toviggino en la causa en que se investiga a los dueños de la fastuosa quinta de Pilar, donde fueron encontrados en allanamientos 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto.
La Cámara en lo Penal Económico reclamó que el juez federal de Campana Adrián González Charbay envíe “con carácter de muy urgente” el expediente a la Capital Federal, como lo ordenó el tribunal hace 13 días, y además rechazó un recurso de los acusados para ir a la Cámara de Casación contra esa decisión.
Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, de la Sala A en lo Penal Económico, tras siete meses de guerra judicial, decidieron el 12 de junio pasado sacarle el caso al juez González Charbay, donde querían estar los acusados, y dejarlo en manos de la justicia de la Capital Federal, especializada en lavado de dinero y evasión, en el juzgado penal económico N° 10 de Verónica Straccia.
Pero el expediente sigue en Campana, por lo que pidieron a la jueza Straccia que se lo reclame a su colega federal González Charbay.
Los acusados en la causa, que son Luciano Nicolás Pantano y su madre Ana Conte, que aparecen como dueños de la mansión sin tener un pasar económico acorde, plantearon además un recurso para ir a la Cámara de Casación contra la decisión de sacarle el caso a Campana, que ahora fue rechazado.
La Cámara en lo Penal Económico les cerró la vía de la Casación. Hornos y Robiglio les denegaron el recurso de casación a Pantano y Conte, responsables de la firma Real Central que aparece como dueña de la propiedad de cinco hectáreas. Una tasación la valuó en 20 millones de dólares.
El tribunal impuso además las costas del recurso y encargó al juzgado de Straccia que requiera “con urgencia” al Juzgado Federal de Campana la causa, dado que el expediente aún no fue enviado a pesar de que pasaron 13 días desde la orden.
Pantano y Conte aparecen como dueños de Real Central S.R.L., la sociedad que en mayo de 2024 adquirió un predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en la calle Misiones 4097 de Villa Rosa, partido de Pilar. El lugar contaba con helipuerto, haras de caballos, canchas de fútbol, pista ecuestre y un galpón con decenas de autos de colección y de alta gama.
Los investigadores sospechan que ninguno de los dos tiene el perfil patrimonial para haber adquirido ese bien y que actuaron como testaferros del tesorero de Toviggino. La empresa que compró el predio se llamaba originalmente Central Parks Drinks S.R.L., tenía escasa actividad y un capital social de apenas 300.000 pesos.
El 16 de mayo de 2024 fue rebautizada como Real Central S.R.L. y su capital se elevó a 58 millones de pesos. Catorce días después, la firma adquirió la quinta. Entre los primeros indicios recabados figuraba una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano con la que se abonaban gastos de la flota de automóviles hallada en la propiedad.
Hace siete meses que se discute qué juez debe investigar el caso. El expediente pasó por tres magistrados distintos: arrancó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien dispuso las primeras medidas de prueba y allanó la quinta; luego pasó al Juzgado en lo Penal Económico N° 10, entonces a cargo de Marcelo Aguinsky.
Finalmente, a raíz de un planteo de inhibitoria presentado por Pantano ante el Juzgado Federal de Campana durante la feria de enero, el camarista de San Martín Alberto Lugones derivó el caso al juzgado de González Charvay. Esa decisión fue anulada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal el 15 de mayo pasado a instancias del recurso del fiscal Carlos Cearras.
El voto mayoritario concluyó que el tribunal de San Martín carecía de jurisdicción para resolver la contienda y que las cuestiones de competencia entre jueces federales de primera instancia deben ser dirimidas por la Cámara de Apelaciones de la que dependa el juez que hubiese investigado, en este caso el penal económico.
Así, el expediente regresó a la Cámara Penal Económica, que el 12 de junio pasado asignó definitivamente la competencia al Juzgado N° 10, hoy a cargo de Straccia.
La defensa intentó impugnar esa decisión por un recursos de casación, porque dijo que se afectó al juez natural, que hubo irregularidades en el procedimiento de inhibitoria, cuestionó “la ilegitimidad de la concentración capitalina” y denunció “presión mediática”.
La Cámara rechazó todos esos planteos. Consideró que la resolución sobre competencia no constituye sentencia definitiva ni puede ser equiparada a una, dado que no puso fin al proceso, no ocasionó un perjuicio de imposible reparación ulterior ni impidió la continuación de la causa.
Las referencias a la presión mediática y a la “concentración capitalina”, en tanto, fueron calificadas como meras opiniones extrajurídicas sin entidad de agravio técnico. Hornos y Robiglio afirmaron que la Casación no es la vía legalmente prevista para impugnar resoluciones de esta naturaleza.
Con la denegación de hoy, a la defensa de Pantano y Conte le resta interponer un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. Es una vía de admisibilidad estricta y de éxito incierto, en particular porque la propia Casación, con la misma Sala I, ya dijo que la Cámara Penal Económica es la competente para resolver.
Si la defensa de Pantano lo intenta sería una chicana más para dilatar el avance de la causa, que ya lleva siete meses demorada sin que se investigue el fondo del delito de lavado de dinero y a quién pertenece la quinta que se sospecha está ligada a la AFA.
Mientras tanto, el juzgado de Straccia deberá reclamar el expediente a Campana para retomar la investigación sobre el origen de los fondos con los que se adquirió la quinta y el rol que habrían cumplido Pantano y su madre en una maniobra que, según la hipótesis fiscal, integra un esquema más amplio de desvío de fondos de la AFA que podría superar los 300 millones de dólares.
quinta de Pilar,,Hernán Cappiello,Conforme a
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