Esta noche, el Gobierno argentino convocó a sesiones extraordinarias desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero, con la intención de presentar varios proyectos de ley al Congreso. Entre las iniciativas propuestas por el presidente Javier Milei se destaca la “Ley de reforma de las funciones del Estado”, la más densa del listado, que abarcará reformas tributarias y políticas. 

En un principio, se había considerado dividir el proyecto en tres partes, pero finalmente se optó por consolidar todas las reformas en un solo texto. El proyecto abordará temas como la eliminación de las PASO, la implementación de la boleta única, reformas en la administración pública y cambios en el impuesto a las ganancias.

En respuesta a los reclamos de los gobernadores, se incluirá un proyecto para revertir la última modificación del impuesto a las ganancias, que se aprobó durante la campaña electoral por iniciativa de Sergio Massa y que afectó los fondos de la coparticipación. También se propondrá un blanqueo de capitales y una moratoria para la regularización de deudas con la AFIP.

Por último, el temario de las sesiones extraordinarias incluirá cuestiones formales como el permiso para que el Presidente pueda viajar al exterior y asuntos relacionados con las Fuerzas Armadas. Se abordarán también proyectos para eliminar la doble imposición tributaria con cinco países.

Cabe destacar que el temario no hace mención expresa al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que introdujo desregulaciones económicas, el cual generó resistencias en la oposición. “Al Gobierno no le conviene que el DNU se trate en extraordinarias, van a apuntar a dilatarlo lo antes posible”, comentó una fuente legislativa en diálogo con LA NACIÓN. Por su parte, desde la Casa Rosada se muestran confiados y ponen de relieve que “ningún DNU de la democracia fue invalidado por ambas Cámaras”.

A pesar de la posibilidad de que se conforme un frente de rechazo al megadecreto de Milei, fuentes cercanas al mandatario se muestran confiados y dicen que ese camino no terminará de prosperar. De hecho, creen que es posible que el DNU quede cajoneado en la comisión bicameral permanente que controla la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia, la primera estación que tiene el DNU en el Congreso.

Por lo tanto, de no expedirse la comisión bicameral en diez días, el DNU quedará habilitado para su tratamiento en ambas cámaras sin necesidad de un dictamen que lo habilite.