España saldrá de la Carta de Energía (TCE), un tratado internacional que defiende y protege los intereses de la industria fósil y, por ende, limita la transición energética y los compromisos ambientales, dos prioridades en la hoja de ruta nacional y Europa.

Lo que falta decidir es el cómo y el cuándo. España fue uno de los primeros países en sacudir el tablero, rechazar el proyecto de modernización de Bruselas y anunciar su salida unilateral.

El portazo del gobierno español (2022) generó un efecto dominó. Francia, Alemania, Países Bajos, entre otros países, tomaron el mismo camino, lo que generó que la Comisión Europea abandonara su idea de aggiornar el tratado al plan comunitario de descarbonización.

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En junio del año pasado, la Comisión Europea asumía la «inevitable» retirada coordinada del Tratado de la Carta de la Energía ante «la falta de una mayoría cualificada» entre los Veintisiete para aprobar el texto modernizado.

En un documento interno, la CE advertía que «la protección otorgada por el TCE no modernizado a las inversiones en combustibles fósiles, incluidas las nuevas inversiones, por un período de tiempo, no está en consonancia con el Acuerdo de París, por lo que socavaría claramente los esfuerzos de la UE para descarbonizar su combinación energética y lograr la neutralidad climática para 2050».

Sin embargo, pese a la decisión de una retirada en bloque, la entidad que dirige Ursula Von der Leyen nunca presentó una propuesta formal al Consejo para su debate y posterior votación, por lo que la salida conjunta sigue siendo un proyecto abstracto.

Ante esa demora, en diciembre, el Gobierno de Pedro Sánchez resolvió -vía Consejo de Ministros- autorizar la denuncia del Tratado de la Carta de la Energía y disponer su remisión a las Cortes Generales por el procedimiento de urgencia.

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El Ejecutivo insiste en que el objeto del tratado no se corresponde con la realidad ni con el paradigma energético/climático actual. Y que ante la demora de una salida en bloque, el único camino posible es la retirada individual como ya lo han hecho Polonia, Francia, Alemania, Países Bajos, Eslovenia y Luxemburgo.

Al cabo, la permanencia de España en este convenio resultaría poco coherente con las políticas energéticas y ambientales aplicadas por el Ejecutivo, bajo el objetivo macro de lograr la neutralidad climática no más tarde de 2050.

Para Moncloa, el tratado es «un grave obstáculo para la mitigación del cambio climático» debido a que blinda las inversiones extranjeras en el sector energético -sobre todo aquellas relacionadas el petróleo, el gas y el carbón-, ya que habilita a las empresas a demandar a los países ante un sistema de tribunales privados (eludiendo los tribunales públicos de la justicia nacional) si consideran que han legislado en contra de sus beneficios.

En el caso de España, este Tratado es la base jurídica sobre la que se han interpuesto 51 arbitrajes en los que se reclaman más de 10 mil millones de euros, en su mayoría, corresponden al recorte a las primas de las renovables durante la década pasada

La protección que ofrece ese tratado se ha utilizado en los últimos años para litigar contra los Estados de la UE que más han intentado avanzar en políticas climáticas. Algunos ejemplos: la prohibición de extracción de combustibles fósiles, la denegación de nuevos permisos de prospección de gas o el cierre de centrales de energías contaminantes han sido objeto de demandas millonarias, en su mayoría en trámite.

El portal Investigative Europe estima que la infraestructura fósil protegida por el tratado en la UE, Reino Unido y Suiza alcanza un valor de 344.600 millones de euros, de los que tres cuartas partes corresponden a yacimientos de gas y petróleo (126.000 millones) y oleoductos (148.000 millones).

En el caso de España, este Tratado es la base jurídica sobre la que se han interpuesto 51 arbitrajes en los que se reclaman más de 10 mil millones de euros, en su mayoría, corresponden al recorte a las primas de las renovables durante la década pasada.   

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Además, según entienden los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el de Economía, Comercio y Empresa -las dos carteras que han firmado la denuncia-, resulta «conveniente agilizar los trámites» para que la salida pueda «surtir efectos cuanto antes». Entrará en vigencia un año después de publicarse el decreto en el BOE.

En principio, la salida unilateral no libraría a España de futuros litigios. El TCE contiene la llamada cláusula de supervivencia (Art. 47) que permite que los países puedan seguir siendo demandados durante esa lapso de 20 años desde la fecha de salida.

A esa cláusula se ha aferrado el PP para presentar una enmienda a la totalidad presentada a la denuncia del Gobierno al Tratado y retrasar así su salida.

Los populares son partidarios de que se negocie una retirada coordinada con el resto de los Estados de la Unión Europea en aras de garantizar una «mayor seguridad jurídica».

«La tramitación por el procedimiento de urgencia, no está suficientemente sustanciada al justificarla el Gobierno de España», cuestiona Génova.

Cuanto más tarde España en retirarse, más tiempo podrán los inversores explotar la protección del tratado y realizar nuevas inversiones fósiles

Para el PP, abandonar el acuerdo «no es urgente» (será preciso esperar veinte años para que sea efectiva) y no pone en riesgo la transición ecológica (se argumenta que ya está blindada por ley de Cambio Climático).

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En la enmienda, esta formación advierte que una salida por «cuenta propia y sin el paraguas de la Unión Europea generará más inseguridad jurídica en un sector en el que la clave para atraer capital es ofrecer certidumbre a largo plazo».

Este jueves, el portavoz de Energía del PP, Juan Diego Requena Ruiz, ha defendido esta postura en la tribuna del Hemiciclo sosteniendo que «protege la propiedad privada, el libre mercado y las inversiones» y citando los argumentos de la enmienda.

Tras el debate, el Pleno ha rechazado la petición del PP de aplazar la autorización de la denuncia del TCE. Ahora, la denuncia se tratará en la Comisión de Exteriores. Luego, se someterá a la votación del Congreso. 

 Para Lucía Bárcena, investigadora del Transnational Institute sobre políticas de comercio e inversión de la UE, especialista en este tema, la retirada de España sí es urgente debido a que tiene «implicaciones prácticas».

Explica que la cláusula de extinción de 20 años solo se aplica a inversiones realizadas antes de que la retirada entre en vigor, por lo que «cuanto más tarde España en retirarse, más tiempo podrán los inversores explotar la protección del tratado y realizar nuevas inversiones fósiles».

Además, agrega, mientras España sea miembro del Tratado de la Carta de la Energía, «fondos de litigios pueden obtener el derecho a presentar reclamos de arbitraje. Cada reclamo costará dinero a los contribuyentes españoles miles de millones de euros».

La investigadora detalla que con 51 demandas de arbitraje de inversión, «España se ha convertido en el foco de la industria jurídica» y que el 90% de esas inversiones son fondos transnacionales y no empresas renovables nacionales, pymes o cooperativas.

El 92% de los casos contra España son Intra europeos, la mayoría de Países Bajos, Francia y Alemania, países que también anunciaron la salida del tratado. 

«Hasta que se llegue a una solución coordinada, se puede trabajar en un acuerdo con las partes interesadas. Por eso, es más seguro salirse ahora y buscar una solución legal entre los países que se han retirado, que seguir en el tratado y exponerse a más demandas de arbitraje bajo el tratado», subraya Bárcena.

Para el coordinador de Alianza Verde y diputado durante la última legislatura, Juantxo López de Uralde, uno de los políticos que más ha denunciado los efectos nocivos de este tratado, es «una muy buena noticia que la Carta de la Energía queda fuera de juego».

«Viene siendo un lastre para las políticas de transición ecológica debido a que desde hace años es utilizado por las empresas para defender el derecho de seguir explotando los combustibles fósiles y energías tan sucias como la nuclear», celebra en diálogo con LPO.

«Desde Unidas Podemos hemos trabajado intensamente para que España abandonara este tratado, que se ha quedado obsoleto. Y es una muy buena noticia que España se haya puesto a la cabeza de Europa en defensa de la transición energética y de las políticas verdes. No podemos seguir mirando al pasado», sentencia.