A pesar de los avances en la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y de los resquemores de algunos miembros del Poder Ejecutivo, que incluso comenzaron a hacerse públicos, la cúpula del Gobierno sostiene firmemente a Manuel Adorni como jefe de Gabinete y confía en que la polémica por su patrimonio no afectará el rendimiento en las elecciones del año próximo, aunque mira con atención la evolución de la confianza de la ciudadanía.

Si bien ya empezaron a sonar tibiamente algunos nombres de los posibles reemplazos del funcionario, en caso de que se opte por apartarlo de la gestión, los distintos sectores del oficialismo coinciden en que, lejos de ser una decisión tomada, se trata solo de trascendidos que por el momento no están en la consideración real de Javier ni Karina Milei.

“Yo creo que Manuel va a poder demostrar que tiene todo en regla. Este espacio se mueve diferente a como lo hacen los partidos políticos tradicionales, es más de bancar a los propios y me parece que eso está bueno”, sostuvo a Infobae una de las personas más cercanas a la secretaria general de la Presidencia.

En este sentido, si bien reconocen que como consecuencia de esta discusión hay algunos aspectos de la gestión que vienen demorados, como las reformas en el Congreso, el ala karinista opina que al Ejecutivo le queda “bastante capital” como para seguir aguantando las críticas de la oposición e, incluso, de algunos aliados.

“No me parece que vaya a dar un paso al costado. Espero que no lo haga. El Gobierno todavía tiene margen como para resistir, tiene armas y cosas buenas para mostrar. No es un año electoral y me parece que el golpe aún no es tan fuerte”, señaló la fuente consultada.

En este sentido, algunos de los armadores de La Libertad Avanza aseguran que “la marca permanece muy fuerte en el electorado” y que el caso de Adorni no va a afectar el desempeño en las elecciones del próximo año, incluso en territorio porteño, donde el jefe de Gabinete ganó los comicios en el 2025.

“Primero, falta muchísimo para eso, pueden suceder mil cosas en el medio. Más allá de eso, en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de todo lo que está pasando, el partido sigue primero y el PRO está tercero. No tenemos de qué preocuparnos”, se confían.

No obstante, en los despachos de una de las pocas personas que tienen diálogo permanente con Javier Milei advierten que, aunque todavía la situación de Adorni no dañó del todo al presidente, no descartan que eso pueda ocurrir.

“La confianza de la sociedad es como un vaso de cristal. No sabés cuándo se va a caer, pero cuando se rompe, se rompe. Imposible determinar cuándo será ese momento”, indicaron a este medio.

En este sentido, en esta parte del Gobierno remarcan que, más allá de las cuestiones judiciales, será determinante para el resultado de las elecciones futuras la situación económica del país, por lo que subrayan que “hay que pasar estos meses y, sobre todo, que efectivamente el contexto mejore”.

“No veo que la situación del Gobierno se reduzca únicamente a lo de Adorni. Los que plantean su salida como la solución a todos los problemas es porque, evidentemente, esperan ganar algo más”, cuestionó una figura de peso en la estrategia comunicacional.

Sobre este punto, en la mayoría de los referentes libertarios está la convicción de que perjudicaron mucho las declaraciones de Patricia Bullrich, quien durante una entrevista televisiva reclamó que el jefe de Gabinete presente la declaración jurada lo antes posible.

El propio Milei salió rápidamente a aclarar que los dichos de la senadora ya estaban acordados previamente porque el funcionario tenía decidido desde antes tomar esa decisión, aunque lo cierto es que la documentación todavía no está lista y no está definida la fecha en la que se entregarán a las autoridades competentes.

Una primera interpretación que se hizo al respecto es que la ex ministra de Seguridad, que también compitió en el 2025 en la ciudad de Buenos Aires, busca diferenciarse de Adorni para posicionarse mejor en el electorado.

Sin embargo, en el seno del partido argumentan que, en realidad, “se mandó sola”, porque “no tiene sentido empezar a hacer campaña ahora, cuando falta tanto, y eso ella lo sabe”.

Al respecto, apuntan a que “lo único que hizo” la declaración de Bullrich “fue daño interno” y obligó a algunos de los referentes del oficialismo a suspender entrevistas que tenían en mente, para evitar que les pregunten sobre esto.

“Este es un ejemplo claro de por qué nosotros insistíamos tanto con ir con candidatos propios, porque después pasan estas cosas. Y estamos hablando de la jefa del bloque en el Senado, imagínate un diputado cualquiera… ante la crisis más chica se te da vuelta”, argumentan.

En tanto, cerca de la ex ministra manifiestan que “para nada fue un acto de campaña”, sino que solamente se trató de la expresión de una integrante de la mesa política que está preocupada porque “hace dos meses que está paralizada la gestión” debido a este asunto.

“Te diría lo que me decía mi papá de chiquito: el que se enoja tiene doble problema, enojarse y desenojarse. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por el bien del Gobierno”, respondió un dirigente de confianza de Bullrich a quienes la criticaron por sus palabras en la entrevista.

Así las cosas, aunque en la cúpula libertaria sostienen sin titubeos a Adorni, ya hay quienes opinan sobre quién debería reemplazarlo si finalmente renuncia: “Martín Menem podría ser, aunque dejás un agujero grande en la Cámara de Diputados, no creo que lo saquen de ahí. Yo lo veo más a Pablo Quirno, que supo ganarse la confianza de Karina. Vos necesitás a alguien que gestione, que pueda manejar equipos, que se arremangue y trabaje. No necesariamente hay que buscar a alguien muy conocido, puede ser una persona de perfil bajo”, explicó una fuente del sector de la secretaria general de la Presidencia.

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El Senado se prepara para tener, desde mañana, tres jornadas de abultada actividad, con una agenda que incluye una potencial sesión el jueves -a confirmar- y un aparente temario sin demasiado conflicto. No obstante, la lupa de los dialoguistas estará centrada en si el oficialismo convoca a debatir, por separado, varios proyectos relacionados con Ficha Limpia, ante una Casa Rosada que pretende el combo completo con la reforma electoral, enviada semanas atrás por el Ejecutivo y cuyo objetivo principal es dinamitar las PASO, algo sin votos hoy en el Congreso.

La definición de esta cuestión, que se tensó por la postura de Balcarce 50 -no así por la Cámara alta, vía Patricia Bullrich-, tendría que precipitarse esta misma jornada, con un eventual pedido del titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario fueguino Agustín Coto, para comenzar con la discusión de algo sensible y que cayó, por casi nada, un año atrás.

En aquella ocasión, los misioneros renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut se dieron vuelta —habían confirmado su apoyo en declaraciones en “on”, lo cual otorgó una pincelada extra de delirio— y la noquearon. Amos responden sin chistar al ex gobernador y mandamás provincial, Carlos Rovira. Ahora, los tres intentan reivindicarse como si nada hubiese pasado para algo que, esta vez, no requeriría de sus adhesiones en el Senado, tras la vergonzosa sesión de 2025.

La expectativa por Ficha Limpia dilató otras resoluciones de la semana. Por caso, La Libertad Avanza quiere acelerar un dictamen de la ley que “blinda” la propiedad privada, que se analiza en un plenario de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. Le toca llamar -de nuevo- a Coto, aunque precisa las firmas de los aliados para rubricar un despacho de mayoría. Son los que reclaman por Ficha Limpia: PRO, UCR y silvestres provinciales.

En ese sentido, Bullrich cedió y se eliminará de un plumazo el capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Una fuerte derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien denostó el sistema en manos de Nación y buscaba delegar en las provincias. Detrás de todo esto hay una mega millonada en juego. Los gobernadores sí fomentan, en cambio, que los límites en cuanto a venta de tierras a extranjeros queden en sus manos, lo cual denota las contradicciones a la hora de hablar de responsabilidades.

Las bancadas que ayudan a que salgan los proyectos del Gobierno también aguardan el envío de más pliegos judiciales. De hecho, si aterrizara un nuevo lote, estos podrían ingresar y tomar estado parlamentario en la sesión pensada para el jueves. En resumen, toda una enredadera que se resolvería ante la anuencia de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Siempre una incógnita.

Mientras decantan estas cuestiones -de cara al miércoles-, lo que sí está fijo para mañana es la conformación de cuatro bicamerales. Se destacan la que controla el funcionamiento de los organismos de inteligencia y la de Trámite Legislativo, que revisa los DNU. Este cambio le trajo un par de dolores de cabeza a la administración central en la primera mitad de la gestión de Javier Milei.

Además, pasado el mediodía del martes -a las 14- continuará el plenario de las comisiones de Salud y Legislación General y el tratamiento de otro articulado empujado por la Casa Rosada: las modificaciones a la ley de salud mental. Días atrás, se cerró una lista con cerca de 60 expositores y está por verse la mecánica que adoptará La Libertad Avanza para que todos los invitados puedan disertar.

Durante el primer encuentro se oyó a la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González. “Después de 15 años de sancionada, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”, aseguró. Según la funcionaria, los cambios apuntan a “evitar casos trágicos de suicidios y severas agresiones a terceros por la imposibilidad de recibir el tratamiento adecuado”. De allí la necesidad de las internaciones involuntarias y el “concepto de prevención, rehabilitación y recuperación como el primer nivel de atención”.

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La jueza laboral de Maldonado que había ordenado la subasta de la mansión “El Gran Chaparral” del ex sindicalista argentino Marcelo Balcedo dio marcha atrás y suspendió el remate sin nueva fecha, tras recibir un exhorto del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, por vía de Cancillería. La medida desató una apelación inmediata de los trece ex empleados que esperaban cobrar casi dos millones de dólares en deudas laborales acumuladas desde 2018.

La magistrada en lo Civil de 7° Turno de Maldonado, Ecatherina Cardozo, que ella misma había ordenado la subasta del padrón N° 31.251 —la fracción de campo de seis hectáreas y 514 metros cuadrados sobre el Cerro de los Burros, en Playa Hermosa, donde se asienta la propiedad—, emitió una resolución interlocutoria que paralizó el remate previsto para el 8 de mayo y elevó la disputa al Tribunal de Apelaciones. La decisión llegó a días de la subasta, cuando ya se habían publicado los edictos legales y el martillero Gabriel Etcheverry había solventado los gastos de publicidad.

El pedido de suspensión llegó desde el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Kreplak, que instruye la causa FLP 2436/2015/22 caratulada «Balcedo, Marcelo Antonio y otros s/Infracción art. 303, Asociación Ilícita y Defraudación por Administración Fraudulenta“. El magistrado actuó a instancias de la fiscal federal María Laura Roteta, de la Fiscalía N° 1 de La Plata, y del fiscal general Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), quienes se enteraron del remate a través de medios periodísticos —entre ellos, una nota publicada por este medio el 16 de abril— y verificaron el edicto en el Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay.

En el dictamen de cinco fojas que motivó el exhorto urgente, Roteta y Velasco sostuvieron que la convocatoria al remate era “a todas luces, improcedente” porque sobre el inmueble pesan medidas cautelares vigentes solicitadas por la República Argentina desde 2018. El Estado argentino había pedido el embargo de ese bien mediante exhorto librado el 15 de junio de 2018, reiterado en septiembre de 2019 y ampliado en diciembre de 2022 con una reinscripción de todos los embargos específicos y genéricos por un monto total de US$ 26.000.000. Los fiscales también citaron un informe del Equipo Multidisciplinario uruguayo creado por Decreto N° 1786/2024, que en mayo de 2025 reconoció expresamente la preferencia del Estado argentino sobre ese inmueble.

Kreplak, en su resolución del 17 de abril, que este medio publicó de manera exclusiva, ordenó librar exhortos internacionales urgentes y fue categórico: requirió “con carácter urgente” al Juzgado Letrado de Maldonado de 7° Turno para que dejara sin efecto “de manera INMEDIATA” el remate, “en pos de resguardar los bienes que sistemáticamente reclama la Nación desde los albores del expediente y que debieran encontrarse cautelados motivo de la extradición pendiente desde el año 2018 y de las múltiples rogatorias exhortadas a tales fines desde hace más de 8 años”. Al mismo tiempo, advirtió al juzgado que tiene a cargo la extradición de Balcedo y su esposa Paola Fiege para que adoptara medidas que mantuvieran el estado actual de los bienes cautelados, en cumplimiento de una “promesa internacional de restitución” que data de 2018. La postura del magistrado no es solo preservar los activos: su criterio es que, de producirse eventualmente un remate, el producido —o lo que reste tras el pago de las indemnizaciones— sea girado a su juzgado para resarcir a las víctimas argentinas del vaciamiento del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) del que el ex gremialista era su secretario general.

La apelación de los ex empleados

El mismo 8 de mayo (día del remate), los abogados Guillermo Ahlers y María Eugenia Nocetti, representantes de los trece exempleados, presentaron un escrito de apelación de 30 páginas ante el Tribunal de Apelaciones. Entre los trabajadores figuran niñeras, guardias de seguridad, personal de cocina y jardineros que no cobran sus acreencias desde la detención de la pareja en enero de 2018, y en algunos casos desde antes.

Los letrados argumentaron que la decisión de Cardozo fue “inoportuna” porque se adoptó a siete días hábiles de la fecha fijada para el remate, cuando ya se había cumplido con toda la publicidad legal. Cuestionaron además que la jueza laboral haya dado curso al exhorto argentino: a su entender, ese tipo de cooperación internacional en materia penal solo puede ser recibida por un juez penal, no por un tribunal laboral. “El juez penal es el natural para recibir ese tipo de cooperación y no un juez laboral”, remarcó Ahlers el defensor de las víctimas uruguayas .

El argumento de fondo es más amplio. Los abogados sostienen que “la Justicia uruguaya no debe paralizar un remate por el pedido de un juez argentino cuando ni siquiera hay sentencia en ese país”, a diferencia de sus representados, que sí tienen fallos firmes a su favor. Señalaron que el embargo de los trabajadores en el registro es anterior al de la causa argentina —anotado como “Camacho, Luis y otros. Ejecución de sentencia. N° 17.734, 26/10/2022”— y que los tratados de cooperación internacional siempre preservan los derechos de terceros de buena fe, categoría que encuadra a los trabajadores.

Ahlers fue más directo al resumir el impacto práctico: la suspensión “solo beneficia a Balcedo y Fiege, quienes no perderán su residencia en El Gran Chaparral mientras se sigue discutiendo el tema en Argentina”. El abogado advirtió que permitir que un pedido extranjero paralice sentencias firmes uruguayas generaría “un precedente muy perjudicial para los trabajadores que logran tener sentencias que no se cumplen en Uruguay“.

La apelación también recordó que la propia jueza Cardozo había resuelto años atrás seguir adelante con los embargos contra los bienes de Balcedo cuando el juzgado penal sostenía que no podía afectarlos por el pedido de Argentina, en una contienda de competencia resuelta por la Suprema Corte de Justicia. Ahora, señalan, dio marcha atrás.

Que el cuestionado ex secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación no haya sido condenado en la Argentina tiene peso específico propio. El juez federal de La Plata reclama desde 2018 su extradición para ser juzgado y hasta ahora la República Oriental del Uruguay no hizo lugar a esa petición por recursos impuestos por el gremialista.

Ocho años de reclamos sin respuesta

El trasfondo del conflicto es una causa que el juez Kreplak instruye desde 2018 sin haber podido indagar a Balcedo ni presencialmente ni por videoconferencia. En la causa FLP 2436/2015/22, el ex secretario general del SOEME está acusado de liderar una organización destinada a cometer delitos, lavar activos y desviar fondos sindicales para beneficio propio. La hipótesis judicial sostiene que el sindicato funcionaba como base de esa estructura y que parte del dinero habría provenido del vaciamiento de las arcas gremiales.

La causa ya tiene condenas parciales: el 18 de diciembre de 2024, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata sentenció a la mano derecha de Balcedo, Mauricio Yebra, y a varios ex funcionarios del SOEME por haber desviado más de 2.500 millones de pesos de los afiliados.

Yebra ingresó al directorio del sindicato en 2012, actuó como testaferro de la pareja y realizó 18 vuelos privados a Uruguay entre 2014 y 2018, en los que se sospecha que se trasladó dinero en efectivo. Decenas de inmuebles y vehículos fueron decomisados y entregados al propio gremio.

El también ex empresario de medios, en tanto, fue detenido el 4 de enero de 2018 en el Gran Chaparral en un operativo coordinado entre ambas justicias. En ese allanamiento se secuestraron 500.000 dólares en efectivo, cerca de 4,5 millones de pesos argentinos, euros, armas largas y cortas con municiones, una flota de vehículos de alta gama —Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz— y animales exóticos. La fiscalía uruguaya calificó el procedimiento como la mayor incautación de dinero en efectivo registrada en ese país. Juzgado en Uruguay en un proceso abreviado, Balcedo y Fiege admitieron su responsabilidad por lavado de activos, contrabando y tráfico interno de armas. La condena del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno quedó firme el 1 de octubre de 2020.

Tras cumplir el régimen de libertad vigilada, la pareja volvió a residir en la mansión. En Argentina, la extradición solicitada en 2018 permanece sin resolución. La Cámara Federal de Casación de La Plata rechazó en marzo de 2026 el pedido de Balcedo de garantías de no detención en caso de regresar al país.

La disputa por el Gran Chaparral enfrenta ahora dos lógicas judiciales: la de los trabajadores uruguayos con sentencias firmes que esperan cobrar desde hace ocho años, y la del Estado argentino, que reclama bienes que considera producto del lavado de fondos sindicales y exige su restitución en el marco de una extradición que no termina de concretarse.