“El número está”, aseguraba este viernes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre las chances de que el megaproyecto de reformas que envió el Ejecutivo al Congreso sea aprobado. El bloque de Unión por la Patria -primera minoría- busca sumar volumen para rechazarlo. Los demás grupos opositores, más abiertos a la negociación con el Gobierno, ya avisan que de ser aprobado, no será como el Ejecutivo lo pretende, e incluso en el propio oficialismo parlamentario advierten que probablemente habrá que realizar modificaciones y aguardan un encuentro con funcionarios nacionales para afinar detalles.

Mientras Javier Milei continúa con sus dardos a los legisladores sin distinción de color político y genera molestias incluso entre aliados, la semana, el mes y el año terminan en la Cámara Baja sin haberse conformado las comisiones, por donde deberá pasar el mega proyecto antes de llegar al recinto. Pese al “apuro” presidencial en lo discursivo, la oposición pone en duda que la iniciativa -más allá de los cambios seguros- vaya a quedar aprobada en enero. Ese es el escenario que enfrenta la Ley Ómnibus en la Cámara Baja desde semana que viene.

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Las comisiones y los tiempos

Desde el 21 de diciembre, La Libertad Avanza trasmite, a la prensa y a los demás bloques, que la conformación de las comisiones es inminente. A comienzos de esta semana el plan era, aseguraban en la presidencia de la Cámara, tener lista la integración y autoridades de las comisiones de Presupuesto, Legislación General, Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores para desde el próximo martes empezar con las reuniones informativas, en las que los miembros del Gabinete nacional expliquen los distintos puntos de la Ley Ómnibus.

Ahora la discusión por la integración de las comisiones -donde UxP pretende el 40% de los lugares– no solo se volvió a extender, sino que sumó una discusión nueva. La Ley Ómnibus que presentó el Ejecutivo plantea reformas profundas dentro de un enorme abanico de áreas e incluyen modificaciones en materia económica, tributaria, política, social, penal, energética, educativa, defensa y seguridad, entre otras.

En el PJ-K aseguran que, por la magnitud del proyecto, deberían conformarse 25 comisiones. Bloques más dialoguistas, como la UCR, hicieron un cálculo similar y estimaban que debería técnicamente pasar por 23 comisiones, pero comprendiendo que podrían, por consenso, constituirse la mitad. En La Libertad Avanza confirman que hay diálogos para integrar al menos una decena. Eso, creen algunos legisladores, podría estirar aun más los tiempos en la Cámara Baja.

Y el tema de los tiempos no es menor. Milei convocó a sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero e insiste en acusar públicamente a la oposición por las demoras en el tratamiento de las reformas que -como recuerdan legisladores de todas las bancadas- recién llegó al Congreso el miércoles, con 351 páginas y más de 650 artículos, y ni siquiera fueron conformadas las comisiones que deberán tratarlo.

Cuando las comisiones estén efectivamente integradas, restará una definición adicional: cómo tratar un proyecto que incluye al mismo tiempo temas tan disímiles como una reforma electoral y el aumento de penas de prisión para quienes corten calles.

Algunos legisladores interpretaban que el proyecto podría subdividirse y emitir dictámenes distintos en distintas comisiones. Otros, en cambio, aseguraban que no es posible dividir el proyecto en dictámenes, aunque sí parcialmente su tratamiento. Así, podría darse que el texto se fraccione por ejes temáticos, que se discutan en distintas comisiones, y finalmente se conforme un gran plenario de comisiones (en el que todas deberán tener quorum) para emitir dictámenes.

“Si el objetivo era agilizar o hacer más fácil el tratamiento, realmente van a lograr todo lo contrario. A veces uno se pregunta si realmente quieren negociar o aprobar algo”, dudaba un diputado opositor que tiene decidido acompañar gran parte del proyecto del oficialismo, siempre que exista espacio para trabajarlo e incluir aportes.

Los números y las objeciones opositoras

“Cuando se empieza a porotear, creo que tenemos el número: tenemos 38 diputados nosotros; 37 del PRO; 33 del radicalismo, y ahí un importante sector del radicalismo va a apoyar las medidas; y al bloque de Miguel Ángel Pichetto lo veo acompañando”, dijo Menem este viernes, en una entrevista con A24, en la que prometió además discutir las observaciones que hagan esos bloques.

“Lo veo con un optimismo desmedido. El compromiso tomado es discutir las reformas sobre la base de que un cambio es necesario. Pero el compromiso no es acompañar a libro cerrado, ni cualquier cambio”, advirtió un diputado radical, que recordaba, por otra parte, que el bloque de la UCR tiene 34 miembros, no 33.

El quorum se alcanza en la Cámara Baja con 129 diputados sentados en sus bancas. El grueso de los proyectos debería aprobarse por mayoría simple: esto es, una vez alcanzado el quorum, un voto positivo más que los votos de rechazo. La reforma electoral que incluye el mega proyecto debería aprobarse por mayoría absoluta: es decir, la mayoría de los miembros de la cámara, otra vez, 129.

De entrada, La Libertad Avanza, que como aclaró Menem tiene 38 integrantes, no contaría con el apoyo ni de Unión por la Patria, que se mantiene unido como primera minoría con 101 diputados, ni de la Izquierda, que hoy tiene 5 legisladores en la Cámara Baja, de acuerdo a lo que trasmiten en esos bloques.

La clave está en qué harán el PRO (unos 37 miembros), la UCR (34), el nuevo bloque de Hacemos Coalición Federal -que se formó en la última semana entre exmiebros de Juntos por el Cambio encabezados por Miguel Pichetto, el peronismo federal de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, y la Coalición Cívica-, además de la docena de diputados que responden a gobernadores de fuerzas provinciales, a los que Milei -como a los mandatarios del resto de las fuerzas- ya está presionando.

El oficialismo da por hecho que el PRO acompañará. La bancada amarilla -que está fracturada entre bullrichismo, macrismo y diputados más “moderados”- se reunió el miércoles, dividió a sus diputados en ejes temáticos, y quedó en volver a reunirse el próximo miércoles para tomar una postura. Pero tanto referentes macristas como “palomas” anticiparon que no podría acompañarse semejante delegación de facultades legislativas al Presidente como lo plantea el proyecto.

La Ley Ómnibus establece la declaración de “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025″, lo que permitiría delegarle a Milei distintas facultades legislativas en esas áreas, y que “podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años”, que es lo mismo que declarar la emergencia durante los 4 años de gobierno libertario.

En el resto de los bloques opositores, como la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, con diferente grado de rechazo, también manifestaban serias reservas sobre buena parte de los temas incluidos en el megaproyecto, entre los que se destacan:

• La suspensión de la fórmula de movilidad de los haberes de jubilaciones y pensiones, de la que también dependen programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH).
• La suba de retenciones al 15% para productos que hoy no pagan nada y que alcanzaría a economías regionales y exportaciones industriales.
• La habilitación al Gobierno para tomar deuda en moneda extranjera sin límite ni necesidad de contar con autorización del Congreso.
• Dejar en condición de ser privatizadas a 41 empresas y organismos públicos, entre ellas, YPF, Aerolíneas Argentinas, AYSA, Correo Argentino, Banco de la Nación Argentina (BNA).
• La reforma electoral que entre otras cosas propone la eliminación de las PASO y una modificación en la forma de elegir los diputados nacionales que, según algunos espacios, perjudicaría a los partidos más chicos y dejaría a los bloques minoritarios fuera de la Cámara Baja.

El proyecto no era conocido siquiera por los miembros del bloque de La Libertad Avanza antes de que el Poder Ejecutivo lo enviara al Congreso. Sus diputados, como los de los demás bloques, comenzaron a analizarlo de forma detallada en las últimas horas. “Lo que veamos que hay que mejorar o modificar lo vamos a proponer. Esperamos un encuentro con los representantes del Ejecutivo para hablar esto, para discutir cómo justificar algunos puntos o discutir si hay artículos incorrectos”, señalaron en el despacho de uno de ellos.