POLITICA
Marcha del 20D: Adorni afirmó que el operativo costó $60 millones y lo pagarán las organizaciones sociales
Manuel Adorni confirmó la presentación de una denuncia penal, que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello.
Manuel Adorni, vocero presidencial, habló de la recepción de las denuncias en el marco del protocolo antipiquetes en la Marcha del 20D.
“Recibimos 16.150 llamadas de personas que reclamaban por la intermediación de las organizaciones sociales. Más de 1200 encuadraban con el delito de extorsión”, afirmó el funcionario, quien además confirmó que elevaron la presentación judicial en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello.
En el mismo sentido, el funcionario precisó que la línea 134 fue habilitada para que los beneficiarios de planes sociales denuncien aprietes o amenazas de los punteros políticos por no participar en las marchas.
“En la movilización participaron 14 organizaciones. Entre ellas, el Movimiento Evita, Darío Santillán, MTE, Movimiento Patria Justa”, explicó.
También aseguró que el protocolo de seguridad desplegado costó alrededor de $60.000.000 y aseguró que “se les pasará la factura” a los grupos que impulsaron la marcha del 20 de diciembre.
Hasta el momento hay 32 personas denunciadas y el gobierno nacional asegura que tiene el detalles de “quiénes son, cómo se llaman y en qué organización operan”.
Este viernes, en el Boletín Oficial, a través de la resolución 949/2023, se determinó que la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Política de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y al Servicio Penitenciario Federal debían evaluar los costos de los operativos que “se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos” -dice el texto en sus fundamentos-, en alusión a la interrupción de corte de calle.
POLITICA
Crece el empleo informal: más de 500.000 trabajadores no registrados en los últimos cuatro años
El empleo informal en Argentina no para de crecer según un dato del INDEC durante los últimos 4 años el número de trabajadores informales aumentó a 568.000 un tercio más que el trabajo formal.
Esta tendencia es un problema para la economía y, en especial, para los trabajadores que se ven impedidos de derechos elementales como la seguridad social y los aportes para sus futuras jubilaciones.
A esto se le suma también la recesión económica que si bien logró bajar la inflación generó un aumento del desempleo en un 7,7%. Según un estudio realizado por el INDEC, el Producto Bruto Interno (PBI) se contrajo un 5,1% durante el primer semestre de 2024.
Otra de las consecuencias es la crecida de la pobreza que superó el 50%, y el otro dato alarmante es que el 34,9% de los trabajadores que tienen un empleo viven por debajo de la línea de pobreza.
Uno de los sectores más perjudicados es el de servicio doméstico. De los más de 1 millón y medio de personas, mayoritariamente mujeres, el 71,5% no le realizan aportes previsionales. Otro rubro afectado es el de la construcción. El 58,4% de sus 946.000 está en la informalidad.
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